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Decisión ROL C1162-16

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Reclamante:	ALLAN MURPHY MONTENEGRO
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a las propiedades que fueron transferidas en el período que va desde marzo de 2014 hasta la fecha de entrega de la información, específicamente los datos referidos al rol, comuna y fecha de transferencia. El Consejo acoge el amparo, toda vez que la información pedida, esto es, el rol, comuna y fecha de transferencias de propiedades realizadas desde el mes de marzo de 2014 obra en poder del órgano requerido, tal como por lo demás lo reconoció expresamente en sus descargos, antecedentes que tienen como principal objetivo que éste pueda ejercer las potestades que le encomienda la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, que establece un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos, determinado por el propio órgano de conformidad a las disposiciones de dicha ley.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/22/2016
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C639-11 C452-14 C577-11 C592-11
Jurisprudencia a:	C2429-18 C3157-20 C4368-20 C4451-20 C4490-20 C4767-20 C4898-20 C3749-21 C6405-22 C2328-18 C2738-18 C3905-18 C5569-18 C675-19 C8261-19 C4995-20 C8197-20 C120-21 C774-21 C5734-21 C3071-22 C6065-20 C7145-20 C3703-21 C8303-21
Recursos relacionados:	10047-2016 203-2017
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Que no invoca la LT
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C1162-16 Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos Requirente: Allan Murphy Montenegro Ingreso Consejo: 08.04.2016 En sesión ordinaria N° 730 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de agosto de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1162-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 29 de febrero de 2016, don Allan Murphy Montenegro solicitó al Servicio de Impuestos Internos, en adelante e indistintamente SII, información de las propiedades que fueron transferidas en el período que va desde marzo de 2014 hasta la fecha de entrega de la información, específicamente los datos referidos al rol, comuna y fecha de transferencia. 2) RESPUESTA: El 28 de marzo de 2016, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° LTNot 9558, señalando, en síntesis, que la información solicitada es recabada por el SII de los notarios y conservadores de bienes raíces, a través de la "Declaración sobre enajenación e inscripción de Bienes Raíces", formulario N° 2.890, para el cumplimiento de sus funciones legales. Por ello señaló que no obtiene la información pedida de una fuente accesible al público, sino que de una declaración obligatoria para los señalados auxiliares de la Administración de Justicia, razón por la cual se encontraría impedido de entregar los antecedentes pedidos, dado que estaría eventualmente cubierta por la reserva tributaria del artículo 35 del Código Tributario. Por otra parte, agrega que la enajenación de propiedades y los datos relativos a las inscripciones conservatorias, tienen señalada una forma específica de publicidad en la ley, particularmente en los artículos 49 y 50 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de modo que los ciudadanos pueden acceder a dichos datos en los lugares y de la forma que la normativa establece, esto es, directamente de los Conservadores de Bienes Raíces. Además, sostiene que la competencia privativa para informar o extender atestados respecto de las inscripciones registrales de dominio que amparan a un determinado inmueble, corresponde exclusivamente a los Conservadores de Bienes Raíces del lugar de situación del bien raíz, de acuerdo a lo dispuesto en los articulas 446 del Código Orgánico de Tribunales, y articulo 52 del Reglamento del Registro Conservatorio. En efecto, la información requerida se encuentra permanentemente a disposición de la ciudadanía, a través de los medios de publicidad especialmente consagrados por el ordenamiento jurídico para los efectos civiles que de ellos se derivan, como son los registros que llevan los Conservadores de Bienes Raíces. Finalmente, por lo expuesto, sostiene que debe entenderse cumplida la obligación de informar del SII, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Transparencia, al haber indicado al peticionario el lugar, fuente y forma de acceder a la información solicitada y que se encuentra a disposición del público en los registros anteriormente señalados. 3) AMPARO: El 08 de abril de 2016, don Allan Murphy Montenegro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Agrega, que en su solicitud no solicita ningún antecedente que pudiera identificar a ninguna persona natural ni jurídica, y en ese escenario, no se vulnera ninguna reserva tributaria. Además, respecto a lo informado en orden a que la información está disponible en los distintos Conservadores de Bienes Raíces, señala que es impracticable poder reunir los antecedentes, no solo porque no se cuenta con información base de identificación de roles asociados a comunes que fueron trasferidos, sino que también porque no todos los notarios y Conservadores tendría a disposición libre los antecedentes requeridos, sin perjuicio de lo oneroso que sería el proceso de recolección de los antecedentes. Finalmente sostiene que el SII se contradice al señalar que la información no está en su poder, y a la vez señalar que los antecedentes pedidos la recaba desde los Notarios y Conservadores a través de la Declaración sobre enajenación e Inscripción de Bienes Raíces, con el formulario 2890. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos mediante oficio N° 4.133, de fecha 27 de abril de 2016. El órgano requerido, a través de presentación de fecha 13 de mayo de 2016, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que primeramente el amparo debe ser declarado inadmisible por cuanto el reclamante no habría acompañado copia de la solicitud de información. Respecto a la información sobre la transferencia y los datos solicitados (rol, comuna y fecha de transferencia), señala que corresponden a datos cuya fuente de acceso se encuentra, en forma permanente, a disposición del público, en la medida que los antecedentes requeridos por el recurrente de autos constan en registros de carácter público como son las escrituras públicas otorgadas en las respectivas Notarías y los Registros de Propiedad de los respectivos Conservadores de Bienes Raíces. Luego, en la especie, estima que resulta plenamente aplicable lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, norma que fue cabalmente cumplida por este Servicio al referir al peticionario de la información, la fuente donde éste podía acceder a la misma, lo que permite considerar que se ha obrado con arreglo a derecho, no siendo admisible formular un reproche de ilegalidad en la dictación de la resolución impugnada, por cuanto la sola circunstancia de que el reclamante manifieste su disconformidad con la resolución en discusión, no la hace calificable como un incumplimiento de la obligación de información que pesa sobre este organismo. Señala que lo solicitado consiste en datos referentes a transferencias de propiedades, en particular, de roles de avalúo, comuna de cada predio y las fechas de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, tratándose de datos que se encuentran en poder del SII, con la finalidad precisa de cumplir con la aplicación y fiscalización de los tributos generados en el país, conforme con lo preceptuado en la ley, información que no es producida por la Administración, sino que proviene de las Notarías y Conservadores de Bienes Raíces, quienes la remiten mediante los respectivos formularios 2890, en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario y en la Circular SII N° 10, de 19 de febrero de 2004, con la finalidad de que dicho organismo pueda ejercer las potestades que le encomienda la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, que establece un tributo que se aplicará sobre el avalúo de los bienes raíces, no siendo veraz la afirmación por el reclamante en orden a que lo pedido no obra en poder del SII. Agrega, que el hecho de que la información pedida se encuentre contenida en un registro público como son los registros llevados por el Conservador de Bienes Raíces cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i) de la ley N° 19.628., por cuanto a su juicio, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N° 19.628. Además, hace presente que los antecedentes solicitados por el recurrente corresponde a los del Registro de Propiedad anotados en el Conservador de Bienes Raíces, haciendo referencia a los datos anotados en un registro específico, distinto a la base de datos que posee este organismo, no pudiendo dar certeza de que los datos aportados por los Conservadores mediante el formulario N° 2890, fueran exactamente los mismos que los contenidos en el registro público respectivo. Por lo anterior, sostiene el medio de publicidad que la ley ha fijado para conocer los datos de inscripción conservatoria de un cierto inmueble no es por vía del SII, sino que a través de los Conservadores de Bienes Raíces adscritos al Escalafón Secundario del Poder Judicial, es dable señalar que se confirma en la especie la hipótesis de incompetencia prevista en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, sin que haya sido en este caso procedente la derivación que ese precepto prevé, toda vez que aquéllos organismos no forman parte de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, señala que la información que se recibe de los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces a través del formulario N° 2890, tiene una finalidad específica, por cuanto la propiedad inmobiliaria no sólo es causa del Impuesto Territorial, sino que también es susceptible de constituir una fuente de renta para su dueño, usufructuario o para quien la explote a un título diverso a los antes indicados, habida consideración que el artículo 20 N° 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta grava con el Impuesto de Primera Categoría a la Renta, proveniente de los bienes raíces, estableciendo incluso- en ciertos casos, un sistema de presunción de renta que toma como base imponible precisamente el avalúo fiscal determinado para los efectos del Impuesto Territorial. Asimismo, la ley permite descontar del monto del impuesto de Primera Categoría el Impuesto Territorial pagado en los casos y condiciones que esa misma norma prevé, por lo cual la información pedida está protegida por la reserva del artículo 35 del Código Tributario. En ese sentido, el único propósito que tienen los datos privados de los contribuyentes que este Servicio posee o que se le proporcionan, es determinar, liquidar y girar, cuando procediere, los impuestos que establece la ley y la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de las leyes tributarias, tal como lo señalan los artículos 60 y siguientes del Código Tributario y la ley N° 17.235 sobre impuesto territorial, sin que existan otras normas que lo autoricen para aplicar esta información a otros propósitos, razón por la cual debe darse aplicación al principio de finalidad ya señalado, puesto que de lo contrario, se pueden afectar los derechos a la privacidad e intimidad económica y de los derechos comerciales y económicos de un elevado número de personas. Finalmente, por todo lo expuesto, el SII señala que el amparo debe ser declarado inadmisible, y en subsidio, rechazarse por cuanto habría cumplido con su obligación de informar conforme al artículo 15 de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO 1) Que, con fecha 29 de febrero de 2016, don Allan Murphy Montenegro solicitó al Servicio de Impuestos Internos, en adelante e indistintamente SII, información de las propiedades que fueron transferidas en el período que va desde marzo de 2014 hasta la fecha de entrega de la información, específicamente los datos referidos al rol, comuna y fecha de transferencia, obteniendo respuesta estimada como insatisfactoria por el solicitante, toda vez que le informó que dicha información se encuentra disponible en cada uno de los respectivos registros de propiedad que tiene a su cargos los respectivos Conservadores de Bienes Raíces del país. 2) Que, en efecto, tanto en su respuesta como descargos, el SII señaló que cumplió con su obligación de informar de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia, comunicándole que la enajenación de propiedades y los datos relativos a las inscripciones conservatorias, tienen señalada una forma específica de publicidad en la ley, particularmente en los artículos 49 y 50 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de modo que los ciudadanos pueden acceder a dichos datos directamente en los Conservadores de Bienes Raíces respectivos. Además, en sus descargos señaló que la información recibida de los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces a través del formulario N° 2890, que obra en su poder, tiene una finalidad específica, por cuanto la propiedad inmobiliaria no sólo es causa del Impuesto Territorial, sino que también es susceptible de constituir una fuente de renta para su dueño, usufructuario o para quien la explote, e incluso la ley permite descontar del monto del impuesto de Primera Categoría el impuesto territorial pagado en ciertos casos, razón por la cual dicha información pedida está protegida por la reserva del artículo 35 del Código Tributario. Finalmente, el órgano requerido sostuvo que el amparo presentado sería inadmisible, por cuanto el reclamante no habría acompañado copia de la solicitud de información. 3) Que, antes de analizar el fondo de lo reclamado, procede pronunciarse respecto de la alegación formulada por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido que el amparo debe declararse inadmisible fundado en que no se habría acompañado copia de la solicitud de información. Sobre el punto, cabe tener presente que en virtud del artículo 24 de la Ley de Transparencia, el amparo deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, debiendo acompañarse los medios de prueba que los acrediten, agregando el artículo 46 del Reglamento de la citada ley, que en el caso que se omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenar subsanar las omisiones o aclarar la solicitud. 4) Que, el presente caso, a juicio de este Consejo el amparo deducido por don Allan Murphy Montenegro cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 24 de la Ley de Transparencia, no existiendo duda acerca de la infracción alegada que sirve de justificación al amparo, como de los hechos que la configuran, lo que se ha podido acreditar a partir de los antecedentes presentados tanto por el reclamante, como por el propio Servicio de Impuestos Internos, razón por la cual se desestimará la alegación de inadmisibilidad formulada. 5) Que, en cuanto al fondo de lo reclamado, siguiendo el razonamiento de los amparos roles C592-11 y C452-14, debe tenerse presente que la información contenida en las escrituras de enajenación de bienes raíces y su respectiva inscripción es plasmada en el formulario N° 2.890 por el Notario y el Conservador respectivos, remitiéndola al SII mediante el formulario N° 2.895, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario y de acuerdo a los dispuesto en la Circular N° 10, de 19 de febrero de 2004 del SII. De ello se desprende que la información pedida, esto es, el rol, comuna y fecha de transferencias de propiedades realizadas desde el mes de marzo de 2014 obra en poder del órgano requerido, tal como por lo demás lo reconoció expresamente en sus descargos, antecedentes que tienen como principal objetivo que éste pueda ejercer las potestades que le encomienda la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, que establece un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos, determinado por el propio órgano de conformidad a las disposiciones de dicha ley. En conclusión, conforme a lo prescrito en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, los datos objeto del presente amparo constituyen información pública, salvo la concurrencia de alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 6) Que, por su parte el órgano requerido señaló que cumplió con su obligación de informar, de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia, norma legal que señala "cuando la información esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impreso tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar.". Por su parte, la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en numeral 3.1 letra a) inciso final, prescribe que "El órgano público no podrá utilizar este procedimiento cuando importe un entorpecimiento grave al ejercicio del derecho de acceso a la información. Por ejemplo, se considerará que ello ocurre cuando el domicilio indicado en la solicitud se encuentre a una distancia considerable del lugar donde la información está a disposición del público y el peticionario deba invertir excesivo tiempo y recursos para trasladarse (...)". 7) Que, de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo la respuesta del órgano requerido no se ajusta a lo prescrito en el artículo 15 de la Ley de Transparencia y al numeral 3.1 letra a) de la Instrucción General citada precedentemente, constituyendo un entorpecimiento grave al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que para obtener los antecedentes pedidos el requirente debería concurrir a cada Conservador de Bienes Raíces del país, y revisar los respectivos registros de propiedad, desde el mes de marzo de 2014 a la fecha, todo lo cual generaría invertir un excesivo tiempo y recursos para obtener la información requerida, lo que se traduce en exigencias contrarias a los principios de facilitación y de gratuidad, contemplados en los literales f) y k) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, de tal modo que no se puede dar por establecido que el Servicio de Impuestos Internos cumplió con su obligación de informar conforme a lo prescrito por el citado artículo 15 de la Ley de Transparencia. 8) Que, en línea con lo anterior, queda de manifiesto la falta de observancia, por parte del órgano público, del contenido específico del artículo 15 de la Ley de Transparencia, primero, porque no se indica el lugar preciso en donde se encontraría lo requerido, solo se remite a señalar que se trataría de información que estaría en poder de los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces del país, sin embargo, debió indicar de manera específica y precisa la ubicación y dirección de cada uno de los 143 notarios y conservadores del país que tengan a su cargo Registros de Propiedad en los que se inscriban las distintas enajenaciones que dan lugar las respectivas compraventas de bienes raíces; segundo, no se describe la fuente de la información solicitada y a la que debería acceder el requirente para extraer lo requerido, y tercero, no se explica la forma expedita y fidedigna de acceso a la información en cada uno de los notarios y conservadores que sean custodios de los Registro de Propiedad respectivo. En igual sentido, la explicación del órgano reclamado no se encuentra en armonía con los principios de máxima divulgación ni de facilitación, pues la respuesta del Servicio implicaría que el requirente debería recorrer los 143 oficios registrales, desde Arica hasta Porvenir, en cada una de las ciudades de cada una de las 15 regiones del territorio nacional. 9) Que, en todo caso,, en la especie tampoco procede que el órgano requerido se asile en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, para sostener que al haberse declarado incompetente quedó impedido de derivar la solicitud a los Notarios y Conversadores de todo el país, atendido que el mecanismo de derivación contemplado en dicha norma legal, no resulta procedente, en los casos en que un órgano de la Administración, aun siendo incompetente- lo que en todo caso no concurre en la especie-, posea los documentos solicitados, tal como lo ha ratificado la Corte de Apelaciones de Santiago en las sentencias que resolvieron los Reclamos de Ilegalidad Roles 584-2012, 6252-2011, y 9367-2013 10) Que respecto de los argumentos del órgano, que dicen relación con que la información solicitada no es producida por aquel, cabe señalar que uno de los elementos requeridos por el solicitante, efectivamente es creado por el SII, pues éste es la autoridad encargada de atribuir y configurar cada uno de los roles de avalúo de cada una de las propiedades existentes en el país, recurriendo para dicho propósito al factor geográfico administrativo comunal. 11) Que, por otra parte, en cuanto a los dichos del SII, respecto que la información pedida se encuentre contenida en un registro público como son los registros llevados por el Conservador de Bienes Raíces cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, cabe señalar que aquello es incorrecto, pues el requirente podría concurrir a cada uno de los 143 notarios y conservadores del país que tengan a su cargo los Registros de Propiedad y con la sola revisión de los índices pertinentes podría acceder a lo requerido, sin necesidad de solicitar certificaciones o copias de los documentos en que dicha información consta. De este modo, se trataría de un ejercicio de recopilación, que ya ha sido realizado por el órgano reclamado, como consecuencia de sus acciones de fiscalización tributaria y que por lo tanto obra en su poder. 12) Que, el órgano reclamado alegó también, la falta de certeza de la información que obra en su poder y que por ello no podría entregar lo solicitado. Sin embargo, se debe señalar que el requirente no ha solicitado en ninguna parte, certificación ni la dictación de un acto administrativo de certeza, debiéndose rechazar por lo tanto, esta alegación. 13) Que, en relación a la alegación del órgano requerido, en orden a que la entrega de la información pedida puede afectar los derechos a la privacidad e intimidad económica y de los derechos comerciales y económicos de un elevado número de personas, se debe tener presente lo señalado por este Consejo en los amparos roles C577-11, C639-11 y C452-14, entre otras, que "la información contenida en la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, proviene de fuentes de acceso público, de tal suerte que el SII, para efectuar el tratamiento de la misma -lo que involucra, entre otras operaciones, su comunicación o transferencia a terceros-, no requiere autorización de sus titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.628". A mayor abundamiento, la información requerida, esto es, las fechas de transferencias, comunas y roles de avalúos, no constituyen por si mismas datos personales, en la medida que no dicen relación con personas identificadas, y que aun obteniéndolas resulta difícil o imposible la identificación de los propietarios, por cuanto, al solicitar los respectivos certificados de avalúos en la web del Servicio de Impuestos Internos, no se puede acceder al nombre y demás datos del actual dueño, hecho que se constata al realizar la operación respectiva en dicha web. En consecuencia, la información en comento, ni identifica ni hace identificable a persona alguna, hecho que aun cuando se produjera, no provocaría perjuicio a las personas naturales o jurídicas respectivas, por cuanto, constituye información presente en registros esencialmente públicos, tal como se expone en los considerandos siguientes. 14) Que, en efecto, la información que obra en poder del órgano reclamado referida a la enajenación de un bien raíz -propietario-, que consta en la respetiva escritura pública y la posterior inscripción de la misma, "son datos públicos, de acuerdo al artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de 1857, que declara públicos los Registros que lleva el Conservador. A esto se debe agregar que uno de los registros que aquél debe llevar es el Registro de Propiedad, en que se inscriben las translaciones de dominio, según disponen los artículos 31 y 32 del aludido Reglamento. Por último, según lo dispuesto en el artículo 52 del referido Reglamento, los títulos translaticios de dominio deben inscribirse en el Conservador respectivo". 15) Que, en tal sentido, siendo la reserva de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invoca una circunstancia que exima de la obligación de entregar la información pedida, corresponde al órgano respectivo, o en su caso al tercero, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que configuran la hipótesis de reserva invocada, lo que no ha ocurrido en la especie, por tanto, a juicio de este Consejo, la información sobre la propiedades transferidas, con su rol, comuna y fecha de transferencias, es información que consta en bases de libre acceso al público, razón por la cual no se considera que su acceso pueda afectar alguno de los derechos de los propietarios de los bienes raíces, por lo que será desechada la alegación del órgano requerido que se enmarcaría en la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 16) Que, respecto de la alegación del SII, referida a que la entrega de la información reclamada posiblemente infringe el artículo 35 inciso 2° del Código Tributario, se debe tener presente que dicha norma legal prescribe que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales". 17) Que, al efecto, resulta procedente seguir lo argumentado con ocasión de la decisión del amparo Rol C592-11, particularmente en su considerando 11°, en cuanto a que "tenido a la vista por este Consejo el referido Formulario N° 2890, "Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", no se observa cómo la información en él contenida pueda entenderse como renta en los términos definidos por la ley. En efecto, la información vertida en dicho formulario, que dice relación con la identificación de quienes concurren a la enajenación de un bien raíz, los datos del inmueble, monto de enajenación y forma de pago, datos del título traslaticio de dominio y de la inscripción en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, a juicio de este Consejo no se encuentra referida a la fuente de los ingresos a que se refiere el artículo 2° N° 1 del Decreto Ley N° 824, ya transcrito, y, por lo tanto, ha de estimarse que, en la especie no se configura la causal de secreto o reserva alegada por el SII, por cuanto dentro de los antecedentes requeridos no se encuentra la renta de los contribuyentes, sino que sólo los datos de la transacción de un inmueble determinado, y los montos involucrados en dicha transacción, montos que, bajo ninguna circunstancia pueden ser considerados como renta, ya que, si bien en dicha transacción se obtiene un crédito que engrosara el patrimonio, esto va unido a una contraprestación equivalente, que constituye el objeto de la obligación de la otra parte, no existiendo en definitiva una utilidad o incremento de patrimonio para ninguna de las partes intervinientes. En efecto, si bien tal información es utilizada por el SII en el desarrollo de la operación renta, esto sólo ocurre en la medida que se relacionan con otros datos y antecedentes que obran en poder del Servicio, de modo que este Consejo desestimará la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Tributario, por no concurrir en la especie". Es más, en este caso ni siquiera ha sido solicitado el valor de la transacción, con lo cual se hace insostenible la alegación de afectación al secreto tributario, pues lo requerido no pone al descubierto la renta obtenida producto de la enajenación del respectivo bien raíz, ni la magnitud de las transacciones realizadas, información ésta última, que por lo demás, se encuentra expeditamente publicada en los diversos Registros de Propiedad de los notarios y conservadores del país que tengan a su cargo dichos registros. 18) Que, por su parte el considerando 12° de la citada decisión estableció que "a mayor abundamiento, el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, al referirse a los registros que lleva el Conservador -entre los que se cuentan el de Propiedad, donde consta la misma información contenida en el Formulario N° 2890 del Servicio de Impuestos Internos- señala que son registros esencialmente públicos "por consiguiente, es permitido a cualquiera consultarlos en la misma oficina y tomar los apuntes que crea convenientes". Luego, en consideración que en la presente caso los datos pedidos son el rol, comuna, y fecha de transferencia de las propiedades en un período determinado, sin individualizar expresamente a las personas que intervinieron en dichas transferencias, a juicio de este Consejo no existe infracción del secreto tributario, pues no se dan a conocer los elementos básicos que permitirían acceder, respecto de personas específicas y determinadas, a sus ingresos, a la fuente de aquellos ni a la determinación de sus cargas impositivas, razón por la cual se desestimará la alegación del Servicio en este punto. A mayor abundamiento, en este caso no se están dando a conocer los roles de avalúos asociados a un saldo a favor por concepto de impuesto territorial, como asimismo, no se está pidiendo la publicación de la cuantía de éstos y el nombre de los acreedores, de modo que las aprehensiones del servicio sobre la materia han quedado suficientemente superadas, pues este Consejo no está ordenando la entrega de ese tipo de información. 19) Que, por lo expuesto precedentemente, teniendo presente que se ha podido determinar que la información reclamada obra en poder del órgano requerido, y no habiéndose configurado, a juicio de este Consejo, ninguna de las causales de reserva contempladas en la ley que permitan denegar el acceso a los antecedentes pedidos, se acogerá el presente amparo ordenando al Servicio de Impuestos Internos, entregar a don Allan Murphy Montenegro la información correspondiente al rol, comuna y fecha de transferencia de los inmuebles transferidos desde el mes de marzo de 2014 a la fecha de la solicitud de información, por cuanto sólo resulta exigible entregar la información existente que obraba en poder del órgano requerido al formularse el requerimiento de información, sin perjuicio de recomendar entregar la información existente hasta la fecha del presente decisión, en virtud del principio de facilitación contemplado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Allan Murphy Montenegro, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos: a) Hacer entrega al reclamante la información correspondiente al rol, comuna y fecha de transferencia de los inmuebles transferidos desde el mes de marzo de 2014 a la fecha de la solicitud de información, conforme a lo ordenado en el considerando 14 de la presente decisión. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Recomendar al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos entregar la información reclamada desde la fecha de la solicitud de información hasta la fecha de la presente decisión, en virtud del principio de facilitación contemplado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Allan Murphy Montenegro y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.