<p>
</p>
<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C1164-16</p>
<p>
Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Valparaíso</p>
<p>
Requirente: Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre</p>
<p>
Ingreso Consejo: 08.04.2016</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 709 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de mayo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1164-16.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de febrero de 2016, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso, en adelante e indistintamente la SEREMI, la siguiente información:</p>
<p>
"Copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Valparaíso durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis)".</p>
<p>
Asimismo indicó que "la documentación solicitada es fácilmente obtenible por vuestro organismo, del cual depende la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Valparaíso, no siendo necesario distraer indebidamente a un funcionario del cumplimiento regular de sus labores habituales. Considerando que la documentación solicitada contiene información que puede afectar el derecho de terceros, esto es, aquellos trabajadores a los que se les ha diagnosticado la enfermedad profesional de silicosis pulmonar, solicito a Ustedes que con anterioridad a la entrega de la documentación se comunique a los trabajadores involucrados la presente solicitud para que ellos puedan ejercer el derecho de oposición que establece el artículo 20 de la Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública".</p>
<p>
2) RESPUESTA: El 7 de abril de 2016, la SEREMI respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico de la misma fecha, remitiendo el Ordinario N° 504 de la misma fecha, el cual en síntesis señala lo siguiente:</p>
<p>
a) Se entregan las resoluciones requeridas con la identificación del caso y datos que indica. De dichos documentos se han tarjado los datos relativos a la identificación de los trabajadores, es decir, nombre completo, RUT, dirección y número de teléfono, y aquellos que corresponden a la identificación de la última entidad empleadora, esto es, su nombre o razón social y RUT. Ello en conformidad a los artículos 2, letra g) y 10 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.</p>
<p>
b) En la especie, se trata del estado de salud de los trabajadores afectados por silicosis pulmonar, enfermedad que ha determinado incluso un grado de invalidez en ellos. De este modo, resulta evidente que se está en presencia de un dato sensible. Así las cosas, el tarjar los datos que comprenden la identificación de los trabajadores obedece justamente a evitar que se conozca el estado de salud de los mismos, cuestión que se encuentra absolutamente conforme a derecho.</p>
<p>
c) En efecto, la propia jurisprudencia del Consejo para la Transparencia se ha pronunciado de forma contundente en este sentido.</p>
<p>
3) AMPARO: El 8 de abril de 2016, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en lo siguiente:</p>
<p>
a) Si bien se entregó una respuesta, ésta es incompleta ya que a la documentación se le borraron una serie de datos de identificación del trabajador (número de cédula de identidad, domicilio y teléfono), lo que no correspondía hacer de conformidad con la solicitud formulada y el procedimiento de oposición que establecen la Ley de Transparencia y la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.</p>
<p>
b) En lugar de iniciar el procedimiento que establece el legislador para solicitudes como ésta, el Seremi se limita a enviar 39 resoluciones a las que de forma discrecional ha decido borrar cierta información, por ejemplo, los números de cédula de identidad y domicilios de los trabajadores.</p>
<p>
c) El Seremi no respeta el procedimiento legal que establece el legislador, el que obliga a notificar a los trabajadores afectados para que estos puedan ejercer el derecho de oposición. Este proceso se encuentra establecido, entre otros, en el artículo 10 de la ley N°19.628 sobre protección de la vida privada, así como en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
d) En definitiva, solicita que se ordene al SEREMI notificar el derecho de oposición a los 39 trabajadores identificados en la documentación enviada, verificar la cantidad de trabajadores que ejercen su derecho de oposición dentro del plazo legal, y entregar copia de todas las resoluciones en que los trabajadores no hayan hecho ejercicio del derecho de oposición dentro del plazo legal.</p>
<p>
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, mediante Oficio N° 004184 de 27 de abril de 2016.</p>
<p>
Mediante Oficio N° 688 de 9 de mayo de 2016, la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
<p>
a) Discurre el recurrente sobre la idea de que la información no habría sido entregada en virtud de que la solicitud de acceso a la información se estaría refiriendo a documentos que contienen información que pudiera afectar los derechos de terceros, por lo que la SEREMI debió haber aplicado el procedimiento contenido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, aquella posición implica obviar por completo lo dispuesto por los artículos 2, letra g), y 10 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. En la especie, se trata del estado de salud de los trabajadores afectados por silicosis pulmonar, enfermedad que ha determinado incluso un grado de invalidez en ellos.</p>
<p>
b) No se trata entonces de que la información o documentación solicitada pueda afectar derechos de terceros, como establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, sino que de que el proporcionar los nombres y datos de individualización de los trabajadores declarados con algún porcentaje de invalidez debido a padecer silicosis pulmonar constituiría tratamiento de datos sensibles de terceros, cuestión que se encuentra impedida por ley.</p>
<p>
c) Por lo demás, no se entiende qué justificación real pudiera tener el solicitante para conocer los nombres, RUT, direcciones y teléfonos de los trabajadores afectados en circunstancias que, de acuerdo a lo expresado por él mismo en solicitudes anteriores, sólo busca realizar un artículo académico respecto a la silicosis pulmonar, requiriendo contar con respaldo estadístico de la situación actual de la enfermedad en Chile.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, el cual vencía el 23 de marzo de 2016. En razón de lo anterior, este Consejo representará a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.</p>
<p>
2) Que, el presente amparo se funda en la disconformidad del reclamante ante la entrega por parte de la SEREMI de Salud Región de Valparaíso de la información requerida, esto es, una copia de las resoluciones emitidas por la COMPIN de Valparaíso durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 por silicosis pulmonar con una serie de datos de los trabajadores tarjados, sin que el organismo hubiese notificado a los terceros involucrados en la presente solicitud, para que ellos pudieran ejercer el derecho de oposición que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
3) Que, al respecto el órgano señaló en sus descargos que dar curso al procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, implica obviar por completo lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, pues, en la especie, se trata del estado de salud de los trabajadores afectados por silicosis pulmonar, declarados con distintos grados de invalidez, siendo evidente que se está en presencia de un dato sensible. Por ello, tarjar datos que comprenden la identificación de los trabajadores obedece justamente a evitar que se conozca el estado de salud de los mismos, cuestión que se aviene con la jurisprudencia del Consejo pronunciada en las decisiones de amparo C1968-14 y C1326-14. En consecuencia, no se trata que la información requerida pueda afectar derechos de terceros y se deba aplicar el referido artículo 20 de la Ley de Transparencia, sino que el proporcionar los nombres y datos que permiten individualizar a los trabajadores declarados con algún porcentaje de invalidez, debido a padecer la enfermedad que se consulta, constituiría entregar datos sensibles de terceros, cuestión que se encuentra impedida por la ley.</p>
<p>
4) Que, analizados los antecedentes entregados y en concordancia con lo señalado por la reclamada, cabe hacer presente que la información contenida en las resoluciones emitidas por la COMPIN, aluden al estado de salud de sus beneficiarios, lo que constituye un dato sensible, en atención a lo dispuesto en el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, cuya divulgación se encuentra prohibida, salvo las excepciones previstas en la ley, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, en relación con el artículo 10 de la ley sobre Protección de la Vida Privada y la obligación de este Consejo, consagrada en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por su lado, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia establece que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas.</p>
<p>
5) Que, no obstante lo anterior, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
<p>
6) Que, en este sentido, si bien los documentos entregados son en principio públicos por cuanto se trata de actos administrativos pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida, salvo en las hipótesis de reserva o secreto contempladas por el legislador, a juicio de este Consejo, atendido lo señalado en el considerando 3° anterior, resultan plausibles los fundamentos invocados por la reclamada para denegar una parte de la información, y por aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, haber entregado la información solicitada, previo tarjado de parte de los datos personales contenidos en los antecedentes requeridos, no generando así en principio afectación a los derechos de los terceros de conformidad con la normativa citada.</p>
<p>
7) Que, en este sentido, respecto de la alegación del reclamante referida a que el servicio no dio aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicando la solicitud a los trabajadores afectados por la enfermedad consultada, para que éstos hicieran valer su derecho de oposición, este Consejo estima que en la especie ello hubiere resultado inoficioso, atendido el criterio establecido de forma sostenida y reiterada por este Consejo en las decisiones ya citadas, entre otras, en cuanto a que el estado de salud de las personas constituye un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida.</p>
<p>
8) Que, en dichas circunstancias, se rechazará el amparo presentado por don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre en contra de la SEREMI de Salud Región de Valparaíso.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso, toda vez que el estado de salud de las personas constituye un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Representar a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, toda vez que no dio respuesta al requerimiento de información que se le formulara en el plazo previsto en el referido artículo 14 del cuerpo legal precitado. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
<p>
</p>