Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1292-16

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Reclamante:	EDUARDO CASTRO HONORES
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en no haber recibido detalles de la investigación realizada referente a una denuncia en contra de la AFP Capital, aquella resultó sancionada con multa. El Consejo acoge el amparo, por no configurarse la causal de reserva invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/17/2016
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1393-12 C1653-12
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Órganos sujetos a la competencia del Consejo >> Órganos fuera de la competencia del Consejo >> Poder Judicial
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C1292-16 Entidad pública: Superintendencia de Pensiones. Requirente: Eduardo Castro Honores. Ingreso Consejo: 20.04.2016. En sesión ordinaria N° 728 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de agosto de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C1292-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de marzo de 2016, don Eduardo Castro Honores, indicó a la Superintendencia de Pensiones, que habiendo realizado en el año 2013, una denuncia en contra de la AFP Capital, aquella resultó sancionada con multa. Por lo tanto, solicita detalles de la investigación llevada a cabo en contra de dicha AFP. 2) RESPUESTA: La Superintendencia de Pensiones, mediante oficio ordinario N° 6832, de fecha 28 de marzo de 2016, señaló en síntesis, que dicha investigación, derivó en la dictación de la Resolución Exenta N° 21, de fecha 08 de febrero de 2016 -que se adjuntó al requirente-, la que aplicó una multa a la APF en cuestión, de 3.600 UF. Sin perjuicio de lo anterior, se informó que no era posible entregar mayores detalles, puesto que dicha sanción, no se encontraba ejecutoriada, siendo susceptible de recursos administrativos y judiciales, razón por la cual, se alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 20 de abril de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en no haber recibido los detalles de la investigación realizada. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° 4614, de fecha 10 de mayo de 2016. Posteriormente, por medio de oficio N° 12284, de 24 de mayo de 2016, el órgano evacuó sus descargos, reiterando en resumen, lo expuesto en su respuesta, agregando que la sanción fue objeto de recurso de reclamación, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol 3773-2016, el cual se encuentra pendiente. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información, relativa a los detalles de la investigación realizada en contra de la AFP Capital. Al efecto, el órgano alegó la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, fundado en que la resolución que sancionó a la referida AFP, no se encontraba ejecutoriada, siendo actualmente objeto de Recurso de Reclamación, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. 2) Que, este Consejo, ha sostenido en forma reiterada que la causal de reserva alegada, exige demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias: a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber: i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen. ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado. b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. 3) Que, respecto a la concurrencia de los presupuestos mencionados, la jurisprudencia de este Consejo ha formulado ciertas precisiones interpretativas, con el objeto de atribuir un alcance restringido a la hipótesis de reserva en cuestión. En particular, a partir de las decisiones de amparo Roles C1653-12 y C1393-12, ha establecido que en el caso de procesos decisionales que comprenden etapas sucesivas, la eventual configuración del privilegio deliberativo como motivo de reserva exige aplicar una suerte de separación del proceso, según las etapas que éste comprende. Lo anterior implica que la calificación de cierta información como antecedentes o deliberaciones previas protegidas por dicho privilegio, no debe tener lugar sin más por el sólo hecho que no haya concluido en su integridad el proceso decisional en que incide tal información, sino que se precisa atender específicamente a la vigencia o no de la etapa del proceso a que se refiere la misma, y especialmente, a la circunstancia de haber sido ésta ya debidamente ponderada o no en la fase respectiva, de lo cual dependerá, a su vez, que pueda o no presumirse una incidencia significativa de la misma en la adopción de la decisión final o de la respectiva medida o política. Esto significa -como contrapartida a la reserva- la eventual publicidad de los antecedentes asociados a etapas del proceso ya concluidas, aun cuando existan otras posteriores pendientes, y de cuya ejecución dependa la culminación del proceso en su totalidad. 4) Que, así las cosas, dado que la eventual configuración del privilegio deliberativo exige aplicar una suerte de separación del proceso, según las etapas que éste comprende, sobre el particular, cabe concluir que ha quedado establecido en este procedimiento que, a la fecha de la solicitud de información, el órgano ya había adoptado una decisión respecto de la investigación realizada al efecto -cuyos detalles se solicitan-, procediendo a multar a la AFP respectiva, quedando cerrada dicha etapa, y por lo tanto, concluyendo la etapa deliberativa de la Superintendencia, respecto a la investigación en comento. Posteriormente, y en una nueva etapa dentro del proceso, se presentó por parte de la AFP sancionada, un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que, según el órgano, se encuentra pendiente. 5) Que, por lo anterior, a juicio de esta Corporación y el criterio descrito, correspondía dar publicidad de los antecedentes asociados a etapas del proceso ya concluidas (como se ha indicado), aun cuando existieran otras posteriores pendientes (por ejemplo, la sentencia que debe decidir el reclamo ante la Corte), y de cuya ejecución dependa la culminación del proceso en su totalidad. 6) Que, en otro orden de ideas, a criterio de este Consejo, se deben considerar a su vez, otros antecedentes de relevancia, para sustentar la entrega de los antecedentes requeridos: i. El requirente es tambien, denunciante en el procedimiento admninistrativo llevado a cabo por la Superintendencia, aportando antecedentes para que en definitiva, el servicio, junto con otros elementos de juicio, haya determinado sancionar a la AFP respectiva. En tal sentido, el denunciante constituye un interviente en dicho procedimiento, teniendo derecho a acceder al cuerpo del expediente. ii. La negativa de hacer entrega de lo solicitado, basado en la posibilidad de ser objeto de reclamo ante la Corte de Apelaciones, obvia lo dispuesto en el artículo 9°, del Código Órgánico de Tribunales, que señala que "los actos de los tribunales son públicos". En tal sentido, el expediente sobre el cual hubiera recaído el referido recurso, habría sido de libre acceso al público. iii. Habiéndose efectivamente deducido, en la especie, recurso de reclamación en contra de la resolución que sancionó a la AFP, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, este Consejo, teniendo a la vista el expediente digital de la causa Rol N° 3773-2016, advirtió que dicho reclamo fue declarado inadmisible por la Corte con fecha 20 de abril de 2016, según resolución que se lee a fojas 109. Asimismo, dicha sentencia, fue objeto de reposición, el cual finalmente fue declarado extemporáneo por el Tribunal, con fecha 11 de mayo de 2016. Por lo anterior, actualmente, no se evidencia proceso deliberativo alguno. 7) Que, por lo razonado precedentemente, se procederá a desestimar la causal de reserva alegada, razón por la cual, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de lo requerido, en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión. Con todo, se hace presente que en el evento que en la información a entregar se encuentren ciertos datos personales relativos a personas naturales -domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Eduardo Castro Honores en contra de la Superintendencia de Pensiones, por no configurarse en la especie, la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones que: a) Entregue al solicitante todos los detalles de la investigación respecto a la AFP Capital, teniendo presente que en el evento que en la información a entregar se encuentren ciertos datos personales relativos a personas naturales -domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Eduardo Castro Honores y al Sr. Superintendente de Pensiones. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.