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DECISIÓN AMPARO ROL C1371-16</p>
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Entidad pública: Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio</p>
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Requirente: Patricio Gajardo Vega</p>
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Ingreso Consejo: 27.04.16</p>
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En sesión ordinaria N° 729 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles N° C1371-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 10 de marzo de 2016, don Patricio Gajardo Vega solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio - en adelante e indistintamente Inspección o IPT-, certificado del directorio del sindicato de estibadores y lista de socios de dicha organización.</p>
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2) RESPUESTA: El 15 de abril de 2016, la IPT respondió a dicho requerimiento de información, señalando, que la organización sindical consultada se encontraba en receso no existe un directorio, razón por la cual, no le era posible entregar el certificado. Agregó, que en cuanto a la nómina de socios requerida, es información privada en conformidad a lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 27 de abril de 2016, don Patricio Gajardo Vega dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la IPT, fundado en la denegación de la lista de socios consultada.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el amparo, confiriendo traslado al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de San Antonio, mediante Oficios Nos 4.626 de 10 de mayo de 2016, quien mediante presentación de 16 de junio del año en curso, junto con reiterar lo expuesto en su respuesta a la solicitud, indicó que la afiliación sindical de una persona es un dato protegido por la ley N° 19.628 como por la Ley de Transparencia, razón por la cual, no procede divulgar la nómina de socios que conformaron la organización singularizada por el reclamante en su solicitud.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que de conformidad a los dichos del reclamante, anotados en el numeral 3° de lo expositivo, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la nómina de socios que conformaron el sindicato de estibadores consultado.</p>
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2) Que en cuanto a la nómina de trabajadores que conforman el sindicato consultado, este Consejo ha resuelto que en virtud de lo previsto en el artículo 7° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá guardarse secreto de las nóminas de las personas que forman parte de un sindicato o que concurrieron a su constitución, por ser dicha información un dato de carácter personal. Igualmente, se ha razonado que el solo interés por parte del empleador de conocer las identidades de los trabajadores que conforman un sindicato y verificar con ello la existencia de un vínculo contractual entre la parte que representa y los afiliados sindicales, no justifica relevar el carácter reservado de dichos antecedentes, por cuanto ello no redunda en un beneficio indubitado que permita justificar su entrega. Asimismo, certificar el cumplimiento de los quórum legales de constitución de una organización sindical, corresponde a un ministro de fe designado para tal efecto por la respectiva Inspección y no al empleador, otorgándole la ley a este último, los mecanismos judiciales necesarios que le permitirían impugnar la constitución de un sindicato, sin que para ello sea necesario divulgar en forma previa, las identidades de cada uno de los miembros que lo conforman.</p>
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3) Que en tal sentido, cabe además señalar que la afiliación sindical es información que en ningún caso puede condicionar la libertad de trabajo. En efecto, "Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos" (Artículo 19 N° 16 inciso cuarto de la carta fundamental).</p>
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4) Que por lo señalado precedentemente, no procede la divulgación de la nómina solicitada, por ser dicho antecedente reservado en conformidad a lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En consecuencia, se rechazará el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Gajardo Vega, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de San Antonio, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Gajardo Vega y al Sr. Inspector Provincial del Trabajo de San Antonio.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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