Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C151-09

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Reclamante:	SANTIAGO URZÚA MILLAN
Reclamado:	DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resumen del caso: Se interpone recurso de reposición contra la resolución del Consejo que acogió parcialmente el reclamo y otorgó al órgano la facultad entregar la información siempre que no implicare una confesión o un juicio valorativo por parte del órgano. El Consejo rechaza el recurso estimando que no es competente para exigir al órgano que los juicios de valor que emanan de él, sólo puede decidir si la información es pública y si se configura alguna causal de reserva.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/21/2009
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C2388-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros - Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Obras Públicas (Vialidad); Obras Públicas (Vialidad)

RESUELVE REPOSICIONES AMPAROS ROL A56-09 Y A151-09 En sesión ordinaria N° 110 de su Consejo Directivo, celebrada el 11 de diciembre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los recursos de reposición administrativos deducidos el 13 de octubre y 5 de noviembre pasados, por don Santiago Urzúa Millán, en contra de la decisiones recaídas en los amparos Rol A56-09, de 3 de junio de 2009 y Rol A151-09, de 3 de julio de 2009, ambos interpuestos por el recurrente en contra de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la citada Ley de Transparencia. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> Que el 4 de agosto de 2009, en la sesión ordinaria N° 73 de su Consejo Directivo, este Consejo se pronunció sobre el amparo por denegación al acceso de información, Rol A56-09 y el 2 de octubre de 2009, en sesión ordinaria Nº 90, el Consejo Directivo se pronunció sobre el amparo por denegación al acceso de información, Rol A151-09, ambos deducidos por don Santiago Urzúa Millán en contra de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y resolvió acogerlos parcialmente, por las consideraciones expuestas en los acuerdos respectivos, requiriendo al Director Nacional de Vialidad que entregare la información indicada al reclamante dentro del plazo de 15 días hábiles, siempre que la entrega de dicha información no implicare una confesión o un juicio valorativo por parte del órgano reclamado, sino sólo el acceso a la información requerida en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia. Que, mediante Oficio N° 662, de 29 de septiembre de 2009 y Oficio Nº 744, de 21 de octubre de 2009, este Consejo notificó por carta certificada las decisiones recaídas en los amparos A56-09 y A151-09, respectivamente, al reclamante y al reclamado, habiéndose éstas despachado con la misma fecha. Que, por su parte, mediante escritos de 13 de octubre y 5 de noviembre de 2009, recepcionados en las oficinas de este Consejo con la misma fecha, don Santiago Urzúa Millán ha deducido, dentro de plazo legal, recursos de reposición administrativos en contra de las decisiones ya individualizadas solicitando que se enmienden las decisiones recurridas, especialmente la parte resolutiva, disponiendo la entrega de toda la información requerida, suprimiendo la atribución que se confiere al órgano reclamado de denegar aquella información que implique una confesión o juicio valorativo por parte del reclamado. Adicionalmente, solicita en sus recursos que se suspenda el plazo para acudir ante la Corte de Apelaciones para interponer reclamo de ilegalidad en contra de las decisiones, mientras que no se resuelvan sus correspondientes reposiciones <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer lugar, y en conformidad con lo establecido en el art. 33 de la Ley Nº 19.880, se analizarán y resolverán los recursos de reposición deducidos por don Santiago Urzúa Millán en contra de las decisiones recaídas en los amparos A56-09 y A151-09 en forma conjunta, debido a que guardan identidad sustancial o íntima conexión entre ellos. 2) Que, verificándose los presupuestos para su procedencia, este Consejo admitirá a tramitación los recursos de reposición intentados por don Santiago Urzúa Millán, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59 de la Ley N° 19.880, sin perjuicio de lo que se resolverá. 3) Que, una vez admitido a tramitación, procede determinar únicamente, para los efectos de resolver acertadamente las impugnaciones deducidas por el recurrente, si los argumentos y antecedentes esgrimidos en sus respectivos recursos resultan o no suficientes para modificar, reemplazar o dejar sin efecto lo resuelto por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos A56-09 y A151-09. 4) Que este Consejo estimó en las decisiones recurridas, que los requerimientos de información del reclamante estaban planteados de una forma que “pretende, en parte, obtener un pronunciamiento del órgano reclamado, al modo de una absolución de posiciones o confesión, lo que se aparta del propósito de los instrumentos creados por la Ley de Transparencia. En efecto, la Ley de Transparencia no es un medio para obtener una confesión que pueda luego ser utilizada en juicio o para otros fines, especialmente considerando el contexto dentro del cual se plantea la solicitud, y siendo estos puntos lo que se encuentra resolviendo la Justicia y la Contraloría General de la República” (considerandos 6º de las decisiones A56-09 y A151-09). 5) Que en virtud de lo anterior, se resolvió en definitiva, acoger parcialmente los amparos interpuestos por don Santiago Urzúa Millán, de modo que la Dirección Nacional de Vialidad sólo entregare aquella información que no significare una confesión o un juicio valorativo por parte de dicha Dirección, sino sólo el acceso a la información de conformidad con lo que establece la Ley de Transparencia. 6) Que el recurrente indica que los acuerdos recién transcritos deberían ser enmendadas como ya se señaló, por los siguientes argumentos: a) No se ajustarían a la Ley de Transparencia, no citándose al respecto ningún fundamento legal para llegar a dicha conclusión y le entrega al reclamado, la Dirección de Vialidad, la facultad de decidir qué información entregar según los términos acordados por este Consejo, debiendo dicho órgano decidir si los antecedentes que obran en su poder constituyen o no una confesión. b) En las decisiones recurridas, este Consejo habría hecho posible denegar información que pudiera importar una confesión por parte del reclamado, lo que atentaría en contra del principio de legalidad consagrado en los arts. 6º y 7º de la Constitución. Por lo tanto, si ha existido alguna actuación que se aparte del ordenamiento jurídico, el organismo y sus funcionarios que tomen conocimiento de dicha actuación, deben reconocerla y deben entregar la información que permita establecerla, sin que puedan ocultarla, aunque pueda perjudicar al propio órgano, lo que no debería ocurrir pues se estaría actuando en beneficio de la juridicidad y del Estado de Derecho, que este Consejo debe también cautelar por ser un fin superior a cualquier otro. c) En el caso, agrega, la Dirección de Vialidad podrían eludir el reconocimiento de sus actuaciones ilícitas, particularmente si son citados a confesar en representación del órgano, negando la información que pudiera acreditarlas, bajo la excusa de que constituyen antecedentes que les permitiría defenderse en tribunales o ante otros órganos fiscalizadores. d) Este Consejo, indica, no habría decidido sobre las cuestiones de fondo que se tramitaban ante él, debido a que le encomienda al reclamado que la información se entregue en conformidad con la Ley de Transparencia, cuando justamente fue su infracción la que impulsó al recurrente para interponer los respectivos amparos de acceso a la información. e) Finaliza señalando que los entes públicos, a diferencia de las personas naturales particulares, en conformidad con el principio de legalidad deben entregar toda la información que dispone, sin que procedan calificaciones previas y subjetivas acerca de si importa o no futuros perjuicios procesales si llegara a utilizarse en su contra. 7) Que, mediante Ordinarios Nºs 12.286 y 12.285, ambos de 9 de diciembre del presente año, la Dirección Nacional de Vialidad, habiendo sido emplazada por este Consejo respecto de los recursos de reposición presentados a través de Oficios Nºs 848 y 849, ambos de 24 de noviembre, presentó las siguientes consideraciones con el fin de que se rechacen los recursos interpuestos por el reclamante: a) Primero, procede a indicar que en virtud de lo decidido por este Consejo, dio cumplimiento íntegro a lo requerido en las decisiones recurridas, mediante los Ordinarios Nº 10.620, de 26 de octubre y Nº 11.543, de 18 de noviembre de 2009, aunque no comparte lo acordado por esta Corporación, pues se sostuvo que de los procedimientos pendientes, en ninguno de ellos, los antecedentes requeridos permitirían ser presentados como prueba, especialmente en el recurso de casación radicado en la Corte Suprema, olvidando lo señalado por el reclamado, que existen procesos criminales y administrativos pendientes en lo que los antecedentes requeridos pueden servir para la defensa del Servicio. Habiéndose acogido los amparos por este Consejo, se ha dejado a la Dirección de Vialidad sin medios de prueba que permitan una correcta defensa, desconociéndose la causal del art. 21 Nº 1 letra a) de la Ley de Transparencia. b) Respecto de los respectivos recursos deducidos por el reclamante manifiesta un rotundo rechazo, ya que éste dispone de la mayor parte de la información requerida, debido a que ha sido la contraparte del reclamado en los respectivos procedimientos que se siguen entre el reclamado y el reclamante, por lo que tuvo acceso a todos los documentos e información surgida de dichos procesos. c) Añade que el recurrente olvida que en virtud del art. 21 Nº 1 letra a) de la Ley de Transparencia, los órganos de la Administración del Estado tiene derecho a su defensa jurídica. d) Por lo tanto, termina señalando, el acoger los recursos de reposición del reclamante, significaría no reconocer la excepción consagrada en la Ley, solicitando, en consecuencia, que se rechacen los recursos de reposición en contra de las decisiones recurridas. 8) Que en virtud de todo lo expuesto, este Consejo puede señalar lo siguiente: a) Las decisiones recurridas fueron acordadas con estricto apego a la Ley de Transparencia y su Reglamento. b) En el análisis de la información requerida por el reclamante este Consejo detectó que algunos de los requerimientos suponían en su formulación un juicio valorativo desfavorable para el Servicio que provenía del propio requirente. En efecto, pedía informar sobre obras “que fueron simuladas” y señalar los “verdaderos tipos y cantidades” de obras contratadas. c) No se trata, como sugiere el recurrente, de estimar ilícito llamar a confesar en juicio a un funcionario. Los funcionarios de un órgano pueden ser convocados por la Justicia o por la Contraloría General de la República ante una eventual o supuesta irregularidad denunciada, en cuyo caso deberán manifestar sus puntos de vistas, prestar declaraciones testimoniales o incluso absolver posiciones (confesión). Si así lo exige el ordenamiento jurídico, este Consejo no puede sino reconocer dicha situación. d) Sin embargo, este Consejo no comparte que a través de la interposición de un amparo al derecho de acceso a la información —derecho del cual gozan todas las personas en conformidad con el art. 10 de la Ley de Transparencia— pueda exigirse que un órgano de la Administración del Estado deba compartir los juicios valorativos que emanan de él. Ese fin no es competencia de este Consejo, de acuerdo al art. 33 de la Ley de Transparencia, debiendo entonces limitarse a resolver los amparos presentados y decidir si la información requerida es pública según lo disponen los arts. 5º y 10 de la Ley y si se configuran o no las causales de secreto o reserva invocadas por el órgano reclamado. e) A mayor abundamiento, este Consejo no desconoció en las decisiones recurridas que la jefatura del órgano reclamado —la Dirección Nacional de Vialidad— pueda ser objeto de tales juicios valorativos; sólo señala que dicha competencia se encuentra radicada en los tribunales de justicia y en la Contraloría General de la República, órganos que han sido llamados por la Constitución y la ley para conocer de las materias objeto de algunos de los requerimientos del reclamante (carácter simulado o verdadero de ciertas actuaciones). f) Así queda de manifiesto en los considerandos 6) de las decisiones recurridas y de su parte resolutiva, ya que se señalan en ellas que este Consejo estimó que parte de algunos de los requerimientos del reclamante no se encontraban dentro del ámbito de la Ley de Transparencia y que la competencia para resolver sobre dichos requerimientos no le correspondía a este Consejo. En consecuencia, se le requirió a la Dirección Nacional de Vialidad que entregare la información referida, según el objeto de la Ley de Transparencia, que se encuentra establecido en sus arts. 5º y 10. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY Nº 19.880, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar los recursos de reposición administrativos deducidos el 13 de octubre y 5 de noviembre pasados, por don Santiago Urzúa Millán, en contra de la decisiones recaídas en los amparos Rol A56-09, de 3 de junio de 2009 y Rol A151-09, de 3 de julio de 2009, ambos interpuestos por el recurrente en contra de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Santiago Urzúa Millán y al Director Nacional de Vialidad. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.