Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1540-16

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Reclamante:	N. N.
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, fundado en que no respondió el contenido de las peticiones referentes a: a) Copia de los expedientes ordenados por fecha de ingreso y foliados por patología por separado (salud mental y traumatología); b) Copia de informes de comisiones médicas (ambas patologías: salud mental y traumatología) que realizaron resoluciones. Informes de las resoluciones de diciembre de 2015 y febrero de 2016; entre otros. El Consejo acoge parcialmente el amparo, al desestimarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia; rechazándolo respecto de lo requerido en las letras d), e), f), g) parte primera, n), p), q), s) y v), por constituir todas las anteriores manifestaciones del ejercicio del derecho constitucional de petición.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/18/2016
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C11137-22 C403-18 C882-18 C3156-18 C6518-18 C8390-19 C7302-20 C6027-21 C475-22 C974-17 C1979-17 C3178-17 C1262-18 C4453-21 C8350-21 C9295-21 C819-22 C1757-22 C4366-22 C6110-22 C7341-22 C1469-18 C1751-18 C2014-18 C3157-18 C3440-18 C3444-18 C3797-18 C6391-18 C7858-19 C8391-19 C3-20 C767-20 C6034-20 C6944-20 C7658-21 C7880-21 C8477-21 C8635-21 C14-22 C148-22 C856-22 C2745-22 C3249-22 C3985-22 C4483-22 C4778-22 C5373-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial; Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C1540-16 Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social. Requirente: N.N. Ingreso Consejo: 12.05.2016. En sesión ordinaria N° 730 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de agosto de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1540-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de abril de 2016, doña N.N., solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social -en adelante e indistintamente SUSESO-, la siguiente información: a) Copia de los expedientes ordenados por fecha de ingreso y foliados por patología por separado (salud mental y traumatología); b) Copia de informes de comisiones médicas (ambas patologías: salud mental y traumatología) que realizaron resoluciones. Informes de las resoluciones de diciembre de 2015 y febrero de 2016. c) Copia de informes médicos emitidos por profesionales de la mutual de seguridad, sr. Wilson Vielma (Psiquiatría) y sr. Arturo Saravia (traumatólogos), ambos con adulteraciones de los antecedentes clínicos documentados a la suceso, con antecedentes entregados por la misma mutual en su oportunidad. d) Facultades legales de la SUSESO, para efectuar resoluciones que afectan la vida e integridad de un trabajador, mediante informes médicos falsos del Sr. Wilson Vielma, del Sr. Arturo Saravia y del Sr. Iván Salinas que desestima [...] (sic) formulario se encuentra incompleto; e) Facultades que tiene la SUSESO para decidir por la vida e integridad de un paciente, validando procedimientos sin el conocimiento ni consentimiento del paciente. f) Facultades que tiene la SUSESO para validar informe psicológico emitido tres meses después de su resolución, donde no existe evolución del paciente; g) Justificación de la interpretación y copia del informe de la inspección del trabajo que desestima hostigamiento laboral, según doña Érika Díaz, que omite pronunciamiento jurídico de la Inspección del Trabajo El Loa, respecto a hostigamiento laboral (que dio origen a una mediación laboral con la jefatura) y además entregar copia de la evolución clínica señalada, ya que en ficha clínica entregada a la Superintendencia de Salud, no existía tal evolución como tampoco viene anexa al expediente; h) Copia de oficios enviados a instituciones pertinentes por denuncias efectuadas por la suscrita y que según la SESUSO, no eran de su competencia: respecto a modificación de diagnósticos médicos, falta de atención oportuna, falta de información del diagnóstico, etc. Esto en relación a que sólo el Sr. Superintendente refiere oficio de febrero de 2016, pero en Ord. N° 70373, de fecha 05 de Noviembre de 2015, párrafo 1 , señala textual : Doña N.N. se ha dirigido nuevamente a esta Superintendencia reclamando en contra de esa Mutualidad la atención psiquiátrica brindada, trato vejatorio, calidad de atenciones y porque no se le habría otorgado. tratamiento completo respecto de la lesión de tobillo (...). Además, en el oficio N° 80386, de fecha 23-12-201 (sic) el Sr. Superintendente, refiere las mismas denuncias. En consecuencia al haber tomado el Sr. Superintendente conocimiento de las irregularidades en las atenciones recibidas y no haber derivado de acuerdo a los plazos otorgados por la ley N' 19.880, hizo un claro abandono de deberes. i) Copia de informes de especialistas traumatólogos particulares, entregados personalmente y vía web, entre el periodo agosto 2015 -enero 2016. Esto producto de la lesión de fecha 26 de junio. j) Copia de informes radiológicos, médicos y kinesiológicos, de la lesión del tobillo, de especialistas particulares, meses agosto 2015 a enero 2016. k) Copia de informes médicos y carta presentada a don Marcos Larenas, de fecha 19 de enero de 2016 y mediante correos electrónicos, quien refiere que adjuntaría al expediente. Cabe señalar que recepción fue efectuada por don Ignacio Navarro. l) Copias de las dos evaluaciones de puesto de trabajo efectuada por Mutual de Seguridad (marzo 2015 y agosto 2015); m) Copia del oficio emitido Mutual de Seguridad, señalado en el ordinario N° 70373 del 05 de noviembre de 2015, en el cual la SUSESO en el párrafo N° 2, indica textual: Requerida la Mutual de Seguridad informo en síntesis que le ha otorgado las prestaciones psiquiátricas requeridas, indicando que se le realizará evaluación clínica por profesionales de salud mental en el Hospital de Santiago. n) Informe a qué se refiere que el tratamiento de la lesión de tobillo fue adecuada y suficiente cuando la misma SUSESO, hizo reingreso por alta prematura (septiembre 2015) y los síntomas subsistieron siempre y el Sr. Arturo Saravia, omitió parte del diagnóstico de la resonancia efectuada por la misma mutualidad. o) Copia de informe que revocó resolución del ordinario N° 7670 de fecha 10 de septiembre de 2015, en el cual se detallan los antecedentes que cambiaron la resolución, ya que dicha resolución señala textual en el párrafo 2: sobre el particular cabe señalar que los profesionales médicos de este organismo procedieron de acuerdo a los antecedentes clínicos concluyendo que la afectación de salud mental que presenta la trabajadora es de origen laboral, toda vez que es posible establecer una relación de causa directa como lo exige la ley N° 16.744, entre el trabajo que desempeña y la sintomatología que motivó el reposo indicado. Además la SUSESO, ha ignorado que el especialista de Mutual, hizo retiro abrupto de medicamentos en salud mental (luego de casi tres meses de consumo) provocando mi caída con al consecuencia para mi tobillo, hasta el día de hoy. p) Superintendencia de Seguridad Social, de su ordinario N° 80383, párrafo N° 2, debe aclarar cómo puede una paciente viajar el día 26 por la mañana a Santiago, si la carta fue enviada vía chilexpress el 25 del mismo mes, llegando por la tarde del día 26 cuando la suscrita estaba en Antofagasta en comisión de servicios. Además aclarar, cómo un trabajador puede estar en forma paralela en Calama y Santiago el día 9 de diciembre. q) La SUSESO, debe aclarar por qué señala que el tratamiento de la lesión de tobillo fue suficiente y sin reposo, cuando en el ingreso tuve un mes con licencia médica y en el reingreso 15 días, subsistiendo las mismas dolencias de ligamentos. Claro está que la SUSESO ha ignorado que Mutual me hizo una resonancia cuatro meses después de la lesión y dos después de haberlo solicitado un especialista de su misma institución; r) Copia de respuesta a oficio enviado por la Superintendencia de Salud de fecha 30 de noviembre de 2015, ordinario 7018, de fecha 05 de febrero de 2016, en donde da a conocer varias irregularidades documentadas. s) La SUSESO, debe justificar a qué se refiere con que se verifica en los antecedentes disponibles la existencia de factores personales predisponentes que exigen la génesis y evolución de la patología. Según expediente enviado por la SUSESO, existe un informe del especialista Iván Salinas, que refiere que por no haberle llevado documentos no cree que exista problemática y la psicóloga no tiene en la ficha clínica ningún resultado de test. Protocolos, etc., Por lo tanto, como la SUSESO los tiene debe hacer entrega en el respectivo expediente; t) Copia de licencia médica Psiquiátrica, señalada en ordinario N° 7018 de fecha 05 de febrero de 2016, párrafo 5°, reglón 4°; u) Copia de certificado médico de tobillo, emitido cuatro meses y medio después del esguince, ordinario 7018 de fecha 05 de febrero de 2016, párrafo 5°, reglón 6°; v) SUSESO, debe señalar las razones legales para rechazar informes de especialistas particulares tanto en salud mental como traumatología, los primeros que han señalado enfermedad a causa de acoso laboral y han devuelto la funcionalidad que me ha permitido seguir trabajando y los segundo indicando que la lesión de tobillo es producto de una lesión mal tratada y ha producido un daño degenerativo. w) Copia con las respectivas respuestas ingresadas vía WEB, personal y derivados de la subsecretaría de Previsión Social y Presidencia de la República. 2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° T-00958-2016 25057, de fecha 27 de abril de 2016, el órgano señaló en resumen lo siguiente: a) Por la presentación de antecedentes, Usted ha recurrido nuevamente a esta Superintendencia solicitando copia de los expedientes códigos 04802-2015-P5, 04802-2015-P4-R1, 04802-2015-P6 y 02802-2016. b) Sobre el particular, es menester hacer presente que, mediante el Oficio Ord. N° 17.984, de 24 de marzo de 2016, de esta Superintendencia, se le remitió copia de los expediente códigos 04802-2015, 04802-2015-P1, 04802-2015-P2, 04802-2015-P3, 04802-2015-P4, 04802-2015-P5 y 04802-2015-P4-R1, y que por medio del Oficio Ord. N° 22.082, de 13 de abril de 2016, se le remitió copia del expediente código 02802-2016, referido a su apelación por el rechazo de una licencia médica, por lo que se da por cumplida su solicitud de información respecto de los antecedentes indicados. c) Por otro lado, conforme al artículo 21 de la ley N° 20.285, se puede denegar el acceso a la información pública: "N° 1: Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: b): Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicas una vez que sean adoptadas". d) Al respecto, su nueva reclamación se encuentra pendiente de resolución, y en ella inciden directamente los antecedentes solicitados, referidos al código 04802-2015-P6. Ahora bien, dicho requerimiento originó el expediente código 04802-2015-P7, del cual forman parte los antecedentes solicitados, por lo que, mientras se encuentre pendiente la resolución de dicha solicitud, no procede acceder a su petición de información, por aplicación de la causal de reserva indicada. 3) AMPARO: El 12 de mayo de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el órgano no respondió el contenido de las peticiones. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Seguridad Social, mediante oficio N° 5171, de fecha 24 de mayo de 2016. Posteriormente, por medio de ordinario N° 33526, de fecha 03 de junio de 2016, el órgano indicó en síntesis lo siguiente: En relación con lo pedido en los numerales d, e, f, g, n, p, q, s y v, del numeral 1°, de lo expositivo, estos no constituyen solicitudes de información pública amparados por la ley N° 20.285, sino que pretenden obtener pronunciamientos de esta Superintendencia fuera del ámbito de aplicación del referido cuerpo legal. En lo referente al numeral 8 de la reclamación de la Sra. Luttino Rojas, tampoco resulta ajustada a la realidad, ya que las derivaciones de las presentaciones de la recurrente, en las materias que no son de competencia de esta Superintendencia, se realizaron mediante el Oficio Ord. N° 7.018, de 5 de febrero de 2016, punto 6, primer párrafo. En otro aspecto de lo reclamado por la Sra. Luttino ante ese Consejo, en el sentido que la información entregada "no corresponde a la solicitada" y que esta Superintendencia "se niega a hacer entrega", tampoco se ajusta a la realidad, dado que se le ha proporcionado la totalidad de la información que ha requerido, la que se le ha remitido, entre otros, mediante los Oficios Ords. N's. 5.111, 17.984, 24.705 y 32.553, de 27 de enero, 24 de marzo, 25 de abril, 23 de mayo y 31 de mayo de 2016, todos de esta Superintendencia. Por otro lado, mediante el Oficio Ord. N° 25.057, de 27 de abril de 2016, de este Servicio, se le indicó a la Sra. Luttino Rojas que se encontraba pendiente el procedimiento administrativo referido a su presentación, que dio lugar al expediente Código 04802-2015-P7, materia sobre la cual incidía la solicitud de antecedentes ante esta Superintendencia. De este modo, se le señaló que conforme al artículo 21 de la ley N° 20.285, se puede denegar total o parcialmente, el acceso a la información pública: "N° 1: Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: b): Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicas una vez que sean adoptadas". Al respecto, se indicó que la solicitud de información realizada por la Sra. Luttino Rojas se refiere a antecedentes y deliberaciones previas que la Superintendencia debe tener en cuenta para adoptar una determinada decisión en el caso de la recurrente, por lo que existe un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, siendo dicho vinculo claro y evidente. En efecto, las presentaciones realizada ante esta Superintendencia por la recurrente, se refieren a la calificación de sus patologías en el marco del Seguro Social establecido por la Ley N° 16.744. Dichas presentaciones dieron origen al expediente Código 04802-2015-P7, por lo que la solicitud de información del reclamante se relaciona directamente con la resolución que en definitiva se debe adoptar en dicho caso. De esta forma, proporcionar la información solicitada en forma previa a que concluya dicho procedimiento administrativo con la emisión por esta Superintendencia del dictamen respectivo afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, ya que proporcionar la información al momento en que aún se encontraba vigente el procedimiento indicado, implica dar a conocer los antecedentes que precisamente debía ponderar esta Superintendencia al momento de elaborar la resolución definitiva en el expediente originado por las presentaciones de la Sra. Luttino Rojas. Ello puede dar lugar a interpretaciones y cuestionamientos descontextualizados susceptibles de arriesgar de manera cierta, probable y específica, la adopción de la resolución adecuada que debe tomar este Organismo en el marco del proceso en desarrollo. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener la entrega de la información enumerada en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión, la que, de acuerdo al artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, es de naturaleza pública, salvo que concurra en la especie alguna causal de secreto o reserva. 2) Que, en un primer orden de ideas, a juicio de este Consejo, lo requerido en las letras d), e), f), g) parte primera, n), p), q), s) y v), del numeral 1°, de lo expositivo, se trata de solicitudes que tienen por objeto que la institución reclamada realice una actuación determinada, todo lo cual se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública. En efecto, así se puede apreciar que en las letras d), e), f), n), p) y v) se exige al servicio explicaciones por supuestos hechos irregulares. Asimismo, en la letra g), parte primera, se pide al órgano una justificación sobre una determinada interpretación. Y, finalmente, en la letra s), se exige una aclaración sobre una apreciación que realizó el órgano sobre la existencia de factores personales predisponentes del solicitante. Por tal razón, en mérito de la naturaleza de lo requerido en los mencionados literales, no cabe pronunciarse respecto de ellos en esta sede, rechazándose en consecuencia, el amparo en esta parte. 3) Que, dicho lo anterior, el presente amparo se circunscribe a determinar la entrega o reserva de la información contenida en los literales a), b), c), g) parte segunda, h), i), j), k), l), m), o), r), t), u) y w), del numeral 1°, de lo expositivo. Al respecto, el órgano requerido, con ocasión de su respuesta y descargos, alegó la configuración de la causal de secreto del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, basado en que actualmente los antecedentes solicitados forman parte de determinados expedientes los cuales se encuentran pendientes de resolución. 4) Que, este Consejo, ha sostenido en forma reiterada que la causal de reserva alegada, exige demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias: a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber: i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen. ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado. b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas, vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. 5) Que, si bien se aprecia un proceso deliberativo -como el descrito en la letra a), precedente-, en lo tocante al requisito que se lee en la letra b), cabe señalar que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. En dicho contexto, a juicio de esta Corporación, el órgano no acreditó fehacientemente afectación alguna. En efecto, con miras a negar la entrega de esta información, sólo se limitó a señalar que la entrega de tales antecedentes "(...) puede dar lugar a interpretaciones y cuestionamientos descontextualizados susceptibles de arriesgar de manera cierta, probable y específica, la adopción de la resolución adecuada que debe tomar este organismo en el marco del proceso en desarrollo". Estas alegaciones, a juicio de este Consejo, no indican concretamente de qué modo el conocimiento de lo requerido pudiere afectar la adopción de la decisión por parte de esa autoridad, constatándose que corresponden más bien a riesgos remotos vinculados a eventuales interpretaciones que el solicitante pueda efectuar respecto de los documentos que conforman el expediente. En tal sentido, para este Consejo, el argumento en cuestión no permite representar una afectación en los estándares descritos anteriormente, no pudiéndose dar por acreditada, en consecuencia, la causal de reserva alegada por el órgano reclamado. 6) Que, a mayor abundamiento, se debe tener presente lo dispuesto en la letra a) del artículo 17, de la Ley sobre Procedimientos Administrativos, que al efecto refiere que las personas en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente. Luego, si los documentos solicitados forman parte de un procedimiento administrativo, en la cual la reclamante tiene la condición de tercero interesado, aquella entonces, tiene derecho a obtener los documentos objeto de este amparo. 7) Que, asimismo, la reclamante no sólo tiene derecho a la obtención de los documentos que obran en el o los expedientes administrativos respectivos, sino además, a los que según la superintendencia, ya le ha hecho entrega en forma previa -de acuerdo a lo anotado en la letra b), del numeral 2°, de lo expositivo. En efecto, ya que dicha circunstancia no constituye una eximente para que el órgano impida el acceso a los documentos requeridos nuevamente. 8) Que, en mérito de los considerandos anteriores, este Consejo, desestimando la causal de reserva alegada por el órgano, acogerá parcialmente el presente amparo, ordenándose la entrega de los antecedentes que se singularizarán en lo resolutivo de la presente decisión. Con todo, se hace presente que en el evento que en la información a entregar, señalada precedentemente, se encuentren datos personales de contexto, como, cédulas nacionales de identidad, domicilios particulares, fechas de nacimientos, nacionalidades, estados civiles, teléfonos fijos o celulares y correos electrónicos particulares, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deben ser tarjados, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña N.N., en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, al desestimarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia; rechazándolo respecto de lo requerido en las letras d), e), f), g) parte primera, n), p), q), s) y v), por constituir todas las anteriores manifestaciones del ejercicio del derecho constitucional de petición. II. Requerir al Sr. Superintendente de Seguridad Social que: a) Entregue a la solicitante, los siguientes antecedentes: i. Copia de los expedientes ordenados por fecha de ingreso y foliados por patología por separado (salud mental y traumatología). ii. Copia de informes de comisiones médicas (ambas patologías: salud mental y traumatología) que realizaron resoluciones. Informes de las resoluciones de diciembre de 2015 y febrero de 2016. iii. Copia de informes médicos emitidos por profesionales de la mutual de seguridad, Sr. Wilson Vielma (Psiquiatría) y Sr. Arturo Saravia (traumatólogos), con antecedentes entregados por la misma mutual en su oportunidad. iv. Copia del informe de la inspección del trabajo que desestima hostigamiento laboral. v. Copia de oficios enviados a instituciones pertinentes por denuncias efectuadas por la suscrita y que según la SESUSO, no eran de su competencia: respecto a modificación de diagnósticos médicos, falta de atención oportuna, falta de información del diagnóstico, etc. vi. Copia de informes de especialistas traumatólogos particulares, entregados personalmente y vía web, entre el periodo agosto 2015 -enero 2016. Esto producto de la lesión de fecha 26 de junio. vii. Copia de informes radiológicos, médicos y kinesiológicos, de la lesión del tobillo, de especialistas particulares, meses agosto 2015 a enero 2016. viii. Copia de informes médicos y carta presentada a don Marcos Larenas, de fecha 19 de enero de 2016 y mediante correos electrónicos, quien refiere que adjuntaría al expediente. ix. Copias de las dos evaluaciones de puesto de trabajo efectuado por Mutual de Seguridad (marzo 2015 y agosto 2015). x. Copia del oficio emitido Mutual de Seguridad, señalado en el ordinario N° 70373, del 05 de noviembre de 2015, en el cual la SUSESO en el párrafo N° 2, indica textual: Requerida la Mutual de Seguridad informo en síntesis que le ha otorgado las prestaciones psiquiátricas requeridas, indicando que se le realizará evaluación clínica por profesionales de salud mental en el Hospital de Santiago. xi. Copia de informe que revocó resolución del ordinario N° 7670 de fecha 10 de septiembre de 2015, en el cual se detallan los antecedentes que cambiaron la resolución. xii. Copia de respuesta a oficio enviado por la Superintendencia de Salud de fecha 30 de noviembre de 2015, ordinario 7018, de fecha 05 de febrero de 2016. xiii. Copia de licencia médica Psiquiátrica, señalada en ordinario N° 7018 de fecha 05 de febrero de 2016, párrafo 5°, reglón 4°. xiv. Copia de certificado médico de tobillo, emitido cuatro meses y medio después del esguince, ordinario 7018 de fecha 05 de febrero de 2016, párrafo 5°, reglón 6°. xv. Copia con las respectivas respuestas ingresadas vía WEB, personal y derivados de la subsecretaría de Previsión Social y Presidencia de la República. xvi. Con todo, se hace presente que en el evento que en la información a entregar, señalada precedentemente, se encuentren datos personales de contexto, como, cédulas nacionales de identidad, domicilios particulares, fechas de nacimientos, nacionalidades, estados civiles, teléfonos fijos o celulares y correos electrónicos particulares, entre otros, éstos deben ser tarjados al momento de proporcionar la información. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña N.N. y al Sr. Superintendente de Seguridad Social. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.