Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1555-16

Reclamante:	PAULA ORTUÑO MELGAR
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Alto Hospicio, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la relación contractual del requirente con el municipio: a) "Copia de todos los decretos de pago junto con los antecedentes del decreto (boleta honorarios, orden de compra, informe de trabajos realizados) donde se cancelaban sus honorarios desde junio del 2012 hasta febrero del 2016; b) Copia de Registro de Control de Asistencia desde junio del 2012 hasta febrero del 2016; y, c) Copia Libro de Control de horario de colación exigido por la Contraloría, el cual es controlado por la Secretaría Comunal de Planificación, desde junio del 2012 hasta febrero del 2016". El Consejo acoge el amparo, por no configurarse en la especie la causal de reserva alegada por el órgano, esto es, el artículo 21 N° 1 literal a) de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/29/2016
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C68-09 C2097-14 C293-09 C787-10 C380-09 C380-10 C392-10 C648-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C1555-16 Entidad pública: Municipalidad de Alto Hospicio Requirente: Paula Ortuño Melgar Ingreso Consejo: 13.05.2016 En sesión ordinaria N° 733 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de agosto de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1555-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de abril de 2016, doña Paula Ortuño Melgar solicitó a la Municipalidad de Alto Hospicio una serie de información vinculada a su relación contractual con el municipio. En particular requirió: a) "Copia de todos los decretos de pago junto con los antecedentes del decreto (boleta honorarios, orden de compra, informe de trabajos realizados) donde se cancelaban sus honorarios desde junio del 2012 hasta febrero del 2016; b) Copia de Registro de Control de Asistencia desde junio del 2012 hasta febrero del 2016; y, c) Copia Libro de Control de horario de colación exigido por la Contraloría, el cual es controlado por la Secretaría Comunal de Planificación, desde junio del 2012 hasta febrero del 2016". 2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Por correo electrónico de 29 de abril de 2016, el municipio comunicó a la solicitante la prórroga del plazo para pronunciarse sobre esta solicitud, atendido que mayores exigencias en la Dirección de Administración y Finanzas habrían hecho difícil reunir la información solicitada, por ausencia de personal. Mediante correo electrónico de 13 de mayo de 2016, el municipio otorgó respuesta, señalando lo siguiente: a) Los decretos alcaldicios, que dan cuenta de su trato directo con el municipio se encuentran a su disposición en el portal web de la municipalidad, link Transparencia Activa, categoría "actos y resoluciones sobre terceros", división "actos y efectos particulares", sub división "Decretos alcaldicios" Sector Municipal, Trato Directo; b) Respecto de las boletas de honorarios, la solicitante puede acceder a ellas a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, haciendo hincapié que tales boletas no se refieren a materias reguladas por la Ley de Transparencia, sino que más bien constituyen antecedentes elaborados por la solicitante y remitidos o entregados al municipio, cuyo estado de pago también se encuentra informado y a su disposición en el "usuario" registrado por la solicitante ante el SII; c) En relación a los informes de trabajos, en el caso de haberlos ejecutado, se trata de documentos confeccionados por la reclamante, quizás entregados al municipio, en cuyo caso deberían constar con acta de recepción que el suscrito desconoce y a la vez, siendo dicho informe de su propia autoría, tampoco es de aquella documentación que corresponda entregar por Ley de Transparencia; d) Por último, respecto al registro de asistencia, informa que en criterio del suscrito, dicha materia no se encuentra comprendida en aquellas materias reguladas por la Ley de Transparencia, lo mismo que el libro de Control de Horario de Colación. e) Sin perjuicio de lo anterior, indica que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 7° letra a) de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 13 de mayo de 2016, doña Paula Ortuño Melgar dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. La reclamante hace presente que actualmente se encuentra en medio de un juicio laboral contra el municipio por despido injustificado y requiere los documentos para acreditar la relación de subordinación con el empleador. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio, mediante Oficio N° 5.250, de 25 de mayo de 2016. Mediante Oficio N° 727/2016, de 14 de junio de 2016, del Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) La información requerida obra en poder del municipio. Hace presente que las boletas de honorarios e informes de servicios obraban en poder de la propia requirente, ya que ella misma emitió estos documentos y los presentó al municipio, no existiendo razón para solicitarlos vía transparencia. b) Al momento de presentarse esta solicitud, ya se había realizado el comparendo de conciliación por el reclamo interpuesto por la solicitante ante la Inspección del Trabajo, razón por la que información podía ser negada de conformidad a lo prescrito en el artículo 21 N° 1, literal a), de la Ley de Transparencia. Lo anterior, toda vez que lo solicitado corresponde a antecedentes para efectuar la defensa jurídica del municipio, ante una demanda laboral que a esas alturas era inminente, ya que no se logró un acuerdo en el comparendo de conciliación. c) La reclamante interpuso demanda laboral en contra del municipio, con fecha 20 de abril de 2016. Dicha acción tiene por objeto que el Tribunal Laboral declare que existe una relación de carácter laboral regida por el Código del Trabajo y, en consecuencia, que existió despido injustificado, en circunstancias que la reclamante sólo prestaba servicios según lo dispuesto en la ley N° 19.886. d) El 17 de febrero de 2016, la solicitante de información presentó un reclamo ante la Inspección del Trabajo por su desvinculación del municipio, celebrándose el respectivo comparendo el 03 de marzo de 2016. Posteriormente, la reclamante presentó la solicitud de información objeto de amparo, con la finalidad de preparar los antecedentes para presentar su demanda. Por tanto, la información requerida consiste principalmente en antecedentes de la prestación de servicios, que constituyen el objeto principal del pleito, y que resultan necesarios para efectuar una defensa judicial por el Municipio. e) Por otra parte, los decretos de pago y boletas de honorarios fueron ofrecidos por el municipio como prueba en la audiencia preparatoria realizada el 02 de junio de 2016, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique, RIT O-243-2016. La propia reclamante ofrece como prueba las boletas de honorarios, ya que es precisamente ella quien las emitió. f) Se adjunta copia de acta de audiencia preparatoria en procedimiento ordinario en causa Rit O-243-2016, de la demanda presentada por la solicitante contra el municipio por nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones, con sus documentos adjuntos, entre los que se encuentran los contratos de suministro de servicios de asesorías profesionales para SECOPLAC, celebrados entre la reclamante y el municipio, celebrados los años 2012, 2013, 2014 y 2016. Y CONSIDERANDO: 1) Que lo requerido corresponde a información sobre la contratación, decretos de pago, boletas de honorarios, informes y registros de control de asistencia y de colación de la propia reclamante, durante el tiempo que ésta presto servicios a la municipalidad reclamada. Por lo anterior, y atendido que dichos antecedentes obran en poder del órgano reclamado, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva. 2) Que sin perjuicio de lo indicado en su respuesta, la reclamada en sus descargos denegó finalmente la entrega de la información invocando la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 literal a) de la Ley de Transparencia. Por tanto, el objeto del presente amparo se circunscribirá al análisis de procedencia de la causal de reserva invocada y determinar si ésta se encuentra suficientemente acreditada por la reclamada. 3) Que sobre la materia se debe tener presente el criterio sostenido reiteradamente por esta Corporación, a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, mediante las cuales se resolvió que la causal de reserva contenida en el artículo 21 N°1 a), de la Ley de Transparencia, se debe interpretar de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. Al respecto este Consejo también ha distinguido: a) Los documentos que dan cuenta de la estrategia jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados, por estimarse que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso (decisión de amparo Rol C380-10, criterio ratificado en decisiones de amparos Roles C392-10, C648-10 y C787-10). b) Los medios de prueba que el órgano quiere presentar en el juicio: i. Son reservados de acreditarse la afectación señalada (p. ej., un Informe en Derecho) pero sólo hasta el vencimiento de la(s) etapa(s) probatoria(s), pues cerrada ésta ya no servirían a la defensa judicial del organismo (razonamiento expresado en la decisión de los amparos roles A68-09 y A293-09). ii. Son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a). En efecto, no puede admitirse que los juicios se resuelvan a favor del Fisco porque éste impida a sus contrapartes el acceso a información administrativa, ni mucho menos que esto fuera parte del "debido funcionamiento" estatal. Por el contrario, si de tales antecedentes se deriva una condena fiscal, el debido funcionamiento estatal deberá traducirse en la correspondiente reparación (criterio recogido en la decisión amparo A380-09) (énfasis agregado). 4) Que en relación a la causal invocada, se debe advertir que a la fecha en que se presentó esta solicitud de información, esto es, el 1° de abril de 2016, únicamente se había desarrollado una audiencia de conciliación entre la trabajadora (solicitante de información) y el empleador (municipalidad reclamada) (con fecha 03 de marzo de 2016) ante la respectiva Inspección del Trabajo, por su desvinculación del municipio. Es decir, a la fecha del requerimiento de información, sólo se encontraba finalizado el procedimiento administrativo de reclamación iniciado por la solicitante sobre la materia. Así, y según las propias alegaciones de la reclamada, sólo el 20 de abril de 2016 (posterior a la solicitud de información) se presentó por parte de la reclamante una demanda por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones, en contra de la Municipalidad de Alto Hospicio. De esta forma, si bien a la fecha de la solicitud existían antecedentes que permitían anticipar un eventual litigio laboral entre el órgano y la requirente, dicha circunstancia por sí misma no resulta suficiente para tener por acreditada la concurrencia de los demás requisitos que permiten configurar la causal de reserva alegada por el órgano. 5) Que cabe hacer presente a la reclamada que todos los antecedentes requeridos corresponden a documentos que obran en su poder, vinculados a la contratación de prestación de servicios a favor de la municipalidad, por lo que éstos son de naturaleza esencialmente pública, resultando irrelevantes para estos efectos el origen de los mismos, sea que éstos hayan sido o no confeccionados por parte de la solicitante de información. Sobre este punto se debe recordar al municipio, que según lo dispuesto en el artículo 5° inciso segundo de la Ley de Transparencia, es pública la información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su origen. Así, los antecedentes requeridos dan cuenta de los antecedentes de pago, así como los registros de asistencia y colación, respecto de la propia solicitante, en el marco del contrato de suministro de servicios profesionales celebrado entre el municipio y la reclamante, con el objeto de proporcionar apoyo a SECOPLAC, principalmente en la Unidad de Propuestas Públicas y Presupuestos. En la especie, dichos contratos establecen que la contratación se materializó vía trato directo, constando su tramitación a través del Portal de Compras Públicas, cuestión que ratifica la naturaleza pública de todos los antecedentes requeridos. A mayor abundamiento, y sin perjuicio de lo que se resuelva en la sede jurisdiccional pertinente, respecto de los registros de asistencia de la reclamante, cabe recordar que este Consejo ha razonado de manera invariable, a partir de la decisión de amparo rol A181-09, como también en el caso C2097-14, que acceder al registro de asistencia de los funcionarios públicos representa un mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas, no a información referida a la esfera privada de los funcionarios. 6) Que de esta forma, este Consejo estima que el órgano se ha limitado a señalar genéricamente que la información requerida resulta esencial para la defensa judicial del municipio, atendido que los antecedentes de la prestación de servicios constituyen el objeto principal del juicio laboral, sin acreditar de modo fehaciente que la entrega de los documentos (que son de naturaleza pública) afectará el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en orden a develar, por ejemplo, una eventual estrategia judicial. Tampoco se ha precisado, en esta sede, en qué medida la divulgación de los antecedentes solicitados pueden dar cuenta de la estrategia procesal del Servicio en la controversia judicial laboral. En este sentido, y siguiendo el criterio ya establecido por este Consejo, los antecedentes requeridos constituyen medios probatorios cuya denegación por parte de la reclamada, más bien persigue obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en el litigio pendiente, por lo que precisamente "no puede admitirse que los juicios se resuelvan a favor del Fisco porque éste impida a sus contrapartes el acceso a información administrativa, ni mucho menos que esto fuera parte del "debido funcionamiento" estatal" (criterio recogido en la decisión de amparo Rol A380-09). Por lo anterior, no habiéndose acreditado que el conocimiento de los antecedentes requeridos afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano ni tampoco una eventual defensa judicial por parte de la reclamada, se acogerá el presente amparo y se requerirá la entrega de copia de todos los decretos de pago junto con los antecedentes de los mismos (boletas de honorarios, órdenes de compra, informes de trabajos realizados por la reclamante); del Registro de Control de Asistencia; y del Libro de Control de horario de colación, respecto de la reclamante, desde junio del 2012 hasta febrero del 2016. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Paula Ortuño Melgar, de 13 de mayo de 2016, en contra de la Municipalidad de Alto Hospicio, por no configurarse en la especie la causal de reserva alegada por el órgano, esto es, el artículo 21 N° 1 literal a) de la Ley de Transparencia. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio: a) Hacer entrega a la reclamante de copia de todos los decretos de pago solicitados junto con los antecedentes de los mismos (boletas de honorarios, órdenes de compra, informe de trabajos realizados por la reclamante); del Registro de Control de Asistencia; y del Libro de Control de horario de colación, respecto de la reclamante, desde junio del 2012 hasta febrero del 2016. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Paula Ortuño Melgar y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alto Hospicio. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.