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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C911-10</strong></p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile</p>
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Requirente: Raúl Donckaster Fernández</p>
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Ingreso Consejo: 10.12.2010.</p>
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En sesión ordinaria N° 241 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de abril de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C911-10.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2010 don Raúl Donckaster Fernández solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile (en adelante también PDI) que le otorgara acceso íntegro y copia de todos los documentos y registros de la investigación policial referidos a su representada doña Verónica Luz Escudero Ramos, en la investigación que la Fiscalía Centro Norte instruye respecto a ésta, singularizada con el RUC 0800265096-8, antes con el RUC N° 0900238193-9 y, en general, con cualquiera de los múltiples números de identificación con que se pudieren haber hecho diligencias a su respecto. Indica que la solicitud se funda en el artículo 182 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 8° de la Constitución Política de la República.</p>
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2) SUBSANACIÓN SOLICITADA POR EL ORGANISMO: El 28 de octubre del año 2010 la PDI informó al solicitante que no cuenta con un archivo digital y centralizado de su información, por lo que si no es identificada la Brigada o Jefatura del país que lleva a cabo la investigación penal respectiva, o no se indica el número de parte o denuncia o informe policial con el que se informó al respectivo tribunal, resulta dificultoso determinar dónde se encuentra físicamente la información requerida. Por ello requirió al solicitante que indicara, al menos, la Brigada o Jefatura del país se encuentra a cargo de la investigación penal para efectos de recabar de la repartición respectiva los antecedentes solicitados, bajo el apercibimiento de que si no lo hiciere se tendría por desistido de su petición conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) CUMPLIMIENTO DE LA SUBSANACIÓN: El 9 de noviembre de 2010 el reclamante subsanó la solicitud en los términos requeridos por la PDI, indicando a esta última que la información con la que cuenta es que las diligencias a que se refirió en su solicitud habrían sido realizadas por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana y por la Brigada Investigadora del Ciber Crimen Metropolitana.</p>
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4) RESPUESTA: El 17 de noviembre de 2010 la PDI respondió a la solicitud de información indicando al reclamante que, de acuerdo a la Constitución Política de la República, es el Ministerio Público el órgano persecutor y titular exclusivo de la investigación penal, y por ende quien decide de conformidad al artículo 182 del Código Procesal Penal, qué actuaciones son secretas o reservadas para los terceros ajenos a la investigación, la que se puede extender para el imputado y otros intervinientes, por lo que es el órgano competente para ocuparse de la solicitud.</p>
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5) AMPARO: Mediante presentación de 10 de diciembre de 2010, don Raúl Donckaster Fernández dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en que dicho órgano le denegó el acceso a la información solicitada. Al deducir su amparo ante este Consejo, el reclamante señaló que:</p>
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a) La información solicitada fue elaborada con presupuesto público, por funcionarios públicos, sin encontrarse sujeta a causal de reserva alguna, además de referirse a su representada en los procesos judiciales indicados, por lo que no puede haber afectación de los derechos de terceros.</p>
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b) En su respuesta la PDI vulnera lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, toda vez que dicha norma se refiere a los órganos que no son competentes para ocuparse de la solicitud de que se trata o cuyos documentos no posea, mientas que la PDI sólo indica en su respuesta que el órgano competente es el Ministerio Publico, puesto que es quien decide que actuaciones son secretas o reservadas para los terceros ajenos a la investigación, la que se puede extender para el imputado y otros intervinientes. Sin embargo, señala que la hipótesis legal sólo sería aplicable si efectivamente el Ministerio Público hubiera ordenado que una parte de la investigación fuera secreta, lo que en la especie no ha sucedido.</p>
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c) Los documentos solicitados se encuentra en posesión de la PDI, y no existe argumento alguno, ni norma constitucional o legal que prohíba el acceso a entregar la información solicitada. Antes por el contrario, se encuentra obligada a ello, máxime cuando la información se refiere a su representada.</p>
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d) En definitiva, la entrega de la información es procedente sin mayor dilación por cuanto ha señalado con precisión el rol de la causa a que se refiere la solicitud, de tal manera que las excusas de la PDI sólo buscan demorar o evitar la posibilidad de que pueda acceder a la información solicitada y no tienen sustento jurídico alguno por lo cual deben ser rechazadas.</p>
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6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo trasladándolo, mediante el Oficio N° 2.681, de 17 de diciembre del año 2010, al Director General de la PDI, solicitándole especialmente se refiriera a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada, quien por su parte evacuó sus descargos el 7 de enero de 2011, mediante el oficio Ordinario N° 11, en el cual señaló que:</p>
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a) La solicitud de información fue derivada al Ministerio Público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, señalando que ello no es un acto administrativo que contenga una decisión de negar el acceso a la información solicitada, dado que la PDI no ha dictado ninguna resolución denegatoria invocando alguna causal de reserva de aquellas establecidas en establecida en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) La Constitución Política de la República establece en el artículo 83, inciso 3°, que "[e]l Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros de los derechos que esta Constitución asegura o los restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes y no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa, en su caso". En el mismo sentido lo ordena el legislador en los artículos 79 y 80 del Código Procesal Penal, instituyendo a la Policía de Investigaciones como órgano auxiliar del Ministerio Público en las investigaciones de los delitos que le corresponda llevar a cabo.</p>
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c) El artículo 182 del mismo Código establece el secreto de las actuaciones de investigación para los terceros ajenos al procedimiento, estableciéndose en el inciso 2° que: "El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". Opina la reclamada que la norma es clara en cuanto a que las copias de la carpeta investigativa, por parte del imputado y los otros intervinientes, se solicitan al Ministerio Público, pudiendo sólo examinar los antecedentes de la carpeta o registros de la investigación policial.</p>
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d) Ante la situación planteada, el propio Ministerio Público determinó la calidad de imputada de la representada de los peticionarios, en una causa en actual tramitación ante el órgano persecutor.</p>
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e) La misma norma citada establece que el "fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto”, ante lo cual, es posible advertir tres situaciones: primera: la declaración de secreto de las actuaciones de la investigación, inclusive para el imputado y los intervinientes, es de exclusiva determinación del fiscal a cargo de la investigación, segunda: por lo anterior, la afectación de la eficacia de la investigación criminal, que determina el secreto de las actuaciones de la investigación, es también de competencia exclusiva del fiscal; y tercera: dicho secreto afectaría al registro de las actuaciones de la policía.</p>
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f) Por lo anterior, es el Ministerio Público el órgano competente para conocer de la solicitud de copias de una carpeta investigativa de la que forma parte la policial, al no reunir esta última antecedentes distintos de lo que ordena el Ministerio Público, de ahí las razones de su derivación.</p>
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g) El ámbito de la aplicación de la Ley de Transparencia, no implicó la pérdida de vigencia del procedimiento de obtención de copias de una carpeta de investigación criminal, establecido por el legislador del Código Procesal Penal, en otras palabras, dicha ley no derogó el Código Procesal Penal, en cuanto al procedimiento de obtención de copias de una carpeta de investigación criminal.</p>
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h) Por su parte, el artículo 93 letra e) del Código Procesal Penal establece entre los derechos del imputado el "[s]olicitar que se active la investigación y conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada secreta y sólo por el tiempo que esa declaración se prolongare; así también lo autoriza el citado artículo 182 del mismo Código "el imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal…” Ante la negativa del fiscal a entregar copias de una carpeta de investigación, el imputado podrá reclamar ante el Juez de Garantía, conforme lo autoriza el artículo 10 del citado cuerpo legal, por afectar su derecho a la debida defensa que tiene el imputado.</p>
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i) A continuación la reclamada argumenta que el Consejo para la Transparencia, en la decisión del amparo C241-10 referido a la Policía de Investigaciones, expresó en su considerando 9) que "... en la especie, resulta aplicable lo indicado precedentemente en relación con el artículo 182 del Código Procesal Penal, en cuanto a que el acceso a la información de una investigación penal y los documentos de la PDI que dan cuenta de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público y que forman parte de una investigación de dicho tipo, debe ser concedido por éste, durante el curso de la investigación". Conforme lo señalado precedentemente, la Ley de Transparencia no es la vía correcta para solicitar copia de la carpeta de una investigación penal en tramitación ante el Ministerio Público, puesto que ésta se substancia ante los organismos creados y destinados al efecto por el legislador en el Código Procesal Penal.</p>
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j) Por todo lo expuesto solicita se rechace el reclamo deducido, y al efecto, señala acompañar copia de oficio de derivación al Ministerio Público y copia de la comunicación elaborada por el Director Ejecutivo Nacional del Ministerio Público, donde se informa al reclamante el órgano ante el cual puede ejercer el derecho a solicitar las copias de su interés.</p>
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7) GESTIONES OFICIOSAS: En atención a que el reclamante en su amparo manifestó ser el abogado patrocinante de la imputada en la causa penal con respecto a la cual requirió la información, este Consejo, el 17 de diciembre de 2010, mediante el Oficio N° 2.678, requirió al reclamante acreditar dicha circunstancia, ante lo cual, el 29 de diciembre del año 2010, el reclamante acompañó a este Consejo la siguiente documentación:</p>
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a) Escrito de patrocinio y poder mediante el cual doña Verónica Luz Escudero Ramos confiere poder a don Raúl Donckaster Fernández para actuar a su nombre en este Consejo.</p>
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b) Copia el escrito con el cargo respectivo en que consta que en la causa RUC N° 080026096-8 se confirió patrocinio y poder por parte de doña Verónica Luz Escudero Ramos a don Raúl Donckaster Fernández ante la Fiscalía Centro Norte, de 26 de abril de 2009.</p>
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Por otra parte, al formular sus descargos ante este Consejo, la PDI señaló adjuntar copia del Oficio mediante al cual derivo la solicitud de información de la especie al Ministerio Púbico y copia de la comunicación elaborada por el Director Ejecutivo Nacional del Ministerio Público, mediante el cual, según señaló, se informó al reclamante el órgano ante el cual puede ejercer el derecho a solicitar las copias de su interés, documentos que no se encontraban adjuntos a los descargos, razón por la cual se solicitó a la PDI la remisión de los mismos, quien cumplió con lo solicitado el 28 de enero de 2011, remitiendo los siguientes documentos:</p>
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a) El Oficio Ordinario N° 288 de 16 de noviembre de 2010, mediante el cual la PDI, a través de su Jefatura Jurídica, deriva la solicitud de acceso a la información de la especie al Ministerio Público invocando para ello el artículo 13 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Carta DEN N° 174 de 30 de noviembre del año 2010, del Director Ejecutivo Nacional del Ministerio Publico, mediante la cual se responde a los requirentes la solicitud de información que estos formularen a la PDI instruyéndoles en el sentido que los antecedentes requeridos a dicho órgano policial pueden ser obtenidos directamente del fiscal a cargo de la investigación penal, en las condiciones establecidas en el artículo 182 del Código Procesal Penal.</p>
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8) PRESENTACIÓN DEL RECLAMANTE: El 22 de febrero de 2011 el reclamante ingresó a la Oficina de Partes de este Consejo, una presentación mediante la cual solicitó tener presente al momento de resolver el presente amparo lo resuelto anteriormente por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Rol C494-09 y Rol C178-10.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, antes de efectuar un análisis del fondo del amparo solicitado, corresponde a este Consejo definir si, en virtud de la normativa aplicable a este caso, resulta competente para exigir a la Policía de Investigaciones la entrega de la información o disponer el secreto o reserva en virtud de las normas de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en este contexto, cabe hacer presente que el reclamante ha solicitado a la Policía de Investigaciones de Chile acceso íntegro y copia de todos los documentos y registros de la investigación policial referida a su representada doña Verónica Luz Escudero Ramos, quien ha sido imputada en una investigación penal que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruye bajo el RUC 0800265096-8. En respuesta a este requerimiento, la PDI no accedió a la entrega dicha información, argumentando que el órgano competente para ocuparse de ella es el Ministerio Publico, conforme a lo dispuesto en los artículos 79, 80, 83 inciso segundo, 93 y 182 del Código Procesal Penal. Consecuente con dicha alegación, una vez recibida la solicitud de acceso procedió a derivarla al Ministerio Público.</p>
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3) Que para resolver la procedencia de la derivación efectuada por la PDI y, en definitiva, determinar la competencia de este Consejo, es pertinente analizar el caso concreto a la luz, tanto de las normas de la Ley de Transparencia como de las normas del Código Procesal Penal que regulan el acceso a los antecedentes constitutivos del soporte material de la etapa de investigación penal, mediante el ejercicio hermenéutico de las mismas.</p>
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4) Que para resolver el ámbito competencial en esta materia, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, relativo al secreto de las actuaciones de investigación, que establece: “Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento./ El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial./ El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto”. Dicha norma resulta aplicable en la especie, por cuanto la solicitud de información ha sido formulada por el abogado patrocinante de la imputada en el procedimiento penal respectivo, quien, por tanto, tiene la calidad de defensor y consecuencialmente interviniente en dicho procedimiento, a la luz de lo dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal Penal, y además, se ha referido a los registros y documentos de la investigación policial desarrollada por la PDI en relación a dicho procedimiento.</p>
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5) Que la precitada norma consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. “Evidentemente, en el caso del imputado esta facultad está estrechamente vinculada al ejercicio de su derecho de defensa y a la protección contra la sorpresa en el juicio” . Sin embargo, el derecho del imputado y de los demás intervinientes se encuentra limitado por la facultad del fiscal de disponer la reserva temporal de ciertas actuaciones de la investigación, en tanto lo considere necesario para la eficacia de la misma sometido, en todo caso, al control del juez de garantía (art. 83 CPR, 9 y el inciso 1º del artículo 70 del CPP). En tal caso debe identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto. No obstante, este secreto puede ser cuestionado por el imputado o cualquier otro interviniente ante el juez de garantía, a quien podrán pedirle que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare (art. 182 inc. 4 CPP).</p>
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6) Que dado que en estos casos el secreto o reserva de la información podría haberse resuelto por una decisión del fiscal, en directa aplicación del artículo 182 del CPP, no corresponde que este Consejo conozca de este caso en virtud de la Ley de Transparencia, máxime si la decisión que adopte el Fiscal puede ser controvertida ante el juez de garantía, otorgando al solicitante la debida protección. En consecuencia, este Consejo se declarará incompetente para conocer del presente amparo, pues efectivamente la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo. Por esto, se estima que la derivación de la solicitud realizada por la PDI al Ministerio Público, frente a la duda de permitir el acceso y hacer entrega o no de la información solicitada, se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del CPP.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Declarar improcedente el amparo deducido por don Raúl Donckaster Fernández, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo.</p>
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II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Raúl Donckaster Fernández y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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