Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1815-16

Reclamante:	CRISTIAN CRUZ RIVERA
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujeron tres amparos en contra del Ejército de Chile, fundado en que no se dio respuesta a una solicitud de información referida a los tres funcionarios que se indican. El Consejo acoge parcialmente los amparos, rechazándolo tanto respecto de las Tarjetas de Antecedentes Personales (TAP) por aplicación de la ley N° 19.629, como en cuanto a toda investigación administrativa, sumario administrativo, investigación sumaria administrativa (ISA) o documento semejante que verse total o parcialmente sobre cada uno de los citados funcionarios.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/29/2016
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C47-09 C58-09 C95-09 C2997-15 C1814-16 C1816-16 C327-09
Jurisprudencia a:	C3850-17 C4221-16 C1816-16 C1814-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Inexistencia de información >> Inexistencia acreditada >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1814-16, C1815-16 y C1816-16 Entidad pública: Ejército de Chile Requirente: Cristián Cruz Rivera Ingreso Consejo: 03.06.2016 En sesión ordinaria N° 731 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de agosto de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C1814-16, C1815-16, y C1816-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de abril de 2016, don Cristián Cruz Rivera solicitó al Ejército de Chile la siguiente información referida a don Eduardo Padilla Lizama, don Rodrigo Cuadra Schlie, y don Iván González Vivero: a) Copia del original de su hoja de vida y calificación desde año 2011 a la actualidad; b) Copia de sus Tarjetas de Antecedentes Personales (TAP) y de su Hoja de Antecedentes Oficiales (HAO); c) Copia de toda investigación administrativa, sumario administrativo, investigación sumaria administrativa (ISA) o documento semejante que verse total o parcialmente sobre cada uno de los citados funcionarios ; y d) Copia de toda denuncia (penal, administrativa u otra) recibida o emanada desde cualquier autoridad, funcionario o ente del Ejército, incluida judicatura castrense, respecto a los servidores señalados en la solicitud. 2) RESPUESTAS: El 1° de junio de 2016, el Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficios N° 3369, 3370, y 3371, señalando, en síntesis, que: a) Respecto de los literales a) y b) señala que los funcionarios a que se refiere la solicitud han hecho uso de su derecho a oposición -mediante el documento que acompaña- en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia por lo que ha quedado legalmente impedido de hacer entrega de dicha información. b) En cuanto al literal c) informa que no existe ni se ha instruido en la institución ninguna investigación sumaria administrativa respecto de los oficiales señalados en la solicitud. c) Por último, en el literal d) señala que ninguna autoridad de orden administrativo ha realizado alguna denuncia contra dicho oficial. 3) AMPARO: El 3 de junio de 2016, don Cristian Cruz Rivera dedujo los amparos Roles C1814-16, C1815-16, y C1816-16, a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado. Al efecto hace presente que además, de la oposición de los terceros, en relación al literal c) no se pronuncian sobre otra investigación administrativa, sumario administrativo o símil, que verse total o parcialmente sobre los agentes en cuestión. En cuanto al literal d) no dan respuesta concreta ni adjuntan certificado de búsqueda. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación los citados amparos, confiriendo traslado al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio N° 5.905 de 15 de junio de 2016. Mediante Oficio N° 6.800/4.118 de 6 de julio de 2016, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Chile presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que: a) El Ejército se ciñó estrictamente al procedimiento legal establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y a las instrucciones impartidas sobre el particular por este Consejo, por lo que la no entrega de la información en este caso no obedece a una voluntad del Ejército sino que al cumplimiento de la ley. b) Por otra parte, respecto a una supuesta Investigación Sumaria Administrativa (ISA), reitera lo señalado en sus respuestas ya que no consta en sede administrativa de la realización de una (ISA) o símil por los hechos que el requirente plantea, así como tampoco existe denuncia alguna en sede administrativa formulada respecto del personal que allí se menciona. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó trasladar los presentes amparos a los terceros interesados -funcionarios a los que se refieren las solicitudes-, a través de los Oficios Nos 5.904, 5.905 y 5.906, todos de 15 de junio de 2016, quienes se pronunciaron, en síntesis, del modo siguiente: a) Don Eduardo Padilla Lizama, mediante correo electrónico de 1° de julio de 2016 se opuso a la entrega de la información solicitada fundada en lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia por cuanto contienen información que afecta gravemente sus derechos, al tratarse de datos e información sensible, toda vez que se refieren a características física y morales del suscrito, como también antecedentes propios de su vida privada. b) Don Iván González Vivero, mediante escrito ingresado con fecha 5° de julio de 2016, se opuso a la entrega de la información solicitada conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, atendido que aun cuando se refieran al desempeño funcionario del requerido, tienen relación o podrían tenerlo, con circunstancias que tienen una mayor preeminencia para la vida privada que, para el interés público. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos Roles Nos C1814-16, C1815-16 y C1816-16 existe identidad respecto del reclamante, órgano requerido y materia solicitada, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión. 2) Que, en cuanto a la información solicitada en el literal a) -copia del original de su hoja de vida y calificación desde año 2011 a la actualidad de los funcionarios mencionados en la solicitud- y la Hoja de Antecedentes Oficiales requerida en el literal b), cabe tener presente que atendido lo dispuesto por el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, «La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate». 3) Que, este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles Nos C47-09, C58-09, C95-09 y C327-09, entre otras, ha sostenido que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. 4) Que los antecedentes en análisis han sido elaborados con presupuesto público, y han debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por el Ejército en los respectivos procesos calificatorios de dichos funcionarios, y, además, obra en poder de un órgano de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, 10 y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, constituye información que posee el carácter de información pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva. 5) Que la oposición de los terceros interesados se limitó a esbozar en términos generales, que la información solicitada contiene información que afectaría su privacidad. Dicha alegación, por sí sola resulta insuficiente para acreditar la afectación a alguno de los derechos protegidos por la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 6) Que en virtud de lo expuesto precedentemente, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá al Ejército de Chile que entregue al peticionario copia de las hojas de vida y calificación solicitadas en el literal a) y de las Hojas de Antecedentes Oficiales requeridas en el literal b). No obstante lo anterior, se hace presente al organismo reclamado que en forma previa a la entrega de los mencionados antecedentes, deberá tarjar los datos personales de contexto que ahí se contengan -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros-, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron al funcionario consultados y las sanciones prescritas o cumplidas. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada 7) Que, enseguida, en cuanto a la Tarjeta de Antecedentes Personales (TAP) requerida en el literal b) de la solicitud, cabe tener presente lo señalado en la decisión Rol C2997-15 en orden a que "tras la revisión de la Tarjeta de Antecedentes Personales solicitada en el literal b) del requerimiento-, se constata que ésta contiene información relativa al grupo de sangre, fecha de nacimiento, carnet de identidad, domicilio, características físicas, estado civil, estudios y cuadro de ascenso del funcionario consultado; los que constituyen, en su mayoría, datos de carácter personal, según lo establecido en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628 por lo que, su divulgación afectaría sus derechos, según la oposición manifestada, en tiempo y forma, por éste. Cabe hacer presente que respecto al cuadro de ascenso, se pude acceder a la información allí contenida, mediante la Hoja de Vida cuya entrega fue requerida precedentemente.". En consecuencia, y conforme a lo razonado en la decisión citada se rechazará el presente amparo respecto de la solicitud de copia de las Tarjetas de Antecedentes Personales (TAP) de los funcionarios mencionados en el requerimiento de acceso. 8) Que, a su turno, en cuanto a la información solicitada en el literal c) - copia de toda investigación administrativa, sumario administrativo, investigación sumaria administrativa (ISA) o documento semejante- el órgano reclamado precisó que no constaba la existencia de la realización de una investigación sumaria o símil por los hechos que el requirente plantea, razón por la cual se rechazará en esta parte el presente amparo atendida la inexistencia de lo solicitado, no obrando en poder de este Consejo antecedentes que permitan desvirtuar lo aseverado por la reclamada. 9) Que, por último, en lo que atañe al literal d) de la solicitud - "copia de toda denuncia (penal, administrativa u otra) recibida o emanada desde cualquier autoridad, funcionario o ente del Ejército, incluida judicatura castrense, respecto a los servidores señalados en la solicitud"- el órgano reclamado señaló en su respuesta que "ninguna autoridad del orden administrativo ha efectuado alguna denuncia" respecto a los funcionarios de que se trata en tanto con ocasión de sus descargos manifestó que "no existe denuncia alguna en sede administrativa respecto del personal que allí se menciona". Al respecto se advierte que la respuesta del órgano reclamado resulta insuficiente para tener por cumplida cabalmente su obligación de informar sobre el particular, por cuanto únicamente se ha referido a denuncias de autoridad y sede administrativa en circunstancias que el requerimiento abarca también denuncias de orden penal e incluye la judicatura castrense. En consecuencia, se acogerá en esta parte el presente amparo y se requerirá a la reclamada que se pronuncie derechamente sobre la información allí requerida haciendo entrega de la misma y, en el evento de que ésta no obre en su poder lo informe fundada y expresamente al solicitante y a este Consejo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente los amparos Roles C1814-16, C1815-16, y C1816-16 deducidos por don Cristián Cruz Rivera, en contra del Ejército de Chile, rechazándolo tanto respecto de las Tarjetas de Antecedentes Personales (TAP) por aplicación de la ley N° 19.629, como en cuanto a toda investigación administrativa, sumario administrativo, investigación sumaria administrativa (ISA) o documento semejante que verse total o parcialmente sobre cada uno de los citados funcionarios; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile: a) Hacer entrega al reclamante de la siguiente información: i. Hojas de vida y calificación desde año 2011 a la actualidad y la Hoja de Antecedentes Oficiales (HAO) requerida, tarjando previamente los datos personales de contexto que ahí se contengan -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros-, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron al funcionario consultados y las sanciones prescritas o cumplidas. ii. Información referida a denuncias de tipo penal incluida la judicatura castrense y en el evento de que dicha información no obre en su poder deberá informarlo expresa y fundadamente al solicitante y a este Consejo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Cruz Rivera, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, y a los terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.