Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C924-10

Reclamante:	JUAN CARDENAS NÚNEZ
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA (SERNAPESCA)
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de SERNAPESCA por la información denegada a la solicitud de consultas relativas al brote del virus de Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) en centros de cultivo de salmones de la Región de Magallanes. El Consejo acogió el amparo y señaló que un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información ni tampoco la comunicación, en este caso se reconoce un interés público involucrado en la divulgación de la información solicitada, toda vez que el cumplimiento de las medidas de protección y control para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo y especies que constituyan plagas permite asegurar la protección del patrimonio sanitario del país, tal como señalan las consideraciones del decreto supremos que aprueba dicho reglamento, generando el acceso a la información, un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de otros derechos constitucionales, como es el derecho a la protección de la salud, los cuales, eventualmente, pueden resultar lesionados como consecuencia de una actuación o de una omisión de un órgano de la Administración del Estado o de un particular.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/29/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C222-10 C227-10 C446-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Industria (Productividad)

DECISIÓN AMPARO ROL C924-10 Entidad pública: Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) Requirente: Isabel Díaz Medina Ingreso Consejo: 15.12.2010 En sesión ordinaria N° 221 de su Consejo Directivo, celebrada el 24 de febrero de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del Amparo Rol C924-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 3/2006, del Ministerio de Economía, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial; el D.S. N° 430, de 1992, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura; los D.S. N° 499, de 1994; N° 320, de 2001, N° 319, de 2001; N° 626, de 2008; N° 464, de 1995 y N° 626, de 2008, todos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba, respectivamente, el Reglamento del Registro Nacional de Acuicultura, el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA), el Reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas (RESA), el Reglamento de certificación y otros requisitos sanitarios para la importación de especies hidrobiológicas, el Reglamento para la entrega de información de actividades pesqueras y acuicultura, y el Reglamento para la importación de especies hidrobiológicas; los D.S. N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia; y la Resolución N° 2638, de 2008, del Servicio Nacional de Pesca, que estableció el “Programa Sanitario Especifico de Vigilancia y Control de la Anemia Infecciosa del Salmón”. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de noviembre de 2010 doña Isabel Díaz Medina solicitó al Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca (en adelante, indistintamente, SERNAPESCA o el Servicio) responder trece consultas relativas al brote del virus de Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) en centros de cultivo de salmones de la Región de Magallanes. Entre ellas, consultó: a) «El Subdirector nacional de Sernapesca, Juan Ansoleaga, señaló que los centros afectados venían siendo monitoreados desde febrero pasado porque “temíamos la presencia de otro tipo de enfermedades”. ¿Cuáles serían ellas y que sucedió entre febrero y noviembre con ellas? b) ¿Registraron en los centros de cultivos de la empresa Acuimag en Magallanes situaciones sanitarias con anterioridad al brote de virus ISA detectado en Caleta Perales en noviembre de este año? De ser positiva la respuesta, ¿Qué tipos de enfermedades se presentaron, cuándo fueron detectadas, cuántos centros fueron afectados y las medidas que se implementaron? c) ¿Cuántos son los centros de cultivos de Acuimag afectados por virus ISA? ¿Qué cantidad de ejemplares de salmón Atlántico son los afectados? d) ¿Cuál es el origen de las ovas usadas por Acuimag en este centro infectado con virus ISA?» 2) RESPUESTA: El 30 de noviembre de 2010, mediante Resolución Exenta N° 2082, el Director Nacional del SERNAPESCA accedió a la entrega parcial de la información de la información requerida, contestando, exclusivamente, las consultas concernientes a la siguiente información: (i) detecciones de nuevos patógenos en las actividades de salmonicultura de la Región de Magallanes; (ii) si SERNAPESCA sancionó a la empresa Acuimag S.A. con anterioridad al brote del virus ISA; (iii) medidas y el tipo de transporte implementado para enviar desde Caleta Pedernales al vertedero de Punta Arenas la biomasa de salmón a eliminar; (iv) aptitud del vertedero para recibir ese tipo de basura; (v) la responsabilidad de la empresa Acuimag S.A. frente al brote de virus ISA; (vi) medios y personal con los que el Servicio realiza sus “testeos” en los centros de cultivo de la Región y las alianzas desarrolladas por el Servicio para la aplicación de la nueva regulación sanitaria en la Región; (vii) las hipótesis manejadas para la llegada del virus ISA a la Región de Magallanes; (viii) cantidad de fiscalizadores del Servicio en la Región; (ix) y el detalle de las denuncias presentadas por el Servicio ante los tribunales desde el año 2008 a la fecha y su etapa de tramitación. Sin embargo, denegó el acceso a la información relativa a las consultas sobre antecedentes sanitarios de los centros de cultivo de la empresa Acuimag S.A. (transcritas en el N° 1), fundado en la oposición de dicha compañía. 3) OPOSICIÓN: Mediante Oficio Ord. N° 52015891, de 11 de noviembre de 2010, el Director Nacional de SERNAPESCA informó a la empresa “Salmones Magallanes” acerca de la solicitud de información precitada y su derecho de oposición a la entrega de la misma, quien ejerció éste, mediante fax de fecha 15 de noviembre de 2010, sin expresar fundamento alguno. Mensaje que fue reiterado, en los mismos términos, el 22 de noviembre, a través de carta certificada. 4) AMPARO: El 15 de diciembre de 2010 doña Isabel Díaz Medina reclamó ante este Consejo el amparo a su derecho de acceso a la información denegada por el organismo fundado en la eventual afectación de derechos de la empresa salmonera Acuimag S.A., por tratarse de información sanitaria sobre su centro de cultivo ubicado en Bahía Perales, comuna de Puerto Natales. Al respecto, argumenta lo siguiente: a) Hace presente que en dicho centro de cultivo fue detectado oficialmente el 5 de noviembre del 2010 el primer brote de virus lSA en la Región; su organización (Ecoceanos) ha dado seguimiento a este evento sanitario, detectando graves irregularidades sanitarias y ambientales que podría afectar la salud pública, el medio ambiente y derechos de los consumidores. Al efecto, enuncia las siguientes: (a) la sobreproducción de salmones en el centro contaminado, triplicando el volumen permitido por la Declaración de Impacto Ambiental; (b) la incineración en el centro de Bahía Perales de un porcentaje indeterminado de salmones contaminados con virus lSA; (c) el procesamiento de veintitrés mil kilos de salmón infectado para consumo; (d) el brote viral habría impedido aplicar a los salmones el “período de carencia” que permite metabolizar los químicos utilizados en su producción. b) Informa que, en base a dichos antecedentes, se ha solicitado al Ministerio de Salud la evaluación sanitaria del producto para determinar las condiciones para su consumo inocuo y se ha requerido prohibir el consumo humano de peces de cultivo que provengan de mortalidades masivas. c) Hace presente que la “Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos” establece, entre otros, el principio de transparencia y participación en el proceso de análisis de riesgo, y la Ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, asegura, entre otros, el derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes ofrecidos y otros características relevantes de los mismos, y el derecho al consumo de alimentos inocuos, sanos y seguros. d) Señala que se desconoce el volumen, tipo, destino y la presencia de residuos químicos en los peces afectados por el brote de virus ISA en Bahía Perales. Por ello, las organizaciones sociales requieren conocer la trazabilidad de estas producciones, a fin de que los consumidores conozcan las prácticas de inocuidad llevadas a cabo durante esta temporada. e) Sostiene que Reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas, también denominado Reglamento Sanitario o RESA (D.S. N° 319/2001, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), en su artículo 5°, inciso segundo, establece un acción administrativa popular en materia de protección del patrimonio sanitario del país, por lo que la información relativa a ello es, por naturaleza pública: “…cualquier persona que tuviera noticia acerca de brotes de enfermedades de que trata este artículo podrá informar al Servicio, acompañando los antecedentes correspondientes, para efectos de iniciar una investigación oficial”. f) Reclama que el Servicio no se pronunció sobre las cuatro consultas transcritas en el numeral 1°) de lo expositivo de esta decisión. 5) ACLARACIÓN: Mediante correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2010, la se requirió al reclamante informar a este Consejo si la información proporcionada por el organismo respecto de las consultas contestadas por el Servicio satisfacen su solicitud de información en esa parte, quien afirmó encontrarse conforme con la respuesta del Servicio. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca, mediante el Oficio N° 2687, de 17 de diciembre de 2010, quien respondió al mismo el 12 de enero de 2011, mediante Ord. N° 520001611, señalando que denegó el acceso a la información concerniente a las consultas relativas a la empresa Acuimag S.A., por aplicación del procedimiento de oposición reglado por el artículo 20 de la Ley de Transparencia. 7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: Mediante Oficio N° 2688, de 17 de diciembre de 2010, se confirió traslado del presente amparo al representante legal de Acuimag S.A., el que fue contestado el 5 de enero de 2011 por don Álvaro Varela Walker y don Hugo Reyes Prudencia, representantes de Servicios de Acuicultura Acuimag S.A., quien expusieron, en resumen, los siguientes descargos y observaciones: a) Sostienen que los artículos 66 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (DS. 430/1992, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones) y 13 del Reglamento del Registro Nacional de Acuicultura (D.S. N° 499/1994, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción) reconocen el carácter secreto de la información requerida. b) Hacen presente las siguientes disposiciones normativas: i) Los artículos 1°, 2°, 3°, 4° letra e), 5° letra b) y 10 del D.S. N° 464/1995 del MINECON, relativos al procedimiento para la entrega de información de actividades pesqueras y acuicultura al SERNAPESCA y el carácter confidencial de dicha información. ii) Los artículos 21, 21 bis, 22 y 76 del Reglamento Sanitario (RESA), concernientes al registro de ingresos y salidas de especies hidrobiológicas vivas o muertas y su condición sanitaria; el monitoreo de enfermedades de alto riesgo y la comunicación de sus resultados al Servicio; su registro sanitario; y las facultades de inspección del SERNAPESCA. iii) Los artículos 2, letras e) y p), 19, 21 y 21 bis del D.S. N° 320/2001, del MINECON, que aprobó el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA), relativos a la elaboración del informe ambiental de los centro de cultivo y el deber de ser entregados al SERNAPESCA; la responsabilidad del titular del centro de cultivo de informar la fecha en que comenzará su cosecha. c) Argumentan que la empresa es propietaria de las concesiones que le han sido otorgadas por el Estado, lo que ampara su derecho de propiedad sobre toda la información que ella genere en el marco de sus actividades, por lo que no corresponde permitir el usufructo de un tercero. Agregan que, conforme a la normativa precitada, los titulares de concesiones están obligados a informar al Servicio todo aquello que diga relación con las condiciones ambientales y sanitarias que afecten las áreas que le han sido otorgadas en concesión, con la única y exclusiva finalidad de que ejerza sus facultades fiscalizadoras. d) Agregan que la información solicitada pueda ser utilizada para campañas que tengan por propósito dañar la imagen de la empresa, ya que algunas organizaciones obtienen altos dividendos por hacer propaganda adversa a su compañía. e) Por otra parte, argumentan que la divulgación de la información requerida develaría parte importante del funcionamiento de la compañía, su manejo de su actividad productiva y su estrategia comercial, lo que vulneraría su derecho de propiedad sobre las concesiones y sus derechos de carácter comercial y económico. Al efecto, en aplicación de los criterios reconocidos por el Consejo para la Transparencia para determinar el carácter estratégico de la información para la empresa y su potencial de afectación de los derechos comerciales y económicos (decisión que resolvió los amparos Roles C227-10 y C446-10), afirman lo siguiente: i) Lo solicitado es información secreta, pues no es de fácil acceso para personas que se encuentran en el círculo de la acuicultura, lo que acredita la presente solicitud. ii) La empresa ha efectuado razonables esfuerzos para mantener en secreto la información, pues se ha divulgado solamente al Servicio, la compañía ha manifestado su ánimo de mantenerla en secreto mediante su oposición a la entrega, dando lugar al procedimiento de acceso a la información. iii) La información posee un valor comercial por ser secreta, toda vez que: ? Se divulgaría la cantidad de salmón afectado por el virus, lo que “afectaría significativamente su desenvolvimiento competitivo, puesto que la biomasa de cada centro de cultivo es determinada en cada uno de ellos, por lo que de entregarse el número de peces afectados, residualmente, se podría determinar la producción de cada centro… y el número de peces cosechados en las próximas cosechas, en otras palabras, se podría conocer el nivel de su próxima producción en cada uno de sus centros consultados, por ende sus competidores podrían determinar gran parte de los resultados comerciales de nuestra representada”. ? Se comunicaría el origen de las ovas utilizadas en el centro infectado por virus ISA “se vulneraria parte de su estrategia comercial, puesto que estimamos que esa información forma parte de la cadena logística de cada compañía, lo que es vital al momento de determinar el margen de utilidad que cada cual obtiene en el desarrollo de su actividad productiva”. Al respecto, agregan que la comunicación del origen de las ovas expondría a una posible discriminación arbitraria a quienes las elaboran, pues el resto de los competidores podrían evitar abastecer sus centros desde esa fuente, lo que carecería de todo fundamento, pues no necesariamente los peces han sido afectados porque se hayan adquirido ovas contaminadas, pudiendo haber adquirido el virus en otra etapa del proceso productivo. Por lo tanto, la entrega de esta información vulneraría la garantía constitucional de igualdad ante la ley. f) Conforme a la costumbre comercial los antecedentes solicitados son confidenciales, no sólo en la actividad acuícola sino que en todo tipo de actividades económicas, lo que constituye una fuente del derecho. g) Por último, respecto a la consulta sobre cuántos son los centros de cultivo de ACUIMAG afectados por el virus ISA, hace presente que el sitio electrónico del SERNAPESCA publica un listado de “centros positivos” por virus ISA, indicando, única y específicamente, el nombre de los centros afectados, su código, titular, región, situación del centro y categoría asignada a los mismos. Por lo tanto, la reclamante puede acceder a esa información en el citado sitio electrónico. h) Acompaña los siguientes documentos: Acta Décimo Quinta sesión de Directorio de Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. y copia legalizada de poder especial en que constan sus personerías. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, según se desprende del tenor de su solicitud, el reclamante ha requerido al Servicio Nacional de Pesca la siguiente información: a) Enfermedades que han afectado a los centros de cultivo de la XII Región afectados por Virus ISA y qué ocurrió con dichas enfermedades entre febrero y noviembre de 2010; b) Identificación de los centros de cultivo de la empresa Acuimag S.A. que registraron enfermedades con anterioridad al brote de virus ISA detectado en Caleta Perales en noviembre de 2010, tipo de enfermedad registrada, fecha en que se detectó, número de centros afectados y medidas implementadas al respecto; c) Número de centros de cultivo de la empresa Acuimag S.A. afectados por virus ISA; d) Cantidad de ejemplares de Salmón Atlántico de Acuimag S.A. afectados; y e) Origen de las ovas usadas por Acuimag S.A. en el centro infectado. 2) Que, por su parte, los representantes de Acuimag S.A. han señalado que la divulgación de la información concerniente a su representada afectaría sus derechos comerciales y económicos, lo que fundan en los siguientes argumentos: a) Existen normas especiales de secreto que buscan proteger sus derechos. b) La información requerida ha sido generada por los particulares y entregada al SERNAPESCA para el sólo cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras, por tanto se trata de información de propiedad de la empresa. c) Su divulgación puede utilizarse para campañas que tengan por propósito dañar la imagen de la compañía. d) Su comunicación develaría parte importante del funcionamiento de la compañía, su manejo de su actividad productiva y su estrategia comercial. 3) Que, a fin de precisar la solicitud del reclamante, es menester tener presente los siguientes antecedentes: a) Según informa el sitio electrónico del SERNAPESCA, la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) es una enfermedad clínica que afecta a peces cultivados en agua de mar, de la especie Salmón del Atlántico, y provoca importantes mortalidades entre los grupos infectados. Sin embargo, no tiene impacto en salud pública, ya que el virus no afecta al hombre. En nuestro país el primer caso de la enfermedad fue reportado oficialmente el 25 de julio de 2007, detectándose posteriormente en otros centros de cultivos ubicados en distintas zonas de la X, XI y XII Región (disponible en: http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=588&Itemid=695). b) Actualmente el SERNAPESCA comunica en su sitio electrónico las zonas de cultivo sujetas a vigilancia producto del virus ISA (disponible en: http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=559&Itemid=654) y los centros de cultivo afectados, ya sea en calidad de “brote”, “sospechoso”, “screening positivo”, “descanso sanitario” o “en riesgo” ; e identifica al centro de cultivo Bahía Perales, de la empresa Acuimag S.A., como centros afectados como brote de virus ISA (disponible en: http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=fileinfo&id=2042). c) La Ley General de Pesca y Acuicultura dispone que en las áreas fijadas como apropiadas para el ejercicio de la acuicultura existirán “concesiones de acuicultura” para actividades acuícolas (artículo 67), las cuales son definidas como “el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional otorga a una persona los derechos de uso y goce, por el plazo de 25 años renovables sobre determinados bienes nacionales, para que ésta realice en ellos actividades de acuicultura” (artículo 3° N° 12). Dichas concesiones “tienen por objeto único la realización de actividades de cultivo en el área concedida, respecto de la especie o grupo de especies hidrobiológicas indicadas en la resolución o autorización que las otorgan, y permiten a sus titulares el desarrollo de sus actividades, sin más limitaciones que las expresamente establecidas en esta ley y sus reglamentos” (artículo 69 inciso 1°). d) Conforme establece el artículo 86 de la Ley de Pesca, el Reglamento Sanitario (RESA) establecerá las medidas de protección y control para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo y especies que constituyan plagas, aislar su presencia en caso de que éstas ocurran, evitar su propagación y propender a su erradicación, determinar las patologías que se clasifican como de alto riesgo y las especies hidrobiológicas que constituyan plagas. Asimismo, preceptúa que el incumplimiento de cualquiera de las medidas establecidas en dicho reglamento será sancionado conforme a las normas del título IX de la Ley de Pesca, relativo a las infracciones, sanciones y procedimientos (artículos 107 a 134), lo que debe leerse en concordancia con el artículo 77 del propio Reglamento Sanitario, conforme al cual, “[l]a infracción de las prohibiciones y el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente reglamento, será sancionado conforme a las normas de los Títulos IX y X de la ley (de pesca)”. e) El artículo 22 del Reglamento Sanitario establece que “[l]os centros de cultivo deberán mantener registros sanitarios actualizados de cada grupo de organismos existente, indicando entre otros, enfermedades o infecciones presentadas…”, la que deberá ser remitida mensualmente al SERNAPESCA. Por su parte, su artículo 22 bis dispone que cada centro “deberán semanalmente informar al Servicio el número de mortalidades clasificada según su causa”. f) Asimismo, el citado reglamento establece que SERNAPESCA deberá elaborar “programas sanitarios generales”, los cuales determinarán las medidas sanitarias adecuadas de operación, según especie, con el fin de promover su adecuado estado de salud y evitar diseminación de enfermedades; y “programas sanitarios específicos” (art. 11), los que comprenderán los programas de vigilancia, control y erradicación de una enfermedad (art. 13). g) La Resolución N° 2638, de 8 de octubre de 2008, del SERNAPESCA, que estableció el “Programa Sanitario Especifico de Vigilancia y Control de la Anemia Infecciosa del Salmón”, califica el virus ISA como una de aquellas enfermedades de alto riegos que integran la Lista 2 , conforme a lo cual, a su respecto el SERNAPESCA puede adoptar, entre otras, alguna de las siguientes medidas: restringir el traslado de ejemplares, delimitar la zona infectada o requerir la destrucción de todos los ejemplares infectados (art. 7 y 7 bis del RESA). h) En cuanto al programa específico de control y erradicación, el artículo 15 del Reglamento Sanitario señala que dicho programa contendrá, entre otros, una ficha técnica de la enfermedad, las medidas de limpieza y desinfección, el tratamiento y disposición de las mortalidades y desechos, un sistema de registro de datos y el número máximo de ejemplares a sembrar por unidad de cultivo. Agregado su artículo 16 que el SERNAPESCA “deberá emitir informes semestrales en base al análisis de los datos y resultados obtenidos a través de la aplicación de los programas sanitarios específicos que se hubieren dictado, los que serán remitidos a la Subsecretaría”. Asimismo, “deberá anualmente emitir un informe que dé cuenta del uso de antimicrobianos en la acuicultura. / Dicho informe será público y estará a disposición de los interesados en el sitio electrónico del Servicio”. i) El artículo 90 quáter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, incorporado a dicho cuerpo normativo por la Ley N° 20.434, de 2010, preceptúa que, “[s]in perjuicio de las normas sobre acceso a la información pública, el Servicio deberá mantener en su sitio de dominio electrónico la información actualizada sobre las siguientes materias: “b) Informes sobre situación sanitaria y uso de antimicrobianos por cantidad y tipo de las agrupaciones de concesiones e informes sobre el programa nacional de vigilancia de enfermedades de alto riesgo, de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 86. / La información será actualizada semestralmente.” “d) Zonificación sanitaria que se realice de conformidad con el reglamento a que se refiere el artículo 86, indicando las zonas libres, infectadas y de vigilancia” (el destacado es nuestro). 4) Que, en base a los antecedentes y normas expuestas precedentemente, se concluye que la información solicitada forma parte de los antecedentes de los que deben dar cuenta los titulares de centros de cultivo para que SERNAPESCA evalúe sus condiciones sanitarias, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Pesca y el Reglamento Sanitario. En ese contexto, se trata de información que sirve de base para el ejercicio de las funciones encomendadas por el legislador a dicho organismo. Por tanto, en virtud de lo dispuesto por los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, se trata de información pública, a menos que encuentre sujeta a alguna de las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 5) Que en cuanto a la aplicabilidad de los artículos 66 de la Ley de Pesca y 13 del Reglamento del Registro Nacional de Acuicultura –que restringen la publicidad de los registros creados por la Ley de Pesca a la individualización de los agentes que participan en las actividades de acuicultura– y del artículo 3° del Reglamento del procedimiento para la entrega de información de las actividades pesqueras y de acuicultura –el cual dispone explícitamente el carácter confidencial de la información que conforme a su artículo 1° deben entregada al SERNAPESCA quienes desarrollan actividades de acuicultura–, resulta plenamente aplicable lo resuelto por este Consejo en sus decisiones Rol C222-10, de 10 de agosto de 2010 y Rol C227-10 y C446-10, de 7 de diciembre de 2010, en las que se concluyó: (a) que las disposiciones de confidencialidad de estas normas reglamentarias no resultan vigentes, atendido lo dispuesto por el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y el artículo 8° de la Constitución, los que exigen que los casos de secreto o reserva sean consagrados por el legislador; y (b) que artículo 66 de la Ley de Pesca no puede interpretarse en el sentido de establecer que toda otra información que contengan los registros que crea la Ley de Pesca sea reservada o secreta, pues ello representaría invertir, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2º del artículo 8º de la Constitución. 6) Que, por otra parte, este Consejo estima que la comunicación de la información descrita en el considerando 1°), en sus literales a) y b) precedentes, no involucra una expectativa probable de afectación a los derechos del tercero, toda vez que: a) La información descrita en el considerando 1°), literal a), se refiere a antecedentes agregados acerca de la situación sanitaria de una zona del país durante un determinado período de tiempo, todo lo cual debe ser comunicado por el Servicio en los “informes sobre situación sanitaria” a que alude el artículo 90 quáter, letra b), de la Ley de Pesca. b) Según se indicó en el considerando 3°, letra b), actualmente SERNAPESCA comunica en su sitio electrónico las zonas y los centros de cultivo afectados por determinadas enfermedades, sin que ello sea controvertido por el tercero involucrado. En ese contexto de publicidad, el tercero no ha expuesto circunstancia de hecho que permitan determinar que la comunicación de las demás enfermedades que han afectado sus centros de cultivo y la fecha de su detección vulneraría el ejercicio actual de sus derechos comerciales o económicos. c) Según disponen los artículos 13 y 15 del RESA, las medidas adoptadas por el Servicio respecto de las enfermedades detectadas se contienen en los “programas sanitarios específicos” dictados por el Servicio con ocasión de su detección, los que se encuentran publicados en su sitio electrónico (disponible en: http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=421). 7) Que, no obstante, el conocimiento de las medidas adoptadas por los particulares, sea en cumplimiento del RESA o del “programa sanitario específico”, podría influir en la imagen comercial de la empresa respectiva –y como consecuencia de ello en su patrimonio–, especialmente si revelasen la inefectividad de las mismas o infracciones a la normativa que regulan la actividad. Que, no obstante ello, no es dable concluir que su divulgación afecte los derechos de éstas, toda vez que: a) La afectación a su imagen comercial es eventual, pues aquélla dependerá del debate público que suscite su divulgación y las reacciones que conforme a él adopten agentes de mercado con los que se relacionen. Por lo tanto, dependiendo dicha afectación de contingencias ajenas a la sola divulgación de la información, no es posible identificar un daño probable, presente y específico a los bienes jurídicos protegidos por el legislador. b) No puede entenderse que exista un derecho a mantener en reserva las medidas que una empresa ha adoptado en cumplimiento de las normas que regulan su actividad para evitar que éstas la desprestigien. Si bien puede existir un “interés” porque éstas no se divulguen, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia exige la afectación de derechos de las personas, precisando el artículo 7º Nº 2 de su Reglamento que “se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”. En consecuencia, un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información ni tampoco la comunicación a que alude el artículo 20 de la Ley. c) Además, conforme se indicó en el considerando 3°), literal d), tanto la Ley General de Pesca y Acuicultura como el Reglamento Sanitario consagran un sistema de sanciones asociado al incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento Sanitario y en los programas sanitarios específicos, lo que justificaría el control social de esta información. En efecto, el artículo 136, del Título XI de la Ley de Pesca, relativo a los delitos especiales y penalidades, establece que “[e]l que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado con multa de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales. Si procediere con dolo, además de la multa, la pena a aplicar será la de presidio menor en su grado mínimo”. 8) Que el número de centros de cultivo de la empresa Acuimag S.A. afectados por virus ISA –considerando 1°), letra c)– es información que el Servicio divulga en su sitio electrónico, al informar el “listado de centros de cultivo en brote, sospechosos, descanso sanitario y en riesgo” (disponible en: http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=fileinfo&id=2042), donde individualiza cada uno de los centros afectados y la empresa titular del mismo. 9) Que, por otra parte, Acuimag S.A. ha argumentado que divulgar la cantidad de ejemplares afectados por el virus ISA –considerando 1°), letra d)– importaría comunicar el nivel de cosecha o producción de sus centros de cultivo, permitiendo a sus competidores determinar gran parte de los resultados comerciales de la compañía, lo que justificaría el carácter reservado de ésta información. Sobre el particular, cabe hacer presente que en su decisión que resuelve los amparos Roles C227-10 y C446-10, de 7 de diciembre de 2010, este Consejo declaró reservado el nivel de producción de los centros salmónidos de un compañía, fundado en que “…de conocerse el nivel de producción de cada centro de cultivo, los competidores –mediante la verificación de los precios de los productos que cada centro comercializa (información conocida por el mercado) y la proyección de su propia estructura de costos– podrán conocer los resultados comerciales de cada empresa y, consecuentemente, proyectar su posición financiera y su capacidad de respuesta frente a variaciones de precio o costos. El conocimiento de tales antecedentes posibilitaría a las empresas fijar sus políticas de precio según la capacidad de respuesta de sus competidores, afectando el desenvolvimiento competitivo de aquellos que no les sea posible sortear variaciones de precio que no resultarían factibles de mantenerse en secreto la información sobre su producción” (considerando 11°, letra c). 10) Sin perjuicio de tal aserto, se ha constatado que la sola divulgación del número de peces muertos o afectados por el virus ISA no permitiría a los terceros determinar el nivel de producción de cada centro de cultivo, pues para arribar a dicha información es menester conocer: a) En el primer caso, el número de siembras efectuadas, antecedente que no ha sido solicitado; y b) En el segundo caso, la tasa de mortalidad del virus, información que en el presente caso no es posible acceder con claridad, ya que “[l]a mortalidad asociada a brotes de ISA puede variar significativamente entre distintos centros de cultivo y dentro de un mismo centro de cultivo, reportándose mortalidades diarias a nivel de jaula que van entre 0,5 a 1% e incluso mayor. Los niveles de mortalidad acumulada pueden sobrepasar el 90% de la población en los casos más severos (OIE 2006)”, según informó el SERNAPESCA en su “Balance de la situación sanitaria de la anemia infecciosa del salmón en chile de julio del 2007 a julio del 2008” (disponible en: http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=fileinfo&id=2659). En el mismo sentido se ha pronunciado la Organización Mundial de Sanidad Animal (disponible en: http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Media_Center/docs/pdf/Disease_cards/ISA-ES.pdf). Conforme a lo anterior, no es posible verificar una expectativa probable, presente y específica de afectación a los derechos de Acuimag S.A., por la divulgación del número de salmones afectados por el virus ISA. 11) Que, por otra parte, en cuanto al origen de las ovas usadas en los centros de cultivos, cabe tener presente que el artículo 11 del Reglamento de certificación y otros requisitos sanitarios para la importación de especies hidrobiológicas (D.S. N° 626/2008, del MINECON) dispone que la importación de ovas de peces provenientes de países cuya Autoridad Oficial (órgano competente para garantizar la aplicación de las medidas zoosanitarias y otorgar los certificados correspondientes) es reconocida o no por el SERNAPESCA, requerirá la presentación de certificados sanitarios emitidos por dicha autoridad, los que deberán acreditar, entre otras condiciones, que las ovas de peces susceptibles se encuentran libres de enfermedades de alto riesgo clasificadas en Lista 2 y de sus agentes causales; 12) Que, aún cuando la comunicación de los proveedores de una empresa generalmente concierne a información sobre su estrategia comercial –por tratarse de su cadena logística y colaborar en sus márgenes de utilidad–, para concluir que su divulgación afectaría los derechos de una persona sería necesario verificar el valor comercial del carácter secreto de la información dentro de las características particulares de la industria o mercado en estudio, lo que no ha sido expuesto por los representantes del tercero, por lo que deberá desestimarse tal alegación. 13) Asimismo, no resulta plausible que la comunicación del origen de las ovas de aquellos centros de cultivo infectados genere o incentive la discriminación de su proveedores, pues, como ha indicado el propio tercero, es sabido en el mercado que no necesariamente los peces han sido afectados porque se hayan adquirido ovas contaminadas, pudiendo haber adquirido el virus en otra etapa del proceso productivo (Véase “Balance de la situación sanitaria de la anemia infecciosa del salmón en chile de julio del 2007 a julio del 2008” –disponible en: http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=fileinfo&id=2659). 14) Que, por otra parte, se reconoce un interés público involucrado en la divulgación de la información solicitada, toda vez que el cumplimiento de las medidas de protección y control para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo y especies que constituyan plagas –objetivos perseguidos por el RESA– permite asegurar la protección del patrimonio sanitario del país, tal como señalan las consideraciones del decreto supremos que aprueba dicho reglamento, generando el acceso a la información –utilizando los términos del Tribunal Constitucional- un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de otros derechos constitucionales, como es el derecho a la protección de la salud, los cuales, eventualmente, pueden resultar lesionados como consecuencia de una actuación o de una omisión de un órgano de la Administración del Estado o de un particular (STC. Lean Casas Cordero, Carlos Eric con Director Nacional de Aduanas. Considerando 9º). Lo anterior, máxime cuando la divulgación de la información permite verificar la forma en que particulares aprovechan una concesión en bienes nacionales de uso público. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por doña Isabel Díaz Medina en contra de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Pesca, por los fundamentos antes expuestos. II. Requerir al Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca: a) Hacer entrega al reclamante de la información individualizada en el considerado 1°) de esta decisión. b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que este Consejo pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a doña Isabel Díaz Medina, a los representantes de la sociedad Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. y al Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos.