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DECISIÓN AMPARO ROL C2204-16</p>
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Entidad pública: Superintendencia de Pensiones</p>
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Requirente: Juan Leiva Sánchez</p>
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Ingreso Consejo: 08.07.2016</p>
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En sesión ordinaria N° 747 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de octubre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol N° C2204-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de junio de 2016, don Juan Leiva Sánchez solicitó a la Superintendencia de Pensiones, «estadística de las desafectaciones del nuevo sistema previsional (DL3500), otorgadas anteriores al año 2009 por falsificación de firma del trabajador en el formulario de incorporación a una administradora de fondos de pensiones. Necesito la información sin necesidad de nombres, ni rut, para preserva la confidencialidad de la información personal, necesito la resolución con los fundamentos que otorgaron. La desafectación del nuevo sistema previsional y su regreso al antiguo sistema previsional (...)».</p>
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2) RESPUESTA: El 8 de julio de 2016, la Superintendencia de Pensiones indicó al reclamante que no le era posible acceder a la divulgación de la información consultada, en aplicación a lo previsto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto no tenía procesada la información estadística solicitada. Agregó, que satisfacer el requerimiento en el modo planteado implicaba revisar un universo de procedimientos que en el 2009 alcanzó a 8.093 solicitudes y 3.913 el 2008.</p>
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3) AMPARO: El 8 de julio de 2016, don Juan Leiva Sánchez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido organismo, fundado en la denegación de la información solicitada.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Por lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este reclamo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante Oficio N° 7.132, de 20 de julio de 2016., quien mediante presentación de 4 de agosto del año en curso, señaló en síntesis lo siguiente:</p>
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a) Satisfacer el requerimiento implicaría revisar físicamente sus archivos, por cuanto sólo tiene digitalizados y ordenados sus registros a partir del 2008.</p>
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b) Sólo el 2007 se emitieron 19.988 oficios, los cuales habría que revisar para determinar cuales corresponden a las materias consultadas. Luego de ello, habría que proceder al tarjamiento de los datos personales de sus titulares.</p>
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c) Considerando sólo la información ordenada del 2008, su revisión implicaría destinar a un abogado analista durante 7 semanas completas (44 horas semanales), sólo para dicho año, lo anterior, considerando 5 minutos por expediente, para desplegar las labores de revisión y tarjamiento.</p>
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d) Por lo anterior, se configura la hipótesis de reserva planteada por el reclamante.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo, tiene por objeto la entrega de actos administrativos que se pronunciaron sobre las solicitudes de cambio de régimen previsional. Lo anterior, respecto de todos los años anteriores al 2009.</p>
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2) Que en tal sentido, la reclamada señaló que respecto de la información solicitada, no procedía su entrega por cuanto recabar la totalidad de los antecedentes consultados implicaba distraer a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual resultaba aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en la norma legal señalado precedentemente, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».</p>
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4) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.</p>
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5) Que la satisfacción completa del requerimiento en el modo planteado por el solicitante, supone necesariamente el despliegue de un ingente esfuerzo a fin de obtener los datos solicitados, para luego proceder a la anonimización de los datos personales detallados en la documentación consultada. Lo anterior, implica revisar físicamente cada uno los archivos que la Superintendencia de Pensiones posee, relativos a cambios de sistema previsional. La referida actividad, implica no sólo efectuar una importante labor administrativa consistente en la búsqueda manual y revisión de la información efectivamente disponible- la que sólo respecto del año 2007 implica el análisis de 19.988 oficios para determinar cuales corresponden a la materia consultada-, todo lo cual hace presumible la distracción del personal de la reclamada. En efecto, y según indicó la Superintendencia, sólo la revisión de los datos disponibles respecto del 2008, conllevaría destinar a un abogado durante 7 semanas en forma exclusiva a la revisión y tarjamiento de los datos personales contenidos en las resoluciones emitidas en dicho período.</p>
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6) Que, asimismo, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad.</p>
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7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".</p>
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8) Que en tal sentido, cabe además tener presente que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de SEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esta se encuentra "(...) al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente// Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública".</p>
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9) Que en mérito de lo antes señalado, y resultando plausibles las alegaciones de la reclamada a fin de acreditar la causal consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se acogerá la causal invocada y conjuntamente con ello, se rechazará el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Leiva Sánchez en contra de la Superintendencia de Pensiones, por configurarse la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Leiva Sánchez y al Sr. Superintendente de Pensiones.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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