Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2290-16

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Reclamante:	JORGE ORELLANA ITURRA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en la denegación a una solicitud de información referente a los Informes sociales, emitidos por DIDECO, a nombre de las personas que indica en su solicitud de información. El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/10/2016
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C3368-19
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C2290-16 Entidad pública: Municipalidad de Rancagua Requirente: Jorge Orellana Iturra Ingreso Consejo: 15.07.2016 En sesión ordinaria N° 751 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de noviembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2290-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 08 de julio de 2016, don Jorge Orellana Iturra solicitó a la Municipalidad de Rancagua la siguiente información: Informes sociales, emitidos por DIDECO, a nombre de las personas que indica en su solicitud de información. 2) RESPUESTA: El 11 de julio de 2016, la Municipalidad de Rancagua respondió a dicho requerimiento de información mediante ordinario N° 398/SECPLAC, señalando, en síntesis, que se deniega la información requerida en virtud de lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. 3) AMPARO: El 15 de julio de 2016, don Jorge Orellana Iturra ingresó ante la Gobernación Provincial de Cachapoal un amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación a su solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que no se dio curso a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de la ley N° 20.285. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° 7457, de 29 de julio de 2016, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale si la información requerida afectaría derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (3°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de la oposición deducida; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante escrito de respuesta, de fecha 9 de agosto de 2016, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis, que: El recurrente se encuentra en conocimiento que este tipo de información es reservada, atendido que el año anterior este Consejo rechazó un amparo deducido por él mismo ante la denegación por parte de este municipio de una solicitud similar. Asimismo, luego de referirse a la jurisprudencia de esta Corporación en esta materia, reitera la denegación de la información requerida, por constituir datos personales a la luz de lo dispuesto en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y por aplicación de la regla de secreto del artículo 7° de dicha ley, fundado en que los datos solicitados no han sido recolectadas de fuentes accesibles al público, sino que han sido proveídos a la Administración del Estado por las personas naturales consultadas. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE TERCEROS: El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante los oficios números 10568 y 10569, ambos de fechas 21 de octubre de 2016, notificó a las personas interesadas, sobre las cuales versa la solicitud de información, a fin que presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. A la fecha no han sido recepcionadas ante este Consejo las respuestas de las personas interesadas. CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la denegación de la información que se lee en el literal 1° de lo expositivo. Al efecto el Municipio tanto en la respuesta como en los descargos evacuados en esta sede denegó la información requerida, en virtud de lo establecido los artículos números 2, letra f), y 7, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Por tanto, si bien el municipio no lo indica expresamente, la denegación se relaciona con la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 2) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la información solicitada que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado, es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la denegación por parte del órgano reclamado de la información pedida. 3) Que, sobre el particular, el decreto supremo N° 291, de 2006, del ex Ministerio de Planificación -hoy Ministerio de Desarrollo Social-, que reglamenta el diseño, uso y aplicación de la ficha de protección social -reemplazante de la ficha CAS-, precisa, en su número 1°, que mediante el mencionado instrumento se efectuará la recopilación masiva de la información de la realidad socioeconómica de los sectores vulnerables del país, en tanto, el número 4° de dicho decreto, dispone que el proceso de encuestaje nacional será practicado por las Municipalidades del país, directamente o a través de terceros, dentro del ámbito de su competencia, y sujeto a las normas y procedimientos de que disponen legal y reglamentariamente para el ejercicio de sus funciones. 4) Que, en el mencionado orden de ideas, se colige que el informe social de las personas a que se refiere el requerimiento de información, en cuanto permite vincular a una persona determinada con una realidad socioeconómica que la caracteriza, constituye un dato personal a la luz de lo dispuesto en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, toda vez que los datos solicitados por el reclamante han sido proveídos a la Administración del Estado por las personas naturales sobre la que éstos versan, esto es, han sido recolectados de una fuente no accesible al público por lo cual, en principio, resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la ley N° 19.628, que respecto de quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, "tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público". 5) Que, en la especie, según consta en el literal 5° de lo expositivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, las personas sobre la cual versa la solicitud de información fueron notificadas, a fin que presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida, sin que se obtuviera respuesta alguna al respecto. 6) Que, ante la falta de consentimiento expreso de las personas a las que se refieren los informes sociales pedidos, este Consejo, en ejercicio de las atribuciones que el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia le otorga, en orden a velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y en armonía con la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia, resuelve, que la divulgación de dichos informes afecta los derechos de estas personas en los términos del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia, por lo que no verificándose un interés público preponderante en la publicidad de los documentos requeridos, este Consejo rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Jorge Orellana Iturra, en contra de la Municipalidad de Rancagua, por configurarse la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Orellana Iturra, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua y a las personas sobre las que versa la solicitud de información, en su calidad de terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.