Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C977-10

Reclamante:	CLINICA DE ACCIONES DE INTERES PUBLICO Y DERECHOS HUMANOS UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
Reclamado:	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Planificación, fundado en que no habría recibido respuesta a su solicitud, ya que no se encuentra la información solicitada y que ésta está en posesión de otro órgano o servicio, la solicitud consistía en el expediente administrativo del D.S. N° 124/2009, de la misma Secretaría de Estado, que “Reglamenta el artículo 34 de la Ley Nº 19.253 a fin de regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas”, publicado en el D.O. del 23 de septiembre de 2009. El Consejo señaló que la información requerida debió haber obrado en poder de la Administración, razón por la cual se acogerá parcialmente el presente amparo y se requerirá a la Subsecretaria de Planificación que entregue cualquier documento o antecedente que obre en su poder en relación a la tramitación de dicho D.S. y, en caso que no obre en su poder ningún antecedente, inicie las investigaciones respectivas para determinar la razón de ello y, si es del caso, las responsabilidades administrativas que pudieran existir.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/26/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C584-10
Jurisprudencia a:	C632-11
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C977-10 Entidad pública: Ministerio de Planificación Requirente: Francisco Cox Vial, en representación de Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos, Universidad Diego Portales. Ingreso Consejo: 28.12.2010 En sesión ordinaria N° 238 de su Consejo Directivo, celebrada el 19 de abril de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C977-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de noviembre de 2010 la Clínica de Acciones e Interés Público, de la Universidad Diego Portales, requirió a la Subsecretaría de Planificación y Cooperación del Ministerio de Planificación (en adelante también MIDEPLAN), el expediente administrativo del D.S. N° 124/2009, de la misma Secretaría de Estado, que “Reglamenta el artículo 34 de la Ley Nº 19.253 a fin de regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas”, publicado en el D.O. del 23 de septiembre de 2009. 2) RESPUESTA: La Subsecretaria de Planificación respondió a dicho requerimiento mediante Carta Nº 033-C/3130, de 14 de diciembre de 2010, dirigido a la institución reclamante, señalando que: a) En atención a que el referido D.S. Nº 124 de 2008 es producto del trabajo coordinado de distintas instituciones del sector público, principalmente el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía, bajo la coordinación del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, resultó imposible encontrar el antecedente solicitado. b) Agrega que a esto se suma el hecho que los asesores que participaron en la elaboración del referido reglamento por parte del Ministerio de Planificación, ya no se encuentran trabajando en dicha Secretaría de Estado, motivo por el cual la información solicitada no fue habida. 3) AMPARO: Don Francisco Cox Vial, en representación de la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos, de la Universidad Diego Portales, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 28 de diciembre de 2010 en contra del Ministerio de Planificación, fundado en que no habría recibido respuesta a su solicitud, ya que no se encuentra la información solicitada y que ésta está en posesión de otro órgano o servicio. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio Nº 8, de 6 de enero de 2011, a la Sra. Subsecretaria de Planificación, haciéndole presente que a través de decisión recaída en el caso Rol C584-10, cuya copia le adjunta, el Consejo para la Transparencia se ha pronunciado sobre la materia objeto del presente amparo. Por su parte, mediante Ordinario Nº 184, de 24 de enero de 2011, la autoridad en referencia evacuó sus descargos señalando: a) La tramitación del referido Decreto Supremo se trató de un trabajo coordinado entre distintas instituciones, entre ellas, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía, bajo la supervisión del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. b) Luego de recibida la solicitud, se hicieron todas las consultas y se agotaron todas las gestiones posibles para poder constatar primero si existía dicho expediente y luego en manos de qué Servicio se encontraba. El resultado de la búsqueda arrojó que ningún Servicio de los mencionados contaba con documentos de respaldo que pudiesen servir las veces de un expediente administrativo, por lo que se le contestó al solicitante dándole a conocer los motivos por los cuales no se podía acceder a su solicitud. c) Agrega que no se ha denegado en ningún momento el acceso a la información solicitada, toda vez que ésta no se encuentra en poder de dicha Subsecretaría, lo que se informó al requirente, realizándose todo lo posible para dar con el paradero de dicho expediente. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria Nº 223 de su Consejo Directivo, celebrada el 25 de febrero de 2011, el Consejo para la Transparencia acordó, para los efectos de resolver el amparo de la especie, consultar al Subsecretario General de la Presidencia si obraba en su poder el expediente administrativo del D.S. Nº 124/2009, del Ministerio de Planificación, que reglamenta el artículo 34 de la Ley Nº 19.253, a fin de regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas o, en su defecto, si tenía cualquier otra documentación, antecedentes, informes borradores, oficios y, en general, cualquier documento que esté relacionado con la tramitación del referido Decreto Supremo. Además, se le solicitó que, en la eventualidad de contar con parte o la totalidad de lo solicitado, remitiera a este Consejo dicha información. Mediante Oficio Ordinario Nº 358, de 28 de marzo de 2011, el Subsecretario General de la Presidencia dio respuesta a la medida para mejor resolver señalada, indicando que luego de haber realizado una revisión exhaustiva de los expedientes administrativos y de cualquier otro documento que pudiese tener relación con el Decreto individualizado y que dependa de su División Jurídico-Legislativa, no fueron habidos los antecedentes solicitados en las dependencias de dicho Ministerio. <h3> CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en la especie, lo requerido es una copia del expediente administrativo del D.S. Nº 124/2009, de MIDEPLAN, que “reglamenta el artículo 34 de la Ley Nº 19.253 a fin de regular la consulta y participación de los pueblos indígenas”, publicado en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2009, información que, según señala el Ministerio de Planificación en sus descargos, no existe en su poder ni en el de ninguno de los otros organismos consultados y que participaron en la tramitación del referido decreto. 2) Que, al efecto, cabe tener presente lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley de Transparencia, en cuanto a que tanto los actos y resoluciones, como sus fundamentos y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial, son públicos, salvo que una ley de quórum calificado establezca su reserva de acuerdo a alguna de las causales previstas en el artículo 8º de la Constitución Política. Adicionalmente, el artículo 10 de la Ley señala que el derecho de acceso a la información se extiende “a toda información elaborada con presupuesto público”, por lo que, en consecuencia, la información solicitada, en caso de existir, es pública. 3) Que, la respuesta entregada por el organismo reclamado debe analizarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, que define el Procedimiento Administrativo como “una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal”. A su vez, el inciso 3º de dicha norma señala que “todo el procedimiento administrativo deberá constar en un expediente, escrito o electrónico, en el que se asentarán los documentos presentados por los interesados, por terceros y por otros órganos públicos, con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso. Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el órgano administrativo remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío, en estricto orden de ocurrencia o egreso”. El inciso final de dicha norma establece el deber de llevar un registro actualizado, escrito o electrónico, al que tendrán acceso permanente los interesados, en el que consten las actuaciones indicadas. Por último, el artículo 3º de la Ley Nº 19.880 señala que los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones, de manera que al ser aprobado el reglamento a que se refiere esta solicitud por un decreto supremo le son aplicables todas las normas anteriores. 4) Que, del análisis de la respuesta entregada por el MIDEPLAN –tanto en la entregada al solicitante como en sus descargos ante este Consejo-, se desprende que el órgano reclamado no habría dado cumplimiento a lo prescrito en la norma señalada en el considerando precedente, de modo que, en principio, no resultaría suficiente para entender por cumplida la solicitud de acceso a la información materia del presente amparo, el sólo hecho de indicar que aquella no existe, por cuanto, según se ha señalado, existiría obligación legal para el órgano requerido de contar con un expediente administrativo que recoja las actuaciones que finalizaron en la dictación del referido Decreto Supremo. 5) Que, no obstante lo anterior, en virtud de la respuesta entregada por el órgano reclamado –y tal como ya se decidió respecto del amparo A181-09- no puede requerirse la entrega de lo solicitado toda vez que, tal como señaló la Subsecretaría de Planificación, dicho expediente sería inexistente. A mayor abundamiento, producto de la medida para mejor resolver ordenada por este Consejo, el Subsecretario General de la Presidencia indicó que tampoco fueron habidas en dependencias de dicho Ministerio antecedentes ni cualquier otro documento que pudiera tener relación con el expediente administrativo solicitado. 6) Que, sin perjuicio de lo indicado, y en aplicación de los principios de facilitación, máxima divulgación y apertura, se acogerá parcialmente el presente amparo, en el sentido de requerir al Ministerio de Planificación que entregue al solicitante toda la documentación, antecedentes, informes, borradores, oficios y, en general, cualquier documento, aunque no se haya sistematizado propiamente en un expediente administrativo, que obre en su poder y que esté relacionado con la tramitación del D.S. Nº 124/2009, de MIDEPLAN, que “reglamenta el artículo 34 de la Ley Nº 19.253 a fin de regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas”, publicado en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2009. Cabe señalar que es evidente que deberían existir documentos de esta naturaleza. A mayor abundamiento, este Consejo, en su oficio N° 90, de 25 de enero de 2010, formuló un conjunto de recomendaciones a los servicios públicos para asegurar el adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia durante la etapa de traspaso de mando y asunción de futuras autoridades, entre las cuales estaba el que “toda la documentación que pueda ser objeto de una solicitud de acceso a la información, sea que se trate de actos, resoluciones, documentos que le sirvan de sustento o complemento o esencial, actos y documentos publicados en el Diario Oficial, actas, expedientes, contratos, acuerdos, toda información que sea elaborada con presupuesto público y, en general, toda información que obre en poder del órgano o servicio respectivo deberá quedar en los archivos del respectivo organismo, en soporte papel o electrónico, de manera que esté a disposición de las futuras autoridades y de los ciudadanos que los requieran mediante un procedimiento que asegure tanto su integridad y completitud como una búsqueda expedita”. 7) Que, en consecuencia, este Consejo entiende que la información requerida debió haber obrado en poder de la Administración, razón por la cual se acogerá parcialmente el presente amparo y se requerirá a la Subsecretaria de Planificación que entregue cualquier documento o antecedente que obre en su poder en relación a la tramitación de dicho D.S. y, en caso que no obre en su poder ningún antecedente, inicie las investigaciones respectivas para determinar la razón de ello y, si es del caso, las responsabilidades administrativas que pudieran existir, informando de lo obrado a este Consejo. 8) Que, finalmente, y en virtud de la atribución de este Consejo establecida en la letra e) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, se recomendará al Ministerio de Planificación que, en lo sucesivo, sistematice la información pública que obre en su poder de manera que pueda responder a las solicitudes de información de que sea objeto de una manera satisfactoria, y que forme y archive los expedientes a que se refiere el artículo 18 de la Ley Nº 19.880, incluso en procedimientos como el referido en este caso, tal como ya señaló este Consejo en su decisión C584-10, de 10 de diciembre de 2010. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el reclamo de don Francisco Cox Vial, en representación de Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en contra del Ministerio de Planificación, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Subsecretario de Planificación que: a) Entregue al solicitante toda la documentación, antecedentes, informes, borradores, oficios y, en general, cualquier documento que obre en su poder y que esté relacionado con la tramitación del D.S. Nº 124, de 2009, de MIDEPLAN, que “reglamenta el artículo 34 de la Ley Nº 19.253 a fin de regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas”, publicado en el Diario Oficial de 23 de septiembre de 2009. b) En caso que no pueda dar cumplimiento a lo señalado precedentemente por no encontrar dicha información, instruya un investigación conforme se indica en el considerando 7°, informando de sus resultados a este Consejo. c) Cumpla con el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Recomendar al Ministerio de Planificación que, en lo sucesivo, dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Nº 19.880, en lo relativo a su obligación de llevar todo procedimiento administrativo en un expediente, sea escrito o electrónico. IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Francisco Cox Vial, en representación de Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y a la Subsecretaria de Planificación. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.