Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2461-16

Reclamante:	JUAN JOSE SOZA LARRAIN
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Salud, fundado en la negativa a una solicitud de información referente a "los estados financieros auditados del 2015 y los estados financieros del primer trimestre de 2016 con notas de las isapres: Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Consalud y Másvida". Además aclaró que requiere "los informes con notas y no los que aparecen en la página web de la Superintendencia". El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se advierte que la entrega de los estados requeridos, pueda tener un impacto en las actividades económicas, especialmente cuando dichos antecedentes, más bien corresponden a información de naturaleza instrumental, que tiene como propósito ser analizadas por la Superintendencia de Salud, para efectos de determinar, si cumplen o no con los requisitos financieros mínimos, y así, como bien precisó el Tribunal Constitucional, "participar en el proceso que infunde eficacia al derecho a la salud y a la seguridad social".
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/25/2016
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C2549-17 C5397-20
Recursos relacionados:	13993-2016 14121-2016
Descriptores jurídicos:	- Datos personales >> Habeas data >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud; Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C2461-16 Entidad pública: Superintendencia de Salud. Requirente: Juan José Soza Larraín. Ingreso Consejo: 28.07.2016. En sesión ordinaria N° 758 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de noviembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2461-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de junio de 2016, don Juan José Soza Larraín, solicitó a la Superintendencia de Salud, "los estados financieros auditados del 2015 y los estados financieros del primer trimestre de 2016 con notas de las isapres: Colmena, Cruz Blanca, Banmédica, Consalud y Másvida". Además aclaró que requiere "los informes con notas y no los que aparecen en la página web de la Superintendencia". 2) RESPUESTA: Por medio de resolución exenta N° 1.079, de fecha 07 de julio de 2016, la Superintendencia de Salud, señaló en resumen que habiendo efectuado el trámite del artículo 20 de la Ley de Transparencia, sólo Consalud S.A., no se opuso, razón por la cual procedió a hacer entrega de los estados financieros de aquella isapre. En cuanto a las otras, dada la oposición que efectuaron, el órgano se vio impedido de hacer entrega de sus correspondientes estados. 3) OPOSICIÓN DE TERCEROS: Mediante ordinario N° 1.197, de fecha 16 de junio de 2016, la Superintendencia de Salud, comunicó a las respectivas isapres, la referida solicitud de información, quienes en resumen, indicaron lo siguiente: a) Más Vida S.A: se opone a la entrega de la información, pues afecta derechos de carácter comercial o económico pues esta compañía está constituida como sociedad anónima cerrada y no tiene obligación de proporcionar información financiera a terceros, salvo a los organismos reguladores y fiscalizadores como la Superintendencia de Salud o por aquellos instrucciones que provienen del Poder Judicial. En consecuencia, la sociedad al no hacer oferta pública de acciones en el mercado de valores no tiene las mismas obligaciones de compañías que deben proporcionar mayores informaciones al mercado y por este motivo, la reserva debe mantenerse en el caso de lsapre Mas Vida S.A. Además, es público y notorio, por información aparecida en todos los medios de comunicación, que el grupo de Empresas Masvida, dentro del cual se encuentra lsapre Masvida S.A., está negociando la incorporación como socio del fondo de inversiones Soulhern Cross y existen acuerdos de confidencialidad suscritos en cuanto a la entrega de información respecto de los negociaciones, así como de cualquier información relevante que pudiere afectar este proceso, dentro de la cual se encuentran los antecedentes solicitados, esto es, los estados financieros 2015 y del primer trimestre de 2016 con sus notas. Por último, la entrega de tal información afecte el normal desenvolvimiento de estrategias de mercado y prueba de ello es que los terceros legalmente no tienen libre acceso público a ella. b) Colmena Golden Cross S.A: Atendida la materia y las características de la información y datos contenidos en los documentos requeridos, de propiedad de Isapre Colmena y que contienen un alto valor estratégico comercial y financiero, Colmena Goiden Cross S.A. se opone por el momento a la entrega de los Estados Financieros Auditados del 2015 y del primer trimestre del 2016 con notas. c) Cruz Blanca S.A: se opone a la entrega de la información, fundado en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. Al respecto, los Estados Financieros de las Instituciones de Salud Previsional están preparados en conformidad con las instrucciones que ha impartido la Superintendencia de Salud, para las cuentas representativas del negocio de las Instituciones de Salud Previsional, para los objetivos que le son propios de esa Superintendencia, pero en ningún caso puede ser entendida esa información como pública. Por la naturaleza de la estructura jurídica de Isapre Cruz Blanca S.A., de sociedad anónima cerrada, se le aplica lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54 de la Ley Sobre Sociedades Anónima, que dispone: "La memoria, balance, inventario, actas, libros y los informes de los auditores externos y, en su caso, de los inspectores de cuentas, quedarán a disposición de los accionistas para su examen en la oficina de la administración de la sociedad, durante los quince días anteriores a la fecha señalada para la junta de accionistas. Los accionistas sólo podrán examinar dichos documentos en el término señalado." Norma, totalmente distintas a las aplicables a las sociedades anónimas abiertas, lo que demuestra que, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, la ley ha querido proteger la divulgación de la información contenida en sus balances, dándole derecho solo a los accionistas para acceder a ella, en la oportunidad legal predeterminada. En consecuencia, no puede ser proporcionada a un tercero, que no es accionistas de Isapre Cruz Blanca S.A., al margen de lo dispuesto en la Ley Sobre Sociedades Anónimas para las sociedades anónimas cerradas. d) Banmédica S.A: Se opone a la entrega de lo requerido, por cuanto la divulgación de la información contenida en nuestra base de datos interna, importará, necesariamente, la vulneración de los derechos económicos y comerciales de mi representada y datos personales. Los funcionarios de la Superintendencia de Salud deben cumplir con la obligación funcionaria fijada en el artículo 61, literal h), del decreto con fuerza de ley N° 29, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, norma en virtud de la cual cada funcionario público se encuentra obligado a "guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales", so pena de incurrir en responsabilidad administrativa. Considerando que la información contenida en las referidas bases de datos podría ser malinterpretada o analizada por un tercero (cuyo interés desconocemos), y utilizada de manera equivocada, sin contar con todos los elementos de juicio necesarios, lo que podría llevar a conclusiones y percepciones distorsionadas, erróneas e imprecisas de la realidad. e) Consalud S.A: No dedujo oposición. 4) AMPARO: El 28 de julio de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al efecto sostuvo que las isapres Isapre Colmena Golden Cross S.A., Cruz Blanca S.A., Banmédica S.A. y Masvida S.A., han argumentado que la información y datos contenidos en los documentos requeridos contienen un alto valor estratégico, comercial y financiero, configurándose en este sentido, la causal establecida en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285. Lo anterior a todas luces carece de fundamento de entidad tal como para denegar la solicitud realizada por lo siguiente: a) Las isapres, siendo entidades reguladas y de alto interés para el público general por ser aquellas entidades en que el público general deposita su confianza y recursos para que éstas, como compañías de seguro de salud, cubran los gastos en salud en que sus asegurados incurren, tienen un deber de máxima transparencia. Sobre todo en cuanto sólo su información financiera es la que permite tanto a la Superintendencia de Salud como a sus asegurados poder comprender su situación y estado. Lo anterior con mayor importancia estos días en vista de las múltiples noticias que circulan indicando supuestas falencias financieras de ellas y deterioro de sus resultados, los que pueden impactar la cobertura de siniestros. b) En Chile, en general a todas las empresas de interés público, siendo reguladas o no, se les exigen estándares de información que como mínimo consideran la publicación de sus estados financieros completos, ya sea en sus propios sitios web, como en la página de la Superintendencia de Valores y Seguros. Por algún motivo que desconozco las isapres escapan de esta obligación de información activa, pero considerando que empresas con menor impacto en la vida de las personas sí deben publicar sus estados financieros, como los Casinos de Juego, es de toda lógica que las isapres se debieran acoger a estándares similares. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Salud, mediante oficio N° 7.803, de fecha 09 de agosto de 2016. Posteriormente, por medio de ordinario N° 1.695, de fecha 25 de agosto de 2016, el órgano indicó en resumen, lo siguiente: a) La información requerida obra en poder de la Superintendencia de Salud en razón de las funciones que la ley le ha atribuido, particularmente, la fiscalización de las Instituciones de Salud Previsional. b) Si bien inicialmente esta información tendría un carácter público en virtud de lo prescrito por el inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 20.285, dado el contenido normativo del artículo 20 de la ley N° 20.285, la Superintendencia de Salud procedió a notificar a los terceros que pudiesen verse afectados en razón del requerimiento de información formulado por el Sr. Soza Larraín. c) En conformidad a las respuestas entregadas por las Instituciones de Salud Previsional, en orden a ejercer su derecho de oposición, la Superintendencia de Salud procedió a acoger parcialmente el requerimiento N°A00000406, de don Juan José Soza Larraín, solo entregando la información relativa a la isapre Consalud, quien no se opuso a la entrega. d) Si el Consejo para la Transparencia estimare procedente su entrega, esta Superintendencia manifiesta desde ya su colaboración en tal sentido, no sólo en lo que respecta a la entrega de los antecedentes solicitados al requirente, sino además determinando su publicación a través del sitio web institucional, de modo que este tipo de información tenga pública disponibilidad. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, a Isapre Más Vida S.A., Colmena Golden Cross S.A., Cruz Blanca S.A., y Banmédica S.A., mediante los oficios respectivos Nos 7.813, 7.814, 7.815 y 7.816, todos el 09 de agosto de 2016. Los precitados terceros, formularon sus observaciones y descargos señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Más Vida S.A: solicita el rechazo del amparo, debido a que la información requerida por el recurrente es sensible pues afecta al mercado de isapres, en cuanto a que se trata de información estratégica para la adopción de políticas de negocios que marcan la competencia en este rubro. Nuestra empresa tiene un estatuto legal propio de las aseguradoras de salud, y en este contexto no está obligada a informar al mercado en general acerca de sus estados financieros con notas explicativas. Este marco legal es suficiente para rechazar el amparo solicitado. Además, es público y notorio, por información aparecida en todos los medios de comunicación, que el grupo de Empresas Masvida, dentro del cual se encuentra Isapre Masvida S.A., está negociando la incorporación como socio del fondo de inversiones Southern Cross y existen acuerdos de confidencialidad suscritos en cuanto a la entrega de información respecto de las negociaciones, así como de cualquier información relevante que pudiere afectar este proceso, dentro de la cual se encuentran los antecedentes solicitados, esto es, los estados financieros auditados 2015 y de primer trimestre 2016 con sus notas. b) Colmena Golden Cross S.A: La entrega de los Estados Financieros de la Compañía, con notas y el consecuente conocimiento de su contenido, afecta efectivamente los derechos de Colmena al tratarse de información de carácter privada, de conocimiento exclusivo de los representantes y que, tal como lo indicamos ante la presentación efectuada ante la Superintendencia de Salud, contiene un alto valor estratégico comercial y financiero, siendo su contenido esencial y centro del desarrollo de la actividad comercial de esta empresa, lo que no hace posible su entrega a terceras personas ajenas a la compañía respecto de quien, en abundamiento, se desconoce la intencionalidad en el requerimiento formulado. Colmena es una sociedad anónima cerrada, esto es, no tiene el carácter de sociedad especial ni sus acciones se encuentran inscritas en el Registro de Valores. Dado este carácter y respecto de su información financiera, resulta aplicable lo establecido en el artículo 54 de la ley N° 18.046, en cuanto a que "La memoria, balance, inventario, actas, libros y los informes de los auditores externos y, en su caso, de los inspectores de cuentas, quedarán a disposición de los accionistas para su examen en la oficina de la administración de la sociedad, durante los quince días anteriores a la fecha señalada para la junta de accionistas. Los accionistas sólo podrán examinar dichos documentos en el término señalado. De lo señalado, podemos colegir que en siendo una sociedad anónima cerrada, el derecho a acceder a la información financiera y económica, entre otras materias, es exclusiva de sus accionistas y en consecuencia, sin su consentimiento no es posible entregarla a terceros. Más aún, en forma expresa se dispone que solo en el caso de las sociedades anónimas abiertas, "la memoria, el informe de los auditores externos y los estados financieros auditados de la sociedad, deberán ponerse a disposición de los accionistas en el sitio en Internet de las sociedades que dispongan de tales medios", aplicable a mi representada. En particular, el contenido de la información requerida, materia del amparo, constituye justamente la esencia de los derechos comerciales y económicos de Colmena, al contener la apertura de cuentas de los balances y resultados y entre otras materias, dar cuenta de la estructura y decisiones financieras y eventuales restricciones que puedan existir en esta materia, los movimientos de ventas, de los resultados de éstas y de los impactos económicos de sus decisiones, sus deudores, sus activos por costo de adquisición de contratos de salud, ingresos, costos, gastos, componentes todos que sin lugar a dudas forma parte de los derechos comerciales y económicos de esta persona jurídica y de los accionistas que componen a esta sociedad. c) Cruz Blanca S.A: Se opone a dicha pretensión, por cuanto en su caso se configura la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por las siguientes circunstancias de hecho y derecho: Por la naturaleza de la estructura jurídica de Isapre Cruz Blanca S.A., de sociedad anónima cerrada, se le aplica lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54 de la Ley Sobre Sociedades Anónima, Norma totalmente distinta a las aplicables a las sociedades anónimas abiertas, lo que demuestra que, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, la ley ha querido proteger la divulgación de la información contenida en sus balances, dándole derecho sólo a los accionistas para acceder a ella, en la oportunidad legal predeterminada. En efecto, no puede considerarse información pública aquella información que obra en poder del Estado, que siendo información privada le ha sido proporcionada por particulares en virtud de las potestades de los órganos del Estado y de su Administración, pues admitir lo contrario sería afectar el núcleo esencial de su derecho a la privacidad y propiedad, lo que no se condice con la garantía constitucional numeral 26 del artículo 19 de la Constitución. Además, aplicando los criterios que esta Corporación emplea para determinar cuando la divulgación de una información afecta derechos de carácter económico, esto es que la información deba: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecta significativamente su desenvolvimiento competitivo). d) Banmédica S.A: Se opone a dicha pretensión, por cuanto en su caso se configura la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, alegando lo que sigue: Dicha información implica la revisión de una serie de antecedentes financieros directamente relacionados con la forma en que Isapre Banmédica S.A. desarrolla su actividad, así como los resultados que en ella obtiene. Al entregar lo requerido, se terminaría por develar información relevante de nuestros clientes, se expondrían volúmenes y composición del negocio. Isapre Banmédica S.A. es una sociedad anónima cerrada, por lo cual, sus estados financieros constituye información relevante para sí misma (no para terceros) y no existe el deber de publicitarios porque los números que contienen son la piedra angular de la compañía. Implicaría, al menos, una vulneración, en primer lugar, al derecho a la privacidad consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, toda vez que estarían obligando a mi representada a dar a conocer información respecto de la cual no tiene obligación alguna de entregársela a un tercero que no es parte de la empresa. En segundo lugar, se estaría vulnerando el derecho a desarrollar cualquier actividad económica contemplado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, toda vez que al entregar la información requerida estaría vulnerando lo que constituye los datos más sensibles de la misma exponiéndola a que la competencia se aproveche de esta información y, en tercer lugar, se estaría vulnerando su derecho a la propiedad que recae sobre la información de su situación económica consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Toda la información que dice relación con los estados financieros de mi representada constituye información privada que se proporciona al ente regulador, en el caso particular a la Superintendencia de Salud, por disposición de la ley para efecto de que cumpla su función fiscalizadora. Además, la información financiera de la Isapre cumple una serie de indicadores legales fiscalizados por la Superintendencia de Salud, y además se da a conocer por la Superintendencia de Salud de forma resumida. 7) GESTION OFICIOSA: Con fecha 08 y 16 de noviembre de 2016, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, requirió al órgano, entre otras cosas, hacer envío de los estados financieros solicitados, y explicar la diferencia de estos con los publicados en la web del servicio. Posteriormente, con fecha 11 de noviembre del año en curso, el órgano envió lo requerido, señalando además que "La Circular IF/N° 140 del 12 de enero de 2011, establece que los informes que componen los Estados Financieros exigidos por la Superintendencia son: Información General de la entidad, el Estado de Situación Financiera Clasificado, el Estado de Resultado por Función, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo Directo, el Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Declaración de Responsabilidad, las Notas Explicativas y el Dictamen de los Auditores Externos (sólo anual). Las Notas Explicativas contienen información más en detalle de algunos saldos que se presentan en los respectivos Estados Financieros y que son de relevancia para esta Superintendencia, los que deben presentarse de acuerdo a las instrucciones impartidas en relación a cada una de ellas, así como los criterios contables aplicados y toda otra información esencial que no haya incluido en los cambios en políticas o criterios contables. Basado en los Estados Financieros, especialmente en el Estado de Situación Financiera Clasificado, el Estado de Resultado por Función, el Estado de Flujo de Efectivo Directo y algunas Notas explicativas (relacionadas a los ingresos de actividad ordinarias, costos de ventas y gastos de administración y ventas), La Superintendencia elabora un set de Estadísticas Financieras que son la que se publican trimestralmente en la página web. En definitiva, se publican en nuestro Portal WEB las principales estadísticas financieras basadas en la Información de Financiera que remiten la Isapres. Las notas son parte de los estados financieros y son un insumo para las estadísticas publicadas". A su vez, por medio de correo electrónico de fecha 16 de noviembre de 2016, el órgano precisó lo siguiente: a) Según lo informado por el departamento de estudios, además de analizar y publicar estadísticas, se elaboran informes periódicos de análisis (por ejemplo, http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/w3-article-14466.html; http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/w3-article-14425.html; http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/w3-article-14292.html) y se elaboran presentaciones para fines comunicacionales de las autoridades institucionales. Sin embargo, lo más relevante ocurre en el área de fiscalización. b) De acuerdo a lo señalado por el departamento de fiscalización, como resultado del análisis de los estados financieros este Departamento emite oficios, mediante los cuales se imparten instrucciones específicas sobre su presentación. A modo de ejemplo: i. Revelar información complementaria respecto de algunas notas explicativas o parte de ellas; ii. Consultas o aclaraciones sobre el tratamiento contable de determinadas partidas; iii. Explicación de los factores que explican aumentos o disminuciones importantes en ciertas partidas; iv. Errores o información incompleta en notas explicativas; v. Solicitar peritajes o informes especiales a los auditores externos; vi. Representar clasificaciones o rectificaciones en la presentación o valuación cuando corresponda. vii. Emite informes internos en caso de entidades sujetas a supervigilancia. c) En caso de infracciones a la normativa sobre presentación de Estados Financieros o reiteración de irregularidades, se evalúa la ejecución de un proceso sancionatorio que implica la emisión de una resolución exenta en caso de aplicar una sanción. d) Por otra parte, la información financiera reportada en dichos estados es utilizada internamente para elaborar un set de indicadores financieros de riesgo, que sirve para detectar áreas hacia las cuales dirigir las fiscalizaciones. Y CONSIDERANDO: 1) Que, antes de entrar al fondo del asunto, resulta relevante realizar un alcance normativo, para efectos de contextualizar la materia objeto del presente amparo: a) Respecto de las Isapres, el decreto con fuerza de ley N° 1, de Salud, (2005), que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, establece en su artículo 171 inciso 1° que éstas financiarán las prestaciones y beneficios de salud, con cargo al aporte de la cotización legal para salud o una superior convenida, a las personas que indica el artículo 135 de esta Ley. b) El artículo 19 N° 9, de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud. En este contexto, el Tribunal Constitucional, ha sostenido lo siguiente: "Las isapres tienen un deber privilegiado en cuanto a respetar y promover el ejercicio de los derechos constitucionales vinculados a su ámbito de acción, pues se les ha reconocido y asegurado la facultad de participar en el proceso que infunde eficacia al derecho a la salud y a la seguridad social". (STC 1572, c. 39; STC 1589, c.39, STC 1629, c. 39). Asimismo, ha sostenido que: "ellos deben hacer cuanto esté a su alcance, dentro del ordenamiento jurídico, por materializar el goce del derecho a la protección de la salud. El desarrollo de actividades empresariales y el ejercicio del dominio sobre sus bienes encuentran límites y obligaciones legítimas, impuestas por la ley en cumplimiento de lo previsto en la Carta Política, a propósito de las exigencias derivadas de la función social de la propiedad". (STC 1287, cc.37 a 40, 58). Finalmente, el referido Tribunal, señaló que: "Los particulares no sólo pueden coadyuvar con el Estado en su deber de garantizar el derecho fundamental a la protección de la salud, lo que se halla en plena armonía con el principio de subsidiariedad que reconoce la Carta Fundamental, sino que, además, las Isapres, al hacerlo en relación a sus afiliados, se sitúan en un plano análogo al de su titular originario, el Estado". c) El precitado decreto con fuerza de ley N° 1, de Salud, (2005), establece determinados requisitos que las isapres deben cumplir. De este modo, el artículo 178, incisos 3° y 4°, dispone respectivamente, que las instituciones deberán mantener un patrimonio igual o superior a 0,3 veces sus deudas totales. Dicha relación será revisada mensualmente por la Superintendencia. En todo caso, el patrimonio nunca podrá ser inferior a cinco mil unidades de fomento. Asimismo, el artículo 180, mandata que las isapres deberán mantener un indicador de liquidez no inferior a 0,8 veces la relación entre el activo circulante y el pasivo circulante. A su turno, el artículo 181, señala que además mantendrán, en alguna entidad autorizada por ley para realizar el depósito y custodia de valores, que al efecto determine la Superintendencia, una garantía equivalente al monto de las obligaciones que ahí se indican. Por otra parte, el artículo 179 inciso 1°, preceptúa que las instituciones deberán designar auditores externos independientes, los que deberán examinar la contabilidad, el inventario, los balances y otros estados financieros, e informar por escrito a la Superintendencia, en la forma que ésta determine en instrucciones de general aplicación. d) El artículo 110, del decreto ya referido, dispone en su numeral 3° que corresponderá a la Superintendencia de Salud, en geneal, fiscalizar a las Instituciones de Salud Previsional en los aspectos jurídicos y financieros, para el debido cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y aquellas que emanen de los contratos de salud. La Superintendencia impartirá instrucciones que regulen la oportunidad y forma en que deberán presentarse los balances y demás estados financieros. El numeral 5°, dispone que el órgano deberá exigir que las instituciones den cumplimiento a la constitución y mantención de la garantía y patrimonio mínimo exigidos por la ley, situación que vuelve a reiterar el artículo 182 del mismo cuerpo normativo. e) La Circular IF/N° 140, del 12 de enero de 2011, de la Superintendencia de Salud, que imparte instrucciones para la confección y presentación de la Ficha Económica y Financiera de Isapre (F.E.F.I.), dispone en su Título I, que los informes que componen los estados financieros exigidos por la Superintendencia son los siguientes: i. Información General de la entidad; ii. Estado de Situación Financiera Clasificado; iii. Estado de Resultado por Función; iv. Estado de Resultados Integrales; v. Estado de Flujo de Efectivo Directo; vi. Estado de Cambio en el Patrimonio Neto; vii. Declaración de Responsabilidad; viii. Notas Explicativas; ix. Dictamen de los Auditores Externos (sólo anual). f) De la gestión oficiosa anotada en el numeral 7°, de lo expositivo, la Superintendencia de Salud, informó que: i. Basado en los estados financieros, especialmente en el Estado de Situación Financiera Clasificado, el Estado de Resultado por Función, el Estado de Flujo de Efectivo Directo y algunas Notas explicativas (relacionadas a los ingresos de actividad ordinarias, costos de ventas y gastos de administración y ventas), la Superintendencia elabora un set de estadísticas financieras que son la que se publican trimestralmente en la página web. http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/w3-propertyvalue-3747.html y http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/w3-propertyvalue-3756.html ii. Asimismo, se elaboran informes periódicos de análisis (por ejemplo, http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/w3-article-14466.html; http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/w3-article-14425.html; http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/w3-article-14292.html) y se confeccionan presentaciones para fines comunicacionales de las autoridades institucionales. Sin embargo, lo más relevante ocurre en el área de fiscalización. iii. En caso de infracciones a la normativa sobre presentación de estados financieros o reiteración de irregularidades, se evalúa la ejecución de un proceso sancionatorio que implica la emisión de una resolución exenta en caso de aplicar una sanción. 2) Que, de lo anterior se colige, que las isapres, tienen por objeto el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, respecto de aquellas personas que se encuentran afiliadas a este sistema -1.902.448 cotizantes a nivel nacional, de acuerdo a lo publicitado en el boletín estadístico del año 2015 de la Superintendencia de Salud-, cumpliendo entonces un rol de protección social consagrado en la Constitución Política, como un derecho fundamental. En el ejercicio de esta función, estas instituciones perciben mensualmente las cotizaciones obligatorias, sobre las cuales, la doctrina ha sostenido, que constituyen patrimonio del cotizante respectivo, que ceden en su propio beneficio y en el de su familia (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p. 312). Por esta razón, la ley establece entre otras cosas, el deber de las isapres de mantener un patrimonio mínimo y determinadas garantías, para velar por la mantención en el tiempo de estas, y así asegurar que las personas puedan seguir accediendo a las distintas prestaciones médicas. Luego, para fiscalizar lo anterior, el legislador otorga determinadas facultades a la Superintendencia de Salud, quien deberá recibir de parte de las isapres, su contabilidad, el inventario, los balances y otros estados financieros. Dichos estados, están compuestos de información general de la entidad; el estado de situación financiera clasificado; el estado de resultado por función; el estado de resultados integrales; el estado de flujo de efectivo directo; el estado de cambio en el patrimonio neto; declaración de responsabilidad; las notas explicativas y el dictamen de los auditores externos. Finalmente, de acuerdo a los dichos de la Superintendencia, basado en los estados financieros, se elabora un set de estadísticas financieras e informes periódicos de análisis que son la que se publican en la página web del órgano, y que se detallan en el numeral 7°, de lo expositivo. 3) Que, dicho lo anterior, el presente amparo, tiene por objeto la entrega de determinados estados financieros de las isapres que se singularizan en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión, quienes se opusieron alegando la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, por afectarse sus derechos económicos o comerciales. 4) Que, al respecto, cabe sostener que los principios de transparencia y publicidad se aplican a toda la actuación administrativa y no exclusivamente a la actuación formal expresada en actos administrativos, sino más bien, a toda manifestación documental, cualquiera sea el soporte en que estos se encuentren. Por lo tanto, las publicaciones que realiza la Superintendencia periódicamente, respecto a las situaciones financieras de las isapres, constituyen actos, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, son de carácter público. En efecto, el referido precepto constitucional, dispone expresamente que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Así las cosas, siendo públicos dichos antecedentes, necesariamente tienen el mismo carácter, sus fundamentos, dentro de los cuales se encuentran los estados financieros de las isapres, que precisamente, constituyen la fuente en donde se extrajo la información respectiva. Lo anterior, sin embargo, resulta sin perjuicio de las causales de secreto o reserva que puedan configurarse en la especie. 5) Que, en este orden de ideas, las isapres alegaron, como se dijo, la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. En este caso, es menester recordar que en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). 6) Que, en cuanto al primer requisito anotado en la letra a), cabe señalar que, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia, basado en los estados financieros, la superintendencia elabora un set de estadísticas financieras que se publican trimestralmente en la página web, las que revisadas por este Consejo, contienen información respecto a cada una de las isapres individualmente consideradas, pudiéndose apreciar en los siguientes links http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/w3-propertyvalue-3747.html y http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/569/w3-propertyvalue-3756.html-, información específica respecto a cada una de las isapre. Analizando el contenido de estas, se advierte a modo de ejemplo, los siguientes antecedentes publicados: a) Estado de Situación Financiera Clasificado: i. activo corriente; ii. activo no corriente; iii. total de activos; iv. pasivo corriente; v. pasivo no corriente; vi. patrimonio; total pasivo: b) Estados de Resultados por Función: i. ingresos de activos ordinarios; ii. costos de ventas; iii. ganancia bruta; iv. gastos de administración; v. otros ítems de ingresos y egresos; vi. ganancias antes de impuestos; vii. gastos por impuestos a las ganancias; viii. ganancias. c) Principales Indicadores Financieros por Isapres: i. liquidez; ii. endeudamiento; iii. rentabilidad del capital y reservas; iv. rentabilidad del ingreso. d) Estado de Situación Financiera Clasificado: i. activo; ii. pasivo; patrimonio en UF. e) Estado de Resultados por Función: i. ingresos de actividades ordinarias; ii. costo de ventas; iii. ganancia bruta; iv. gastos de administración y otros gastos por función; v. otros ítems de ingresos y egresos; v. ganancia antes de impuesto; vi. gasto por impuesto a las ganancias; vii. ganancias. f) Estado de Flujo de Efectivo Directo: i. flujos de efectivo netos procedentes o utilizados en actividades de operación; ii. flujos de efectivo netos procedentes o utilizados en actividades de inversión; iii. flujos de efectivo netos procedentes o utilizados en actividades de financiación; iv. incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio; v. efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo; vi. incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo; vii. efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo; viii. incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo; ix. efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo; x. efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo. g) Estado de Situación Financiera Clasificado: i. efectivo y equivalentes al efectivo; ii. otros activos financieros; iii. deudores comerciales y otras cuentas por cobrar; iv. cuentas por cobrar a entidades relacionadas; v. inventarios; vi. activos corrientes totales; vii. activos intangibles distintos de la plusvalía; viii. propiedades, planta y equipo, neto; viii. propiedad de inversión; ix. activos por impuestos diferidos, etc. 7) Que, atendida la naturaleza y nivel de detalle de la información que permanentemente está a disposición del público en el referido vínculo, las alegaciones de los terceros en cuanto al carácter secreto de sus estados financieros no permiten identificar de modo preciso una afectación de sus derechos comerciales y económicos, en los términos indicados en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. En consecuencia, no se advierte que la entrega de los estados requeridos, pueda tener un impacto en las actividades económicas, especialmente cuando dichos antecedentes, más bien corresponden a información de naturaleza instrumental, que tiene como propósito ser analizadas por la Superintendencia de Salud, para efectos de determinar, si cumplen o no con los requisitos financieros mínimos, y así, como bien precisó el Tribunal Constitucional, "participar en el proceso que infunde eficacia al derecho a la salud y a la seguridad social". Es tal su importancia pública, que la misma Superintendencia de Salud, con ocasión de sus descargos, indicó que en caso de decretarse su entrega, no sólo acatará la decision de este Consejo, sino además, publicará por vía web, los estados financieros solicitados una vez que lo resuelto quede firme. Esto, no ocurriría si lo solicitado en este amparo, se tratara de un "secreto empresarial", que dé cuenta de modelos, procesos tecnológicos, creaciones inventivas, etc. 8) Que, a mayor abundamiento la divulgación de lo solicitado, permite también ejercer un control sobre el modo en que la entidad reclamada, esto es, la Superintendencia de Salud, ha ejercido sus facultades fiscalizadoras. En efecto, la denegación de hacer entrega de lo requerido en el numeral 1°, de lo expositivo, no haría otra cosa que inhibir o coartar a la sociedad de su derecho a determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones legales del órgano reclamado. En tal sentido, la Exma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 10.474-2013, en su considerando 6°, (criterio reiterado en la sentencia de la mima Corte, en causa Rol N° 6663-2012), ha señalado que "el ciudadano, (...) tiene el derecho a conocer la eficiencia y eficacia con que dicho órgano público cumple sus funciones. Efectivamente, la información solicitada y concedida parcialmente por el Consejo para la Transparencia se inserta en el derecho a conocer cómo cumple la Superintendencia su deber legal de fiscalizar a las empresas bancarias y financieras conformadas por agentes privados (...) el acceso a la información pública ha llegado a conformar con motivo de la evolución legislativa e institucional descrita en el considerando quinto precedente, una forma de control ciudadano para que la actuación de los órganos públicos, la confianza y fe pública que se deposita en el cumplimiento de sus obligaciones legales sean efectivamente legitimadas desde el punto de vista de lo que es una sociedad democrática". 9) Que, asimismo, se debe tener presente que las isapres son empresas supervisadas que intervienen en un mercado altamente regulado, las que deben permanentemente entregar información al público y a los entes fiscalizadores, no apreciándose que la información requerida, deba quedar al margen de tal publicidad. En este sentido, existe un relevante control social, especialmente de parte de los cerca de dos millones de cotizantes, por velar que estas instituciones, mantengan sus estados financieros en orden, pues son estas empresas las que mes a mes, reciben las cotizaciones de cada uno de los beneficiarios, producto de los descuentos realizados sobre sus remuneraciones, en algunos casos bajo modalidades o sistemas que implican un aporte superior al 7% establecido en la ley, para en definitiva obtener el financiamiento de las distintas prestaciones y beneficios de salud. 10) Que, no obstante lo anterior, analizando los estados financieros requeridos, conjuntamente con adviertir la presencia de datos personales de contexto, se aprecian además el nombre y RUT de personas jurídicas acreedoras, deudoras y accionistas de las isapres. Al respecto, este Consejo estima que los mencionados terceros -personas naturales y jurídicas-, se encuentran en una situación jurídica diversa, cuyos datos no constituyen fundamento de acto alguno. Por lo expuesto, la entrega de esa específica información, podría afectar los derechos de estos terceros. 11) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo acogerá el presente amparo, debiendo el órgano reclamado, al momento de entregar la información requerida, tarjar aquellos datos personales de contexto -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, fecha de nacimiento, nacionalidad o estado civil, entre otros-, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. Asimismo, se ordenará tarjar la referencia a empresas acreedoras, deudoras y accionistas, todo de conformidad al principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en ejercicio de lo establecido en la letra j) del artículo 33 del mismo cuerpo normativo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Juan José Soza Larraín en contra de la Superintendencia de Salud, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes. II. Requerir al Sr. Superintendente de Salud que: a) Entregue al solicitante, copia de los estados financieros auditados del 2015 y los estados financieros del primer trimestre de 2016 con notas de las isapres: Más Vida S.A., Colmena Golden Cross S.A., Cruz Blanca S.A., y Banmédica S.A., debiendo tarjar aquellos datos personales de contexto -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, fecha de nacimiento, nacionalidad o estado civil, entre otros-, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. Asimismo, se ordenará tarjar la referencia a empresas acreedoras, deudoras y accionistas, todo de conformidad al principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en ejercicio de lo establecido en la letra j) del artículo 33 del mismo cuerpo normativo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Superintendente de Salud, a don Juan José Soza Larraín y a las isapres Más Vida S.A., Colmena Golden Cross S.A., Cruz Blanca S.A., y Banmédica S.A., todas estas últimas en su calidad de terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.