Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C29-11

Reclamante:	VICTORIA SOTO NAVARRO
Reclamado:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Resumen del caso: Se interpuso amparo en contra del Banco del Estado de Chile, fundado en que dicha entidad no había atendido su solicitud de información sobre diversos documentos relacionados con el convenio entre dicha entidad y los Tribunales de Justicia y/o la Corporación Administrativa del Poder Judicial, relativos a las operaciones de las cuentas corrientes que deben mantener estos últimos. El Consejo señaló que al Banco del Estado de Chile, empresa autónoma del Estado creada por Decreto con Fuerza de Ley N° 2079, del 16 de diciembre de 1977, no le son aplicables las normas sobre el procedimiento de acceso a la información pública, por lo que es inadmisible el amparo por ser incompetente este Consejo. (Con voto disidente)
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	1/25/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C506-09 C507-09 C523-09 C443-09 C70-10 C344-10 C345-10 C151-10 C450-09
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Órganos sujetos a la competencia del Consejo >> Órganos fuera de la competencia del Consejo >> Poder Judicial
Descriptores analíticos:	Justicia

DECISIÓN AMPARO ROL C29-11 Entidad pública: Banco del Estado de Chile. Requirente: Victoria Soto Navarro. Ingreso Consejo: 17.01.2011. En sesión ordinaria N° 217 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de enero de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C29-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) Que, doña Victoria Soto Navarro, con fecha 22 de diciembre de 2010, solicitó al Banco del Estado de Chile que le proporcionara diversos documentos relacionados con el convenio entre dicha entidad y los Tribunales de Justicia y/o la Corporación Administrativa del Poder Judicial, relativos a las operaciones de las cuentas corrientes que deben mantener estos últimos. En particular, requirió la siguiente información: 1. Copia de todo antecedente, convenio u otros existentes entre dicha entidad bancaria con los Tribunales de Justicia y/o la Corporación Administrativa del Poder Judicial, relativos a la mantención, apertura, cierre y modalidades de las cuentas corrientes; 2. Copia de todo antecedente relativo a que terceros puedan efectuar depósitos en dichas cuentas, vía transferencia electrónica; 3. Antecedentes que establezcan si el hecho que terceros efectúan depósitos por transferencia electrónica está dada por solicitud de los tribunales o por el banco; 4. Número de transferencias electrónicas efectuadas a las cuentas corrientes de los tribunales Civiles de Santiago, durante el año 2010; y 5. Forma establecida, normas internas o legales que regulan la conversión de dichas transferencias electrónicas en depósitos judiciales de conformidad al Código de Procedimiento Civil (usos comunes). 2) Que el organismo reclamado, mediante documento que data del 24 de diciembre de 2010, da respuesta a la solicitud presentada por la peticionaria, denegando la información requerida por cuanto las empresas bancarias están sometidas por ley, a la obligación de reserva respecto de las operaciones con sus clientes. Además, le indica que a las empresas públicas, solo les resulta aplicable el artículo décimo de la Ley sobre acceso a la Información Pública, según lo ha manifestado este Consejo en la decisión de amparo Rol C507-09. 3) Que, posteriormente, con fecha 17 de enero de 2011, la señora Soto Navarro, interpuso amparo a su derecho de acceso a la información ante este Consejo, en contra del Banco del Estado de Chile, fundado en que dicha entidad no había atendido su solicitud de información, en circunstancias que, por una parte la relación entre el órgano reclamado y el Poder Judicial, se encuentra regulada en el artículo 516 del Código Orgánico de Tribunales, estableciendo la obligatoriedad de mantener una cuenta corriente, cuyos movimientos deberán darse cuenta a la Contraloría General de la República; y además, precisa que la normativa, los actos y contratos públicos referidos a depósitos judiciales que efectúan las partes o terceros en las causas judiciales se encuentran comprendidas en el artículo 7, letra g), de la Ley de Transparencia. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver fundadamente los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia. 2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, del examen preliminar de admisibilidad de la citada reclamación este Consejo advierte que la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública se ha interpuesto en contra del Banco del Estado de Chile, empresa autónoma del Estado, regulada mediante el Decreto Ley N° 2.079, del 16 de diciembre de 1977. 3) Que el carácter de empresa autónoma del Estado del “Banco del Estado de Chile” consta en el artículo 1° del Decreto Ley N° 2.079, en cuya virtud se establece que “El Banco del Estado de Chile es una empresa autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, sometida exclusivamente a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda”. 4) Que, anteriormente, en decisiones recaídas sobre las reclamaciones de amparos Rol A4-09 y C344-10, relativas a la Empresa de Ferrocarriles del Estado; Roles A69-09, A106-09 y A202-09, C70-10 relativas al Banco del Estado de Chile; Rol A113-09, relativa a Televisión Nacional de Chile; Rol C443-09 relativa a Correos de Chile; Rol C506-09 relativa a la Empresa Nacional del Petróleo; Rol C345-10 relativo a Empresa Portuaria San Antonio; Rol C151-10 relativa a CODELCO Chile; y Rol C450-09 y C523-09 relativas a Polla Chilena de Beneficencia S.A., todas empresas del Estado, el Consejo para la Transparencia se ha pronunciado respecto de si resulta competente para conocer de solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información pública en contra de las empresas públicas indicadas en el artículo décimo de la Ley N° 20.285. 5) Que, recientemente, conociendo de un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, con motivo de la decisión recaída en el amparo Rol C450-09, por denegación del derecho de acceso a la información pública, que declaró la incompetencia de este Consejo para conocer dichas reclamaciones, la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en autos caratulados “Minay Carrasco, Sebastián contra Consejo para la Transparencia”, Rol Iltma. Corte N° 608-2010, resolvió por unanimidad, mediante sentencia de 29 de julio de 2010, rechazar dicho reclamo de ilegalidad por estimar que este Consejo carece de competencia para conocer de amparos al derecho de acceso a la información interpuestos en contra de empresas del Estado. Al efecto, en su parte resolutiva, específicamente en su considerando N° 15, señala: “Que, por consiguiente ese órgano del Estado carece de la facultad para otorgar derecho de acceso a la información que terceros interesados ejerzan respecto de empresas del Estado para solicitarles informes o antecedentes relativos a su giro, de suerte que al resolver el referido Consejo que carece de competencia en tal sentido, sobre la solicitud que el reclamante formuló a la Polla Chilena de Beneficencia S.A, no incurrió en la ilegalidad denunciada en esta sede.” 6) Que, lo resuelto en la sentencia precitada, no hace más que ratificar la posición adoptada reiteradamente por este Consejo, razón por la cual esta Corporación mantendrá, al resolver este amparo, su postura mayoritaria, la que ha sido sostenida en las decisiones citadas en el considerando cuarto anterior, debiendo establecerse, en consecuencia, que al Banco del Estado de Chile, empresa autónoma del Estado creada por Decreto con Fuerza de Ley N° 2079, del 16 de diciembre de 1977, no le son aplicables las normas sobre el procedimiento de acceso a la información pública. Lo anterior, con el voto disidente del Consejero don Raúl Urrutia Ávila. 7) Que, en orden a las alegaciones planteadas por la recurrente, es preciso tener presente que el artículo décimo de la Ley N° 20.285, expresamente contempla las disposiciones que son aplicables a las empresas públicas, al establecer que: “El principio de la transparencia de la función pública consagrado en el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución Política y en los artículos 3º y 4º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado es aplicable a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y a las sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio, tales como Televisión Nacional de Chile, la Empresa Nacional de Minería, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Corporación Nacional del Cobre de Chile o Banco Estado, aun cuando la ley respectiva disponga que es necesario mencionarlas expresamente para quedar sujetas a las regulaciones de otras leyes”. Agregando luego, que “En virtud de dicho principio, las empresas mencionadas en el inciso anterior deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes debidamente actualizados”, enumerando a continuación categorías de Transparencia Activa distintas de las que contempla para el resto de la Administración del Estado el artículo 7° de la Ley de Transparencia. 8) Que, como fundamento de la presente decisión, se entienden reproducidas la parte considerativa y el voto disidente del Consejero don Raúl Urrutia Ávila en la Decisión N° A4-09 de este Consejo. 9) Que, en virtud de lo señalado en los considerandos anteriores, no cabe sino concluir que el presente reclamo no puede admitirse a tramitación, razón por la cual no puede tener lugar ante este Consejo ni la solicitud amparo ni el procedimiento respectivo, debiendo, por tanto, declararse la inadmisibilidad de la primera y la improcedencia del segundo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES, Y 33, LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I) Declarar inadmisible, por incompetencia del Consejo para su conocimiento, la reclamación de amparo a su derecho de acceso a la información interpuesto por doña Victoria Soto Navarro, de fecha 17 de enero de 2011, en contra del Banco del Estado de Chile, por los fundamentos expresados precedentemente. II) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a doña Victoria Soto Navarro y al Gerente General Ejecutivo del Banco del Estado de Chile, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. <h3> VOTO DISIDENTE</h3> Decisión acordada con el voto disidente del Presidente don Raúl Urrutia Ávila, por las razones que indicó en la Decisión N° A4-09 de este Consejo. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.