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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL A165-09</strong></p>
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Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)</p>
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Requirente: Mayra Feddersen Martínez</p>
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Ingreso Consejo: 09.07.09.</p>
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En sesión ordinaria N° 138 de su Consejo Directivo, celebrada el 6 de abril de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A165-09.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 y 19 N° 14 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de mayo de 2009, doña Mayra Feddersen Martínez solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero (en adelante SAG) la siguiente información:</p>
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a) Copia de la Resolución N° 1.927/1993, del SAG, sobre normas y regulación de liberación de transgénicos, que tiene su fuente legal en el Decreto de Sanidad Ambiental N° 3.557.</p>
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b) Copia de la Resolución N° 269/1999, del SAG, que crea el Comité Asesor para la Liberación de Organismos Transgénicos (en adelante CALT).</p>
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c) Copia de la Resolución N° 2004/2000, que crea el Comité Asesor en Materia de Introducción Deliberada al Medio Ambiente de Organismos Vivos Modificados (en adelante OVM).</p>
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d) Todo acto administrativo vinculado a las resoluciones citadas en los literales anteriores.</p>
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e) Aprobaciones de liberación de cultivos y árboles transgénicos con el nombre de las empresas involucradas, modificación genética y la ubicación exacta de los cultivos y árboles transgénicos, con la indicación del predio, comuna y región, para la temporada 1999/2000.</p>
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f) Aprobaciones de liberación de cultivos y árboles transgénicos con el nombre de las empresas involucradas, modificación genética y la ubicación exacta de los cultivos y árboles transgénicos, con la indicación del predio, comuna y región, para la temporada 2000/2001.</p>
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g) Ubicación exacta de todos los sitios donde se hayan liberado cultivos y árboles transgénicos desde 1992 en adelante.</p>
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h) Medidas de bioseguridad para los cultivos transgénicos de maravilla, melón, papa, remolacha, maíz y soya, bajo la cuarentena de bioseguridad para la temporada 2000/2001.</p>
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i) Resolución que consigna el levantamiento de la cuarentena de bioseguridad en 1994 a la fecha (del requerimiento) del maíz y de la soya transgénicos, razones de su levantamiento.</p>
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j) Actas de las resoluciones del CALT desde su creación en 1997, con todos sus acuerdos y resoluciones.</p>
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k) Información sobre la fiscalización del SAG de las medidas de bioseguridad aplicadas para los cultivos transgénicos en las dos últimas temporadas, indicándose el predio fiscalizado, la fecha y el personal.</p>
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l) Nombre de los expertos consultados por el CALT para la liberación de los transgénicos y sus informes.</p>
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m) Todo otro documento que sirva de sustento o complemento directo y esencial a los actos administrativos del SAG señalados anteriormente.</p>
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2) RESPUESTA DEL ORGANISMO: El Director (S) Nacional del SAG, mediante Carta N° 6.537, de 24 de junio de 2009, respondió lo siguiente:</p>
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a) Adjunta copia de las resoluciones N° 1.927/1993, N° 269/1999 y N° 2004/2000.</p>
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b) En cuanto a las aprobaciones de liberaciones de cultivos árboles transgénicos para las temporadas 1999/2000 y 2000/2001, adjunta archivo con los cultivos genéticamente modificados en dichas temporadas, salvo en lo que se refiere a la ubicación de los predios.</p>
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c) En cuanto a la ubicación exacta de los sitios en que se hayan liberado cultivos y árboles transgénicos desde el año 1992, indica que la base de datos que posee sólo registra información desde el año 2004.</p>
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d) En relación con la ubicación exacta de los sitios de liberación de cultivos y árboles transgénicos, expresa a la requirente que su solicitud en este punto fue objeto de consulta a los terceros involucrados, en virtud del derecho que les asiste consagrado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Agrega que sólo dos empresas no se opusieron a la entrega de la información y adjunta un archivo con la información de éstas.</p>
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e) En lo que se refiere a las medidas de bioseguridad por especie, manifiesta que sólo se conserva la última versión, que adjunta en un archivo separado y que no contempla el eucaliptus.</p>
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f) En cuanto a la resolución que consigna el levantamiento de la cuarentena de bioseguridad de 1994 a la fecha del requerimiento, respecto del maíz y soya transgénicos, informa que no existe tal acto administrativo.</p>
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g) En relación con las actas de las resoluciones del CALT indica que no existen, ya que en su reemplazo opera actualmente el Comité Técnico de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs). Adjunta copia del acta de su primera reunión.</p>
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h) En lo que se refiere a la información sobre las fiscalizaciones llevadas a cabo por el SAG de las medidas de bioseguridad aplicadas para los cultivos transgénicos en las dos últimas temporadas, adjunta una lista por región de los profesionales encargados de inspeccionar los predios y el resumen de las inspecciones realizadas en las dos últimas temporadas. Agrega que no existe registro con la fecha exacta de la inspección.</p>
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i) En cuanto a los nombres de los expertos consultados por el CALT y sus informes, se adjunta a la respuesta una nómina de los expertos consultados, no así sus informes, pues indica que son de propiedad intelectual de sus autores y el SAG no se encuentra expresamente autorizado para entregar dichos informes.</p>
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j) Por último, en relación con el requerimiento de todos los documentos que sirvan de sustento o complemento directo y esencial a los actos administrativos indicados en la solicitud de información, el SAG expresa que dicho requerimiento es de carácter genérico, por lo que no sería posible acceder a los solicitado, ya que la recopilación de los antecedentes relacionados con todos los actos administrativos mencionados, requeriría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, invocando, entonces, la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
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3) OPOSICIONES DE LOS TERCEROS: El SAG comunicó a 39 terceros este requerimiento de información aplicando el art. 20 de la Ley de Transparencia. En consideración a la gran cantidad de información aportada por ellos, tanto en estas oposiciones como en sus descargos, sólo se sintetizarán los argumentos que han expuesto, sin perjuicio que este Consejo los haya analizado individualizadamente. En resumen, las oposiciones a la entrega de la información se fundamentaron sobre la base de los siguientes argumentos:</p>
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a) Carácter privado de la información requerida, en virtud del cual no estaría sujeta a la Ley de Transparencia.</p>
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b) En subsidio del argumento anterior, fundamentan su oposición en las siguientes razones:</p>
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i) Causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, aplicable por los siguientes argumentos:</p>
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1. Afectación a la seguridad y a la salud.</p>
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2. Afectación de la vida privada.</p>
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3. Afectación de derechos comerciales y económicos.</p>
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4. Afectación del derecho de propiedad en sus diversas especies (propiedad sobre cultivos y sobre la información).</p>
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5. Afectación de la propiedad industrial.</p>
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6. Afectación al derecho de desarrollar una actividad económica lícita.</p>
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ii) Causal del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, debido a que en el extranjero los lugares donde se efectúan plantaciones de semillas transgénicas han sido objeto de atentados y actos vandálicos. Ello lleva a presumir que la difusión de la información requerida podría afectar el orden y la salubridad pública.</p>
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iii) Causal del artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, pues la divulgación de la información solicitada podría significar la pérdida de inversión extranjera, la disminución de la confianza internacional en la buena marcha de las instituciones nacionales y un eventual desplome de la producción semillera con la consiguiente pérdida de empleos.</p>
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iv) Resolución Exenta N° 1.523/2001, del SAG, que en su artículo 14 dispone que “la información contenida en la solicitud y en los documentos anexos se entenderá confidencial y sólo será empleada en la evaluación para autorizar la internación y su correspondiente introducción al Medio Ambiente del Organismo Modificado importado o desarrollado en el país”. Esto habría sido reconocido por la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago dictada en autos rol N° 1295-2002, y que en su parte pertinente señala: “Obligatorio, entonces, es concluir que los antecedentes, informes o datos que las empresas privadas entreguen al Servicio Agrícola y Ganadero en el marco de la Resolución Exenta N° 1523, tienen el carácter de reservados y no son públicos, además, no se encuentran comprendidos dentro del citado artículo 13 y respecto de los cuales no es posible de recurrir de amparo a fin de que terceros puedan tener acceso a los mismos. Y vistos además, lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 18.575, se revoca la sentencia en alzada de fecha 7 de diciembre de 2001, escrita a fojas 92 y siguientes y se declara que se rechaza la acción de amparo al derecho de acceso a la información interpuesto a fojas 14, con costas” (lo destacado es nuestro).</p>
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v) Irretroactividad de la Ley de Transparencia y afectación a un derecho adquirido, que sería el haber tramitado la solicitud de internación de OVM bajo una norma anterior a la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia que aseguraba la confidencialidad.</p>
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vi) Afectación de derechos de propietarios y/o arrendatarios de inmuebles en donde se realizan los cultivos o acopios de semillas transgénicas, quienes no han sido emplazados en este procedimiento.</p>
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vii) Incumplimiento de cláusulas contractuales con otros terceros basadas en la confidencialidad.</p>
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viii) Otras oposiciones de terceros:</p>
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1. Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF): se remite a la oposición formulada en el amparo Rol A59-09, en la cual se señala que dicha Fundación no entregaría la información, ya que se encuentra en proceso de patentamiento.</p>
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2. Fundación Chile: se opuso a la información alegando no estar obligada a cumplir la Ley de Transparencia.</p>
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3. Agrícola Oaken Seeds Ltda.: se opone a la entrega de la información por no serle aplicable la petición, ya que en las temporadas a la que se refiere la solicitud la empresa no existía. En cuanto a la ubicación exacta de los sitios en los que se han liberado cultivos y árboles transgénicos, se remite a los fundamentos que la mayoría de los terceros han expresado y que se han resumido en los numerales anteriores.</p>
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4) AMPARO: Doña Mayra Feddersen Martínez, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, formuló ante este Consejo amparo por denegación de acceso a la información el 9 de julio de 2009, en contra del SAG, fundamentando dicho amparo en los siguientes argumentos:</p>
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1) Manifiesta, en relación con la solicitud de los actos administrativos relativos a las resoluciones requeridas, que se han vulnerado los artículos 5°, 10 y 16 de la Ley de Transparencia, ya que no se entregaron los actos administrativos dictados conforme a las resoluciones requeridas, solicitudes que se encuentran al amparo de las normas citadas y que se trata de información pública, no entendiendo el fundamento del SAG para entregar las resoluciones, pero no los actos administrativos no invocando causa legal para ello. Agrega en este punto, que el SAG, a través de su negativa parcial y la ausencia de fundamentos, desconoce los estándares internacionales a los que se encuentra sujeto el derecho de acceso a la información, citando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Claude Reyes y otros contra el Estado de Chile”, de 2006.</p>
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2) Indica que el SAG ha vulnerado los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia respecto de la ubicación exacta de los cultivos y árboles transgénicos, de los informes de los expertos consultados por el CALT y en relación con el carácter genérico del requerimiento respecto de los documentos solicitados y relacionados a los actos administrativos del SAG que fueron requeridos.</p>
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3) En lo que se refiere a los terceros supuestamente afectados por la entrega de la información, la reclamante expresa que en la respuesta del órgano, sólo se limitó a señalar que se consultó a terceros sobre la ubicación exacta de los cultivos y árboles transgénicos, accediendo sólo dos de ellos a la entrega de la información. La reclamante indica que el SAG habría vulnerado el artículo 20 de la Ley de Transparencia, no explicitándose en su respuesta quiénes eran los terceros y los fundamentos esgrimidos por éstos para oponerse a la entrega de información. Agrega que no se clarifica por el Servicio el procedimiento de consulta a terceros, quedando a su discreción la aplicación del artículo 20 de la Ley.</p>
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4) En cuanto a los informes de los expertos que el SAG se ha negado a entregar, la reclamante considera que la Ley de Transparencia es clara al establecer que la información elaborada con presupuesto público tiene carácter público. Indica que es evidente que los informes que encargan los órganos del Estado para el cumplimiento de sus funciones deben encontrarse a disposición de la ciudadanía. A mayor abundamiento, señala, dicha información debería encontrarse publicada en la página web, como un deber de transparencia activa. Finaliza este punto, manifestando que si el SAG consideraba que los autores expertos de los informes requeridos se podrían ver afectados con la entrega de la información, se les debió haber comunicado su derecho de oposición, en conformidad con el artículo 20 de la Ley.</p>
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5) Sobre la denegación de los documentos que han servido de sustento o complemento directo y esencial a los actos administrativos requeridos, la reclamante expresa que es infundada la denegación por parte del SAG por considerar dicho requerimiento de carácter genérico, cuya atención distraería indebidamente el cumplimiento de las labores habituales de sus funcionarios. Lo anterior, porque el SAG no habría fundamentado el carácter genérico de la solicitud.</p>
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6) Para estos efectos, cita las decisiones de este Consejo recaídas en los amparos A1-09, de 23 de junio de 2009, y A39-09, de 19 de junio de 2009, concluyendo que su requerimiento cumpliría con las características de especificidad necesarias, esto es, su naturaleza y extensión, en cuanto a los plazos, los sujetos y la materia.</p>
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7) Agrega que la interpretación del SAG le permite sostener que las causales de reserva contempladas en la Ley de Transparencia serían contrarias a los estándares normativos vigentes, en particular, a los artículos 8°, inciso 2°, y 19 N° 12 de la Constitución, los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Señala que según estos preceptos, el acceso a la información permite restricciones, pero éstas deben adecuarse a un estricto “test de verificación”, basado en el cumplimiento de tres requisitos, a saber:</p>
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i) Las restricciones o excepciones deben estar establecidas en la ley;</p>
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ii) Las restricciones deben servir para asegurar el respeto de los derechos de los demás, proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas; y</p>
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iii) Las restricciones y excepciones deben ser necesarias en una sociedad democrática.</p>
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8) Concluye que las causales argumentadas por el SAG para la denegación de la información requerida no cumplen con el test reseñado. Agrega que no se aprecia cómo los derechos de terceros podrían verse afectados con la divulgación de la información, si no se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley y si los informes de los expertos han sido elaborados con cargo al erario público. Asimismo, no se vería cómo la causal genérica cae en alguno de los objetivos consagrados y permitidos en la Convención Americana no siendo proporcional a ninguno de dichos fines. Señala que si el objetivo final de la Ley de Transparencia es la máxima divulgación de la información, no se puede entender que cada vez que se solicita información sobre un tema determinado se está distrayendo al funcionario de sus funciones habituales. En este sentido, sostiene que la contravención a la Ley es más palmaria, ya que su Reglamento señala expresamente cuándo se entiende que se está distrayendo de sus labores habituales a los funcionarios del órgano requerido.</p>
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9) Finaliza su amparo declarando que el motivo por el cual se restringen las causales de limitación, radica en que se entiende que el acceso a la información es un bien fundamental en una sociedad democrática, no debiendo quedar su ejercicio a la discreción de quien se encuentre obligado por la norma.</p>
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5) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: En sesión ordinaria del Consejo Directivo N° 72, de 31 de julio de 2009, se estimó admisible este amparo. En consecuencia, se procedió a notificar la reclamación antedicha y a conferir traslado al Director Nacional del SAG y a los 39 terceros que se opusieron a la entrega de la información, a través de los Oficios N° 582 al N° 619 de este Consejo, todos de 8 de septiembre de 2009. Mediante Ord. N° 10.677, de 28 de septiembre de 2009, el Director del SAG formuló los siguientes descargos u observaciones al presente amparo:</p>
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1) En lo que respecta a la entrega parcial de la información, particularmente a los actos administrativos relacionados con los requeridos en la solicitud, manifiesta que se entregaron las resoluciones, las que fueron derogadas por la Resolución Exenta N° 6.966/2005 y la Resolución Exenta N° 1.523/2001 (que adjunta a sus descargos), no existiendo otros actos administrativos relacionados con las resoluciones que le fueron entregadas a la reclamante además de las mencionadas.</p>
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2) En cuanto a la ubicación exacta de los cultivos y árboles transgénicos, explica que en la respuesta a la reclamante se le señaló claramente que la base de datos con la que el Servicio contaba registra información desde el año 2004 en adelante, no obrando en su poder información anterior a dicha fecha.</p>
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3) Agrega en dicho punto que el tema de la ubicación de los cultivos de semillas de OVM, junto a otros relacionados sobre la misma materia, es considerado de alto impacto para las empresas del rubro. En reuniones sostenidas con su asociación gremial, asevera, se le ha manifestado en reiteradas oportunidades la preocupación por la entrega de la información que ellos estiman que es reservada y que han entregado al SAG en forma compulsiva, debido al cumplimiento de los requisitos para la aprobación de sus cultivos.</p>
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4) Indica que en virtud de lo anterior, y conforme al estricto cumplimiento de las normas que amparan los derechos de los terceros, se procedió a notificarles la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de la información solicitada, ya que se podrían afectar sus derechos, siendo la información relevante para su giro, negocio o actividad productiva.</p>
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5) Manifiesta que la Ley de Transparencia reconoce como límite de su alcance la circunstancia de que la solicitud de información se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, lo que es reconocido a nivel constitucional. Por ello, aplicó el procedimiento consagrado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Una vez que las empresas notificadas se opusieron en tiempo y forma, el SAG quedó impedido de hacer entrega de la información a la reclamante, no correspondiéndole al Servicio calificar los fundamentos de las oposiciones. Concluye que se dio estricto cumplimiento en este punto a lo dispuesto por la Ley de Transparencia.</p>
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6) En lo que respecta a la entrega de la información parcial a la reclamante, se invoca en los descargos el artículo 4°, inciso 2°, que establece el principio de transparencia y el artículo 11, letra b), sobre el principio de la Libertad de Información. Concluye que para materializar dichos principios es necesario que la información exista, lo que en la especie se cumple sólo de manera parcial pues la información entregada es la que obraba en poder del SAG y el resto de lo solicitado no se encontraría en poder del Servicio, por lo que éste no estaría obligado a entregarla.</p>
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7) En cuanto a la información que le fue denegada a la reclamante reitera que los informes de los expertos consultados por el CALT son de la autoría de los informantes y no se encuentra el SAG autorizado para divulgarlos. Agrega que dichos informes están enfocados a revisar la biología molecular de eventos nuevos, protegidos por derechos de propiedad intelectual. Además, dichos informes hacen referencia a información confidencial de las empresas, relacionado con la biología molecular protegida y el SAG no entregó dicha información en virtud de las oposiciones de las empresas.</p>
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8) Por último, en relación con la causal de secreto o reserva invocada por el SAG para denegar la información sobre los actos administrativos relativos a las resoluciones entregadas a la reclamante, se asevera que se estimó que el requerimiento era indeterminado, pudiendo tratarse, entre otros, de los siguientes antecedentes:</p>
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i) Procedimiento de importación y liberación;</p>
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ii) Instructivos derivados del procedimiento;</p>
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iii) Resolución de tarifas;</p>
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iv) Formularios derivados del procedimiento e instructivos;</p>
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v) Actas de reuniones;</p>
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vi) Hojas de envío a Divisiones y Subdepartamentos del SAG Central y Laboratorio Lo Aguirre;</p>
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vii) Circulares con instrucciones a regiones.</p>
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9) En conclusión de lo anterior, se argumenta que el requerimiento de la reclamante carecería de especificidad respecto de las características esenciales de la información, ya que no indica fechas o periodos, origen o destino, tipo de documentos, etc. Por tanto, se trataría de un elevado número de actos administrativos cuya recopilación distraería el cumplimiento de las funciones habituales del Servicio.</p>
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6) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE LOS TERCEROS: Los siguientes descargos u observaciones formulados por la generalidad de los terceros emplazados por este Consejo en contra del presente amparo fueron, en síntesis, los siguientes:</p>
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a) Es genérico el requerimiento de la reclamante en lo que se refiere a todos los actos administrativos vinculados a las resoluciones solicitadas y entregadas por el SAG, careciendo de precisión y especificación. Agregan que esta solicitud sería un “verdadero cajón de sastre” que no sólo puede distraer indebidamente a los funcionarios del SAG, sino que además amenaza con dejar a los terceros en indefensión, ya que no existiría la posibilidad de oponerse fundadamente y con detalle a la entrega de la información específica en este punto. Por consiguiente, por esa sola circunstancia se debería rechazar la reclamación objeto del amparo.</p>
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b) La información requerida no es pública, sino privada, y se encuentra en poder del SAG para que éste pueda ejercer sus funciones propias, por lo que no procedería ejercer el derecho de acceso a la información a su respecto, cuyo objeto es la información pública. Asimismo, han expresado que serían titulares de derechos adquiridos respecto de la información requerida, los que no podrían ser vulnerados por la entrega de la información, pues ello implicaría otorgarle a la Ley de Transparencia un efecto retroactivo.</p>
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c) Subsidiariamente, se plantean los siguientes argumentos para que se rechace el amparo:</p>
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i) Causal del N° 1 del artículo 21: Si la información entregada por los particulares a cualquier órgano llegare a manos de terceros, aquéllos empezarían a denegar la información, por falta de confianza en los órganos públicos, lo que, en consecuencia, afectaría las funciones del órgano.</p>
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ii) Causal del N° 2 del artículo 21: Fundamentan la causal en los siguientes argumentos:</p>
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1. Afectación a los derechos de las personas.</p>
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2. Afectación a la seguridad y salud.</p>
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3. Afectación de la vida privada.</p>
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4. Afectación de los derechos comerciales y económicos.</p>
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5. Afectación del derecho de propiedad en sus diversas especies: propiedad sobre cultivos y sobre la información.</p>
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6. Afectación de la propiedad industrial.</p>
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7. Afectación al derecho de desarrollar una actividad económica lícita.</p>
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8. Afectación a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada.</p>
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iii) Causal del N° 3 del artículo 21: Fundamentada en la afectación del orden y seguridad pública, en virtud de posibles actos vandálicos en contra de las empresas que manejan semillas transgénicas, con el conocimiento de la información. Además, podría afectar la salud pública el hecho de que la destrucción y dispersión de semillas en investigación, podría producir una contaminación con la producción orgánica.</p>
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iv) Causal del N° 4 del artículo 21: Se fundamenta la causal en la pérdida de confianza internacional en el país, lo que llevaría a una disminución de inversión extranjera y a una pérdida de empleos.</p>
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v) Confidencialidad garantizada por el artículo 14 de la Resolución Exenta N° 1.523/2001 del SAG, la que se encontraba vigente al momento en que se tramitaron las solicitudes de internación de OVM. En el mismo sentido, afirman que la Ley de Transparencia no tiene efecto retroactivo, lo que llevaría a la pérdida de derechos adquiridos.</p>
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d) Todos los terceros acompañaron un set de antecedentes de hecho que incluyen recortes de prensa internacional sobre atentados a plantaciones y laboratorios que trabajan con semillas genéticamente modificadas en el extranjero; informe en derecho del profesor de Derecho Constitucional don Francisco Zúñiga Urbina e informe en derecho del profesor de Derecho Constitucional don Miguel Ángel Fernández.</p>
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e) Asimismo, solicitaron fijar audiencias de prueba, con el objeto de acompañar otros medios probatorios particulares, tales como, testigos, peritos y otros similares.</p>
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f) Otros argumentos de las empresas que fundamentan sus descargos en el presente amparo:</p>
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i) Monsanto Chile S.A.: Además de coincidir con los argumentos señalados en los numerales anteriores, agregan otros que deben tenerse presente, a saber:</p>
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1. Violación del principio de buena fe por parte de la reclamante: se fundamenta esta alegación en que la reclamante es la Coordinadora Ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Dicho Centro ha patrocinado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), una demanda en contra el Estado de Chile de idénticas características que la que es objeto del presente amparo, interpuesta por Miguel Fredes González y Ana Tuczek Fries, de 3 de junio de 2003. Ello conllevaría una violación del principio de buena fe, por ser contraria a sus actos propios, pero además revestiría la importancia de involucrar en este amparo al Estado de Chile, ya que lo que este Consejo resuelva puede afectar la defensa del país ante la CIDH. La violación del principio de buena fe se fundaría en que la reclamante se encuentra patrocinando una demanda en contra del Estado de Chile en la CIDH y, a la vez, está solicitando amparo a su derecho de acceso a la información en esta sede, siendo ambos requerimientos idénticos. Indica, en este punto, que la Excma. Corte Suprema, en fallo de 9 de mayo de 2001, se ha pronunciado sobre la incorporación del principio de buena fe en los procedimientos judiciales, siendo contrario a la buena fe la iniciación separada de diversos juicios en que el mismo demandante solicita pretensiones contradictorias, lo que debería aplicarse en la especie.</p>
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2. No se necesita realizar ponderación de bienes jurídicos cuando se ha invocado la afectación de derechos de terceros: Monsanto mantiene que cuando la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 hace referencia a la afectación de los derechos de las personas, la voz “afectar” no puede significar o ser interpretada como un llamado del legislador para que este Consejo realice el “test de daños”. Lo anterior porque la Ley de Transparencia de México, en la que se inspiró nuestro legislador, no hace referencia al test de daños en ninguna de sus partes. Cita doctrina en este sentido que señala que, en conformidad con las causales de secreto o reserva legales, establecida la reserva de la información ésta es directa y no requiere de prueba de daño (Sergio López-Ayllón y Alejandro Posadas, “Las pruebas de daño e interés público en materia de acceso a la información. Una perspectiva comparada”, en Derecho Comparado de la Información N° 9, de 2007, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/9/art/art2.htm). Concluye que basta con invocar la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación de un derecho o garantía constitucional, para impedir la divulgación de la información requerida, no siendo necesario acreditar que la comunicación de dicha información deba provocar un serio detrimento a un derecho jerárquicamente superior al interés consistente en el acceso a la información que cautela la Ley de Transparencia. Asimismo, la Ley no exige en su texto que se acredite la seriedad o gravedad de la afectación del derecho involucrado.</p>
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ii) Bayer S.A.: Además de otros argumentos que, en parte, se condicen con los ya señalados, manifiesta que la información requerida puede corresponder a “secretos empresariales”, estando protegida por la Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial.</p>
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iii) Fundación para el Desarrollo Frutícula (FDF): Indica que dicha Fundación, junto a la Universidad Católica y la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX), vienen desarrollando desde el año 2004 un proyecto de investigación cofinanciado por INNOVACHILE de CORFO denominado “Desarrollo de porta-injertos de cítricos tolerantes a la salinidad y otros estrés mediante transformación genética – PARTE I”. Dicho proyecto, se agrega, finalizó en agosto de 2009 e indica específicamente dónde se encuentra ubicado el invernadero en donde se han llevado a cabo los experimentos. Expresa que existe una segunda parte del proyecto que se encuentra en desarrollo y si éste resulta exitoso, se iniciará un proceso de patentamiento tanto nacional como internacional de la plataforma genética utilizada. Por lo anterior, las tres instituciones vinculadas al proyecto no entregan mayor información sobre éste a terceros, ya que para que pueda patentarse la plataforma genética se requiere de la “novedad del invento”. Manifiesta su voluntad de dar a conocer información general sobre el proyecto a terceros calificados, previa solicitud y firma de un formulario de confidencialidad, pues esto también es parte del proceso de patentamiento.</p>
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g) OTRAS PRESENTACIONES DE TERCEROS EN EL AMPARO: A continuación, se resumirán las presentaciones de terceros que en el amparo no han denegado el acceso a la información y, por lo tanto, no deberían ser considerados como terceros en este procedimiento, en conformidad con la Ley de Transparencia:</p>
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a) Instituto de Investigaciones Agropecuarias (en adelante INIA): En su presentación señala las ubicaciones exactas de los centros de investigaciones en los que se manipulan OVM, debidamente autorizados por el SAG.</p>
<p>
b) Fundación Ciencia para la Vida: Comunica que Ventria Bioscience (empresa notificada por el SAG) ha terminado sus actividades en Chile incluyendo la asesoría que prestaba a la Fundación individualizada, no teniendo representación legal en Chile. Expresa que cualquier información que obre en poder del SAG respecto de las actividades de Ventria Bioscience en Chile debería ser de dominio público y accesible a cualquier interesado.</p>
<p>
c) Chile Seed, Centro de Semilla Forestal de Chile: Manifiesta que la persona jurídica Chile Seed ya no existe como tal y que sólo se utiliza su nombre de fantasía desde el año 2002. Agrega el representante legal de la empresa, que no ha realizado ninguna importación de ningún producto o semillas, pues no corresponde a su giro.</p>
<p>
d) Fundación Chile: Expresa que la institución no fue consultada por el SAG, ya que de acuerdo a lo requerido, no se encontraba en la base de datos de dicho Servicio. Sin embargo, señala que a su respecto fue entregada la información requerida por el SAG.</p>
<p>
e) Pontificia Universidad Católica de Chile: Manifiesta que ante el SAG no se opusieron a la entrega de la información, entendiendo que en dicho caso operaba la presunción consagrada en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por consiguiente, el SAG debió haber entregado la información a su respecto y, si no lo hizo, es de su cargo fundamentar dicha negativa, ya que la Universidad Católica no tiene reparos en entregar dicha información.</p>
<p>
f) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 137, de 30 de marzo de 2010, el Consejo Directivo de esta Corporación decretó como medida para mejor resolver en los amparos Rol A59-09 y Rol A165-09, la realización de una visita técnica con el fin de resolver adecuadamente las reclamaciones citadas. Dicha visita inspectiva fue realizada el 1° de abril de 2010, a las 10:00 horas, en las dependencias del SAG, con la asistencia del abogado don Pablo Wilson, Fiscal del SAG, las abogadas del SAG doña Lorena Brown y doña Andrea Collao, los especialistas del Departamento de Protección Agrícola de Biotecnología del SAG, don Alvaro Sepúlveda y don Gonzalo Pardo, y la abogada Luisa Barraza G., de este Consejo. En dicha visita se constató lo siguiente:</p>
<p>
a) En primer lugar, se aclaró que todas las resoluciones aprobatorias del SAG para internar OVM al medio ambiente en el país, de acuerdo a la Resolución Exenta N° 1.523/2001, son idénticas en cuanto a su formato, modificándose sólo lo relativo a la empresa autorizada, así como las características de los eventos autorizados.</p>
<p>
b) Asimismo, se aclaró que el “lugar de acopio” que aparece en las resoluciones aprobatorias del SAG es diverso a los lugares en que los transgénicos se cultivan. El lugar de acopio es la infraestructura autorizada por el SAG a la que llega la semilla transgénica, es decir, es el lugar en donde se contiene la semilla, antes de su cultivo en un predio. Dicha infraestructura puede ser desde un pequeño contenedor hasta una bodega.</p>
<p>
c) En este sentido, se explicó que el lugar de acopio que se indica en la resolución aprobatoria es relevante para los efectos de la evaluación de riesgos que debe hacer el SAG para autorizar la internación de la semilla al medio ambiente. No es relevante la ubicación exacta del predio en que se cultiva la semilla para dichos efectos. Lo que interesa al SAG para otorgar la autorización respecto del predio es la indicación de la región y la superficie del predio.</p>
<p>
d) Sin embargo, si el SAG autoriza la internación y liberación de un OVM la resolución respectiva establecerá las medidas de bioseguridad en su introducción, así como su destino final y de sus productos. Impondrá también a las empresas un determinado plazo para informar a las oficinas sectoriales del SAG la ubicación exacta del predio en que se cultivarán los OVM, información que los interesados deben ingresar a través de un sistema electrónico denominado “Sistema de OVM y certificación de semillas y plantas frutales”. La ubicación exacta del predio es un elemento esencial para la fiscalización por parte del SAG, en especial, en lo que respecta a la aplicación de las medidas de bioseguridad. Por tanto, se trata de información que obra en poder del SAG pues es necesaria para el cumplimiento de sus facultades fiscalizadoras.</p>
<p>
e) Con todo, el artículo 29 de la resolución N° 1523/2001, del SAG, al regular la información suplementaria que deben entregar los solicitantes dispone, en el punto 4.1 a) que en las pruebas a campo en el país la información incluirá: “a.- La descripción del sitio y su ubicación exacta en un mapa”. Consultado el SAG a este respecto después de la visita, vía correo electrónico, informó que el proceso de evaluación del OVM ocurre mucho antes de la importación, fecha en que suele no estar definido el lugar exacto de la siembra, de modo que la empresa indica sólo la ubicación “aproximada” donde sembrará y su superficie.</p>
<p>
f) En lo que se refiere a los informes de los expertos consultados por el SAG y cuyos nombres fueron comunicados a la reclamante en su oportunidad, los asistentes declararon lo siguiente:</p>
<p>
i) Desde el año 1992 el SAG, a través de su Departamento de Protección Agrícola, ha contado con el apoyo de expertos del mundo académico (agrónomos, bioquímicos, etc.) para evaluar las solicitudes de particulares para internar OVM a Chile, pues que el SAG no contaba con la experiencia científica necesaria para procesar dichas solicitudes.</p>
<p>
ii) Desde esa época comienza la relación con los expertos informantes quiénes, en principio, informalmente conocían de las solicitudes de las empresas y emitían sus opiniones técnicas en reuniones con funcionarios del SAG. No obstante lo anterior, desde esa fecha y hasta la actualidad, los informantes mantienen cláusulas de confidencialidad e imparcialidad respecto de sus informes.</p>
<p>
iii) Desde el año 1992 al año 2007 no existen registros ni informes de los expertos consultados o de las sesiones en que éstos vertieron sus opiniones y recomendaciones.</p>
<p>
iv) Sólo a partir del año 2007 el SAG empezó a requerir estas opiniones a través de informes simples sobre cada una de las solicitudes de las empresas para ingresar OVM a Chile.</p>
<p>
v) A fines del año 2009 se realizó una licitación pública, a través del Portal Mercado Público, con el fin de contratar el servicio de expertos para que informen dentro del proceso de evaluación de las solicitudes presentadas al SAG. Actualmente los informes se evacúan en planillas ordenadas.</p>
<p>
vi) Los informes de los expertos contienen, a grandes rasgos, lo siguiente:</p>
<p>
1. Asignación de código que permite identificar la solicitud correspondiente;</p>
<p>
2. Empresa propietaria;</p>
<p>
3. Características y efectos del gen (v.gr. tolerancia a sequía);</p>
<p>
4. Objetivo del evento a autorizar: cantidad, superficie, localidad y transferencia;</p>
<p>
5. Construcción génica: realizada por científicos de la empresa y que constituiría secreto industrial;</p>
<p>
6. Gen Principal;</p>
<p>
7. Marcador de Selección o Gen marcador que determina la presencia del gen principal;</p>
<p>
8. Consultas o inquietudes de los expertos: preguntas sobre la solicitud a evaluar, que se manifiestan en reuniones semanales a los expertos del SAG. Si se mantienen, el SAG solicita a las empresas aclarar las dudas técnicas presentadas por los expertos;</p>
<p>
9. Conclusiones y recomendaciones de los expertos: opinión del experto, en cuanto a inocuidad, riesgo, impactos positivos o negativos, etc.</p>
<p>
g) Como se puede apreciar la ubicación de los cultivos no es un tema relevante en el proceso de internación de OVM a Chile, sino más bien es importante a posteriori con el fin de que el SAG pueda fiscalizar la actividad, especialmente en lo que se refiere a las medidas de mitigación. En cuanto a los informes de los expertos, tampoco en éstos se encuentra la ubicación exacta de los predios de cultivos de transgénicos, sino sólo aquello que importa para el análisis de riesgo del OVM (superficie y región). Los informes de expertos se hacen por solicitud y su contenido es esencialmente sensible, pues se analiza la biología molecular y la “genia” que es especial, desarrollada por los solicitantes y que para ellos constituye un secreto empresarial a resguardar. En base a la recomendación hecha por los expertos, el jefe del departamento de Protección Agrícola del SAG emite la resolución aprobatoria o denegatoria sobre la internación del OVM a Chile.</p>
<p>
h) En cuanto a la información sobre la ubicación exacta de los cultivos transgénicos, se consultó a los asistentes que en su respuesta a la reclamante y en sus descargos el SAG señaló que mantienen bases de datos sólo desde 2004. Los asistentes manifestaron que la información sobre la ubicación exacta de los cultivos obra en su poder y que se empezó a recopilar en una base de datos sólo desde ese año. La información anterior existe desde 1992, sólo que no se mantiene en forma ordenada y se encuentra diseminada en las distintas oficinas sectoriales del SAG. Reconocieron que en este punto presentan un problema de archivo de documentos. Finalizaron declarando que parte de la información sobre la ubicación exacta de los predios de cultivos desde el año 1992 a 2004 podría existir, pero su recopilación y sistematización les acarrearía dificultades por lo ya expresado.</p>
<h3>
Y CONSIDERANDO:</h3>
<p>
1) Que el principio de publicidad de los actos y resoluciones que emanan de los órganos de la Administración del Estado se encuentra reconocido, tanto a nivel constitucional como legal, en nuestro ordenamiento jurídico.</p>
<p>
2) Que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental implícitamente reconocido a toda persona en la Constitución, según ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el caso “Casas Cordero con Director Nacional de Aduanas”, Rol N° 634/2006, lo que se ve reforzado por el principio de publicidad consagrado en su artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental.</p>
<p>
3) Que el objeto del derecho de acceso a la información es la información pública, esto es, aquélla definida en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dentro de la que se encuentra la que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que se encuentre sujeta a las excepciones consagradas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
4) Que las excepciones a la publicidad de la información pública, se reconocen tanto en la Constitución como en la Ley de Transparencia. Considerando que el derecho de acceso es un derecho dichas excepciones deben ser interpretadas en forma restringida y estricta. Además, quien las alega debe fundamentarlas y justificar en forma fehaciente la hipótesis legal de secreto o reserva que invoca.</p>
<p>
5) Que, en el caso, la controversia versa sobre las siguientes cuestiones:</p>
<p>
a) No entrega de la siguiente información fundamentada en su inexistencia:</p>
<p>
i) Resolución que consigna el levantamiento de la cuarentena de bioseguridad de 1994 a la fecha del requerimiento.</p>
<p>
ii) Actas de las resoluciones del CALT.</p>
<p>
iii) Base de datos del SAG sobre la ubicación exacta de los predios en que se han liberado cultivos y árboles transgénicos entre los años 1992 y 2004.</p>
<p>
b) Denegación absoluta de la siguiente información:</p>
<p>
i) Informes de expertos consultados por el CALT, fundamentándose la negativa en la protección de la propiedad intelectual de sus autores.</p>
<p>
ii) Ubicación exacta de los sitios en que se han liberado cultivos y árboles transgénicos, fundamentándose la negativa en la oposición de la mayoría de los terceros comunicados por el SAG, en conformidad con el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) No entrega de todos los actos administrativos relacionados con las resoluciones requeridas y entregadas por el SAG a la reclamante, por invocación de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
6) Que, previo a analizar el fondo del asunto, se describirá brevemente el procedimiento de internación e introducción al medio ambiente de OVM, de acuerdo a la Resolución Exenta N° 1.523/2001:</p>
<p>
a) En primer lugar, se debe señalar que en los considerandos de la Resolución Exenta N° 1.523/2001 se establece el contexto en Chile de los OVM. El considerando 3° de la resolución prescribe que: “(…) la biodiversidad representa un patrimonio importante en el desarrollo económico y social sustentable y que las diferentes producciones comerciales deben desarrollarse en un ambiente propicio y en igualdad de condiciones”. Por su parte, el considerando 4° de la resolución en comento establece que: “(…) los Organismos Vegetales Vivos de Propagación Modificados, pueden representar un aporte importante a la producción de alimentos y materias primas, pero a su vez el tratamiento de ellos en sistemas confinados y su introducción al medio, podrían provocar perjuicios significativos a la sanidad vegetal, al desarrollo silvoagropecuario del país, a la conservación de los Recursos Naturales Renovables, al medio ambiente y a la salud humana ante posibles alteraciones que afectan la Diversidad Biológica”. Por último, el considerando 5° indica que: “(…) se deben prevenir, mitigar o minimizar los posibles efectos adversos que puedan ocurrir derivados de la utilización de los Organismos Modificados antes referidos, estableciendo un procedimiento de autorización para la introducción en el Medio Ambiente de dichos Organismos”.</p>
<p>
b) El artículo 2° de la Resolución N° 1.523/2001 dispone que el ámbito de aplicación de la misma son los Organismos Vegetales Vivos Modificados de Propagación u Organismos Modificados, resultantes de la biotecnología moderna, producidos tanto en el país como en el extranjero y destinados a ser introducidos al medio ambiente.</p>
<p>
c) Sólo se pueden internar los OVM desarrollados en el país, previa autorización otorgada por el SAG, una vez realizado el análisis de riesgo y que se cuente con informe favorable, en el que consten las pruebas realizadas previas a su introducción al medio, si éstas resultaron sin efectos adversos. Las resoluciones aprobatorias del SAG se emiten caso a caso, dependiendo de la especie y de la modificación genética incorporada y establecerán las medidas de bioseguridad que el OVM tendrá en la introducción que se autoriza, así como el destino final de éste y de sus productos.</p>
<p>
d) El procedimiento de autorización comienza con una solicitud que se presenta en un formulario oficial con antecedentes complementarios, una declaración de veracidad sobre la información suplementada y un extracto que contiene los siguientes antecedentes:</p>
<p>
i) Entidad solicitante;</p>
<p>
ii) Puerto de ingreso;</p>
<p>
iii) Variedad, línea o raza, nombre científico y común del OVM;</p>
<p>
iv) Modificación genética introducida;</p>
<p>
v) Evento de transformación;</p>
<p>
vi) Tipo de permiso solicitado;</p>
<p>
vii) Objetivo del permiso solicitado;</p>
<p>
viii) Región de destino dentro del país; y</p>
<p>
ix) Autorización y registro previo.</p>
<p>
e) La autorización para internar o introducir al medio ambiente OVM permitirá analizar pruebas de campo o multiplicar el material. Para otros propósitos se requerirá autorización expresa del SAG.</p>
<p>
f) La solicitud debe presentarse en español, en 11 ejemplares junto con la documentación completa que será evaluada, en la sede central del SAG y en sobre sellado.</p>
<p>
g) La información del extracto deberá estar contenida en otras partes de la solicitud que así lo requiriesen y será sometido a consulta pública mediante su publicación por el solicitante en el Diario Oficial, acompañándose copia al SAG.</p>
<p>
h) Los interesados pueden presentar, por escrito, al SAG las observaciones fundadas a la solicitud, dentro de 15 días corridos desde la fecha de publicación, las que serán consideradas por el SAG en el estudio de evaluación.</p>
<p>
i) La aceptación o rechazo de la solicitud será resuelta por el SAG dentro de 45 días hábiles desde que venció el plazo para presentar observaciones a la solicitud o desde que se completó la información requerida por el Servicio.</p>
<p>
j) Si el estudio de los antecedentes tiene resultados favorables al interesado, éste debe pagar aranceles correspondientes a la etapa siguiente que es la autorización de internación del OVM y la cuarentena de cultivo de bioseguridad. Si es desfavorable, el solicitante puede reclamar ante el SAG.</p>
<p>
k) El jefe del departamento de Protección Agrícola del SAG pondrá fin al periodo de cuarentena de cultivo en bioseguridad, sólo una vez que haya recibido del interesado el informe final cuyo contenido se indica en el artículo 30 de la resolución en comento.</p>
<p>
7) Que, como puede apreciarse, la información requerida, es parte del procedimiento de autorización de internación de OVM al medio ambiente regulado por la Resolución Exenta N°1.523/2001 reseñada en el considerando anterior y, como tal, es parte de la adopción del acto administrativo aprobatorio respectivo.</p>
<p>
8) En lo que se refiere a la entrega parcial de la información relativa a la resolución que consigna el levantamiento de la cuarentena de bioseguridad y a las actas del CALT, el SAG, tanto en su respuesta a la reclamante como en sus descargos formulados ante este Consejo, ha indicado que dicha información es inexistente. Revisada la Resolución Exenta N° 269/1999 del SAG, que es el acto administrativo original que creó el Comité Asesor para la Liberación de Organismos Transgénicos y que hoy se encuentra derogado, se detectó que dentro de las funciones de la Secretaría Técnica del Comité Asesor se encontraba “llevar las actas oficiales de las reuniones”. En consecuencia, en este punto, esta Institución acogerá el amparo y requerirá que se entreguen las actas de las sesiones celebradas por el CALT mientras se mantuvo vigente la obligación de registrarlas, esto es, entre la fecha de la Resolución Exenta N° 269/1999, que es el 26 de enero de 1999, y la de la Resolución Exenta N° 2004/2000, que derogó la anterior, que es el 8 de agosto de 2000, salvo que el SAG pueda acreditar que dichas actas no existen o que fueron eliminadas conforme al procedimiento de rigor.</p>
<p>
9) En cuanto a los informes de los expertos consultados por el CALT, se ha argumentado por el SAG que no se encuentra autorizado para entregar dicha información en virtud de que los informes aludidos se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. A este respecto, se puede señalar lo siguiente:</p>
<p>
a) La reclamante ha afirmado en su amparo que dichos informes han sido encargados por el SAG y se han financiado con presupuesto público. El Servicio reclamado no ha controvertido esta situación, por lo que no sólo se encuentran en su poder, sino que además el SAG ha encomendado su realización a personas naturales externas con cargo al erario público para el cumplimiento de sus funciones.</p>
<p>
b) En principio, el artículo 5° de la Ley de Transparencia consagra que la información elaborada con presupuesto público y que se encuentre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, es información pública, salvo que a su respecto se configure una o más de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley.</p>
<p>
c) En virtud de la Ley correspondía que el SAG invocase, en relación con los informes de expertos, alguna hipótesis legal de secreto o reserva, lo que sólo hizo amparándose en la Ley de Propiedad Intelectual para denegar el acceso a dichos informes, pero no justificando o argumentando como la difusión de tales informes afectaría alguna de los bienes jurídicos que prevé nuestro ordenamiento jurídico como límite a la publicidad administrativa.</p>
<p>
d) Sin embargo, atendidos los antecedentes recabados en la visita inspectiva y revisadas tanto las normas de transparencia como las de propiedad intelectual, puede concluirse que estos documentos contienen información que puede calificarse de secreto empresarial, pues allí se consigna el desarrollo de eventos genéticos que son creados por la empresa o persona que los somete a autorización al SAG para su internación, y respecto de cuyo aprovechamiento tienen exclusividad. De allí que su divulgación pueda afectar los derechos económicos de aquéllos. Por lo tanto, este Consejo rechazará en este punto el presente amparo y aceptará el carácter reservado de tales informes</p>
<p>
10) Que el SAG ha denegado la información sobre los actos administrativos relativos a las resoluciones requeridas y entregadas a la reclamante fundamentando su negativa en virtud de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), que establece que se puede denegar la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento del órgano requerido, particularmente tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.</p>
<p>
11) Al respecto, el SAG ha señalado en sus descargos que el requerimiento no es específico refiriéndose a información indeterminada pudiendo, por consiguiente, tratarse de diversas materias. Argumenta que la solicitud de la reclamante carecía de especificidad respecto de las características esenciales de la información, ya que no indica fechas o periodos, origen o destino, tipo de documentos, etc. Y, por tanto, se trataría de un elevado número de actos administrativos cuya recopilación, distraería el cumplimiento de las funciones habituales del Servicio.</p>
<p>
12) Que debe recordarse que en la decisión de este Consejo recaída en el Rol N° A39-09, de 26 de junio de 2009, en su considerando 4°, se abordó el tema de la especificidad de los requerimientos de información, determinándose que: «el Reglamento de la Ley precisa que tienen carácter genérico los requerimientos “que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera” (artículo 7° N°1 c). Aplicando la norma a este caso el Consejo estima que la especificidad se ve satisfecha, pues la petición está circunscrita a:</p>
<p>
a) Materias determinadas: los vínculos jurídicos específicos descritos en la solicitud;</p>
<p>
b) Las partes, el autor y el tercero afectado: dado que serían convenios firmados entre la SEREMI y estas sociedades, o actos administrativos dictados por el propio SEREMI afectando a aquéllas; y</p>
<p>
c) Vigencia: entendiendo que el silencio a este respecto supone que se trata de los vínculos vigentes en alguna parte del periodo transcurrido entre la presentación de la solicitud y su respuesta».</p>
<p>
13) Que, en la especie, el requerimiento de la reclamante cumple con las especificidades necesarias:</p>
<p>
a) Materias determinadas: el requerimiento de los actos administrativos se refiere a las resoluciones indicadas en la solicitud: Resolución N° 1.927/1993, del SAG; Resolución N° 269/1999, del SAG; Resolución N° 2004/2000, del SAG; Resolución que consigna el levantamiento de la cuarentena de bioseguridad en 1994 a la fecha (del requerimiento) del maíz y de la soya transgénicos, razones de su levantamiento y las actas de las resoluciones del CALT desde su creación en 1997.</p>
<p>
b) Partes, el autor y el tercero afectado: la solicitud se refiere a los actos administrativos emanados del SAG y de sus órganos dependientes con competencia en materias referidas a los órganos genéticamente modificados.</p>
<p>
c) Vigencia: no se ha señalado expresamente por la reclamante la fecha de los actos administrativos que requiere, pero éstos deben entenderse referidos a aquellos actos vigentes entre la presentación de la solicitud y su respuesta.</p>
<p>
14) Que, en conclusión, se desechará la invocación de la causal del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, por no haber sido debidamente fundamentada por el SAG, ya que se refirió sólo a la falta de especificidad de la solicitud de la reclamante, no señalando ni justificando fehacientemente, cómo la divulgación de la información afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, dentro de la hipótesis contenida en la letra c), del artículo 21 N° 1.</p>
<p>
15) Que en lo relativo a la información sobre la ubicación de los sitios en que se han liberado cultivos y árboles transgénicos se debe indicar que, en principio, la información requerida obra en poder del SAG, por lo que en virtud del artículo 5°, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, dicha información es pública, dada la amplitud de la redacción de la disposición citada. Sin embargo, en los considerandos siguientes, se analizarán las alegaciones realizadas por los terceros para impedir que se entregue la información relativa con la ubicación exacta de los lugares de cultivo y árboles transgénicos y que el SAG ha señalado que se trata de información de alto impacto para dichas empresas.</p>
<p>
16) No aplicabilidad de la Ley de Transparencia. Carácter público o privado de la información requerida: Se ha argumentado en este procedimiento que la información requerida es privada y de titularidad de los terceros que se han opuesto a la entrega de dicha información y, por lo tanto, no cabría la aplicación de la Ley de Transparencia, pues ésta sólo ampararía el derecho de acceso a la información pública. A este respecto, es relevante analizar lo que se indicará a continuación, relativo a la información que obra en poder del Estado y el carácter público de la información requerida:</p>
<p>
a) Historia de la Ley N° 20.285:</p>
<p>
i) Originalmente en el proyecto de ley, contenido en el primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, de 16 de mayo de 2005, se propició incorporar un inciso 2° al artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, que señalaba que: “En virtud del principio de la transparencia de la función pública, toda información que obre en poder de la Administración del Estado es por principio pública”. Asimismo, se propuso agregar un inciso 3° al artículo 13, que preceptuaba: “Son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado, en los términos señalados en el inciso anterior, y los documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por ella, o que se encuentre en su posesión o bajo su control. Se considerará además, como información pública, cualquier tipo de documentación financiada con presupuesto público, salvo las excepciones legales” (lo destacado es nuestro). Dichas disposiciones eran claramente mucho más amplias que lo que establece el actual inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
ii) Con posterioridad, el 31 de agosto de 2005, la misma Comisión, acotó la publicidad en conformidad con lo establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución.</p>
<p>
iii) En el debate ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el actual inciso 2° del artículo 5°, el Presidente y Director de la Fundación ProAcceso señalaron que dicho precepto que presumía pública toda información en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su soporte, era más acorde con la normativa internacional. Respecto a la información entregada por las empresas privadas a los órganos fiscalizadores, estimaron que “ella, de acuerdo al artículo 5° que no hacía distingo alguno en cuanto al origen de la información, era pública y su accesibilidad debería regirse por el régimen de las excepciones legales, pero echaban de menos la publicidad de las informaciones provenientes de las empresas del Estado y de aquéllas que prestan servicios de utilidad pública, puesto que ello había demostrado ser útil para el control social de los servicios públicos regulados (caso Moral con GasAndes). Abogaron, en consecuencia, por mantener esta publicidad en los términos que lo hace el actual artículo 13 de la Ley de Bases” (lo destacado es nuestro).</p>
<p>
iv) Los diputados Bustos y Ceroni estuvieron por rechazar la redacción del inciso 2° del artículo 5° que indicaba que era pública toda otra información en poder de los órganos de la Administración, por considerar que la información podría provenir de otros organismos distintos de la Administración, por lo tanto, señalaron que cabía mantener la redacción anterior respecto a que dicha información se presumía pública. En este punto, los representantes del Gobierno coincidieron con esa interpretación, pues el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución señalaba claramente qué información era pública, en consecuencia, respecto de toda otra información que obrara en poder del Estado, sólo cabía presumir su publicidad.</p>
<p>
v) En el tercer trámite constitucional, los representantes de ProAcceso volvieron a plantear sus objeciones al sentido y alcance del artículo 5° señalando lo siguiente: “El artículo 5º del proyecto continúa señalado como públicos los actos de los órganos de las Administración, con el consiguiente peligro de una interpretación restrictiva respecto de aquella información que no se relacione con un acto. Por otro lado, en el artículo 10º, respecto del derecho de acceso, se señala que será a ‘toda información elaborada con presupuesto público’, lo que puede dar pie a negar información que es entregada por privados, necesaria para la fiscalización. Por eso es mejor dejar una sola definición amplia, relativa simplemente a la información en poder de los órganos del Estado” (lo destacado es nuestro).</p>
<p>
vi) En el cuarto trámite constitucional, en la Comisión Mixta, quedó fijado el texto actual del artículo 5°, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, que señala: “Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas” (lo destacado es nuestro).</p>
<p>
b) Cuestionamiento de constitucionalidad del artículo 5° de la Ley de Transparencia planteado por el profesor Miguel A. Fernández. Interpretación: No puede dejar de mencionarse el cuestionamiento de constitucionalidad planteado por el profesor don Miguel A. Fernández en un informe en derecho acompañado por los terceros en el procedimiento, quien establece la siguiente interpretación del artículo 5° de la Ley de Transparencia:</p>
<p>
i) En primer lugar, afirma que la publicidad de los documentos que son “sustento o complemento directo y esencial” de actos y resoluciones de los órganos públicos establecida por la Ley de Transparencia no se encuentra establecida en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución. Por ello, debe indagarse si este desarrollo legislativo es o no respetuoso de la Carta Fundamental, pues podría sostenerse que el alcance preciso y limitado de lo que es público debe ajustarse estrictamente al tenor literal de la norma constitucional y no podría extenderse a otras materias u objetos, mucho menos si se trata de asuntos privados. Por ello, antes de confirmar o desvirtuar su conclusión realiza un análisis de la Reforma Constitucional de 2005, de la Ley de Probidad, de la Ley de Prensa y la Historia de la Ley N° 20.285.</p>
<p>
ii) Su conclusión es que sólo puede considerarse constitucional al artículo 5° en la parte que declara públicas materias que no contempló la Constitución, como los documentos que sirven de sustento o complemento directo y esencial de las decisiones estatales, entendiendo que los documentos que obran en poder del Estado no son públicos por este sólo hecho, sino que sólo lo serán en la medida que, obrando en poder de los órganos de la Administración del Estado, “sean el complemento directo y esencial de la decisión estatal, entendiendo que ello ocurre, para encontrar una interpretación que haga consistente lo dispuesto en el precepto legal referido con lo prescrito en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución, cuando constituyen o sean parte de los fundamentos del acto o resolución”.</p>
<p>
iii) La interpretación anterior impediría considerar que los fundamentos a que alude la Constitución son distintos de los documentos, aunque sean complemento directo y esencial del acto administrativo, pues ello forzaría a la inaplicabilidad de ese precepto legal, por ser inconsistente con el artículo 8° de la Constitución, debiendo concluirse necesariamente que aquellos instrumentos son públicos cuando constituyen fundamento de la decisión estatal resultando inseparables de ésta.</p>
<p>
c) Información contenida en la resolución que aprueba la solicitud de internación o introducción al medioambiente de OVM:</p>
<p>
i) Uno de los terceros (Monsanto) ha adjuntado a sus descargos copia de dos resoluciones exentas del SAG, de 2008, que autorizan la internación y establece medidas de bioseguridad para semilla genéticamente modificada de maíz con responsabilidad delegada. Dicha resolución aprobatoria es producto del procedimiento contemplado en la Resolución Exenta N° 1.523/2001 y en ellas se contienen las siguientes menciones: entidad responsable, puerto de ingreso, país o países de origen, uso, productos autorizados, lugar exacto de acopio, código de los lugares de acopio autorizados y eventos genéticos autorizados. Se hace presente, que todas las resoluciones aprobatorias del SAG en esta materia son de idéntico tenor, como fue constatado en la visita inspectiva realizada por este Consejo.</p>
<p>
ii) En virtud de lo anterior se puede concluir que la ubicación exacta de cultivo y acopio de semilla transgénica de exportación y experimentación científica en vegetales transgénicos que se encuentra señalada en la resolución del SAG constituye un fundamento o documento que sirve de sustento o complemento directo y esencial al acto administrativo de la autoridad. Por lo tanto, se estima que la información requerida sobre la ubicación exacta y el responsable de los cultivos y el acopio de semillas genéticamente modificadas es pública, en conformidad con el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución y el artículo 5° de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
d) Normativa y jurisprudencia internacional en relación con la publicidad de la información sobre OVM:</p>
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i) La Unión Europea regula en su Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero de 2003, el acceso público a la información ambiental. En sus considerandos afirma que un mayor acceso a la información medioambiental y a la difusión de tal información contribuye a una mayor concienciación en materia de medio ambiente, a un intercambio libre de puntos de vista, a una más efectiva participación del público en la toma de decisiones medioambientales y, en definitiva, a la mejora del medio ambiente. Dicha Directiva define como información medioambiental toda aquélla escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma material sobre la situación de elementos de medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra (…), la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente y la interacción entre estos elementos. La Directiva impone la obligación a los Estados miembros para que pongan la información medioambiental a disposición de cualquier solicitante. Se exceptúa de esta obligación de entrega de la información medioambiental: aquélla que no obre en poder de la autoridad pública; cuando sea irrazonable; si la solicitud está planteada de manera excesivamente general; si se refiere a material en curso de elaboración o a documentos o a datos inconclusos; si el requerimiento se refiere a comunicaciones internas, teniendo en cuenta el interés público atendido por la revelación (artículo 4° N° 1). También se puede denegar la información si su revelación puede afectar negativamente: la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas establecida por ley; las relaciones internacionales, la defensa nacional o la seguridad pública; la buena marcha de la justicia; la posibilidad de una persona de tener un juicio justo o la capacidad de la autoridad requerida para realizar una investigación penal o disciplinaria; la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial cuando dicha confidencialidad esté establecida en la legislación nacional o comunitaria a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal; los derechos de propiedad intelectual; el carácter confidencial de los datos y expedientes personales respecto de una persona física si ella no ha consentido en la revelación de la información, siempre que la confidencialidad esté prevista en el derecho nacional o comunitario; los intereses o la pón de un tercero que haya facilitado voluntariamente la información solicitada, sin estar obligado a ello por ley o sin que la ley pueda obligarle a ello, salvo que haya mediado su consentimiento; la protección del medio ambiente al que se refiere la información, como la localización de las especies raras (artículo 4° N° 2).</p>
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ii) También la Unión Europea cuenta con la Directiva 2001/18/CE, sobre liberación intencional en el medio ambiente de OVM, de 12 de marzo de 2001. En su artículo 25, titulado “Confidencialidad”, establece en lo relativo a la publicidad de la información sobre material transgénico que la Comisión de las Comunidades Europeas y las autoridades competentes no comunicarán a terceros ninguna información confidencial notificada o intercambiada con arreglo a la norma y protegerán los derechos de propiedad intelectual relativos a los datos recibidos. El notificador, es decir aquél que presenta la solicitud para manipular OVM, puede señalar en su notificación o comunicación la información cuya revelación pueda perjudicar su competitividad y que, por tanto, debe considerarse como confidencial. En tales casos, deberá ofrecer una justificación verificable. La autoridad decidirá qué información mantendrá en secreto, previa comunicación al notificador. Agrega la Directiva que, en ningún caso, podrá mantenerse secreta la siguiente información: descripción global del OVM, nombre y dirección del notificador, finalidad y lugar de liberación y usos pretendidos; métodos y planes para controlar el OVM y el actuar en caso de emergencia; evaluación del riesgo para el medio ambiente. En el artículo 31 N° 3 de la Directiva sobre el intercambio de información e informes, señala que los Estados miembros crearán registros públicos donde se refleje la localización de los OVM liberados y crearán registros con el objeto de anotar la localización de los OVM cultivados con el objeto de que los posibles efectos de los OVM sobre el medio ambiente puedan ser objeto de seguimiento. Se agrega en dicha disposición que las localizaciones se deberán notificar a la autoridad competente y se deberán poner en conocimiento del público del modo que las autoridades consideren adecuado, según las disposiciones nacionales.</p>
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iii) Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“Commune de Sausheim y Pierre Alzelvandre”, Caso C552/07, de 17 de febrero de 2009): Se debe mencionar el caso del agricultor francés, Pierre Azelvandre, quien solicitó al Municipio de Sausheim que se le comunicara, para cada liberación de OVM que se hubiese producido en el territorio de dicho municipio, la ficha de implantación que permite localizar la parcela co-implantada, el escrito de la Prefectura que acompañaba a los citados documentos y las fichas de información de cualquier nueva liberación que se realizara el año 2004. Ante la falta de respuesta del Municipio, el requirente formuló idéntica petición a la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos francesa, quien le entregó la comunicación del aviso público y de la primera página del escrito de acompañamiento de la Prefectura, denegándole la comunicación de la ficha de implantación parcelaria y del mapa en el que figuraban las liberaciones de OVM, por considerar que tal comunicación lesionaría la intimidad y la seguridad de los agricultores afectados. El requirente compareció ante el Tribunal Administrativo de Estrasburgo para obtener la revocación de la decisión de la Comisión señalada, lo que obtuvo. En contra de dicha sentencia, el Municipio de Sausheim recurrió de casación ante el Consejo de Estado francés. Éste, albergó dudas sobre la interpretación que debería darse a las disposiciones de la Directiva 2001/18/CE, ya citada, en cuanto a las obligaciones de informar al público en materia de liberación intencional de los OVM, suspendiendo el proceso y consultando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Éste falló en febrero de 2009, que la información relativa a la localización de la liberación comunicada por el notificante a las autoridades competentes del Estado, en cuyo territorio deba tener lugar dicha liberación en el marco de los procedimientos de autorización regulados en la Directiva 2001/18/CE, deben ser públicos. Indica, además, que no procede alegar una reserva relativa a la protección de orden público o a otros intereses protegidos por la ley para denegar la comunicación de la información indicada en el artículo 25 de la Directiva citada, que incluye la prohibición de mantener secreta la información sobre el lugar de liberación de los OVM.</p>
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iv) Legislación Inglesa. La Ley de Medio Ambiente de 1990 (Environmental Protection Act). En la Parte VI de esta norma, se regula específicamente el tema de los OVM. La Sección 122, indica la información que debe publicarse en el registro que será de público acceso y libre de costo. La Sección 123, establece las excepciones de publicidad en la materia, en la cual se prescribe que: “Las indicaciones previstas en relación a las cuestiones mencionadas en el artículo 122 anterior, (1), (a) –relativa a las notificaciones u otra información sobre riesgos– (d) – información relativa a solicitudes de autorización– y (e) –autorizaciones concedidas por el Secretario de Estado– se incluirán en el registro a pesar de que puedan ser comercialmente confidenciales y, en la medida de que se trate de alguna de las siguientes designaciones, a saber:</p>
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(a) el nombre y la dirección de la persona que da la notificación o el suministro de la información;</p>
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(b) la descripción de los organismos modificados genéticamente a los que el anuncio u otra información se refiere;</p>
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(c) la ubicación en cualquier momento de estos organismos;</p>
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(d) la finalidad para la que esos organismos están siendo importados, adquiere, se conserva, divulgado o comercializado (de acuerdo con cualquiera de los actos del anuncio o de otro tipo de información se refiere);</p>
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(e) los resultados de cualquier evaluación de los riesgos de daños al medio ambiente está causada por la acción de cualquiera de esos actos;</p>
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(f) los anuncios en la sección 112 (3), (4), (5) o (7) anterior;</p>
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y el Secretario de Estado podrá, mediante reglamentos prescribir cualquier otra descripción de la información como la información que el interés público exige que se incluyan en el registro a pesar de que pueden ser comercialmente confidenciales”(lo destacado es nuestro).</p>
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v) Legislación de Sudáfrica. La Ley de Organismos Genéticamente Modificados, de 1997 (Genetically Modified Organisms Act). Esta norma sudafricana, prescribe lo siguiente en su Sección 18 sobre Confidencialidad: “Ninguna persona revelará información alguna adquirida en el ejercicio de sus poderes o en el desempeño de sus funciones en el ámbito de esta Ley, excepto:</p>
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- Si es necesario para la aplicación de la Ley;</p>
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- Si es necesario para cualquier procedimiento legal bajo esta Ley;</p>
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- Cuando haya sido ordenado por un tribunal; o</p>
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- Cuando haya sido autorizada por el Ministerio.</p>
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El Consejo decidirá, luego de consultarle al solicitante, la información que se mantendrá bajo confidencialidad y le informará de la decisión final. La siguiente información no será confidencial:</p>
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- La descripción del organismo genéticamente modificado, el nombre y dirección del solicitante y el propósito del uso o liberación del mismo y la ubicación de su uso;</p>
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- Los métodos y planes para el monitoreo del organismo genéticamente modificado y las medidas de emergencia en caso de accidente; y</p>
<p>
- La evaluación de posibles impactos, particularmente, cualquier patogenia o impacto ecológicamente dañino.</p>
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No obstante lo anterior, el Consejo puede, luego de consultar al solicitante y si el Consejo está satisfecho con la información entregada por el solicitante, que determinada información no sea revelada en orden a proteger la propiedad intelectual del solicitante, por el periodo necesario para proteger dichos derechos” (lo destacado es nuestro).</p>
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vi) Legislación de los Estados Unidos. En general, no existe una legislación única sobre OVM en los Estados Unidos, considerando su forma de legislatura y las diferentes Agencias del Gobierno que deben supervigilar, dentro de sus diversas competencias, los productos transgénicos. Mediante el Marco Coordinado sobre Regulación de la Biotecnología (Coordinated Framework for the Regulation of Biotechnology), de 26 de junio de 1986, se establecieron las líneas generales y estándares mínimos a las Agencias estatales involucradas –Food and Drug Agency (FDA), quien es responsable de los productos médicos elaborados o intervenidos biotecnológicamente; US Department of Agriculture (USDA), responsable por las plantas transgénicas y Environmental Protection Agency (EPA), responsable por los pesticidas en plantas y aquéllos elaborados por ingeniería microbiótica. En conformidad con dicho Marco se dispuso que no eran necesarias nuevas regulaciones sobre la materia, ya que las leyes de la época proveían un marco regulatorio adecuado. Sin embargo, debe hacerse presente que Marco Coordinado se refiere en ciertos puntos a la publicidad de la información en materia de biotecnología. En lo que respecta a la EPA, existe un párrafo denominado “Confidential Business Information”, que prescribe lo siguiente: “Tanto la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Raticidas (FIFRA) como la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) generalmente prohíben a la Agencia (EPA) revelar determinada información de negocios confidencial. Estas prohibiciones se aplican a la información sobre productos biotecnológicos y la Agencia debe cumplir con su obligación de proteger aquella información que se ha entregado en forma confidencial por los solicitantes u otras personas que hayan entregado datos. No obstante, la Agencia reconoce que existe un fuerte interés público en muchos aspectos de la biotecnología, particularmente en la posibilidad de los efectos adversos que resulten de la liberación de un organismo genéticamente generado. Por consiguiente, es la política de la Agencia llevar a cabo, en cuanto sea posible, sus revisiones en forma abierta, de modo de otorgar oportunidad a la participación pública y crear confianza del público en los procesos de revisión. Se fomenta a la Agencia a lo que la industria y otros terceros autoricen, la revelación de información relevante y pide que futuros solicitantes minimicen las alegaciones de confidencialidad en cuanto sea posible, con el fin de que se realice un proceso de revisión abierto” (lo destacado es nuestro). Sobre el mismo tema, el Marco Coordinado, prescribe respecto del USDA lo siguiente: “La Ley de Acceso a la Información (FOIA) dispone que las Agencias Federales deben tener a disposición del público todos los registros que no estén exceptuados. Dentro de las excepciones se encuentran los secretos comerciales o empresariales y la información financiera. En septiembre de 1985, el USDA a través del Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) elaboró una declaración sobre la protección de la información confidencial o privilegiada. En ella se establecen los requisitos para el control y protección de los documentos recibidos por el APHIS que contienen información comercial privilegiada o confidencial sobre biotecnología y programas biológicos veterinarios. Los procedimientos fueron establecidos en conformidad con la FOIA tanto para la protección como para la revelación de la información” (lo destacado es nuestro).</p>
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vii) Tuczek y Fredes contra el Estado de Chile: Se debe hacer presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra conociendo de un caso de derecho de acceso a la información interpuesto por Miguel Fredes precisamente derivado de la denegación de la información —por parte del SAG— relativa a qué clases de cultivos transgénicos existían en el país, la superficie cultivada de éstos y su ubicación. El 19 de marzo de 2009 fue emitido el informe de admisibilidad por parte de la Corte, encontrándose, preliminarmente, que existen violaciones al derecho de libertad de expresión y a sus garantías judiciales de los comparecientes por parte de Chile. Debe consignarse que este caso no ha sido fallado en definitiva, por lo que aún la Corte no manifiesta su opinión sobre este tema.</p>
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e) Carácter confidencial de la información requerida en virtud de la Resolución Exenta N° 1.523/2001 del SAG: La norma citada, en su artículo 14, dispone que la información que se entrega por las personas que soliciten la internación a Chile de los OVM será confidencial. Lo mismo se indica en la página web del SAG, a propósito del procedimiento de importación de OVM (http://www.sag.cl/OpenDocs/asp/pagVerRegistro.asp?boton=Doc51&argInstanciaId=51&argCarpetaId=341&argTreeNodosAbiertos=(341)(-51)&argTreeNodoActual=341&argTreeNodoSel=341&argRegistroId=3799). Al respecto, se puede señalar lo siguiente:</p>
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i) El Dictamen N° 48.302/2007 de la Contraloría General de la República, al pronunciarse sobre la reconsideración de ciertos decretos sin tramitar del Ministerio de Defensa Nacional, estableció que con anterioridad a la Ley Nº 20.050 que reformó la Carta Fundamental, la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575 admitía en su artículo 13, inciso 11, el establecimiento de secreto o reserva de información a través de disposiciones reglamentarias. Con posterioridad a la reforma constitucional (26 de agosto de 2005) y en virtud del principio de primacía constitucional, establecido en el artículo 6° de la Carta Fundamental, la declaración de secreto o reserva de la información quedó radicada solamente en el legislador, específicamente en la ley de quórum calificado, con exclusión de cualquier otro órgano con potestades normativas, debiéndose entender, por lo tanto, que desde el 26 de agosto de 2005, han quedado derogadas todas las normas legales que delegaban a un reglamento la calificación de secreto o reserva. La Contraloría entendió que todos los reglamentos dictados con anterioridad a la fecha señalada, que dichas normas han sido derogados por el artículo 8° de la Constitución. Lo anterior alcanza, según el Ente Contralor, a todas las normas legales o reglamentarias que se encuentren en la situación descrita, sin que sea pertinente examinar si tales preceptos se encuadran en alguna de las causales del artículo 8° que permiten disponer el secreto o reserva de la información.</p>
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ii) Aunque la Resolución Exenta N° 1.523 no utiliza la voz de secreto o reserva, sino confidencialidad, estas expresiones pueden considerares como sinónimas. Aplicando el dictamen anterior se desprende que éste acto administrativo fue derogado tácitamente por el artículo 8° de la Constitución.</p>
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iii) A mayor abundamiento, de acuerdo al artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia sólo los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº 20.050, que establecen casos de secreto o reserva por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política, pude entenderse que cumplen con la exigencia de quórum calificado requerida por dicha disposición. De ninguna manera pueden beneficiarse de ella norma de rango infralegal.</p>
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f) Irretroactividad de la Ley de Transparencia. Confidencialidad como derecho adquirido.</p>
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i) No corresponde hablar de irretroactividad de la Ley de Transparencia, pues una norma de derecho público rige in actum.</p>
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ii) Al haber entrado en vigencia la Ley de Transparencia la causa de pedir en este tipo de solicitudes —esto es, el fundamento inmediato del derecho que pretenden los terceros— ha cambiado. Por lo tanto, no puede decirse que exista un derecho adquirido a la confidencialidad, el que de aceptarse petrificaría el ordenamiento jurídico en este punto.</p>
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iii) En relación con lo anterior, se ha acompañado al procedimiento el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 1295-2002, que confirma la confidencialidad y reserva de los antecedentes, informes o datos que los privados entreguen al SAG en el marco de la Resolución Exenta N°1.523/2001. Sin embargo, debe manifestarse que dicho fallo fue dictado en un marco constitucional y legal diferente al actual, por lo que no se puede considerar como jurisprudencia para estos efectos.</p>
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iv) En conclusión, este Consejo estima que no puede aplicarse la teoría de los “derechos adquiridos” a la reserva de información, pues de aceptarse el art. 8º de la Constitución y la Ley de Transparencia tendrían una aplicación muy limitada.</p>
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g) Incumplimiento contractual producto de la revelación de la información requerida: Algunos terceros, como ANASAC, han afirmado que mantienen contratos con clientes extranjeros, propietarios materiales e intelectuales de las semillas biotecnológicas que manipula. En dichos contratos, agregan, existen cláusulas de confidencialidad respecto de la identidad de los eventos transgénicos, agentes de mercado y competidores. La entrega de la información requerida pondría a la empresa en una situación de incumplimiento contractual, lo que le causaría graves daños. Sin embargo, lo requerido por la reclamante no se condice con lo alegado por los terceros en este sentido, pues el contenido de la información que califican como confidencial en virtud de los contratos que han firmado con sus clientes extranjeros no está siendo requerido, no apreciándose cómo la divulgación de la información solicitada podría afectarlos en el sentido indicado. Por todo ello se desechará este argumento.</p>
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h) Conclusión sobre el carácter público de la información requerida: En virtud de los argumentos analizados en los literales anteriores este Consejo estima que, encontrándose la información requerida en poder del SAG, en conformidad con el artículo 5°, inciso 2°, de la Ley de Transparencia, reviste carácter público, en principio, por lo que le es aplicable la Ley de Transparencia, correspondiendo, entonces, analizar si a su respecto se configuran una o más de las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley.</p>
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17) Carácter reservado de la información en virtud de las causales de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia: Habiéndose establecido en el considerando anterior, que la información requerida reviste, en principio, el carácter de información pública, se pasará a analizar si se configuran o no una o más causales de secreto o reserva que los terceros han argumentado en forma subsidiaria en este proceso. Las causales invocadas en el amparo en estudio son:</p>
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a) Causal del artículo 21 N° 1: Si bien no todos los terceros han argumentado esta causal y, teniendo en cuenta que sólo el órgano requerido es el legitimado activo para poder alegarla —ya que el precepto se refiere a cómo la divulgación de la información requerida podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones—, se ha afirmado que si se comunicara o entregara la información que particulares proporcionen a un órgano de la Administración Pública bajo reserva o confidencialidad, se perdería la confianza de los administrados en dichos órganos, pudiendo, entonces, negarse los particulares a entregar la información, situación que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano respectivo, en este caso el SAG. La invocación de esta causal de secreto o reserva, sin embargo, debe rechazarse pues sólo puede alegar las hipótesis del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia el órgano requerido y no otra persona o entidad. De igual manera, el riesgo al que se refieren los terceros en cuanto a la pérdida de confianza que experimentarían por esta causa los administrados en los órganos públicos constituye una afirmación que también debe desecharse, pues si bien puede haber existido una normativa que estableció el resguardo de la información bajo confidencialidad o secreto o reserva, los administrados deben acatar también lo que dispone la Constitución y la ley, en este caso, la Ley de Transparencia. En otras palabras, no es antojadizo el cumplimiento de las normas por parte de los administrados y no puede aseverarse que se retraerán de su cumplimiento por el hecho de que esta Institución, en virtud de su competencia pueda resolver que la información requerida deba ser entregada. A mayor abundamiento, en la especie la información requerida que se intenta resguardar debe ser proporcionada por los particulares al SAG para que éste pueda cumplir con sus funciones fiscalizadoras. No se trata de una información entrega en forma voluntaria al órgano, como colaboración en el ejercicio de su función pública, sino de información necesaria para su fiscalización, regulada por la normativa correspondiente. Se debe hacer esta distinción pues este Consejo, en las decisiones recaídas en los amparos C567-09, de 26 de febrero de 2010 y en el C625-09, de 25 de mayo de 2010, ambos interpuestos en contra de la Fiscalía Nacional Económica, acordó mantener en reserva la información proporcionada a este organismo por particulares en el marco de una investigación desarrollada por dicha Fiscalía por tratarse de información de carácter indubitadamente comercial y estratégico, que además fue entregada en forma colaborativa y voluntaria. Lo anteriormente descrito no ocurre en la especie, pues los particulares están compelidos por la normativa vigente en la materia a entregar la información requerida para poder realizar la actividad cuya autorización solicitan al SAG quien. además, mantiene una potestad fiscalizadora sobre ellos.</p>
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b) Causal del artículo 21 N° 2: Esta es la causal esencial y la piedra angular de los argumentos de los terceros. Haciendo valer su derecho de oposición, en conformidad con el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y habiendo comparecido ante este Consejo, los terceros han afirmado que con la divulgación de la información requerida se afectarían los siguientes derechos:</p>
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i) Afectación del derecho de propiedad en todas sus especies: Señalan los terceros que se afectaría el derecho a la propiedad de la información, debido a que éstos son titulares de ella. También se ha aseverado que el derecho de propiedad de los terceros se vería perjudicado en cuanto al dominio de los cultivos de OVM, ya que señalan que la confidencialidad de la ubicación exacta de éstos es la única garantía que permitiría a los terceros evitar daños o espionaje. Respecto de esta alegación ésta se desarrollará en forma más extensa en el numeral siguiente. En cuanto a la propiedad sobre los secretos industriales, los terceros han argumentado que la entrega de la información relativa a los procesos tecnológicos referidos al cultivo de los OVM es, por su naturaleza, un secreto industrial y, por ello, han adoptado medidas para evitar su divulgación, pues tienen un gran valor y les otorga una ventaja competitiva en el mercado. Agregan que el sólo hecho de seleccionar una ubicación para los cultivos de OVM constituye un secreto industrial puesto que la locación es fruto de un detallado análisis, lo que supone una gran inversión. Por el momento, no nos ocuparemos de la información sobre la ubicación exacta de los cultivos de OVM, sino sólo de la información sobre los procesos tecnológicos a los que se hace mención. En opinión de este Consejo, se desestimará esta alegación, pues la reclamante no ha solicitado el acceso a dicha información, de modo que no cabe pronunciarse a su respecto.</p>
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ii) Afectación a la seguridad y salud de las personas: Los terceros en este punto se han explayado en forma vasta sobre los potenciales daños o perjuicios que puede provocarles la divulgación de la información requerida, en particular, la relativa a la ubicación exacta de los predios de cultivos y árboles transgénicos. En este punto, han acompañado un legajo considerable de antecedentes en los que se hace referencia a actos vandálicos en contra de las empresas que manipulan OVM por parte de ciertos grupos radicales contrarios a los productos transgénicos en el extranjero. Sólo a modo de ejemplo, Monsanto, ha informado del movimiento “Vía Campesina” que se autodefine como un movimiento internacional de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, indígenas, gente sin tierras, jóvenes rurales y trabajadores agrícolas. Vía Campesina es una organización que agrupa múltiples asociaciones a lo largo del mundo, reconociendo como miembros dentro de Chile a la Confederación Ranquil y a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (en adelante ANAMURI), uno de los grupos que patrocinó el amparo de similares características al que se analiza (Rol A59-09). En una de las declaraciones de dicha organización, señala Monsanto, se adhiere y reconoce como recurso necesario el uso de la fuerza y se justifica atentar contra la propiedad privada para el logro de sus objetivos. Para demostrar lo anterior, incluye un vínculo a la página web de ANAMURI, en que se declara la solidaridad con las mujeres de la organización Vía Campesina en Brasil, quienes ocuparon una hacienda de una papelera multinacional (Stora Enso) en forma de protesta A este respecto, sobre el riesgo que indican los terceros de ser objeto de actos vandálicos si se conoce la ubicación exacta de los cultivos y árboles transgénicos, requiere de una mayor reflexión:</p>
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1. Los terceros han inferido la posibilidad de la comisión de actos vandálicos o ilícitos en su contra, en base a hechos ocurridos en el extranjero, como lo señalan en una nota de los antecedentes de hecho que han acompañado a sus descargos, que dice: “los actos de protesta NO PACÍFICA y el vandalismo del cual aquí se muestran algunos ejemplos, y que, dado el comportamiento histórico de ciertos grupos organizados, sería perfectamente posible esperar el mismo tipo de comportamientos en nuestro país, lo que afecta la seguridad de las personas (Art 21 – N° 2) y produce alteraciones de orden público (Artículo 21 – N° 3)”.</p>
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2. En este punto y luego de analizar los antecedentes acompañados, este Consejo debe señalar que ha constatado de fuentes independientes a las adjuntadas en sus descargos por los terceros en el procedimiento, la ocurrencia de dichos actos de ocupación o de destrucción, tanto de campos o estaciones experimentales donde se cultivan o manipulan productos transgénicos.</p>
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3. Dichos actos han ocurrido en forma frecuente en Europa, donde existen movimientos organizados tanto de activistas como de ciudadanos contrarios a la manipulación y comercialización de productos transgénicos. Dichos grupos abogan por alimentos libre de modificaciones genéticas, ya que a la fecha sus beneficios así como sus peligros, no han sido comprobados fehacientemente por la comunidad científica.</p>
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4. Sin embargo, en nuestra opinión, la preocupación de los terceros que se han negado a la entrega de la información por estos argumentos, se refiere a un riesgo más bien remoto en Chile. Lo anterior, se desprende de múltiples factores.</p>
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5. En primer lugar, a la fecha y según lo que se ha podido constatar, no se ha reportado un solo caso de ataques, destrucciones, amenazas o lesiones de ningún tipo en Chile en contra de cultivos de semillas transgénicas, ni de laboratorios o centros experimentales que manipulan material transgénico. Los terceros tampoco han proveído ningún antecedente a este respecto.</p>
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6. Lo anterior es relevante, ya que pese a que los terceros señalan que la ubicación exacta de los cultivos y árboles transgénicos podría conllevar a la comisión de ilícitos en su contra dicha aseveración se contradice con la realidad. Ello, pues existen centros conocidos, tanto privados como públicos, que manipulan material transgénico (como el INIA, el INFOR o los laboratorios universitarios) y que no han sido objetos de los actos ilícitos a los que los terceros temen si se revelare la ubicación exacta de los lugares en donde se encuentran los cultivos y árboles transgénicos.</p>
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7. A mayor abundamiento, se debe hacer presente que el INIA, la Fundación Ciencia para la Vida, la Fundación Chile y la Pontificia Universidad de Católica de Chile han accedido a la entrega de la información requerida, en el caso, y hasta la fecha no ha sido reportado un solo ataque o acto ilícito en su contra.</p>
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8. Además, debe reprocharse la presunción que hacen los terceros respecto de uno de los patrocinantes del amparo Rol N° A59-09 (ANAMURI), que han declarado solidaridad con otros grupos que en el extranjero han cometido hechos ilícitos. Éstos no se han cometido en Chile y no puede fundamentarse la preocupación de los terceros en una declaración de principios que no se ha materializado.</p>
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9. Debe hacerse presente que el principio de proporcionalidad reconocido por este Consejo en decisiones como las recaídas en los amparos Rol A11-09, de 4 de septiembre de 2009 y Rol A45-09, de 28 de julio de 2009, puede aplicarse en este caso. El considerando 10° de la decisión A45-09 dispone que: “(…)Establecido que estamos en presencia de un derecho de rango constitucional la reserva o secreto pasa a limitarlo o restringirlo, por lo que debe respetar el principio de proporcionalidad que supone analizar, conforme señala la doctrina: a) si la medida es eficaz, b) si no existe un medio más moderado para la consecución eficaz del propósito buscado (en este caso, cautelar el secreto) y, por último, c) si de la medida a adoptar (en este caso, el secreto absoluto) derivan más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (…)”( lo destacado es nuestro). En la especie, se está solicitando una medida precautoria y preventiva por los terceros, ante hechos que no han ocurrido. Si bien lo que se está solicitando puede ser efectivo aplicando el principio de proporcionalidad puede concluirse que existen medios más moderados para lograr el propósito buscado como, por ejemplo, las acciones coactivas de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Por otro lado, la medida que se quiere adoptar, esto es, mantener en reserva la ubicación de los lugares de cultivos transgénicos, no suministrará beneficios o ventajas al interés general proporcionados a su costo. Por el contrario, en opinión de este Consejo la publicidad de dicha información –dentro de un tema tan relevante como el medioambiental– proveerá mayores beneficios a la sociedad.</p>
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10. Por último, debe señalarse que se ha constatado que en Europa, Estados Unidos y Canadá, a pesar de los ataques vandálicos que se han cometido en contra de las empresas y laboratorios que manipulan productos transgénicos esta actividad, que es lícita, no se ha detenido. Al contrario, la biotecnología aplicada a los alimentos es una industria que ha aumentado y sólo cabe concluir que seguirá en aumento, como se desprende de los mismos antecedentes proporcionados por los terceros así como de otros que han sido recopilado por este Consejo. En Chile ocurre algo similar, lo que debería despejar los eventuales temores o preocupaciones de los terceros, pues, como se ha podido constatar, las hectáreas de cultivos de semillas transgénicas han aumentado a lo largo de los años. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en nuestro país no se han llegado a comercializar productos transgénicos, pues esta actividad se ha limitado a la exportación de semillas genéticamente modificadas.</p>
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iii) Afectación de la vida privada: Los terceros afirman que la entrega de la información requerida es parte de su vida privada con lo que podría afectarse ésta, pese a que se encuentra garantizada por el artículo 19 N° 4 de la Constitución. En este punto se puede señalar que, efectivamente, la vida privada de una persona se encuentra protegida por la Constitución que garantiza el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, reconociéndose incluso la honra de una persona jurídica. Sin embargo debe desecharse esta alegación ya que no se apreciar cómo se podría vulnerar la honra o intimidad de los terceros con la divulgación de la información requerida.</p>
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iv) Afectación del derecho de inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada: Los terceros han indicado que eventuales ataques a sus cultivos e instalaciones, como consecuencia de dar a conocer la información requerida, contravendrían la garantía de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Agregan respecto a este último derecho fundamental, que el artículo 16 de la Resolución N° 1.523/2001 del SAG dispone que la solicitud de ingreso al país de OVM, se debe presentar en español acompañando la documentación completa en sobre sellado, entre otros requisitos formales. Si se ordenare la publicidad de la información, se contravendría la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones, premisa bajo la cual fue entregada la información al SAG. A este respecto, volvemos a reiterar los argumentos ya expuestos sobre la vigencia y constitucionalidad de la Resolución Exenta N° 1.523/2001 en cuanto a su confidencialidad. A mayor abundamiento, no se puede apreciar cómo la entrega de la información requerida pudiera contravenir la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, garantizada por la Carta Fundamental en su artículo 19 N° 5, ya que en todas las relaciones entre los privados y en los entes públicos existe correspondencia que los primeros envían a los segundos y viceversa, con diversos fines, que no necesariamente corresponden a una forma de comunicación privada que deba mantenerse en reserva.</p>
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v) Afectación del derecho a desarrollar cualquier actividad económica: Los terceros en este procedimiento han argumentado que la entrega de la información requerida podría entorpecer el ejercicio de su derecho constitucional a desarrollar un actividad económica lícita (consagrado en el artículo 19 N° 21 CPR) ya que, a partir de la Resolución Exenta N° 1.523/2001, se ha organizado la actividad de los terceros referida al cultivo de los OVM, debido a que la confidencialidad que dispone dicha norma les ha asegurado la reserva de información técnica y del lugar de cultivo. Este Consejo, además de reiterar los argumentos ya vertidos previamente en esta decisión sobre la confidencialidad establecida por la Resolución Exenta N° 1.523/2001, no aprecia el riesgo o posible perjuicio al desarrollo de la actividad económica a la que se dedican las empresas que se han opuesto a la entrega de la información requerida. En primer lugar, no se discute que la actividad que realizan es lícita, por lo tanto, salvo que fuere contraria a la moral, al orden público y a las buenas costumbres, no existirían riesgos de daños a su derecho de desarrollar una actividad económica, ni que éste se pueda ver conculcado por la eventual entrega de la información requerida. Especialmente se debe tener en cuenta, como ya se ha acotado, que lo que se ha solicitado en el caso es la ubicación exacta de cultivo y acopio de semilla transgénica de exportación como también para la experimentación científica en vegetales transgénicos. De la divulgación de dicha información, no se aprecia cómo se podría perturbar o amenazar el ejercicio del derecho constitucional de los terceros a desarrollar una actividad económica lícita. Reiteramos aquí que, a pesar de los ataques vandálicos, de los que no hay duda que se han cometido en contra de las empresas y laboratorios que manipulan productos transgénicos en el extranjero, dicha actividad no se ha detenido y, al contrario, ha aumentado significativamente, a nivel internacional y nacional.</p>
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vi) Afectación de los derechos comerciales y económicos: Los terceros que han comparecido ante este Consejo, han aseverado que de acceder a la petición de la reclamante se le estaría entregando un “buen estudio de mercado” que podría mejorar la posición de sus competidores y perjudicar la de ellos. Al respecto, y analizada la información requerida, no se aprecia cómo la información sobre el lugar o ubicación exacta de los cultivos y árboles transgénicos podría ser afectarles desde el punto de vista comercial o económico. Los terceros han hecho presente que los lugares donde se efectúan las plantaciones y cultivos responderían a un trabajo de años de las empresas para establecer la locación en que, en determinadas especies, variedades o líneas, tendrían un mejor comportamiento agronómico. En este punto, lo que se podría ver mellado en cuanto a los derechos económicos o comerciales sería la pérdida de competitividad en el mercado agrícola. Pero esta eventual pérdida de competitividad no se encuentra debidamente fundamentada, pues no se aprecia cómo se podría perder la competitividad, frente a los agricultores orgánicos, por ejemplo, teniendo en cuenta que en Chile la política de los gobiernos ha sido cautelosa, permitiéndose sólo el cultivo y acopio de semillas transgénicas para la exportación, mercado mucho más reducido que el orgánico. Se reitera lo señalado anteriormente, en cuanto a que la industria transgénica ha aumentado con fuerza en los últimos años, a nivel mundial, a pesar de los ataques vandálicos y la controversia pública que ha causado la manipulación genética en seres vivos. Por todo ello este Consejo estima que la causal invocada no se encuentra debidamente fundamentada como para darse por configurada.</p>
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c) Causal del artículo 21 N° 3: Se ha afirmado que se podría afectar la mantención del orden o seguridad públicos si es entregada la información requerida. Para fundamentar esta causal, se ha recurrido al argumento sobre los potenciales actos vandálicos que pueden sufrir los terceros y especialmente los lugares de cultivo de transgénicos, así como los laboratorios o estaciones experimentales. A este respecto nos remitimos a lo ya indicado a propósito de la alegación de la afectación de la seguridad y salud de las personas. Sin embargo, no está suficientemente argumentada o fundamentada esta causal, pues no puede apreciarse que eventuales ataques a los cultivos y lugares de acopio de semillas transgénicas afectasen la seguridad de la Nación, aún si estos ataques eventualmente ocurrieran, ya que la causal invocada requiere que el riesgo de daño sea cierto y a nivel nacional, no sólo que pueda afectar a un número determinado de personas. En este punto, se debe recordar el principio de proporcionalidad al que ya se ha hecho referencia. Además, no se puede apreciar cómo el conocimiento de la información requerida podría causar un conflicto de tal naturaleza que alterase el orden público y la seguridad de la Nación, especialmente si se considera que existen el país varias locaciones en donde se manipulan transgénicos que son de público conocimiento. Por lo tanto, también se desechará esta causal.</p>
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d) Causal del artículo 21 N° 4: Se ha alegado, también, que la entrega de la información requerida podría afectar el interés nacional, en especial, los intereses económicos o comerciales del país. Señalan que la industria semillera nacional importa un monto considerable, que significa una importante inversión extranjera. La entrega de la información, indican, se podría traducir en una pérdida de confianza en el país, especialmente en el sector agrícola y, consecuentemente, en la disminución de la inversión extranjera en dicho sector. En una nota al pie de un artículo acompañado por los terceros a sus descargos, en cuanto a que una Corte de la Unión Europea obligó a Francia a pagar una multa de 10 millones de euros por no aplicar las normas comunitarias que permiten el cultivo de semillas transgénicas, se puede leer lo siguiente: “NOTA: ejemplo de cómo podría afectar los intereses económicos o comerciales del país (Artículo 21 – N° 4) a través de posibles demandas al estado con costo al erario nacional”. Este Consejo es de la opinión de que no se aprecia claramente cómo el conocimiento de la información requerida, pueda provocar un perjuicio al interés nacional, en especial en cuanto a los intereses económicos o comerciales del país. Como ya lo hemos reiterado en varias oportunidades, la industria transgénica ha aumentado en forma significativa en nuestro país, ya que existe una política del gobierno que, aunque cautelosa, respeta y fomenta la experimentación de material genético, por lo tanto, es contradictorio pensar en dicho escenario que la industria semillera pueda colapsar con la entrega de la información requerida. A mayor abundamiento, se debe recordar el principio de proporcionalidad al que ya se ha hecho referencia en esta decisión.</p>
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e) Causal del artículo 21 N° 5: Algunos terceros, en especial, Monsanto Chile S.A., han invocado esta causal respecto de la información requerida. Han señalado que el artículo 61, letra h), del Estatuto Administrativo, impone a los funcionarios públicos la obligación de guardar secreto en los asuntos que revisten el carácter de reservados en virtud de la Ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales. Asimismo, citan el artículo 29 de la Ley N° 17.374, de 1970, que crea el Instituto Nacional de Estadísticas, que dispone que tanto el INE como sus funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. Concluyen, que las normas mencionadas establecen una obligación legal a los servicios públicos de mantener en reserva aquella información que por su naturaleza o por orden escrita de la autoridad competente, tenga el carácter de reservada. En el caso, agregan, la información requerida, es por su naturaleza reservada, ya que se encuentra cubierta dentro de la noción de secreto industrial, protegida constitucionalmente. Además, la información es confidencial, en virtud de la Resolución Exenta N° 1.523/2001, mediante la cual el SAG le ha entregado dicho carácter. A este respecto, se puede indicar que la fundamentación de la causal no se condice con lo que ésta exige en la Ley de Transparencia, ya que sólo se limita a citar las normas sin relacionarlas con los requisitos del artículo 21 N° 5. En cuanto a las disposiciones legales citadas, debe hacerse presente lo ya señalado respecto de la vigencia de la Resolución Exenta N° 1.523/2001 y lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 48.302/2007 y que, a la fecha, no es posible aceptar que otra norma que no sea una ley de quórum calificado declare el secreto o reserva de determinada información. Se desestimará la invocación de esta causal, debido a que los fundamentos invocados para que se configure no se condicen con los requisitos que exige el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. A mayor abundamiento, en la decisión de este Consejo recaída en el amparo A11-09, de 4 de septiembre de 2009, se declaró tácitamente derogado el artículo 61, letra h), del Estatuto Administrativo.</p>
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18) Que, en consecuencia, y en lo referido a la ubicación exacta de los cultivos y árboles transgénicos, este Consejo declara que dicha información es pública y que, habiéndose rechazado todas las causales de secreto o reserva legales invocadas en el procedimiento, se procederá a acoger el amparo en esta parte. A mayor abundamiento debe señalarse que el conocimiento de la información requerida permite el control social del procedimiento que utiliza el SAG para la internación y liberación en nuestro país de los OVM, así como para su fiscalización posterior, existiendo un alto beneficio al revelar dicha información, permitiendo el debate público sobre los transgénicos en Chile con una mayor participación social.</p>
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19) Que Monsanto ha alegado, además de los argumentos que se han analizado en los considerandos anteriores, que la reclamante al interponer el presente amparo a su derecho de acceso a la información ante este Consejo y, en su calidad de Coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, se encuentra patrocinando dicho Centro la demanda en contra del Estado de Chile interpuesta por Miguel Fredes y Ana Tuczek ante la CIDH, estaría contraviniendo el principio de buena fe. Al respecto, esta alegación se rechazará pues la reclamante ha concurrido personalmente ante este Consejo y no en calidad de Coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa de Estudios mencionada. Además, considerando que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental no puede concluirse que la reclamante esté actuando de mala fe en esta sede ya que los requisitos que la Corte Suprema ha indicado en el fallo citado por Monsanto no pueden aplicarse si lo que se está amparando es un derecho constitucional. A mayor abundamiento, debe manifestarse que la demanda que se encuentra conociendo la CIDH fue presentada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y de la existencia de este Consejo.</p>
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20) Que en lo relacionado con la alegación de Bayer S.A. relativa a que la información requerida se encuentra protegida por el secreto empresarial contemplado en la Ley de Propiedad Industrial, se debe hacer presente que el artículo 86 de ésta define el secreto empresarial como todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. En virtud de ello debe analizarse si la información requerida por la reclamante cabe o no en esta definición. A este respecto, sólo podría ser tal la ubicación de los cultivos y árboles transgénicos. Sin embargo, los terceros no han justificado en este procedimiento si el conocimiento de dicha ubicación les proporciona una mejora, avance o ventaja competitiva. En virtud de lo anterior, este Consejo debe concluir que la información aludida no constituye secreto empresarial, ya que como se ha advertido previamente mantener secreta la ubicación de los cultivos y árboles transgénicos no representa una ventaja competitiva para los terceros en este caso. Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de lo indicado sobre los informes del CALT en el considerando 9° de esta decisión.</p>
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21) Por último, y por lo expresado precedentemente, este Consejo requerirá que el Servicio Agrícola y Ganadero adecúe la Resolución Exenta N° 1.523, de 2001, a la normativa sobre acceso a la información pública establecida en la Ley de Transparencia y su Reglamento, en virtud de la facultad que le otorga dicha Ley a esta Institución en su artículo 33, letra e).</p>
<h3>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y D) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Mayra Feddersen Martínez en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, por las consideraciones indicadas en esta decisión.</p>
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II. Requerir al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero que:</p>
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1) Entregue la información individualizada en el considerando 5° de esta decisión a doña Mayra Feddersen Martínez, salvo en lo que se refiere a los informes de expertos consultados por el CALT, según se señaló en el considerando 9°, dentro 15 días hábiles contados desde que la presente decisión se encuentre firme y ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder según lo dispone el artículo 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Dicte un acto administrativo adecuando su Resolución Exenta N° 1.523, de 2001, a la normativa sobre acceso a la información pública establecida en la Ley de Transparencia y su Reglamento, dentro del plazo indicado en el numeral anterior y bajo el apercibimiento de proceder según lo establece el artículo 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Mayra Feddersen Martínez, al Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero y a los terceros que han comparecido ante este Consejo en el presente amparo.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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