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DECISIÓN AMPARO ROL C2823-16.</p>
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Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas.</p>
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Requirente: Rodrigo Trucco Fuenzalida.</p>
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Ingreso Consejo: 22.08.2016.</p>
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En sesión ordinaria N° 748 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de octubre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C2823-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de julio de 2016, don Rodrigo Trucco Fuenzalida solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, en adelante e indistintamente, Aduanas o el SNA, la siguiente información: "el nombre de la sociedad importadora de baterías ‘Lead Acid-Batteries’ o ‘Baterías de Ácido-Plomo’ que detenta el 19% de las importaciones dentro de los meses de Enero a Mayo del año 2016 y que en total desde el año 2010 hasta lo que va del año 2016 a ingresado 1.798.369,27 kilogramos de baterías, que en la tabla adjunta a esta solicitud es individualizado con el nombre ‘X’ RUT 0-".</p>
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2) RESPUESTA: El 29 de julio de 2016, mediante resolución exenta N° 4494, el Servicio otorgó respuesta a la solicitud de acceso, señalando en síntesis, que "el importador a que alude el solicitante en su requerimiento (...), es de aquellos importadores que han manifestado al Servicio Nacional de Aduanas su voluntad en orden a mantener en reserva dicha información con anterioridad a la presente solicitud, lo cual hace improcedente su entrega, conforme con lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la ley N° 20.285", denegando la entrega de la información solicitada.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 22 de agosto de 2016, don Rodrigo Trucco Fuenzalida dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "justificar la no entrega de la información en dicha disposición no es suficiente e improcedente ya que no se cumple con el requisito para mantener en reserva dicha información (...) lo que se solicita es tan sólo que se informe el nombre de la sociedad importadora y no información adicional respecto a los usos que se le otorguen a dichos productos o información ‘sensible’ que se pudiera entender compromete los derechos".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° 8.551, de fecha 29 de agosto de 2016, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 27 de septiembre de 2016, se concedió al SNA un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos.</p>
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Mediante escrito de descargos, ingresado ante este Consejo por correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2016, el órgano presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que "los importadores y exportadores que figuran con Nombre ‘0’ y con RUT ‘X’ en las estadísticas que el Servicio de Aduanas genera, corresponden a operadores que han solicitado previamente la reserva de sus datos", mencionando la decisión de este Consejo rol A114-09, y agregando que "de acuerdo a la motivación 20° del mismo fallo, el Servicio debe abstenerse de utilizar el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto -en dichos casos- se entiende que existe oposición del tercero".</p>
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Acto seguido, indica que "habiendo solicitado los importadores -expresa y previamente- la confidencialidad de sus nombres y RUT, datos que asociados o vinculados con los demás campos de sus importaciones, constituyen un bien económico estratégico, se configura la causal de reserva o secreto contemplada en el numeral 2° del artículo 21 de la Ley de Transparencia".</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por parte del Servicio Nacional de Aduanas, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a nombre de la sociedad importadora de baterías "Lead Acid-Batteries" o "Baterías de Ácido-Plomo". Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información solicitada fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, este Consejo ha establecido los requisitos que deben concurrir para estimar reservada la información asociada a la actividad de importación y exportación, en el sentido de considerar que ésta contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, para lo cual, debe: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ésta; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). Luego, en conformidad a la normativa internacional de la que Chile es parte y de la legislación nacional que adecuó nuestro sistema jurídico a sus disposiciones, debemos analizar si la información que está siendo solicitada tiene la calidad de información no divulgada en razón del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.</p>
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3) Que, sobre la base de lo expuesto, este Consejo entiende que los datos requeridos constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.</p>
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4) Que, asimismo, cabe señalar que el precedente análisis e interpretación de la legislación nacional en correspondencia con los tratados internacionales de los que Chile es parte, manifiesta la particular preocupación de este Consejo por dar aplicación a las normas internacionales y a las de adecuación de aquéllas, con la finalidad de evitar la afectación del interés nacional, en particular, de las relaciones internacionales y de los intereses económicos o comerciales del país, según lo dispone el artículo 21 N° 4 y lo exige el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, en la medida que esos acuerdos internacionales contemplan obligaciones de confidencialidad a las que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento al adecuar su legislación, en especial cuando se trata de materias que afectan derechos comerciales o económicos de los sujetos protegidos por éstas.</p>
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5) Que, al efecto, este Consejo estima que en el presente caso, resulta aplicable lo resuelto, en los amparos A114-09 y C654-16, entre otros, en el sentido que publicitar este tipo de información, asociada a la razón social y RUT de las personas que realizan destinaciones aduaneras, develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad económica, tales como el mercado específico en que se desenvuelven internacionalmente, las importaciones de mercancías que realizan en un rubro determinado y los valores en los cuales las adquieren, todo lo cual constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce sobre ellos derechos de carácter comercial o económico, y una eventual divulgación podría afectar su capacidad competitiva, configurándose así, los requisitos señalados en el considerando 2° de la presente decisión.</p>
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6) Que, por tanto, atendida la forma en la cual ha sido requerida la información, esto es, el nombre de la empresa que realizó las importaciones aludidas, respecto de la cual existen titulares de derechos de carácter comercial o económico que pueden resultar afectados con su divulgación, en virtud de la facultad conferida a este Consejo por el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, y a lo razonado sostenidamente por esta Corporación, en otros amparos con requerimientos similares, se tendrá por configurada la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de dicha ley, razón por la cual, se rechazará el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por don Rodrigo Trucco Fuenzalida, en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por concurrir respecto de la información solicitada la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de lo fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rodrigo Trucco Fuenzalida y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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