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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C34-11</strong></p>
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Entidad pública: Municipalidad de Iquique</p>
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Requirente: Anita Vallette Chacón</p>
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Ingreso Consejo: 18.01.2011</p>
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En sesión ordinaria N° 226 de su Consejo Directivo, celebrada el 4 de marzo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C34-11.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de diciembre de 2010 doña Anita Paola Vallette Chacón requirió a la Alcaldesa de la Municipalidad de Iquique que le proporcionara la siguiente información:</p>
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a) Copias autorizadas de las tarjetas de control de asistencia de los últimos cuatro años de todos los funcionarios del Primer Juzgado de Policía Local de Iquique.</p>
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b) Copias de las tarjetas de control de asistencia de los últimos cuatro años de la Sra. Secretaria Municipal Titular de la Municipalidad de Iquique, doña María Angélica Vega.</p>
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2) RESPUESTA: La Municipalidad de Iquique respondió a dicho requerimiento mediante Oficio Ordinario Nº 11, de 7 de enero de 2011, de la Alcaldesa de dicho municipio, señalando que habiendo previamente dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, los afectados manifestaron su oposición a la entrega de los antecedentes solicitados, por lo que el órgano requerido se encuentra legalmente impedido de acceder a la solicitud.</p>
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3) AMPARO: Doña Anita Vallette Chacón dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 18 de enero de 2011 en contra de la Municipalidad de Iquique, fundado en que:</p>
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a) En su calidad de Secretaria Titular del Primer Juzgado de Policía Local de Iquique se le inició en septiembre de 2010 un sumario administrativo por retrasos en su horario de ingreso al cumplimiento de sus funciones, en circunstancias que la gran mayoría de los funcionarios del Juzgado y la Municipalidad de Iquique llegan atrasados, pero sólo a la requirente se le inició sumario al respecto.</p>
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b) Por esta razón, solicita copias autorizadas de las tarjetas de control de asistencia de todos los funcionarios del Primer Juzgado de Policía Local de Iquique de los últimos cuatro años o, en su defecto, de las receptoras del tribunal de los últimos cuatro años.</p>
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c) Solicita además, copias de las tarjetas de asistencia de la Sra. Secretaria Municipal Titular de la Municipalidad de Iquique de los últimos cuatro años.</p>
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d) Finalmente, solicita copia autorizada de la orden de servicio Nº 23, de 5 de julio de 2007, emitida por la Alcaldesa de la Municipalidad de Iquique.</p>
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e) Señala que la información solicitada es de público conocimiento, pues las tarjetas de asistencia no revisten en lo absoluto el carácter de reservado, agregando que en su calidad de Secretaria Abogado y Ministro de Fe, es la Jefe administrativa del Tribunal y le corresponde la función de precalificar al personal, por lo que no se justifica la oposición para entregar la información requerida.</p>
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4) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio Nº 157, de 24 de enero de 2011, a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Iquique, solicitándole, especialmente, remitir a este Consejo copia de los antecedentes solicitados por la reclamante y de todos los documentos incluidos en el procedimiento de notificación a los terceros a quienes se estimó pudieran verse afectados por la publicidad de la información solicitada, incluyendo copia de la respectiva notificación, de los documentos que la acrediten y de los escritos mediante los cuales los terceros formularon su oposición a la entrega de la información solicitada. Sin embargo, ésta no contestó dicho traslado dentro del plazo establecido para ello por el inciso 2º del artículo 25 de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en primer lugar, si bien en su amparo presentado ante este Consejo la requirente señaló que la información solicitada a la Municipalidad de Iquique consistía en copias autorizadas de las tarjetas de asistencia de las receptoras del tribunal de los últimos cuatro años; copia de la orden de servicio Nº 23, de 5 de julio de 2007; copias autorizadas de las tarjetas de control de asistencia de todos los funcionarios del Primer Juzgado de Policía Local de Iquique de los últimos cuatro años; y, copias de las tarjetas de asistencia de la Secretaria Municipal Titular de la Municipalidad de Iquique de los últimos cuatro años, cabe señalar que la solicitud de información presentada el 17 de diciembre de 2010 ante el órgano reclamado, y cuya denegación dio origen al presente amparo, sólo se restringía a las dos últimas solicitudes mencionadas. Por esto, este Consejo sólo se pronunciara sobre éstas, no siendo competente para referirse a aquellas solicitudes que no fueron incluidas en la solicitud de acceso a la información formulada ante la Municipalidad de Iquique, sin perjuicio que la reclamante pueda solicitar directamente a dicho Municipio esta información, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, el órgano reclamado, en su respuesta otorgada a la requirente, señaló que se encuentra legalmente impedido de acceder a la solicitud, debido a que los afectados manifestaron su oposición a la entrega de los antecedentes solicitados. Sin embargo, la Municipalidad de Iquique no presentó descargos ante este Consejo, no adjuntando, en consecuencia, los documentos solicitados relativos a las respectivas oposiciones presentadas por los terceros para la entrega de la información, por lo que no se ha podido corroborar que dichas oposiciones se realizaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, de acuerdo a lo prescrito por los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, lo requerido sería información de carácter público, máxime si se refiere a una materia directamente relacionada con el ejercicio de la función pública, como es la verificación del cumplimiento de la jornada laboral de los servidores públicos. Esta información constituye un mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas del respetivo servicio, sino también ante la sociedad.</p>
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4) Que, a mayor abundamiento, debe hacerse presente que los servidores públicos tienen un ámbito de vida privada más restringido que los empleados del sector privado, pues al desempeñar su trabajo realizan una función pública que debe ejercerse con probidad y transparencia, como lo establecen los artículos 8º de la Constitución y 3º de la Ley de Transparencia. Así lo ha señalado este Consejo, por ejemplo en su decisión del amparo Rol A47-09, que en su considerando 12º señala que “…además, la supuesta afectación de la honra de los funcionarios sancionados no puede ser fundamento suficiente para reconocer que la publicidad de tal expediente sumarial ni del informe en derecho toda vez que las personas involucradas, en cuanto funcionarios públicos, poseen una esfera de vida privada más delimitada en virtud precisamente de la función que ejercen, prevaleciendo en tal caso el interés público en conocer si existieron irregularidades en un órgano de la Administración del Estado, si dicho órgano tomó las medidas pertinentes para investigar y sancionar, en su caso, a los responsables y reparar los daños que dichas irregularidades pudieren haber causado. Confirma lo anterior, el hecho que la Ley Nº 19.733, conocida también como la Ley de Prensa, en su artículo 30, establezca como uno de los requisitos para la procedencia de la exceptio veritatis en el delito de injuria cometido a través de cualquier medio de comunicación, que la imputación se refiere a hechos propios del ejercicio de funciones públicas”.</p>
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5) Que, por otra parte, en diversos dictámenes de la Contraloría, como por ejemplo los Nºs 58.742, de 10 de diciembre de 2008, 58.526; de 11 de diciembre de 2008, y, 37.759, de 13 de julio de 2009, se ha establecido la necesidad de establecer sistemas de control de la jornada laboral, con el objeto de verificar que los funcionarios cumplen con la jornada y horario establecido para el desempeño de su trabajo, cualquiera sea su jerarquía, y si bien la ley no fija un régimen de control determinado y las autoridades pueden disponer de diversos mecanismos internos de fiscalización, no deben afectarse los principios de igualdad y no discriminación. A todo funcionario le afecta la obligación de cumplir con su jornada laboral y de sujetarse al sistema de control establecido, toda vez que el Estatuto Administrativo, en los artículos 61 letra d) y 65 inciso tercero establece la obligación de todo funcionario de cumplir con la jornada de trabajo y desempeñar su cargo en forma permanente durante dicho período, así como el artículo 72 establece las consecuencias jurídicas que acarrea tanto la inobservancia del cumplimiento efectivo de la jornada prevista para el ejercicio de sus labores, como los atrasos y ausencias reiteradas, sin causa justificada, no pudiendo así existir empleados o grupos de éstos eximidos de algún sistema que verifique precisamente la observancia de dicha obligación de manera eficiente o que estén adscritos a uno que pueda originar ventajas indebidas para ellos.</p>
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6) Que, finalmente, es plenamente aplicable a este caso lo decidido por este Consejo respecto del amparo Rol C485-09, interpuesto contra el Servicio de Salud Metropolitano Norte, donde se ordenó entregar, entre otras cosas, el registro completo del control de asistencia de médicos durante el año 2009. En dicha decisión se realizó una comparación entre el registro de control de la asistencia con otros datos de los funcionarios públicos que deben ser informados en virtud del artículo 7º de la Ley de Transparencia, como la remuneración de los servidores públicos. Allí se establece que en otras decisiones de este Consejo –Roles A10-09 y A126-09- se determinó que las calificaciones de los funcionarios son públicas, en virtud del interés público que revisten como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, agregando que “…las remuneraciones y calificaciones de los funcionarios públicos, pueden ser considerados como mucho más sensibles que el control de asistencia requerido en el caso. En efecto, en ambos casos estamos hablando de datos personales, pero el legislador y este Consejo han determinado que dado que se han producido en el ejercicio de una función pública y que el conocimiento de dicha información es relevante para el adecuado control social de aquélla, es necesario que se publiquen o se den a conocer. Siendo así, con mayor razón sería público el registro del control de asistencia de los médicos que presten servicios en un establecimiento de salud público”. En sentido semejante se han resuelto los casos Roles A181-09, C434-09, C492-09, C209-10 y C846-10. Lo anterior no se ve modificado por el carácter de dato personal que tiene la información, pues prevalece sobre éste lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de Transparencia.</p>
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7) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que las tarjetas de control de asistencia de los funcionarios del Primer Juzgado de Policía Local de Iquique, como de la Secretaria Municipal de la Municipalidad de Iquique, y que obran en poder de dicha entidad edilicia, constituyen información pública, la que debe ser entregada a la solicitante.</p>
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8) Que, en cuanto a la oposición manifestada por los afectados a la entrega de esta información, la que fuera mencionada por el órgano reclamado al entregar su respuesta a la solicitante, cabe señalar que no se ha indicado a este Consejo las razones que fundan dicha oposición, ni tampoco acerca de la existencia de alguna causal de secreto o reserva que permita a la Municipalidad no entregar lo solicitado, por lo cual no procede tener lo dicho como argumento válido para denegar la entrega de la información.</p>
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9) Que, asimismo, dado el indiscutible carácter público de la información solicitada y toda vez que no se aprecia de qué modo se verían afectados los derechos de las personas a las que la información solicitada se refiere, es que este Consejo ha estimado no ser procedente notificar a los terceros en conformidad con lo establecido por el artículo 25 de la Ley de Transparencia, lo que se ve reforzado por el hecho de no existir individualización precisa de quiénes serían los terceros que presentaron oposición a la entrega de la información solicitada.</p>
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10) Que, por último, respecto a la solicitud de la requirente en cuanto a que se le haga entrega de copia autorizada de dicha información, cabe tener presente lo acordado previamente por este Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol A243-09 contra el Ministerio de Salud y lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Transparencia que establece que "La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado (...)" (lo destacado es nuestro), y toda vez que, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que en su 22° Edición, define forma como la "Configuración externa de algo", se entiende que la información pública que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado puede solicitarse en original, en copia simple o en copia autorizada, toda vez que la autorización de las copias es la única manera de demostrar de manera indubitada el origen de la información ante terceros. De la misma manera, el otorgar copia de forma autorizada protege al órgano requerido de un mal uso de los documentos y a los requirentes, de su validez frente a terceros. Por esto, en el caso que nos ocupa cabe requerir a la Municipalidad de Iquique que haga entrega de dicha información en la forma solicitada, esto es, copia autorizada, pudiendo cobrar solamente los costos directos de reproducción que ésta pudiera ocasionar, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 del Consejo para la Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el reclamo de doña Anita Vallette Chacón en contra de la Municipalidad de Iquique, por los fundamentos señalados precedentemente, en especial por aquellos contenidos en el considerando 1°), y requerir a su Alcaldesa para que entregue a la reclamante la siguiente información:</p>
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a) Copias autorizadas de las tarjetas de control de asistencia de los últimos cuatro años de todos los funcionarios del Primer Juzgado de Policía Local de Iquique.</p>
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b) Copias de las tarjetas de control de asistencia, de los últimos cuatro años, de la Secretaria Municipal Titular de la Municipalidad de Iquique, doña María Angélica Vega.</p>
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II. Requerir a la Alcaldesa de la Municipalidad de Iquique:</p>
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a) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a doña Anita Vallette Chacón y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Iquique.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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