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DECISIÓN AMPARO ROL C2910-16</p>
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Entidad pública: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)</p>
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Requirente: Juan Monckeberg Fernández</p>
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Ingreso Consejo: 29.08.2016</p>
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En sesión ordinaria N° 758 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de noviembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2910-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 8 de agosto de 2016, don Juan Carlos Monckeberg Fernández solicitó a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en adelante e indistintamente CONICYT, copia del informe y anexos asociados a los resultados del estudio denominado "Construcción de una oferta de métodos formales de relación con las comunidades para la disminución del riesgo de la inversión minera", código proyecto D10R1017.</p>
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2) RESPUESTA: El 29 de agosto de 2016, la CONICYT respondió a dicho requerimiento de información oficio ORD. N° 1083, señalando, en síntesis, que se deniega el acceso a lo requerido, invocando la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que proporcionar la información pedida afecta los derechos de carácter comercial o económico de los titulares del estudio, ya que la Universidad Central y las otras instituciones colaboradoras tienen el derecho de comercialización del producto que nace del proyecto y, además existen derechos de autor registrados en Chile.</p>
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Señaló además, que la mantención de la confidencialidad se desarrolla en armonía con los principios de transparencia y búsqueda de la calidad necesaria para el desarrollo del conocimiento científico, existiendo un "contrato tácito" entre postulantes, agencia científica que gestiona los fondos, los evaluadores remotos y el panel de evaluación, para asegurar la confidencialidad de las identidades tanto de los evaluadores y los contenidos de las propuesta a evaluar, ya que estas pueden comprometer propiedad intelectual o material potencialmente publicable.</p>
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Sin perjuicio de lo anterior, informó que el director del proyecto habría manifestado su disposición a reunirse con el solicitante con el propósito de compartir los aprendizajes que el proyecto ha generado, adjuntando los datos de contacto.</p>
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3) AMPARO: El 29 de agosto de 2016, don Juan Carlos Monckeberg Fernández dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información, fundado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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Agregó, que lo pedido es una investigación financiada con fondos públicos y la denegación se argumenta que el conocimiento generado puede afectar comercialmente a quien realizó la investigación.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, mediante oficio N° 9.096, de fecha 14 de septiembre de 2016.</p>
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El órgano requerido, a través de oficio Ord. N° 1.278, de fecha 29 de septiembre de 2016, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que reitera lo señalado en su respuesta, en orden a que procede denegar la información pedida fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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Al efecto se contactó al Director del proyecto en cuestión, quien manifestó su disposición de reunirse con el requirente de información a objeto de compartir los aprendizajes generados.</p>
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Agregó, que la mantención de la confidencialidad se desarrolla en armonía con los principios de transparencia y búsqueda de la calidad necesaria para el desarrollo del conocimiento científico. En este sentido, señala, se habla de un "contrato tácito" entre los postulantes, la agencia científica que gestiona los fondos, los evaluadores remotos y el Panel de Evaluación, para asegurar la confidencialidad de las identidades tanto de los evaluadores y los contenidos de las propuestas a evaluar, ya que estas pueden comprometer propiedad intelectual o material (hipótesis y/o datos de investigación) potencialmente publicable. Así, el mantenimiento de la confidencialidad asegura condiciones de evaluación propicias y disminuye un conjunto de externalidades negativas.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 03 de octubre de 2016, requirió a la CONICYT indicar si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señalar si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de la oposición deducida; y, proporcionar los datos de contacto de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación delo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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El órgano requerido, a través de correo electrónicos de fecha 03 y 05 de octubre de 2016, cumplió lo solicitando, señalando que no se procedió conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, aplicando directamente el artículo 21 N° 2 de la referida norma legal, en atención a que se encuentra registrada la propiedad de la investigación. Además proporciona el nombre del titular del proyecto de investigación solicitado, y sus datos de contacto.</p>
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6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: Este Consejo, mediante oficio N° 10.050, de fecha 11 de octubre de 2016, notificó el presente amparo y confirió traslado a la Universidad Central de Chile, con la finalidad que presente sus descargos y observaciones, especialmente, hacer mención expresa de los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.</p>
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La Universidad Central, a través de presentación de fecha 26 de octubre de 2016, presentó sus descargos, señalando en síntesis que, reitera su oposición a la entrega de la información solicitada, por cuanto a su juicio se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, de acuerdo a los fundamentos que se pasan a exponer:</p>
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a) En virtud de resolución exenta N° 5.210 de 06 de septiembre de 2011, por la cual se aprueba el convenio suscrito entre CONICYT y la Universidad Central de Chile, en adelante beneficiaria, se acuerda en su cláusula vigésima quinta, "De la propiedad intelectual e industrial" que "la propiedad de los inventos, innovaciones tecnológicas o procedimientos que resultaren del proyecto será de la beneficiaria, la cual podrá compartirla con las empresas u otras entidades asociadas al proyecto en función de los respectivos aportes a su financiamiento". Asimismo, indica que "la transferencia de estos resultados a entidades con fines de lucro no puede comprometer condiciones de exclusividad permanente en el uso, goce o disposición de dicho resultado", es decir, la beneficiaria tiene el derecho de comercialización del producto del Proyecto bajo esas condiciones. En tal sentido, la misma cláusula agrega "que la beneficiaria se obliga a realizar las acciones de protección de esta propiedad intelectual e industrial durante la ejecución del proyecto", lo que efectivamente se hizo.</p>
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b) Existen derechos de autor debidamente formalizados. La divulgación de los resultados del proyecto y sus anexos afecta los derechos intelectuales inscritos en el Conservador de Derechos Intelectuales bajo los N° 252.129, propiedad de Obra Literaria titulado: Modelo de Relacionamiento Comunitario, de fecha 13 de abril de 2015 y N° 252.125, propiedad del Programa de Computación titulado: Software del modelo de relacionamiento comunitario, de fecha 13 de abril de 2015.</p>
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c) A su juicio se cumple con los criterios establecidos por el Consejo para la Transparencia para considerar que una determinada información contiene antecedentes cuya divulgación puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, en la especie, la Universidad Central de Chile, esto es, i) ser secreta, esto es, no generalmente conocida ni fácilmente asequible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza este tipo de información. Sin perjuicio de lo anterior, la información general (PPT) del proyecto puede ser compartida, de hecho, ha sido socializada en variadas presentaciones de índole pública en diversos sectores de la Región Metropolitana (TiI TiI, Santiago, Alhué, San José de Maipo). No así su producto (modelo y software), porque de hacerlo se minimiza la posibilidad de comercializar el producto, puesto que pasaría a ser de pública y libre disponibilidad; ii) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto, que en la especie se ve reflejado en la circunstancia de que esta parte se haya opuesto a su entrega. A mayor abundamiento, tanto las Bases de Licitación como el Convenio suscrito entre Conicyt y la beneficiaria estipulan una cláusula de confidencialidad, aportando financiamiento para la protección intelectual de los resultados y anexos del proyecto. Mismas cláusulas que se incluyen en los convenios entre Fundación Casa de la Paz y Enera Consultores Organizacionales, elevándose, incluso, a la categoría de esencial en dicho documento; iii) tener valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y, por el contrario, su publicidad afectaría significativamente su desenvolvimiento competitivo), ello por cuanto, sin duda alguna, los resultados y programas asociados a la investigación realizada por esta parte, están debidamente inscritos y protegidos en el Conservador de Derechos Intelectuales.</p>
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d) El desarrollo del proyecto, así como sus resultados y anexos, incluyendo el Modelo de Relacionamiento y Software es consecuencia del trabajo y esfuerzo de profesionales a lo largo del tiempo y constituye un capital interno que no es entregable al público en general. Otro aspecto a considerar, es que el Software (uno de los resultados del proyecto) es de tipo privativo, siendo la beneficiaria del proyecto, así como sus coparticipantes, sus propietarias.</p>
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e) En virtud de los argumentos expuestos y de la Res. Exenta N° 5.210, de 06 de septiembre de 2011, por la cual se aprueba el convenio suscrito entre CONICYT y la Universidad Central de Chile, instrumento que constituye una ley para ambas partes, le es imposible y le está prohibido entregar la información solicitada, no solo porque en caso de aceptar la solicitud se estaría vulnerando flagrantemente el convenio suscrito con las sanciones que ello conlleva, sino que además, estaría incumpliendo sus obligaciones para con las 2 empresas co-participantes y asociadas al proyecto, a saber, Fundación Casa de la Paz y ENERA Consultores Organizacionales, y por ende, pasando a llevar los derechos que tienen sobre la investigación y sus resultados.</p>
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7) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2016, solicitó a la CONICYT señalar expresamente si obra en su poder la información requerida, y en caso de respuesta afirmativa, remitir los antecedentes pedidos a esta Consejo, y en caso de respuesta negativa, justificar detalladamente dicha circunstancia.</p>
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El órgano requerido, a través de correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2016, cumplió lo solicitado señalando que CONICYT si tiene en su poder el informe final y anexos del proyecto cuya copia se requiere, agregando que sólo remite la versión pública del informe final del proyecto pedido, el que consiste en un extracto del informe final. Por otra parte, reitera que el director del proyecto manifestó su oposición a la entrega de la información pedida, sin perjuicio de expresar su disponibilidad para reunirse con el solicitante, comentarle sobre el proyecto y responder sus dudas.</p>
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8) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE TERCEROS: Este Consejo, mediante oficios Nos 11.081 y 11.082, ambos de fecha 09 de noviembre de 2016, notificó el presente amparo y confirió traslado en su calidad de terceros, a ENERA Consultores Organizacionales, y Fundación Casa de la Paz, respectivamente, con la finalidad que presenten sus descargos y observaciones, especialmente, hacer mención expresa de los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.</p>
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A la fecha de la presente decisión, este Consejo no había recibido presentación alguna de dichos terceros.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, con fecha 08 de agosto de 2016, don Juan Carlos Monckeberg Fernández solicitó a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en adelante e indistintamente CONICYT, copia del informe y anexos asociados a los resultados del estudio denominado "Construcción de una oferta de métodos formales de relación con las comunidades para la disminución del riesgo de la inversión minera", código proyecto D10R1017, obteniendo respuesta denegatoria fundada en el ejercicio del derecho de oposición formulado por la Universidad Central de Chile, en su calidad de tercero interesado en el presente procedimiento, por cuanto la entrega de la información pedida afectaría sus derechos económicos y comerciales, configurándose la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en efecto, la Universidad Central de Chile, fundamentó su oposición y la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en que la información solicitada es de su propiedad y de las empresas coparticipantes ENERA Consultores Organizacionales, y Fundación Casa de la Paz, toda vez que en virtud de resolución exenta N° 5.210, de 06 de septiembre de 2011 por la cual se aprueba el convenio suscrito entre Conicyt y la Universidad Central de Chile, la beneficiaria, se acordó en su cláusula vigésima quinta, "De la propiedad intelectual e industrial" que "la propiedad de los inventos, innovaciones tecnológicas o procedimientos que resultaren del proyecto será de la beneficiaria, la cual podrá compartirla con las empresas u otras entidades asociadas al proyecto en función de los respectivos aportes a su financiamiento", existiendo derechos de autor debidamente formalizados, por lo que también la entrega de la información referida a los resultados del proyecto y sus anexos afecta los derechos intelectuales inscritos en el Conservador de Derechos Intelectuales bajo los N° 252.129, propiedad de Obra Literaria titulado: Modelo de Relacionamiento Comunitario, de fecha 13 de abril de 2015 y N° 252.125, propiedad del Programa de Computación titulado: Software del modelo de relacionamiento comunitario, de fecha 13 de abril de 2015.</p>
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3) Que, agregó la Universidad Central, que sin perjuicio de la reserva que se alega, la información general del proyecto puede ser compartida, y en los hechos ha sido socializada en variadas presentaciones de índole pública en diversos sectores de la Región Metropolitana, no así su producto (modelo y software), porque de hacerlo se minimiza la posibilidad de comercializar el producto, puesto que pasaría a ser de pública y libre disponibilidad. Al efecto para mantener su carácter secreto, señala que tanto las bases de licitación como el Convenio suscrito entre Conicyt y la Universidad Central estipulan una cláusula de confidencialidad, aportando financiamiento para la protección intelectual de los resultados y anexos del proyecto, incluyéndose tales cláusulas también en los convenios celebrados entre la Universidad Central de Chile y Fundación Casa de la Paz y Enera Consultores Organizacionales respectivamente, elevándose inclusoa la categoría de esencial en dicho documento. Además sostiene que la información pedida, tiene un valor comercial por ser secreta, lo que se demuestra además en que los resultados y programas asociados a la investigación realizada por esta parte, están debidamente inscritos y protegidos en el Conservador de Derechos Intelectuales. En este sentido, sostiene la Universidad Central, el desarrollo del proyecto, así como sus resultados y anexos, incluyendo el Modelo de Relacionamiento y Software es consecuencia del trabajo y esfuerzo de profesionales a lo largo del tiempo y constituye un capital interno que no es entregable al público en general, siendo el software uno de los resultados del proyecto, y teniendo un carácter privativo para sus dueños.</p>
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4) Que, se hace presente que el órgano requerido no comunicó la solicitud de información a los terceros Fundación Casa de la Paz y Enera Consultores Organizacionales, lo que constituye una infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, circunstancia que será representada en lo resolutivo de la presente decisión. Este Consejo, en virtud de lo señalado en el N° 8 de lo expositivo, confirió traslado a los referidos terceros, sin que a la fecha de la resolución del presente amparo se haya recibido presentación alguna por su parte destinada a pronunciarse acerca del requerimiento de información formulado.</p>
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5) Que, de acuerdo al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose, entre otros, de los derechos de carácter comercial o económico. Al respecto, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que deben ser acreditados por los eventualmente afectados. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo).</p>
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6) Que, de los antecedentes examinados, particularmente el Convenio celebrado por la CONICYT y la Universidad Central, mediante resolución exenta N° 5.210, de fecha 06 de septiembre de 2011, como asimismo los certificados de inscripción del modelo de relacionamiento comunitario y su respectivo software, además de los Convenios de participación suscritos por la Universidad Central y la Fundación Casa de la Paz, y ENERA Consultores Organizacionales, respectivamente, a juicio de este Consejo la información referida al informe y anexos asociados a los resultados del estudio denominado "Construcción de una oferta de métodos formales de relación con las comunidades para la disminución del riesgo de la inversión minera" constituye información esencialmente sensible y estratégica de los titulares del proyecto que dio origen al estudio en cuestión. En efecto, este Consejo pudo verificar que los antecedentes solicitados han dado lugar a un modelo de relacionamiento específico, en un área económica determinada, generando en definitiva una estructura de negocios que se ha inscrito en el registro de derechos intelectuales.</p>
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7) Que, en tal sentido, no es posible desatender las alegaciones efectuadas por la Universidad Central referida a que se trata de información amparada por el instituto del secreto empresarial, estimando que concurren en la especie los criterios desarrollados por este Consejo, a partir de la decisión de amparo C501-09, C248-12 y C42-15, señalados en el considerando 4° de la presente decisión, toda vez que la información requerida es fruto del estudio desarrollado por la Universidad Central, con participación de Fundación Casa de la Paz, y ENERA Consultores Organizacionales, existiendo cláusulas de confidencialidad en los convenios de participación cebrados entre dichos terceros, carácter secreto que se ratifica por el hecho que ha sido necesaria la propia solicitud de acceso para obtenerla, y que si fuera información fácilmente asequible, la solicitud no existiría. Además, la divulgación de la información puede afectar significativamente el posicionamiento en el mercado o desenvolvimiento competitivo del modelo de relacionamiento que se pretende comercializar, y sobre el cual el titular de la información ha adoptado una serie de medidas destinadas a mantener su secreto o reserva, tales como incluir cláusulas de confidencialidad en los acuerdos comerciales con sus financiadores y participes, o registrar sus derechos de propiedad intelectual.</p>
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8) Que, por lo expuesto, a juicio de este Consejo los antecedentes requeridos contienen información específica y relevante, cuyo conocimiento necesariamente permitiría a terceros acceder a las características y procesos esenciales del producto en cuestión, cuya revelación ocasionaría la pérdida de las ventajas comparativas del titular, no pudiendo proceder a su entrega sin afectar de un modo presente o probable y con suficiente especificidad, los derechos comerciales y económicos de los terceros titulares de la información requerida, razón por la cual se dará por configurada la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y en definitiva, se rechazará el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Carlos Monckeberg Fernández Fernandez, en contra de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Representar al Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, no haber comunicado la solicitud de información a todos los terceros involucrados, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, particularmente a Fundación Casa de la Paz, y a ENERA Consultores Organizacionales, lo que constituye una infracción a la mencionada norma legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Carlos Monckeberg Fernández, al Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, y a la Universidad Central de Chile, a la Fundación Casa de la Paz, y a ENERA Consultores Organizacionales, todos estos últimos, en su calidad de terceros interesados en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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