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DECISIÓN AMPARO ROL C3075-16</p>
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Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP).</p>
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Requirente: Matías Valdés Tagle.</p>
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Ingreso Consejo: 09.09.2016.</p>
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En sesión ordinaria N° 767 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3075-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de agosto de 2016, don Matías Valdés Tagle, solicitó a la Superintendencia de Pensiones, la siguiente información: "archivos electrónicos mensuales, contprestservaaaamm.ext contratos de prestación de servicios, años 2008 al 2014".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de oficio N° 22.172, de fecha 01 de septiembre de 2016, el órgano indicó en resumen, que se encuentra impedido de hacer entrega de lo requerido por la oposición de los terceros interesados, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 09 de septiembre de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° 9323, de fecha 21 de septiembre de 2016.</p>
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Posteriormente, por medio de ordinario N° 26.224, de 11 de octubre de 2016, el órgano señaló en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) Las oposiciones señaladas fueron comunicadas a esta Superintendencia mediante cartas de fecha 9 de agosto de 2016 en el caso de las AFP Cuprum S.A., Habitat S.A. y Modelo S.A., y con cartas de fecha 10 de agosto de este año, en el caso de las AFP Capital S.A., Provida S.A. y Planvital S.A., copia de las cuales se acompaña a esta presentación. Considerando la oposición deducida por las administradoras, se informó al señor Valdés Tagle que esta Superintendencia no está facultada para entregar la información requerida.</p>
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b) Consultado el órgano, respecto a cómo la publicidad de la información reclamada afectaría los derechos de las administradoras de fondos de pensiones, precisó lo siguiente:</p>
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i. Cabe hacer presente que los referidos archivos contienen un detalle de los proveedores con los cuales las AFPs ha externalizado los servicios críticos, específicos y generales, como también contienen desde la identificación del proveedor, el nombre y rut de su representante legal, la identificación del responsable del control del servicio en la AFP, entre otros datos. Lo anterior es información estratégica de la AFP, que no es pública y que esta Superintendencia la recibe solo para efectos de fiscalización.</p>
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ii. Los archivos requeridos por el señor Valdés Tagle contienen información privada de las administradoras, por cuanto detallan la forma de actuar y el modelo de negocios de cada AFP, cuya divulgación podría dar lugar a su utilización por un agente competidor u ocasionar perjuicios a terceros. Para una administradora, como respecto de toda sociedad, la información sobre proveedores y contratos de servicios es de carácter estratégico puesto que los acuerdos comerciales que celebre son el resultado de la gestión de su gerencia y, por ende, un activo esencial; ello sin perjuicio que, además, muchos de los contratos suscritos contienen cláusulas de confidencialidad que obligan a las partes a guardar reserva de sus condiciones.</p>
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iii. Esta información no es de acceso público y cuando se ha dado a conocer por este organismo fiscalizador, se ha hecho de forma agregada, como una estadística global o procesada como un indicador, como ocurría con el derogado Índice de Calidad de Servicios de las Administradoras, que contenía diversos indicadores de servicio. Sin embargo, la información no ha sido solicitada de manera agregada, sino que individualmente para cada AFP y para cada mes comprendido en el periodo indicado por el requirente.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, a AFP Cuprum S.A., AFP Modelo S.A., AFP Habitat S.A., AFP Provida S.A., AFP Capital S.A., AFP Planvital S.A., mediante los oficios respectivos Nos 9324, 9325, 9326, 9327, 9328 y 9329, todos el 21 de septiembre de 2016. Los precitados terceros, formularon sus observaciones y descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) AFP Cuprum S.A: Se opone a la entrega de lo requerido, en virtud a lo dispuesto en el N° 2 del artículo 21 de la ley N° 20.285, que establece como causal de secreto o reserva la siguiente: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".</p>
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En efecto, la información requerida dice relación con la base de datos de proveedores y contratos de prestación de servicios de esta Administradora, cuya difusión al requirente y posterior conocimiento de la misma podría afectar a los derechos de carácter comercial o económico de esta Administradora</p>
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b) AFP Modelo S.A: Se opone a la entrega, alegando la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en la medida de que existe un deber de resguardo de la información que obra en su poder de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, quedando sujetas a las responsabilidades que en dicho cuerpo legal se establecen.</p>
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Asimismo, lo requerido comprende información privada y datos sensibles cuya divulgación afectaría tales derechos, así como también comprometería los derechos de terceros. Así, dado que la documentación precisada en el requerimiento de acceso a la información reviste el carácter de privada y no ha sido divulgada oficialmente al mercado por cuanto detalla las formas de actuar y estrategias de su compañía, ésta podría ser utilizada por algún agente o competidor del mercado en beneficio propio o de terceros.</p>
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En efecto, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada del Consejo para la Transparencia, la información no divulgada debe ser protegida cuando: (i) tiene valor comercial por ser secreta, proporcionando una ventaja competitiva a su titular; (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto; y (iii) no es conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.</p>
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c) AFP Habitat S.A: Se opone a la entrega de lo requerido, por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por los siguientes motivos:</p>
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Que, respecto al archivo contprestservaaaamm.ext, éste contiene información propia del ejercicio comercial de la administradora, que conforme a lo establecido en el inciso 23 del Artículo 23 del D.L. 3.500 celebra contratos para la prestación de servicios relacionados con su giro, ciñéndose a las normas generales dictadas por la Superintendencia de Pensiones, las que se encuentran contenidas en el Libro V Título V del Compendio.</p>
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En síntesis, las administradoras pueden subcontratar con entidades públicas o privadas, la prestación de servicios relacionados con su giro los cuales comprenderán las funciones de administración de cuentas individuales, la administración de carteras de los recursos que componen los fondos de pensiones conforme con el artículo 23 bis de este mismo texto legal, los servicios de información y atención de consultas referidas al funcionamiento del sistema de pensiones, la recepción de las solicitudes de pensión y su remisión a la administradora para el trámite correspondiente, y la recepción y transmisión de la información a que se refieren las letras a) y c) del inciso octavo del artículo 61 bis del D.L. N° 3.500.</p>
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Como se puede observar del detalle del contenido de la información solicitada, recae en documentación suscrita por particulares y contiene datos personales de sus proveedores como lo son sus representantes legales, su Rut, su actividad, identificación de personas funcionarias de AFP Habitat, lo que constituye una razón suficiente para denegar la información solicitada porque su conocimiento afectaría los derechos de las persona, particularmente de su vida privada.</p>
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Asimismo, su publicidad afectaría los derechos de AFP Habitat, en lo que dice relación con sus derechos de carácter económico y comercialmente sensible. La información relacionada con la externalización de los servicios es materia de decisiones estratégicas de la Compañía y su difusión también afecta su derecho de propiedad considerando entre otros aspectos, las condiciones competitivas del mercado.</p>
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d) AFP Provida S.A: Se opone a la entrega, en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, alegando en resumen que el conocimiento de lo pedido por parte de terceros afectaría derechos de carácter comercial y económicos de ProVida.</p>
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La información solicitada por el reclamante se trata de información no divulgada respecto de la cual ProVida tiene derechos de carácter comercial y económico que deben ser protegidos. En efecto, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada de este H. Consejos, la información no divulgada debe ser protegida cuando: (i); es secreta, es decir no es generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza; (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto; y (iii) tiene valor comercial por ser secreta, proporcionando una ventaja competitiva a su titular.</p>
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e) AFP Planvital S.A: Se opone a la entrega de lo requerido, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 5°, de la Ley de Transparencia, en tanto se trata de información de propiedad de esta Administradora, que fue elaborada con recursos de la Sociedad y que contiene aspectos estratégicos de la compañía, cuya revelación a terceros afectaría gravemente su derecho de propiedad. Asimismo, la reserva de dicha información se encuentra amparada en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley N° 20.255, que obliga al Superintendente y a los funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, a guardar reserva y secreto absoluto de la información que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores.</p>
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Por otra parte, también la información que esta empresa remitió a la Superintendencia, relativa al listado de contratos de prestación de servicios que ha suscrito, se encuentra amparado por el ya señalado 50 de la ley N° 20.255. En efecto, ya que como cualquier compañía que se desenvuelve en un ambiente competitivo, resulta estratégica su información de proveedores y contratos de servicios, puesto que los acuerdos comerciales son el resultado de la gestión de la gerencia, y por ende, un activo esencial de cualquier organización económica.</p>
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Por otra parte, y conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo, la información no divulgada debe ser protegida cuando (i) tiene valor comercial por ser secreta, (ii) ha sido objeto de razonables esfuerzos para mantenerla en secreto y, (iii) no es conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.</p>
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f) AFP Capital S.A: A la fecha, no hay constancia que hayan evacuado sus descargos en esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el artículo 20 de la Ley de Transparencia dispone que "Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo". No obstante ello, en el presente caso, analizados los antecedentes, se advirtió que la solicitud en análisis no fue notificada a los terceros, debido a que el órgano se basó en la negativa que opusieran las empresas en similar solicitud anterior. Por tal motivo, este Consejo representará al Sr. Superintendente de Pensiones en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.</p>
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2) Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que el presente amparo tiene por objeto la negativa del órgano de hacer entrega de la información consistente en los archivos electrónicos mensuales, denominados "contprestservaaaamm.ext". Estos, de conformidad al libro V, título V, letra A, en sección correspondientes a los anexos, del compendio de normas del sistema de pensiones, deben contener la siguiente información: representante legal de la administradora para efectos del contrato: RUN, apellido paterno, apellido materno, nombres; funcionario de la administradora responsable del control del contrato: RUN, apellido paterno, apellido materno, nombres, cargo que desempeña en la administradora, empresa subcontratada, RUT de la empresa contraparte, razón social, indicador de existencia de relación patrimonial con la administradora, código de actividad económica, RUN o RUT representante legal, razón social del representante legal, apellido paterno representante legal, apellido materno, representante legal, descripción del servicio, categoría del servicio, clasificación del servicio, fecha de suscripción del contrato, fecha de entrada en vigencia del contrato, Fecha de expiración estipulada, Lugar donde se presta el servicio.</p>
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3) Que, dicho lo anterior, los terceros interesados, alegaron la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. En este caso, es menester recordar que en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).</p>
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4) Que, en lo tocante al requisito que se lee en la letra a), precedente, cabe señalar que este Consejo advierte que lo solicitado efectivamente es de carácter secreto, en la medida que contiene entre otras cosas, información detallada relativa a los contratos de prestación de servicios contratados con terceros, todo lo cual, sólo es manejado por las propias administradoras, no siendo conocida por personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información. En efecto, dicha información, no ha sido divulgada oficialmente al mercado, ni por las administradoras ni por la Superintendencia, quien a su vez, aclaró que únicamente se ha publicado estadísticas globales sobre la materia, y no en forma desagregada como solicita la reclamante.</p>
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5) Que, en lo tocante al requisito expuesto en la letra b), se debe precisar que dichos esfuerzos se ven reflejados en la circunstancia de que los terceros interesados se han opuesto a la entrega de los antecedentes requeridos, oposición que se ha manifestado tanto ante el procedimiento de acceso ante el órgano requerido, como ante este Consejo.</p>
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6) Que, finalmente, sobre el tercer requisito, es relevante señalar que el mantenimiento en reserva de la información en virtud de lo expuesto en la letra a) anterior, es necesaria para efectos de proteger los derechos económicos y comerciales de las administradoras de fondo de pensiones, puesto que al entregarse pormenorizadamente información sobre proveedores y servicios, su publicación puede afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo. En efecto, dicha información, de carácter estratégico, es el resultado de la gestión de las empresas que responde a estrategias comerciales y, por ende, corresponden un activo esencial para ellas, las que mantendrán su relevancia o valor, en la medida que su condición reservada no cambie.</p>
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7) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, siguiendo el criterio del amparo C2885-16, este Consejo rechazará el presente amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo interpuesto por don Matías Valdés Tagle, en contra de la Superintendencia de Pensiones, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Representar al Sr. Superintendente de Pensiones la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, al no haber conferido traslado a las empresas involucradas. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha infracción.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Matías Valdés Tagle, al Sr. Superintendente de Pensiones, y a AFP Modelo S.A., AFP Provida S.A., AFP Planvital S.A., AFP Habitat S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Capital S.A., todos estos últimos en su calidad de terceros interesados en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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