Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3079-16

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Reclamante:	MANUEL ARESTI DURBAN
Reclamado:	FUERZA AÉREA DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Fuerza Aérea de Chile, fundado en haber dado respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) Si participó como oferente la Fuerza Aérea de Chile o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile en la licitación privada convocada este año 2015 por LATAM Airlines Group para exámenes pre ocupacionales y licencia aeronáutica, fecha de participación o presentación de sus ofertas. b) Informe la Fuerza Aérea de Chile o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile, adjuntando en forma completa todas sus ofertas en la licitación referida, tanto oferta básica como oferta opcional, administrativa, técnica y económica, con copia de todos los documentos asociados a las mismas con constancia de la fecha de su presentación. Entre otras. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo referente a los correos electrónicos, por la causal de reserva del artículo 21 N° 1 y 2, de la Ley de Transparencia. Asimismo, se rechazará respecto a lo requerido en las letras j), k), l), y m), por constituir una manifestación del derecho de petición del artículo 19 N° 14, de la Constitución Política. También se rechazará el amparo respecto a las letras n) y o), al haberse respondido por el órgano; y, finalmente, se rechazará en lo tocante a lo pedido en la letra p), sólo en lo que dice relación con información respecto a la aplicación de recursos fiscales. Por otra parte, se dará por entregada la información solicitada en el literal e), dado que se encuentra publicada la información en el banner de transparencia activa del órgano reclamado. HAY VOTO DISIDENTE
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/6/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C587-09 C2530-16 C3186-15 C57-16 C58-16 C59-16 C581-16 C1679-16
Jurisprudencia a:	C1418-17 C717-17 C935-17
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Órganos sujetos a la competencia del Consejo >> Corporaciones y fundaciones de Derecho Privado >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C3079-16 Entidad pública: Fuerza Aérea de Chile. Requirente: Manuel Aresti Durban. Ingreso Consejo: 09.09.2016. En sesión ordinaria N° 767 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C3079-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de julio de 2016, don Manuel Aresti Durban, solicitó a la Fuerza Aérea de Chile -en adelante e indistintamente la FACH-, la siguiente información: a) Si participó como oferente la Fuerza Aérea de Chile o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile en la licitación privada convocada este año 2015 por LATAM Airlines Group para exámenes pre ocupacionales y licencia aeronáutica, fecha de participación o presentación de sus ofertas. b) Informe la Fuerza Aérea de Chile o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile, adjuntando en forma completa todas sus ofertas en la licitación referida, tanto oferta básica como oferta opcional, administrativa, técnica y económica, con copia de todos los documentos asociados a las mismas con constancia de la fecha de su presentación. c) Informe si la Fuerza Aérea de Chile (FACH) o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile, fue adjudicado en el proceso de licitación referido, con copia de la comunicación por parte de LATAM Airlines Group sobre dicha decisión, resultado de la misma, puntaje asignado y servicios adjudicados. d) Copia de todos los correos electrónicos, enviados y recibidos relacionados con el proceso de licitación ya señalado, entre la Fuerza Aérea de Chile (FACH) o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile y LATAM Airlines Group, y los correos electrónicos internos de su institución, o memorandums u órdenes, cartas o cualesquier medio, relacionados con dicha licitación. e) Copia del o los contratos relacionados con dicha licitación y sus anexos o modificaciones que la Fuerza Aérea de Chile o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile han suscrito como adjudicatario en la licitación señalada precedentemente con LATAM Airlines Group. f) Informe todos los pagos que la Fuerza Aérea de Chile o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile han recibido de LATAM Airlines Group con motivo de la ejecución del contrato adjudicado en la licitación señalada en el punto a) durante este año 2015, como asimismo, informe todos los pagos que ha recibido su institución con motivo de cualesquier prestación de servicios a LATAM Airlines Group, relacionados o no con dicha licitación, y la naturaleza, origen, causa o motivación de dichos pagos. g) Informe la Fuerza Aérea de Chile (FACH) o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile el destino de los recursos recibidos como pagos señalados en el punto anterior, cuenta contable asignada y ejecución presupuestaria de aquellos ingresos. h) Informe todos los pagos y todas las contrataciones que desde el año 2011 la Fuerza Aérea de Chile (FACH) o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile ha recibido por parte de LATAM Airlines Group o su antecesora legal, o LAN Chile, por concepto de prestación de servicios relacionados con exámenes pre ocupacionales y licencia aeronáutica o medicina aeroespacial o cualesquier otro relacionado con aquellos conceptos. i) Informe todos los nombres y apellidos, cargo o grado de los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) o del Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile que han tenido cualesquier función o encargo en el proceso de licitación privada convocada este año 2015 por LATAM Airlines Group para exámenes pre ocupacionales y licencia aeronáutica, y el los funcionarios que lideraron por parte de su institución dicho proceso licitatorio. j) Informe si su participación en procesos de licitación en el sector privado y compitiendo con empresas privadas infringe la normativa legal vigente, y específicamente en el entendido que la FACH actúa en esos procesos con fondos públicos o patrimonio fiscal, y si el destino del patrimonio fiscal por ley se encuentra previsto para esas acciones de la FACH. k) Informe si su participación en este proceso de licitación infringe normas que protejan la libre competencia. l) Informe si con la participación de la FACH en el proceso de licitación señalado se ha configurado la preeminencia o uso de una posición dominante de la FACH en el mercado donde participó y ganó la licitación, en desmedro de las empresas privadas del rubro. m) Informe si en cumplimiento a la normativa legal vigente la FACH se ha autodenunciado o presentado todos los antecedentes de esta licitación y su participación y las circunstancias de aquello ante la Fiscalía Nacional Económica. n) Informe si por este proceso de licitación la FACH ha sido auditada o fiscalizada por la Contraloría General de la República y el resultado de aquello o estado del trámite con su indicación de Rol. o) Informe si en la ejecución del contrato con LATAM, la FACH presenta incumplimientos, dilaciones, demoras y alguna aplicación de sanción o multa asociada. p) Informe si la FACH en la ejecución del contrato con LATAM ha aplicado recursos fiscales y si esos recursos fiscales tienen por finalidad asignada por ley la ejecución de este contrato. Sírvase enviar copia de todo documento asociado a la presente solicitud de información. 2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: El 11 de agosto de 2016, mediante oficio N° 881, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, con fecha 26 de agosto de 2016, la Fuerza Aérea de Chile, por medio de documento EMGFA. (OTAIP) "P" N° 932/CPLT, respondió a dicho requerimiento de información, señalando en síntesis, lo siguiente: a) Su solicitud de información respecto de los literales a) a la i), ya fue resuelta por el Consejo para la Transparencia, que conoció de idénticas solicitudes, mediante decisión de fecha 03 de mayo de 2016, que acumuló los amparos roles C57-16, C58-16 y C59-16, y los acogió parcialmente. Consecuente con lo anterior, y dando cumplimiento a lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, la Fuerza Aérea de Chile entregó los antecedentes solicitados en las letras b), c), f) y h) del numeral 1 de la indicada decisión de, mediante Oficio EMGFA. (OTAIP) "P" N° 585/M.A.D. de fecha 01 de junio de 2016. b) Respecto a lo requerido en los literales j) a la m), cabe señalar que éstos no se ajustan a las disposiciones legales referidas precedentemente, toda vez que no constituyen una solicitud de información propiamente tal, sino un requerimiento de opiniones fundadas o juicios de valor sobre tópicos de interés del solicitante. Señalan como fundamento, las decisiones de los amparos roles C3186-15 y C581-16. c) En lo tocante a pedido en la letra n), se informaque la Fuerza Aérea de Chile no ha sido auditada o fiscalizada por la Contraloría General de la República en relación a su participación en el proceso de licitación privada sobre exámenes pre ocupacionales y licencia aeronáutica, convocada por LATAM Airlines Group el año 2015. d) Sobre lo solicitado en la letra o), se informa que no se han presentado incumplimientos, dilaciones, demoras ni aplicado sanciones o multas, respecto de la ejecución del contrato celebrado entre LATAM Airlines Group y el Hospital Clínico Gral. Dr. Raúl Yazigi J. e) Finalmente, en cuanto a lo pedido en el literal p), se informa que el contrato celebrado entre LATAM Airlines Group y el Hospital Clínico Gral. Dr. Raúl Yazigi J., como resultado del proceso de licitación privada sobre exámenes pre ocupacionales y licencia aeronáutica, convocada por LATAM Airlines Group el año 2015, se efectuó en virtud de las facultades de que está investido el director del citado hospital, establecidas en la ley N° 18.476 que dicta normas respecto de los hospitales de las instituciones de la defensa nacional y en el decreto supremo N° 83 de 2006 del Ministerio de Defensa Nacional, con cargo a los recursos financieros que genera dicho establecimiento de salud por la venta de bienes y servicios propios de su giro, incluidos los provenientes de las leyes N°s 12.856 y 19.465, y los recursos que constituyen aporte fiscal consultados en la respectiva Ley de Presupuestos. Dicho contrato se enmarca en las finalidades que conciernen al Hospital Clínico Gral. Dr. Raúl Yazigí J. referidas en la citada ley N° 19.465, que establece sistema de salud de las fuerzas armadas, y en el decreto supremo N° 83 de 2006, que otorga facultades al director del hospital de la Fuerza Aérea de Chile para celebrar actos y contratos, en representación del Fisco, y deroga el decreto (AV) N° 456, de 1986. 3) AMPARO: Con fecha 09 de septiembre de 2016, don Manuel Aresti Durban, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación los referidos amparos y, mediante Oficio N° 9351, de 21 de septiembre de 2016, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, quien mediante documento EMGFA. (OTAIP) "P" N° 1187/CPLT, de fecha 11 de octubre del año 2016, señaló en resumen, lo siguiente: a) La información solicitada en las letras a), b), c), f), g), h) e i), ya fueron respondidas a propósito de los amparos acumulados C57-16, C58-16 y C59-16, suscitado entre las mismas partes y por la misma información. b) Sobre lo pedido en la letra d), se reservan los correos electrónicos de conformidad a lo expuesto por el Consejo para la Transparencia, en los amparos señalados precedentemente, reservándose por la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. c) Respecto a lo requerido en la letra e), relativo a la copia del o los contratos relacionados con dicha licitación y sus anexos o modificaciones que la Fuerza Aérea de Chile o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile han suscrito como adjudicatario en la licitación señalada precedentemente con LATAM Airlines Group, consta que la Empresa LATAM Airlines Group con fecha 28 de Abril de 2016 se opuso a la entrega de información solicitada por el Sr. Manuel Aresti, - solicitud de información que constaba de 9 requerimientos, los que como se señaló, son idénticos a los nueve primeros requerimientos de su actual presentación - por concurrir según la referida Empresa, la causal de secreto contenida en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, señalando en cuanto a la naturaleza de la información solicitada que "dicha información, de carácter contractual, civil y comercial, es de carácter reservada y confidencial, constituye un secreto comercial de mi representada e información sensible desde un punto de vista competitivo y no se encuentra disponible para el público en general". Por lo anterior, y en virtud de lo señalado en el artículo 20 de la ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, la Fuerza Aérea se encuentra impedida de entregar el antecedente referido. d) Sobre lo pedido en las letras j) a m), no resulta procedente invocar alguna causal constitucional o legal de secreto o reserva toda vez que estos no constituyen una solicitud de acceso a la información pública en los términos señalados en la ley N° 20.285, puesto que se trata más bien de una denuncia, opinión o juicio de valor del reclamante citando las decisiones de los amparos roles C3186-15, C581-16 y C1679-16. e) Respecto a los requerimientos de información del numeral n) a p), no procede invocar alguna causal constitucional o legal de secreto o reserva de denegación de información, toda vez que éstos requerimientos fueron debidamente respondidos por la institución. f) Finalmente, señalaron no haber aplicado el procedimiento de notificación del artículo 20, de la Ley de Transparencia, debido a que la Fuerza Aérea debía dar cabal cumplimiento a la Decisión de Amparo de fecha 03 de mayo de 2016, que excluyó de la entrega de información que resolvió ese Consejo, los correos electrónicos solicitados por el reclamante que son idénticos a los correos que solicita en su nueva presentación. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de esta Corporación, mediante Oficio N° 10285, de fecha 18 de octubre de 2016, notificó a doña Josefina de Val Santander, strategic sourcing LATAM AIRLINES, para efectos de ejercer sus derechos correspondientes. Al efecto, por medio de presentación de fecha 03 de noviembre del año en curso, el tercero interesado indicó que se configuraba la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, fundado en resumen, en lo siguiente: a) La información solicitada y que dice relación con el proceso de licitación llevado a cabo por LATAM AIRLINES GROUP S.A., no corresponde a antecedentes estadísticos ni a información de naturaleza pública, o que involucre decisiones de autoridad en relación con los particulares y que puedan afectarlos, además de no encontrarse amparada por el artículo 8° de la Constitución Política de la República de Chile. b) La información relativa a la adjudicación conforme las referidas bases de licitación, como todos los correos electrónicos, enviados y recibidos, los contratos celebrados con ocasión de tal adjudicación, como asimismo, cualquier pago y el nombre de las personas que han prestado servicios a LATAM, en cumplimiento del contrato, no tienen el carácter de información pública, toda vez que constituye información reservada, confidencial y sensible desde un punto de vista competitivo y que contiene secretos comerciales, que pertenece a la empresa. Toda información de precios, costos, servicios y contratación la compañía, es estrictamente privada. c) Además, en virtud de lo dispuesto en las bases, la FACH y la empresa suscriben cláusulas de confidencialidad, las que también existen en el contrato de trabajo de la suscrita. Y CONSIDERANDO: 1) Que, antes de entrar al fondo del asunto, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Transparencia dispone que, cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente. No obstante ello, en el presente caso, el órgano reclamado no realizó comunicación alguna al tercero interesado, evitando de esta manera, que ejerciera sus derechos correspondientes. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción a la precitada disposición. 2) Que, el presente amparo, tiene por objeto la entrega de variada información relacionada con la participación de la FACH en la licitación convocada el año 2015 por LATAM Airlines Group, según el detalle que se expone en el numeral 1°, de la parte expositiva, de la presente decisión. 3) Que, en un primer orden de ideas, respecto a lo requerido en los literales a), b), c), f), g), h) e i), el órgano se excusó de entregar lo requerido señalando que ya había dado respuesta a dicha información a propósito de los amparos acumulados C57-16; C58-16 y C59-16. Al respecto, cabe señalar que las únicas causales para denegar solicitudes de información, se encuentran contenidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, norma que no contempla lo alegado por la FACH. En efecto, los órganos tienen la obligación de entregar información pública, salvo que concurran en la especie hechos que afecten alguno de los bienes jurídicos protegidos por la referida disposición legal, lo que precisamente, no ocurre en este caso. Por lo tanto, el amparo en esta parte será acogido. 4) Que, por otra parte, en lo tocante a los correos electrónicos requeridos en la letra d), del numeral 1°, cabe señalar que tanto el Presidente la Corporación, don Jose Luis Santa María Zañartu, como el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, entienden que dicho medio de comunicación, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que aquellos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la Administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social. 5) Que, los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política de la República. 6) Que, asimismo, los correos electrónicos se enmarcan dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5 de la Constitución Política de la República. Son comunicaciones que se transmiten por canales cerrados, no abiertos y tienen emisores y destinatarios acotados, y el hecho de que esos correos sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela. En efecto, lo que se protege con esta garantía es la comunicación, sin distinguir si se hace por canales o aparatos financiados por el Estado. Por otra parte, no hay ninguna norma, ni en la Constitución ni en la ley, que pueda interpretarse para marginarlos de esta garantía. Si se aceptara que las comunicaciones de los funcionarios, por el hecho de ser tales, no están protegidas por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, cualquiera podría interceptar, abrir o registrar esas comunicaciones, o cualquiera otra que se generara al interior de la Administración del Estado, como podría ser una comunicación telefónica. Eso sería peligroso no solo para los derechos de los ciudadanos, sino eventualmente también para el interés nacional y la seguridad de la Nación. 7) Que, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia ha sido especialmente protectora de ambas garantías. La Magistratura Constitucional ha destacado que "el respeto y protección de la dignidad y de los derechos a la privacidad de la vida y de las comunicaciones, son base esencial del desarrollo libre de la personalidad de cada sujeto, así como de su manifestación en la comunidad a través de los grupos intermedios autónomos con que se estructura la sociedad" (Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 389, de 28 de octubre de 2003, considerando 19). Enfatizando "el ligamen que existe entre la dignidad de la persona y el ejercicio de este derecho esencial (19 N° 5), pues la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser considerada una extensión, lógica e inevitable, sobre todo en la vida moderna, del carácter personalísimo o reservado que tienen ellas como base de la libertad individual y su proyección en los más diversos aspectos de la convivencia". 8) Que, en consecuencia, los correos electrónicos se encuentran protegidos por la garantía contenida en el artículo 19 N° 5 de la Constitución, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Por lo demás, la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. 9) Que, por lo anterior, a criterio de este Consejo, se configura respecto de los mails solicitados, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, para estos Consejeros, se excluye de la entrega de información los correos electrónicos solicitados por el reclamante. 10) Que, sin perjuicio de lo anterior, las comunicaciones internas del órgano, referidas también en la letra d), del numeral 1°, como memorándums y órdenes referentes a la licitación en comento, son públicos en la medida de que constituyen actos de un órgano de la Administración del Estado, de conformidad al artículo 8°. inciso 2°, de la Constitución Política de la República, respecto de los cuales no se advierte la concurrencia de causal de reserva alguna. Por esta razón, se acogerá el amparo en esta parte, ordenándose la entrega al órgano de los referidos memorándums y órdenes, sobre la materia. 11) Que, en lo tocante a lo requerido en la letra e), del numeral 1°, de lo expositivo, el órgano, con ocasión de sus descargos anotados en la letra c), del numeral 4°, de lo expositivo, precisó que la información relativa al contrato celebrado no se puede entregar, por cuanto el tercero, en el amparo Rol N° C57-16, C58-16 y C59-16, se opuso a su entrega ante idéntica solicitud. Sin embargo, este Consejo advierte que dicho contrato se encuentra publicado en el banner de transparencia activa, el que esta Corporación ordenó publicar en el amparo Rol C2530-16, apreciándose en este link: http://www.fach.cl/gob_transp/actos_resoluciones/actos_fach/2016/archivos/resolucion_685.pdf. En consecuencia, el amparo en esta parte será acogido, dándose por cumplida de conformidad a lo expuesto precedentemente. 12) Que, en otro orden de ideas, sobre lo pedido en las letras j), k), l) y m), este consejo estima que estas solicitudes, más bien responden a una petición que tiene por objeto que la institución reclamada realice una actuación determinada -explicar las eventuales infracciones a determinadas normativas-, todo lo cual se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública, razón por la cual no cabe pronunciarse respecto de ellas en esta sede. 13) Que, en cuanto a lo requerido en las letras n) y o), del numeral 1°, de lo expositivo, este Consejo advierte que estas fueron efectivamente respondidas por el órgano, al precisar que la Fuerza Aérea de Chile no ha sido auditada o fiscalizada por la Contraloría General de la República en relación a su participación en el proceso de licitación y que tampoco se han presentado incumplimientos, dilaciones, demoras ni aplicado sanciones o multas, respecto de la ejecución del contrato celebrado. Por este motivo, el amparo en esta parte será rechazado. 14) Que, lo requerido la letra p), del numeral 1°, de lo expositivo, dice relación con dos puntos en concreto. En el primero de ellos se solicita que se informe si en la celebración del contrato en comento se han aplicado recursos fiscales. Al efecto, el órgano precisó que el contrato celebrado con la empresa, se efectuó en virtud de las facultades de que está investido el director del hospital, establecidas en la ley N° 18.476 que dicta normas respecto de los hospitales de las instituciones de la defensa nacional y en el decreto supremo N° 83 de 2006 del Ministerio de Defensa Nacional, con cargo a los recursos financieros que genera dicho establecimiento de salud por la venta de bienes y servicios propios de su giro, incluidos los provenientes de las leyes N°s 12.856 y 19.465, y los recursos que constituyen aporte fiscal consultados en la respectiva Ley de Presupuestos. De lo anterior se extrae que el órgano dio respuesta a la primera pregunta. Luego, como segunda cuestión, se solicitó informar si esos recursos tienen por finalidad asignada por ley la ejecución de este contrato, situación que no fue respondida por el órgano, razón por la cual se acogerá parcialmente en este caso, el amparo en comento. 15) Que, en otro orden de ideas, de acuerdo a lo anotado en el numeral 5°, de lo expositivo, el tercero interesado alegó la afectación de sus derechos económicos y comerciales, los que, a juicio de este Consejo, mal se puede configurar si no se acredita de modo concreto la forma que la publicación de lo solicitado perjudica estos derechos. Con todo, dicha alegación se desestimará al estar publicado el contrato en comento en el banner de transparencia activa del órgano reclamado, en donde se encuentran entre otras cosas, las prestaciones entregadas y los precios involucrados. 16) Que, asimismo, se alegó la existencia de cláusulas de confidencialidad, alegación que debe ser desestimada, toda vez que, conforme con lo razonado por este Consejo, entre otras, en la decisión Rol C587-09, "(...) la existencia de este tipo de cláusulas en contratos no transforma a éstos, per se, en secretos, pues no se enmarcan en los supuestos de reserva que establece el artículo 8° de la Constitución, las que además deben establecerse en leyes de quórum calificado. Aceptar lo contrario podría llevar a que se alterase el régimen de secreto o reserva a través de la vía contractual, ignorando el debido fundamento legal que reclama la Carta Fundamental". Argumento que acentúa mucho más su relevancia dado que se trata de pagos -por prestaciones- que ingresan directamente al patrimonio de un Órgano de la Administración del Estado. 17) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, se acogerá parcialmente el presente amparo, ordenándose la entrega de los antecedentes que se singularizarán en lo resolutivo de la presente decisión, debiéndose tener presente, la obligación para el órgano reclamado de tarjar, si es que los hubiera, aquellos datos personales de contexto -nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES Y POR LA MAYORÍA DIRIMENTE RESPECTO DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS SOLICITADOS, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Manuel Aresti Durban, en contra de la Fuerza Aérea de Chile; rechazándoloen lo tocante a los correos electrónicos, por la causal de reserva del artículo 21 N° 1 y 2, de la Ley de Transparencia. Asimismo, se rechazará respecto a lo requerido en las letras j), k), l), y m), por constituir una manifestación del derecho de petición del artículo 19 N° 14, de la Constitución Política. También se rechazará el amparo respecto a las letras n) y o), al haberse respondido por el órgano; y, finalmente, se rechazará en lo tocante a lo pedido en la letra p), sólo en lo que dice relación con información respecto a la aplicación de recursos fiscales. Por otra parte, se dará por entregada la información solicitada en el literal e), dado que se encuentra publicada la información en el banner de transparencia activa del órgano reclamado. II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile: a) Entregar al solicitante, la siguiente información: i. Si participó como oferente la Fuerza Aérea de Chile o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile en la licitación privada convocada este año 2015 por LATAM Airlines Group para exámenes pre ocupacionales y licencia aeronáutica, fecha de participación o presentación de sus ofertas. ii. Informe la Fuerza Aérea de Chile o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile, adjuntando en forma completa todas sus ofertas en la licitación referida, tanto oferta básica como oferta opcional, administrativa, técnica y económica, con copia de todos los documentos asociados a las mismas con constancia de la fecha de su presentación. iii. Informe si la Fuerza Aérea de Chile (FACH) o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile, fue adjudicado en el proceso de licitación referido, con copia de la comunicación por parte de LATAM Airlines Group sobre dicha decisión, resultado de la misma, puntaje asignado y servicios adjudicados. iv. Memorándums u órdenes internos, relacionados con dicha licitación. v. Informe todos los pagos que la Fuerza Aérea de Chile o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile han recibido de LATAM Airlines Group con motivo de la ejecución del contrato adjudicado en la licitación señalada en el punto a) durante este año 2015, como asimismo, informe todos los pagos que ha recibido su institución con motivo de cualesquier prestación de servicios a LATAM Airlines Group, relacionados o no con dicha licitación, y la naturaleza, origen, causa o motivación de dichos pagos. vi. Informe la Fuerza Aérea de Chile (FACH) o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile el destino de los recursos recibidos como pagos señalados en el punto anterior, cuenta contable asignada y ejecución presupuestaria de aquellos ingresos. vii. Informe todos los pagos y todas las contrataciones que desde el año 2011 la Fuerza Aérea de Chile (FACH) o el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile ha recibido por parte de LATAM Airlines Group o su antecesora legal, o LAN Chile, por concepto de prestación de servicios relacionados con exámenes pre ocupacionales y licencia aeronáutica o medicina aeroespacial o cualesquier otro relacionado con aquellos conceptos. viii. Informe todos los nombres y apellidos, cargo o grado de los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) o del Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea de Chile que han tenido cualesquier función o encargo en el proceso de licitación privada convocada este año 2015 por LATAM Airlines Group para exámenes pre ocupacionales y licencia aeronáutica, y el los funcionarios que lideraron por parte de su institución dicho proceso licitatorio. ix. Información relativa a si esos recursos fiscales aplicados por el órgano tienen por finalidad asignada por ley la ejecución de este contrato. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente, en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, la falta de aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, de conformidad a lo expuesto en el considerando 1°. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Manuel Aresti Durban, al Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, y a Josefina de Val Santander, strategic sourcing LATAM, en su calidad de tercero interesado en el presente amparo. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto en contra de los señores Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre, quienes no comparten lo razonado entre los considerandos 4° al 9°, toda vez que son partidarios de acoger la entrega de los correos electrónicos que a continuación se indican, contenidos en la información requerida por el reclamante, por las siguientes razones: 1) Los correos electrónicos generados desde una casilla institucional son públicos en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas. En efecto, el ejercicio actual de la función pública, supone el uso de toda forma de comunicación para concretizar los fines que la Administración del Estado persigue, es por esto que a cada funcionario se le otorga una casilla institucional financiada con recursos del erario nacional, sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. 2) Que lo anterior es una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del SEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Luego, y siendo los correos electrónicos la herramienta que permite un intercambio eficaz de información, en tanto han venido a reemplazar, en parte, a los documentos administrativos contenidos en formato papel, tales como memorándums, oficios u ordinarios empleados por la Administración, no están ajenos al escrutinio y control social que la ciudadanía pueda hacer de ellos, en los términos dispuestos en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. 3) Que, en tal sentido, estos disidentes hacen presente que si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de ser remitidos por esa vía. Así ocurriría, por ejemplo, con los documentos adjuntos a un e-mail o con las respuestas que los órganos de la administración otorgan electrónicamente, como ocurre en la mayoría de las solicitudes presentadas conforme a la Ley de Transparencia. De esta manera, el secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión. 4) Que, como manifestación de lo expuesto precedentemente, los correos electrónicos, son empleados cada vez más, como fundamentos de actos o decisiones de los órganos de la Administración del Estado. Como ejemplo pueden verse las resoluciones N° 4.140 y 8.802, de 2009; N° 95, N° 270, N° 833, N° 1.178, N° 2.954, N° 2.957, N° 2.960, N° 3.084 y N° 3.787, de 2011; y N° 9.844, N° 9.920 y N° 9.951, todas de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, así como el decreto supremo N° 634/2011, del mismo Ministerio; las resoluciones N° 661/2007, y N° 429/2008, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, así como los decretos supremos N° 84/2004, y N° 13, N° 30 y N° 170, de 2006, todos de la misma cartera; la resolución N° 109/2011, de la Subsecretaría de Transportes; las resoluciones N° 550/2003, y N° 28/2007, ambas de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción; y, el decreto supremo N° 157, de 2011, del Ministerio de Minería, todos ellos publicados en el Diario Oficial. 5) Que la práctica señalada precedentemente no hace sino reconocer que estos correos constituyen una forma de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional en cada uno de esos casos, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública. A mayor abundamiento, las entidades públicas ponen servidores de correo electrónico a disposición de sus funcionarios y les entregan cuentas de correo sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. Se trata de una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación establecidos en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 6) En consecuencia, estos disidentes estiman pertinente la entrega de los correos electrónicos contenidos en la información requerida por el reclamante en la letra d) del literal 1° de lo expositivo, al no concurrir una causal de secreto o reserva que así lo haga procedente. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.