Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3095-16

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Reclamante:	CRISTIAN CAMILO CRUZ RIVERA
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Ejército de Chile, fundado en que no dio respuesta a una solicitud de información referente a: a) "Copia del original de la Hoja de Vida y Calificación (...); b) Copia de la Tarjeta de Antecedentes Personales (TAP) y de la Hoja de Antecedentes Oficiales (HAO) (...); entre otras. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de lo solicitado en la primera parte del literal b) de la solicitud por tratarse casi exclusivamente de datos de carácter personal, según lo establecido en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/10/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C47-09 C2997-15 C3091-16 C327-09
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C3095-16 Entidad pública: Ejército de Chile. Requirente: Cristián Cruz Rivera. Ingreso Consejo: 12.09.2016 En sesión ordinaria N° 767 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3095-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de agosto de 2016, don Cristián Cruz Rivera solicitó al Ejército de Chile, en adelante e indistintamente, el Ejército o la Institución, respecto de don Pedro Bustos Valderrama, la siguiente información: a) "Copia del original de la Hoja de Vida y Calificación (...); b) Copia de la Tarjeta de Antecedentes Personales (TAP) y de la Hoja de Antecedentes Oficiales (HAO) (...); c) Copia de toda investigación administrativa, sumario administrativo, investigación sumaria administrativa (ISA) o símil que verse total o parcialmente sobre Pedro Pablo Bustos Valderrama, sus empresas o para las que trabaje, actividades, negocios u otros en relación al Ejército o sus órganos dependientes; d) Copia de toda denuncia (penal, administrativa u otra) recibida o emanada desde cualquier autoridad, funcionario o ente del Ejército, incluida la judicatura castrense, que diga relación, total o parcialmente, con Pedro Bustos Valderrama, sus empresas o para las que trabaje, actividades, negocios u otros, en relación al Ejército o sus órganos dependientes; e) Copia de toda resolución, contrato u otro por medio de la cual Pedro Bustos Valderrama, desde al año 1990 a la fecha, haya o esté prestando, total o parcialmente, labores, funciones, destinaciones, servicios o símil con cargo al patrimonio del Ejército o del Fisco; f) Copia íntegra, con toda la secuencia de antecedentes (renuncia, peticiones de renuncia o retiro, resoluciones, dictámenes, etcétera), que den cuenta de la fecha y motivos para que Pedro Bustos Valderrama dejase el servicio activo del Ejército; g) Copia de todos los antecedentes, actos o resoluciones que den cuenta que Pedro Bustos Valderrama haya sido o sea prestador o proveedor de servicios (como su representante o mandatario) del Ejército o sus órganos dependientes desde el año 1990 a la fecha. Se incluyen en esta petición las empresas de propiedad, total o parcial, de Pedro Bustos Valderrama o en la que éste tenga participación, represente o sea mandatario". 2) SUBSANACION DE LA SOLICITUD: El 9 de agosto de 2016, el Ejército solicitó al requirente subsanar su petición, en los términos dispuestos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, especificando las empresas a las que se refiere, los actos, resoluciones o antecedentes que consulta, y que acote el tiempo de búsqueda de la información, dentro del plazo máximo de 5 días. Mediante correo electrónico de fecha 11 de agosto de 2016, el solicitante subsanó su requerimiento, señalando que "justamente, lo requerido es que ustedes me entreguen esa información. En cuanto a que acote el tiempo de búsqueda, solicito desde el año 2000 a la fecha. Finalmente, en la solicitud de información hay aspectos que no dicen relación con las objeciones que ustedes plantean". 3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 12 de septiembre de 2016, don Cristián Cruz Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que la Institución le habría enviado un mail, con fecha 17 de agosto, en el cual le indicaban que "el Ejército no tiene por qué conocer las empresas que pudieran pertenecer al Sr. Pedro Pablo Bustos Valderrama, ni menos para cuáles pudiera trabajar o tener negocios como persona natural, ya que ello es propio de su actividad privada (...) Su respuesta no satisface ni entrega antecedentes que faciliten la búsqueda (...)". 4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS: Esta Corporación determinó aplicar el procedimiento correspondiente al Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC) al presente amparo, y dado que el Ejército otorgó respuesta a la solicitud de información, de manera posterior al ingreso del presente amparo, mediante oficio N° 9.596, de fecha 28 de septiembre de 2016, se solicitó al reclamante pronunciarse si recibió respuesta a su requerimiento, si la información proporcionada satisfacía su solicitud, y en caso de estar disconforme, aclarara la infracción cometida por el órgano. En efecto, en dicha respuesta, el órgano señaló en síntesis, que el referido oficial en retiro se opuso a la entrega de toda la información solicitada, quedando el Ejército, impedido de entregarla; que solicitó subsanar la petición ya que la Institución desconoce las empresas que pudieran pertenecer al mismo ex funcionario, sin que aquello ocurriera; y finalmente, adjuntó certificados de búsqueda que dan cuenta que no se encontraron antecedentes sobre investigaciones o denuncias relacionadas con la persona aludida. Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 3 de octubre de 2016, el reclamante indicó que "En efecto, el Ejército respondió, de modo extemporáneo, el 14 de septiembre, mediante correo electrónico", y que "mi petición constó de 7 puntos, sobre los que persevero en el Amparo interpuesto respecto de los numerales 1°, 2°, 5° (acotado desde el año 2000), 6° y 7° (acotado desde el año 2000)". Asimismo, alega que "el órgano me negó lugar a la información, aduciendo que el Sr. Bustos Valderrama se negó, por lo que se encuentran impedidos de acceder a mi solicitud. Estimo que esa negativa no se sustenta en la ley, ya que se reclama que la solicitud abarca también la vida privada de ese ex funcionario, lo que no es efectivo y si así fuese, debe tarjarse de la información que se me entregue, sus datos personales privados". En virtud de lo anterior, se declaró fracasada la instancia de SARC. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° 10.056, de fecha 11 de octubre de 2016, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones. Mediante oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/6856/CPLT, de fecha 25 de octubre de 2016, el órgano presentó sus descargos, señalando en síntesis, que "la respuesta de la solicitud de acceso a la información fue entregada en forma completa y oportuna dentro del plazo de acuerdo a la normativa legal vigente (...) cuando el Sr. Cruz subsanó la solicitud, no entregó mayores antecedentes que especificaran dicho requerimiento, sino que se limitó a reiterar los mismos términos amplios de su requerimiento (...) no cumpliendo con un requisito básico, cual es ‘la identificación clara de la información que se requiere’, requisito que va en beneficio del propio interesado, ya que la administración puede acotar y direccionar los medios de búsqueda, reduciendo de esta forma los tiempos y el personal destinado a tales tareas, así como también identificar de forma precisa lo requerido por el peticionario". Acto seguido, agregó que, por tratarse de un trámite esencial, mediante documento JEMGE DETLE (P) N° 6800/5145, de 18 de agosto de 2016, el Ejército comunicó al Coronel (R) Pedro Bustos su derecho a oponerse a la entrega de la información solicitada, adjuntando copia de dicha comunicación. Posteriormente, el 24 de agosto, el referido ex funcionario manifestó su oposición a dicha entrega, por vulneración al artículo 19 N° 4 de la Constitución, en relación con el artículo 21 N° 2 y 33, letra m), de la Ley de Transparencia y ley N° 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, por lo que la Institución quedó legalmente impedida de proporcionar la información requerida. Asimismo, entrega los datos de contacto del aludido ex funcionario. En efecto, la oposición del tercero se funda en que "los antecedentes que se solicitan (...) son instrumentos que contienen información de carácter privado de la carrera del suscrito, abarcando la totalidad de ella desde su egreso como Subteniente de la Escuela Militar hasta el fin de la misma, sin que se conozca, ni se expresa el fin para el cual se solicita, desconociendo los propósitos del solicitante", en relación con la garantía constitucional del artículo 19 N°4 de la Constitución, esto es, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y lo dispuesto en la ley N° 19.628, haciendo mención de la obligación de este Consejo contenida en el artículo 33 de la ley N° 20.285 y las recomendaciones aplicables al tratamiento de datos de carácter personal. Según el tercero, la entrega de la información dejaría al suscrito y su familia expuestos a imprevisibles consecuencias, en el ámbito de la seguridad física y personal, comunicacional, laboral y la honra. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficio N° 10.882 de 2 de noviembre de 2016, confirió traslado a don Pedro Bustos Valderrama, a fin de que presentara sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Mediante presentación de fecha 16 de noviembre de 2016, el tercero se opuso a la entrega de la información solicitada, fundado en que, a su juicio, existiría un abuso del derecho por parte del reclamante, por cuanto la información que solicita es difundida a través de diversos medios de comunicación, señalando que "el solicitante ha (...) ‘salido a pescar’, a ver qué encuentra en la información obtenida, ello es más que evidente cuando tenemos, en este caso, solicitudes que van más allá de un criterio racional, como es pedir todos los contratos desde un año determinado, que abarcan un largo período de tiempo, vinculados tanto a mi persona, como a las empresas que eventualmente pudiera representar (sin expresar ningún criterio de búsqueda o caso específico) ello sin duda es abusar del sistema". Acto seguido, señala que se opone a la entrega de la información pedida en los literales a), b) y f), por tratarse de información personal, que abarcarían aspectos reservados de la esfera privada, y su divulgación afectaría sus derechos personales, por cuanto también contendría datos sensibles, como fichas médicas y antecedentes de salud, y respecto de la renuncia, dicha información sería personalísima, y su entrega podría afectar la libertad de trabajo y su libre elección, artículo 19 N° 16 de la Carta Fundamental. Asimismo, respecto de lo pedido en las letras c) y d), manifestó su oposición fundado en el artículo 21 de la ley N° 19.628, y por su inexistencia, acreditada con los certificados entregados por el órgano. Respecto de lo pedido en los literales e) y g), el tercero argumenta que dicha solicitud carece de la especificidad requerida en la ley, por cuanto no indica con claridad los antecedentes que solicita, incurriendo en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y por afectar la privacidad y aspectos familiares del tercero, además de que, igualmente, se trata de información que no existiría. Luego, indica que "la entrega de la información, pero ya no personal, sino que de las sociedades que eventualmente pudiera estar vinculado (sin indicación de ninguna en específico), vulneraría los derechos comerciales y económicos de mis eventuales mandantes, reguardados en el art. 19 N° 24 y 21 de la Constitución Política de la República, ya que, al hacerse pública, podrían ser mal usadas por los competidores, afectando la imagen de ella, de sus negocios, conocer los rubros a que se dedican sus empresas, sus proveedores y estrategias de negocios, etc.", haciendo mención a los requisitos establecidos por este Consejo en las decisiones rol A252-09 y A114-09 para el caso en que la entrega de la información afecte los derechos comerciales o económicos del tercero. Por último, el tercero acompaña copia de diversas publicaciones de prensa vinculadas al reclamante y la impresión del listado de las 106 presentaciones de amparo ante este Consejo, por parte del mismo solicitante. Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo a resolver el fondo del asunto debatido, respecto de lo alegado por el tercero eventualmente afectado con la entrega de la información, en el sentido de que parte de la petición constituiría abuso del derecho por parte del solicitante, dado que el requirente habría "salido a pescar", a ver qué encuentra en la información pedida, lo que iría más allá de un criterio racional, como es pedir todos los contratos desde un año determinado, abarcando un largo período de tiempo, lo que sería abusar del sistema. Al respecto, cabe tener presente que, según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 5 de la Ley de Transparencia, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, etc. Asimismo, el principio de apertura o transparencia consagrado en el artículo 11, letra c), de la misma ley, indica que "toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas". Por último, el artículo 21 del mismo cuerpo legal establece las causales por las cuales se podrá denegar, total o parcialmente, el acceso a la información. En efecto, en caso de existir un eventual abuso del derecho, o una excesiva cantidad de solicitudes de información o amparos ante este Consejo, corresponderá al órgano alegar dicha circunstancia, en caso de concurrir, en los términos dispuestos en la letra c), del N° 1 del artículo mencionado, lo que no ha ocurrido en la especie. Cabe tener presente que, por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al Principio general de Transparencia de los actos de la Administración y al Principio de apertura o transparencia, en caso de oponerse, dicha causal de reserva debe ser interpretada restrictivamente. En consecuencia, se rechazará dicha alegación. 2) Que, luego, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado ni tampoco se notificó oportunamente la prórroga del plazo de respuesta. En efecto, la solicitud de información fue presentada ante el órgano con fecha 7 de agosto de 2016, y la subsanación de dicha solicitud se realizó con fecha 11 de agosto, no obstante lo cual, la respuesta del Ejército fue notificada mediante correo electrónico de fecha 14 de septiembre de 2016, una vez vencido el plazo legal. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado. 3) Que, en virtud de lo anterior, el presente amparo se funda en la falta de respuesta oportuna por parte del Ejército de Chile, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de la hoja de vida y calificación, de la tarjeta de antecedentes personales, de la hoja de antecedentes oficiales y una serie de antecedentes relacionados con el ex funcionario militar que indica, y sus posteriores servicios a la Institución. Al respecto, y de manera posterior al ingreso del presente amparo, el órgano denegó parte de la información por su inexistencia, y por la oposición del tercero, en los términos dispuestos en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 33, letra j) y m), de la citada ley, la ley N° 19.628 y el artículo 19 N° 4 de la Constitución. 4) Que, en virtud de lo anterior, del tenor del reclamo interpuesto por el solicitante, y del contenido de la información y respuesta entregada por el órgano, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don Cristián Cruz Rivera en las letras a), b), e), f) y g) de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva. 5) Que, en cuanto a la información solicitada en el literal a), esto es, copia del original de la hoja de vida y calificación del ex funcionario mencionado en la solicitud, y la Hoja de Antecedentes Oficiales (HAO) requerida en la parte final del literal b), cabe tener presente que atendido lo dispuesto por el artículo 79 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que estableció el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, «La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate». 6) Que, respecto de lo solicitado en esta parte, el tercero se opuso a la entrega de dicha información, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 33, letra j) y m), de la citada ley, la ley N° 19.628 y el artículo 19 N° 4 de la Constitución. 7) Que, no obstante lo anterior, este Consejo, en las decisiones recaídas en los amparos rol N° C47-09, C327-09 y C3091-16, entre otras, ha sostenido que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, en orden a que "la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen", lo que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma. 8) Que los antecedentes en análisis han sido elaborados con presupuesto público, y han debido servir de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por el Ejército en los respectivos procesos calificatorios de dichos funcionarios, y, además, obra en poder de un órgano de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5, 10 y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, constituye información que posee el carácter de información pública. 9) Que en virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazarán las alegaciones del tercero y se acogerá el presente amparo, respecto de estos puntos, y conjuntamente con ello, se requerirá al Ejército de Chile que entregue al peticionario copia de las hojas de vida y calificación solicitadas en el literal a) y de las Hojas de Antecedentes Oficiales requeridas en el literal b), debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que entregue, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al funcionario consultado y las sanciones prescritas o cumplidas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. 10) Que, enseguida, en cuanto a la Tarjeta de Antecedentes Personales (TAP) requerida en la primera parte del literal b) de la solicitud, cabe tener presente lo señalado en la decisión rol C2997-15 y C3091-16, entre otras, en orden a que "tras la revisión de la Tarjeta de Antecedentes Personales solicitada en el literal b) del requerimiento-, se constata que ésta contiene información relativa al grupo de sangre, fecha de nacimiento, carnet de identidad, domicilio, características físicas, estado civil, estudios y cuadro de ascenso del funcionario consultado; los que constituyen, en su mayoría, datos de carácter personal, según lo establecido en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628 por lo que, su divulgación afectaría sus derechos, según la oposición manifestada, en tiempo y forma, por éste. Cabe hacer presente que respecto al cuadro de ascenso, se puede acceder a la información allí contenida, mediante la Hoja de Vida cuya entrega fue requerida precedentemente". En consecuencia, y conforme a lo razonado en las decisiones citadas, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de este punto. 11) Que, enseguida, tratándose de la información requerida en las letras e), f) y g), esto es, copia de toda resolución, contrato u otro por medio del cual el ex funcionario haya o esté prestando, total o parcialmente, labores, funciones, destinaciones, servicios o símil con cargo al patrimonio del Ejército o del Fisco, desde el año 2000 a la fecha; copia íntegra de los antecedentes (renuncia, peticiones de renuncia o retiro, resoluciones, dictámenes, etcétera) que den cuenta de la fecha y motivos para que el mismo oficial dejara el servicio activo del Ejército; y copia de todos los antecedentes, actos o resoluciones que den cuenta que el Sr. Bustos haya sido o sea prestador o proveedor de servicios (como su representante o mandatario) del Ejército o sus órganos dependientes desde el año 2000 a la fecha, incluyendo las empresas de propiedad, total o parcial, del aludido o en las que éste tenga participación, represente o sea mandatario, se advierte que ésta se encuentra igualmente vinculada con la carrera funcionaria del oficial en retiro mencionado en el requerimiento, o se relaciona con eventuales gastos de fondos públicos por parte de la institución reclamada. 12) Que, en la especie, respecto de estos puntos, el tercero eventualmente afectado con la entrega de la información solicitada, alegó, igualmente, la concurrencia de la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628, por cuanto su entrega podría afectar la libertad de trabajo y su libre elección, por afectar la privacidad y aspectos familiares del tercero, se trataría de información que no existe, y que dicha solicitud carecería de la especificidad requerida en la ley, por cuanto no indica con claridad los antecedentes que solicita, incurriendo en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. Asimismo, reclama que la entrega de la información de las sociedades en las que, eventualmente, pudiera estar vinculado, vulneraría los derechos comerciales y económicos de los eventuales mandantes, afectando los derechos reguardados en el art. 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República, ya que, al hacerse pública, podrían ser mal usadas por los competidores, afectando la imagen de ella, de sus negocios, conocer los rubros a que se dedican sus empresas, sus proveedores y estrategias de negocios, haciendo mención a los requisitos establecidos por este Consejo en las decisiones de los amparos rol A252-09 y A114-09 para el caso en que la entrega de la información afecte los derechos comerciales o económicos del tercero. 13) Que, en primer lugar, la oposición del ex funcionario se funda en que su entrega generaría distracción indebida de los funcionarios del órgano, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe tener presente que dicha causal de reserva corresponde que sea alegada por el propio órgano y no por el tercero, el cual no tiene las herramientas necesarias para justificar y fundamentar adecuadamente su concurrencia. En la especie, el órgano reclamado no alegó la mencionada causal, ni siquiera de manera subsidiaria. En consecuencia, se rechazará dicha alegación. 14) Que, en segundo lugar, el tercero alega afectación a los derechos comerciales y económicos, en los términos expuestos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con los derechos consagrados en el artículo 19 N° 21 y N° 24 de la Carta Fundamental, limitándose a señalar una serie de eventuales circunstancias, pero sin señalar específicamente de qué forma podría generarse la afectación alegada, ni los efectos que aquello podría generar, lo cual, a juicio de este Consejo, no tiene el mérito suficiente como para justificar la reserva. Respecto a los requisitos mencionados por el tercero, enumerados en las decisiones A252-09 y A114-09 de este Consejo, cabe tener presente que, en la especie, no se ha acreditado suficientemente que dicha información sea secreta o que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible ni los esfuerzos que se hayan realizado para mantener su secreto, principalmente, teniendo en consideración la publicidad de los procedimientos relacionados con Mercado Público, tratándose de licitaciones públicas, y también, por cuanto se trata de información que obra o debiera obrar en poder del órgano reclamado, y por tratarse de información que reviste un evidente interés para el control social de los recursos públicos en cuanto dice relación con el gasto institucional de fondos públicos. 15) Que, en tercer lugar, con relación a lo dispuesto en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, por cuanto la entrega de los antecedentes relativos a la renuncia del ex funcionario, podría afectar la libertad de trabajo y su libre elección, cabe tener presente lo razonado en los considerandos 7° y 8° precedentes, en el sentido de que la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas, que se trata de antecedentes que han debido servir de fundamento de actos administrativos o resoluciones dictadas por el Ejército en el proceso de término de la relación laboral y en el de jubilación o pensión de dicho funcionario, y, además, obra en poder de un órgano de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5, 10 y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, constituye información que posee el carácter de información pública. 16) Que, por último, cabe desestimar las consideraciones referidas al uso que podría dar el solicitante a la información toda vez que de conformidad con el principio de la no discriminación, establecido en la letra g) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin expresión de causa o motivo para su requerimiento. 17) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo expuesto, este Consejo procederá a rechazar las alegaciones del tercero, y a acoger el presente amparo, respecto de estos literales, por lo que se requerirá al Ejército de Chile que haga entrega de la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información pedida, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia y el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal, o, en su defecto, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Cristián Cruz Rivera, en contra del Ejército de Chile, rechazándolo respecto de lo solicitado en la primera parte del literal b) de la solicitud por tratarse casi exclusivamente de datos de carácter personal, según lo establecido en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, lo siguiente: a) Entregar al reclamante la siguiente información: i. Hoja de vida y calificación, y la Hoja de Antecedentes Oficiales (HAO), debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información pedida, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. ii. Copia de toda resolución, contrato u otro por medio del cual el ex funcionario haya o esté prestando, total o parcialmente, labores, funciones, destinaciones, servicios o símil con cargo al patrimonio del Ejército o del Fisco, desde el año 2000 a la fecha; copia íntegra de los antecedentes (renuncia, peticiones de renuncia o retiro, resoluciones, dictámenes, etcétera) que den cuenta de la fecha y motivos para que el mismo oficial dejó el servicio activo del Ejército; y copia de todos los antecedentes, actos o resoluciones que den cuenta que el Sr. Bustos haya sido o sea prestador o proveedor de servicios (como su representante o mandatario) del Ejército o sus órganos dependientes desde el año 2000 a la fecha, incluyendo las empresas de propiedad, total o parcial, del aludido o en las que éste tenga participación, represente o sea mandatario, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información pedida, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, o, en su defecto, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido la solicitud de información dentro del plazo legal ni haber notificado oportunamente la prórroga del plazo de respuesta. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Cruz Rivera, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, y a don Pedro Bustos Valderrama, en su calidad de tercero, en la dirección indicada en el segundo otrosí de su escrito de oposición ante este Consejo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.