Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3135-16

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Reclamante:	SEBASTIÁN GUZMÁN
Reclamado:	INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO CENTRO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago, fundado en la denegación de la información solicitada referente a las «actas de elecciones certificadas por los respectivos ministros de fe y el acta de constitución de directiva o similar, cada año en que haya habido elecciones o constitución de directiva, para las siguientes entidades sindicales: Confederación de Funcionarios de la Salud (RSU93010050) y Confederación Nacional de Asociaciones de Trabajadores de la Salud Unitaria "Fenats Unitaria" (...) para los períodos 1986-2015 (...) si está disponible el número de socios y socias cada año (...) no requiero la nómina de socios (...)». El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/29/2016
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Derechos de las personas >> Vida privada >> Datos personales
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C3135-16 Entidad pública: Inspección Provincial del Trabajo de Santiago Requirente: Sebastián Guzmán Rivera Ingreso Consejo: 13.09.2016 En sesión ordinaria N° 763 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de diciembre de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol N° C3135-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de julio de 2016, don Sebastián Guzmán Rivera solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago -en adelante e indistintamente Inspección o IPT-, «actas de elecciones certificadas por los respectivos ministros de fe y el acta de constitución de directiva o similar, cada año en que haya habido elecciones o constitución de directiva, para las siguientes entidades sindicales: Confederación de Funcionarios de la Salud (RSU93010050) y Confederación Nacional de Asociaciones de Trabajadores de la Salud Unitaria "Fenats Unitaria" (...) para los períodos 1986-2015 (...) si está disponible el número de socios y socias cada año (...) no requiero la nómina de socios (...)». 2) RESPUESTA: El 23 de agosto de 2016, la IPT indicó al reclamante que no le era posible acceder a la divulgación de la información consultada, en aplicación a lo previsto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto no tenía procesada digitalmente la información pedida, razón por la cual, y a fin de satisfacer el requerimiento en el modo planteado, debía revisar cada una de las carpetas de las organizaciones sindicales existentes en su archivo para recabar los datos solicitados, gestión que podía tomar varias semanas sólo para una de las organizaciones sindicales de rango superior consultada. Agregó, que luego de recabar la información en comento, la cual implicaba abarcar un periodo de treinta años, debía proceder al tarjamiento de los datos personales contenidos en dichos instrumentos, a fin de velar por la debida protección de los trabajadores afiliados a dichas organizaciones como de aquellos, que aun no estando actualmente aforados en calidad de dirigentes, puedan verse perjudicados por la divulgación de la información requerida. En tal sentido, precisó que no cuenta con el personal humano suficiente para abordar la búsqueda de la información aludida. Por último, hizo presente que aplicar el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, en atención al exorbitante número de trabajadores involucrados a lo largo de 30 años de historia sindical de ambas organizaciones, implicaba igualmente configurar la distracción indebida de sus funciones, toda vez que en muchos casos habría que notificar a los herederos de quienes hayan fallecido. En consecuencia, deniega la entrega de la información objeto de la solicitud de don Sebastián Guzmán Rivera. 3) AMPARO: El 13 de septiembre de 2016, don Sebastián Guzmán Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido organismo, fundado en la denegación de la información solicitada. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Por lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este reclamo, confiriendo traslado a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago, mediante Oficio N° 9734, de 29 de septiembre de 2016., quien mediante presentación de 17 de octubre de 2016, reiterando lo ya expuesto en su respuesta, precisando en síntesis que la satisfacción del requerimiento podría superar un mes, aproximadamente, debiendo destinar a 3 funcionarios con dedicación exclusiva a dicha tarea. Conjuntamente con lo señalado, precisó que sus archivos no se encuentran clasificados ni ordenados, siendo altamente posible que muchos de los antecedentes consultados hayan sido eliminados. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo, tiene por objeto la entrega de actas de elección, renovación y constitución de las directivas de dos confederaciones de trabajadores. Lo anterior, respecto del período comprendido entre 1986 y 2015. 2) Que en tal sentido, la reclamada señaló que respecto de la información solicitada, no procedía su entrega por cuanto recabar la totalidad de los antecedentes consultados implicaba distraer a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual resultaba aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 3) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales». 4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. 5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 6) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 7) Que la satisfacción completa del requerimiento en el modo planteado por el solicitante, supone necesariamente el despliegue de un ingente esfuerzo a fin de obtener los datos solicitados, para luego proceder a la anonimización de los datos personales detallados en la documentación consultada. Lo anterior, implica revisar físicamente cada uno los archivos que la Inspección del Trabajo de Santiago posee y que según expuso, no se encuentran clasificados, relativos a cambios de la directiva de las organizaciones sindicales consultadas. La referida actividad, implica no sólo efectuar una importante labor administrativa consistente en la búsqueda manual y revisión de la información efectivamente disponible -la que abarca un período de treinta años-, todo lo cual hace presumible la distracción del personal de la reclamada. En efecto, y según indicó la IPT, la satisfacción del requerimiento conllevaría destinar a tres de sus funcionarios durante un mes en forma exclusiva a la búsqueda, revisión y tarjamiento de los datos personales contenidos en los instrumentos generados en el período consultado. 8) Que en tal sentido, cabe además tener presente que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3° y 5° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esta se encuentra "(...) al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente// Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública". 9) Que en mérito de lo antes señalado, y resultando plausibles las alegaciones de la reclamada a fin de acreditar la causal consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se acogerá la causal invocada y conjuntamente con ello, se rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Sebastián Guzmán Rivera en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago por configurarse la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sebastián Guzmán Rivera y a la Sra. Inspectora Provincial del Trabajo de Santiago. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.