Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3138-16

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Reclamante:	ALEX DÍAZ LOAYZA
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se dedujeron dos amparos en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en la respuesta parcialmente negativa a una solicitud referente a: Folio AE006W50010833 "Listado en formato Excel, de contribuyentes que, estando legalmente obligados a presentar formulario 29 o formulario 50, según los registros del SII, dieron cumplimiento a esa obligación legal por el período tributario abril de 2016 (declarados en el mes de mayo de 2016)". Folio AE006W50010834 "Listado en formato Excel, de contribuyentes de Impuesto de Primera Categoría, Global Complementario u otro, que durante el año tributario 2015, dieron cumplimiento a su obligación legal de presentar declaración anual de renta mediante Formulario 22 (con o sin pago)". El Consejo acoge parcialmente el amparo, por no acreditarse fehacientemente la inexistencia de la información. referida a contribuyentes (personas jurídicas) domiciliados en la Región Metropolitana que, estando legalmente obligados a presentar formulario 29, dieron cumplimiento a esa obligación por el período tributario requerido; rechazándolo respecto de la entrega del nombre y/o RUT de contribuyentes personas naturales que presentaron declaración mediante formularios 29 o 50 por el período tributario abril de 2016, y de aquellos que presentaron declaración anual de renta mediante formulario 22, por configurase a su respecto la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/11/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1290-14 C2254-15 C3139-16 C315-11 C211-11
Jurisprudencia a:	C3139-16
Recursos relacionados:	789-2017
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROLES C3138-16 y C3139-16 Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII) Requirente: Alex Díaz Loayza Ingreso Consejo: 13.09.2016 En sesión ordinaria N° 768 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C3138-16 y C3139-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 15 de julio de 2016, don Alex Díaz Loayza presentó al Servicio de Impuestos Internos (SII) las siguientes solicitudes de información: Folio AE006W50010833 "Listado en formato Excel, de contribuyentes que, estando legalmente obligados a presentar formulario 29 o formulario 50, según los registros del SII, dieron cumplimiento a esa obligación legal por el período tributario abril de 2016 (declarados en el mes de mayo de 2016)". Folio AE006W50010834 "Listado en formato Excel, de contribuyentes de Impuesto de Primera Categoría, Global Complementario u otro, que durante el año tributario 2015, dieron cumplimiento a su obligación legal de presentar declaración anual de renta mediante Formulario 22 (con o sin pago)". Respecto de ambas solicitudes el requirente pide la individualización de los cumplidores mediante su número en el Rol Único Tributario, sin indicación de datos personales o amparados por el secreto tributario. Si se estima que, tratándose de personas naturales, el RUT es un dato personal, solicita se señale el nombre civil del declarante. Finalmente, indica que la petición se limita a los contribuyentes domiciliados en la Región Metropolitana. 2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: El 12 de agosto de 2016, el SII comunicó al solicitante la prórroga de plazo para pronunciarse respecto de las solicitudes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Mediante Resolución Exenta N° 10.833, de 29 de agosto de 2016, el SII acumuló ambas solicitudes de información, accediendo parcialmente a los requerimientos en los siguientes términos: Solicitud Folio AE006W50010833: Indica que no dispone dentro de sus bases de datos del registro que permita identificar aquellos contribuyentes que se encuentran legalmente obligados a presentar declaraciones mediante Formularios 29 o 50, y establecer dicha información implicaría efectuar la realización de un estudio puntual destinado a la creación de un informe inédito para el caso particular. Sin perjuicio de lo anterior, entrega al solicitante un archivo que contiene una nómina de contribuyentes personas jurídicas que presentaron declaraciones mediante formularios 29 y 50, por el período tributario abril 2016. Solicitud Folio AE006W50010834: No dispone dentro de sus bases de datos del registro que permita identificar aquellos contribuyentes que se encuentran legalmente obligados a presentar la declaración formulario 22 y que, para establecer cuántos deberían declarar dicho formulario, dado su comportamiento, procedería realizar un análisis exhaustivo con cruce de datos, lo que implicaría efectuar la realización de un estudio puntual destinado a la creación de un informe inédito en la especie. No obstante ello, se entrega un archivo que contiene nómina con los contribuyentes personas jurídicas que presentaron declaración anual de impuesto a la renta, durante el año tributario 2015 y formulario 22. El SII hace presente que los listados entregados excluyen a las personas naturales, por cuanto los datos contenidos en una nómina, referidos a contribuyentes personas naturales, constituyen datos personales, en los términos del artículo 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, siendo aplicable la regla de secreto del artículo 7° de la citada Ley, en relación con la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Tanto la ley N° 19.628 y la ley N° 20.285, han establecido un régimen de protección de los datos personales que obran en poder de los órganos de la Administración, a partir de la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, sobre respeto a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Por último, hace presente que estos datos personales han sido provistos a la Administración por sus titulares para su empleo en los fines propios del SII, lo que implica que la información ha sido recolectada de una fuente no accesible al público, criterio que ha reconocido este Consejo. 3) AMPAROS: El 13 de septiembre de 2016, don Alex Díaz Loayza dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del SII, fundado en la respuesta parcialmente negativa a sus solicitudes de información. El reclamante hace presente, en síntesis, lo siguiente: a) Respecto la inexistencia alegada por el SII, reclama de la respuesta en relación a la información relativa al Formulario 29, ya que -a su juicio- el órgano cuenta con los datos, bases y registros que le permiten identificar a los contribuyentes del impuesto al valor agregado y otros impuestos mensuales que se deben declarar a través de dicho formulario. b) Según la normativa vigente, existe obligación para las personas susceptibles de ser sujetos de impuestos, o que en razón de su actividad o condición puedan causar impuestos, en orden a inscribirse en el Rol único Tributario y también, de dar aviso del inicio de actividades gravadas con impuestos y de las modificaciones importantes que sucedan sobre los datos y antecedentes contenidos en aquél aviso. c) En definitiva, se consultó al SII que, sobre la premisa de que el órgano tiene "enrolados" a los contribuyentes afectados a IVA y demás obligados a presentar formulario 29, se indicare quiénes son los enrolados que debían declarar según sus registros y cuáles de ellos lo hicieron. d) El SII posee ordenada y sistematizada la información requerida, disponible en la web del órgano, en la opción de consulta tributaria de terceros que permite verificar si una persona es o no contribuyente de IVA (adjunta impresión de pantalla). e) Respecto a la denegación de las nóminas de contribuyentes personas naturales que, estando obligados legalmente, dieron cumplimiento al deber de declarar impuestos mediante formularios 22, 29 y 50, indica que no se requirió acceso a las declaraciones presentadas por los contribuyentes ni tampoco datos obtenidos o extraídos de las mismas asociados a personas determinadas. f) En suma, lo requerido corresponde al registro de los declarantes y no declarantes que elabora el SII como insumo indispensable para su acción fiscalizadora. No resulta admisible alegar que dicha información ha sido recolectada de fuentes no accesibles al público, por cuanto lo requerido no es el contenido de la fuente (lo declarado) sino que el catastro de declarantes que el SII elabora para sus fines propios. g) El reclamante plantea una serie de ideas y reflexiones que sustentan su alegación en torno a que, la información sobre el cumplimiento tributario de las personas naturales no atañe a su vida privada sino su actuación en la vida pública, por lo que no le resulta aplicable la ley N° 19.628. Aun cuando resultaren aplicables dichas normas, procedería la entrega, ya que los datos sobre cumplimiento tributario son recopilados y tratados dentro del marco de deberes públicos de parte de los obligados y que dicha información es procesada con presupuesto público por el Estado para el cumplimiento de fines públicos de interés general, por lo que según lo prescrito en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, es información pública. Por lo anterior, salvo que se concurra en la especie alguna causa legal de reserva, se trata de información que, según el artículo 8° de la Carta Fundamental, en relación con los artículos 5° y 10 de la ley N° 20.285, está contenida en fuentes de accesibles al público, y como tal, según lo dispuesto en inciso tercero del artículo 4° de la ley N° 19.628, es de aquella que no requiere autorización del titular para ser tratada. h) Finalmente, indica que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, debió entregarse la información en el formato requerido (Excel), por lo que cabe representar al Servicio la infracción a dicha norma. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio N° 9.643, de 29 de septiembre de 2016. Mediante escrito ingresado con fecha 17 de octubre de 2016, el SII presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: Consideraciones previas: a) En el sistema de autodeterminación o autodeclarativo de impuestos, "es el contribuyente el que señala si existió o no el hecho gravado, y el monto de la obligación. En Chile, es este sistema el que se utiliza, puesto que son los mismos contribuyentes lo que, mediante sus declaraciones de impuestos mensuales o anuales, informan el monto de su obligación". Por su parte, para el caso en que la determinación del impuesto quedase en manos del juez (determinación judicial) o del órgano fiscalizador mediante una liquidación (determinación administrativa), la doctrina aclara que: "todos los mecanismos de determinación reconocen una participación activa del contribuyente". b) La generación del impuesto se relaciona, más bien, con la realización de ciertas actividades contempladas en la ley, vale decir, con la ocurrencia del hecho gravado. Cuando dicha condición haya tenido lugar se entenderá, entonces, que la persona se convierte en sujeto de una obligación tributaria y, por ende, adquiere la calidad de contribuyente "afecto a impuesto". c) La generación de un impuesto trae consigo la obligación de la declaración de éste, en los términos establecidos en el artículo 29 del Código Tributario. De acuerdo a las normas legales y reglamentarias, el contribuyente tiene la obligación de presentar declaraciones de impuestos cuando, a su respecto, ha tenido lugar un hecho gravado. Las principales declaraciones de impuestos son aquellas referidas a los formularios 22, 29 y 50, que el órgano desarrolla en su escrito. Inexistencia de parte de la información requerida: d) La obligación tributaria nace cuando se configura un hecho gravado. Así, el gravamen no pesa sobre el contribuyente, por el solo hecho de tener inscrita una actividad económica, puesto que para establecer quiénes son los obligados a presentar declaraciones conforme a lo establecido en la ley, se deben tomar en cuenta una serie de consideraciones, tales como los términos de giro de aquellos contribuyentes que, estando dentro del plazo legal para hacerlo, en los términos del artículo 69 del Código Tributario, aún no han dado el aviso correspondiente; o bien, que realizaron esporádicamente -y a veces, por única vez- una actividad gravada. e) No existe la marca en el sistema que permita identificar a los "obligados legalmente a declarar" los distintos formularios, y la información que el SII pudiese recopilar por otras vías (a través de declaraciones juradas) tampoco permite construir la información siguiendo el criterio indicado por el requirente, puesto que dichas declaraciones tienen plazos de presentación distintos a los de los formularios 22, 29 y 50. f) Respecto de la impresión de pantalla acompañada por el reclamante, donde se informa un cuadro con información sobre la situación tributaria de terceros, en particular, las actividades económicas vigentes, con los siguientes campos de información: Actividad (descripción); Código; Categoría; y, "Afecta IVA", el SII advierte que al hacer la referencia a "Afecta IVA", lo hace respecto de las actividades económicas inscritas y vigentes por el contribuyente que se consulte, puesto que indicarlo de otra manera no sería correcto. g) Si bien el reclamante ha indicado que en ningún caso se requirió al SII que efectuara un análisis o estudio sobre la situación tributaria particular de los contribuyentes, ni menos que se fiscalizara o que se examinara en concreto quienes debían en cada caso declarar y por qué lo hicieron o no; no resulta menos cierto que el cumplimiento de lo requerido, frente a las circunstancias latamente explicadas, sí implicaría la confección de un estudio particular (y probablemente, la realización de múltiples fiscalizaciones) para lograr la determinación de aquellos contribuyentes que "estando legalmente obligados a presentar formulario 22, 29 o 50", "dieron cumplimiento a esa obligación legal" por los períodos solicitados. Denegación de nómina de declarantes de impuesto personas naturales: h) El reclamante confunde el Registro de Contribuyentes, que corresponde, en términos generales, a la base de datos mediante la cual este Servicio gestiona su labor fiscalizadora; con los listados solicitados en las peticiones objeto del reclamo (cuyo contenido se conforma en la medida que los contribuyentes presenten las declaraciones de impuestos respectivas). Al respecto, ninguna de las dos bases de datos tiene el carácter de "fuentes accesibles al público", toda vez que el legislador no ha contemplado ningún mecanismo de libre acceso o consulta por parte de la ciudadanía, para efectos de verificar si una determinada persona ha realizado su declaración de impuestos. i) En lo concerniente al Registro de Contribuyentes, y en particular, al Rol Único Tributario, respecto a las personas jurídicas y demás entes, es el SII el organismo que proporciona la individualización de dichos contribuyentes a través de la asignación del Rol Único Tributario; mientras que en el caso de las personas naturales, dicha numeración equivale al número de la Cédula de Identidad (según lo dispuesto en los artículos 1° y 3° del D.F.L. N° 3, de 1969). j) Así, respecto a los contribuyentes personas naturales, éstos cuentan con la especial protección de la ley N° 19.628, toda vez que tanto el Registro de Contribuyentes como el listado de declarantes de impuestos no son fuentes accesibles al público en los términos dispuestos en la ley N° 19.628. En efecto, en estos casos no existe la posibilidad de acceder sin restricciones, por cualquier persona, a todos los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. k) Esto no ocurre en el caso de los elementos contenidos en las bases de datos de este Servicio, ya que el artículo 35 del Código Tributario prohíbe la divulgación de éstos a terceros ajenos a la institución, previendo sanciones pecuniarias e incluso corporales en caso que ello ocurra. La reserva tributaria impide, en consecuencia, el acceso, sin limitaciones, a todos los elementos contenidos en los bancos de datos de este Servicio. l) El Registro de Contribuyentes y el listado de declarantes no son fuentes accesibles al público, por lo que procede aplicar el artículo 9° de la ley N° 19.628. De esta forma, no procede entregar ningún tipo de datos alusivos a los declarantes de impuestos, esto son, nombre y apellidos y/o el número de Rol Único Tributario (equivalente a la cédula de identidad). ll) No resulta contraria a las leyes N° 19.268, N° 20.285, la sección "Consultar situación tributaria de terceros" que está disponible para el público en la página web del Servicio, toda vez que su consulta está sometida a la restricción de aportar determinados datos (en este caso, el RUT), excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i) de la ley N° 19.628. m) Respecto a la improcedencia de entrega de RUT de personas naturales a terceros, cita la jurisprudencia de este Consejo, referidas a solicitudes de información realizadas al amparo de la Ley de Transparencia, en que se requieren conocer datos personales contenidos en un registro o banco de datos (decisiones de amparos Roles C1290-14, C2254-15, entre otras). n) En relación a la afectación a la honra y vida privada de los contribuyentes personas naturales, el sistema tributario chileno es autodeclarativo, por lo que el contribuyente, encontrándose ante un hecho gravado debe autodeterminar el impuesto para luego declararlo ante la Autoridad. Ello se debe complementar, con el plazo legal que tiene el SII para revisar la determinación de impuestos (liquidar, revisar y girar), desde que se debió efectuar el pago de los tributos (3 años), o bien tratándose de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o fuere maliciosamente falsa (6 años). ñ) Así, para que la información que obra en poder del SII contribuya a formar juicios de valor, ésta debe ser cierta, veraz y definitiva, cuestión que no ocurre en este caso, por cuanto los plazos de prescripción relacionados con la información pedida, aún están pendientes. o) El SII no cuenta con marcas especiales en su sistema que permitan hacer un seguimiento ("marcas") a los contribuyentes de acuerdo a las declaraciones que deberían rendir en el período siguiente, por cuanto el impuesto a declarar tendrá lugar sólo cuando un hecho gravado haya cumplido con las exigencias legales (ejemplo: que no exista exención a favor del contribuyente). Por otra parte, existen casos en los que debe presentarse una declaración de impuestos, sin que ello implique un pago de éstos, sino todo lo contrario, expresan la voluntad del contribuyente de recuperar el remanente de impuestos pagados que se ha configurado a su favor. p) Así, frente a estas condiciones, no es temerario asegurar que la única manera de asegurar que la revelación de la información en cuestión no va a afectar el derecho a la honra de las personas, sería a través de un posterior estudio comparativo que permitiera determinar si ha habido cumplimiento (o no) de las obligaciones tributarias, y la elaboración de dichos estudios van más allá de la finalidad de la Ley de Transparencia. q) De esta forma, de entregarse información susceptible de modificación, se estaría afectando la honra de los contribuyentes personas naturales, según lo prescrito en el artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, así como los artículos 21 N° 5 y N° 2 de la Ley de Transparencia. r) Respecto al formato de entrega de la información, el SII entregó en formato ".txt" o archivo de texto plano que, atendidas sus características, permite que la información se pueda leer y editar a través de un editor de texto, como el programa "Excel". Este formato facilita la extracción de los antecedentes desde la base de datos del Servicio (especialmente, tratándose de datos de gran envergadura). Asimismo, facilita la lectura de los archivos en cualquier dispositivo, a través de cualquier programa informático que cuente con un editor de texto; y, proporciona mayor seguridad en el despacho del archivo, al disminuir su tamaño, evitando entorpecimientos en su remisión al destinatario. De esta forma, si bien el archivo no corresponde al formato de entrega solicitado, sí corresponde a un archivo electrónico, editable y que, en vez de limitar su uso, expande la posibilidad de lectura al permitir su edición en distintos programas informáticos. Y CONSIDERANDO: 1) Que lo requerido corresponde, en términos generales, a las nóminas de contribuyentes que cumplieron con la obligación de presentar formularios de declaración de impuestos (Formularios 29 y 50 en un caso, y Formulario 22, en otro), para determinados períodos tributarios. Al efecto, atendida la naturaleza de los datos solicitados, así como las atribuciones de fiscalización respecto de todos los impuestos internos que competen a la reclamada, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública, salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva. 2) Que el solicitante fundó su reclamo en lo siguiente: Inexistencia de aquella parte de la información referida a los contribuyentes que estando legalmente obligados a presentar, específicamente formulario 29 según los registros del SII, dieron cumplimiento a la obligación para el período tributario abril de 2016; la denegación de entrega de las nóminas de contribuyentes personas naturales que dieron cumplimiento a la obligación de declarar mediante los formularios 29, 50 y 22, al tratarse de datos personales, por lo que se aplicaría la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7° de la ley N° 19.628; y, el formato de entrega de la información proporcionada por el órgano. Por lo anterior, el objeto del presente amparo se circunscribirá al análisis de dichas materias, según se indicará a continuación. 3) Que en primer término, el reclamante alega sobre la inexistencia de aquella parte de la solicitud de información referida a la nómina de contribuyentes que, estando legalmente obligados a presentar formulario 29, dieron cumplimiento a su obligación de presentar formulario de declaración por el período tributario abril de 2016 (es decir, por las ventas, servicios y compras que se efectuaron en ese mes), y sólo respecto de los contribuyentes de la Región Metropolitana. Al efecto, en sus descargos el SII ha explicado que para establecer quiénes son los obligados a presentar declaraciones según lo prescrito en la ley, se debe tomar en cuenta una serie de consideraciones, tales como términos de giro de contribuyentes que estando dentro del plazo legal no han dado el aviso correspondiente, o contribuyentes que realizaron esporádicamente, y hasta por una única vez, la actividad gravada. Asimismo, ha indicado que no existe la marca en el sistema que permita identificar a los obligados legalmente a declarar los distintos formularios. Por su parte, agrega que la base de datos del SII no permite distinguir entre contribuyentes que deben declarar los diversos formularios de impuestos, ya que la generación de la obligación tributaria depende de la realización del hecho gravado, y mientras éste no se verifique, no existe ningún impuesto que declarar, y menos pagar. Afirma en este punto que, establecer dicha información implicaría efectuar la realización de un estudio puntual, destinado a crear un informe inédito para este caso. 4) Que "corresponde al SII la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente" (énfasis agregado) (artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 7, de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos). A su turno, respecto al impuesto al valor agregado, deben declarar en el formulario 29 todas las personas naturales o jurídicas, incluyendo las comunidades y sociedades de hecho que sean sujeto de los impuestos del decreto ley N° 825, de 1974, sea que en el período respectivo efectúen operaciones gravadas o no con los impuestos establecidos en dicho cuerpo normativo. También deberá ser presentado por los sujetos de los impuestos del Decreto Ley N° 824, de 1974 que efectúen PPM o retenciones y por aquellos contribuyentes que sean señalados a juicio exclusivo por la Dirección Nacional del SII (Circular N° 48, de 2004, del SII). Establecido lo anterior, y sobre la obligatoriedad de presentar dicha declaración, cabe advertir que "La obligación de presentar declaración subsiste aun cuando el contribuyente no realice operaciones gravadas en uno o más períodos tributarios, salvo que éste haya comunicado por escrito al Servicio de Impuestos Internos el término de sus actividades", sancionándose su incumplimiento conforme lo dispuesto en el Código Tributario (incisos segundo y tercero del artículo 65 del decreto ley N° 825, de 1974). 5) Que dentro de las acciones fiscalizadoras ejercidas por el Servicio, se encuentran los procesos masivos, y dentro de estos, los Programas de Fiscalización. Entre ellos se encuentra la Operación IVA, que considera -en términos generales- el cruce de bases de datos que obran en poder del Servicio y que detectan masivamente inconsistencias en las declaraciones presentadas, para su posterior aclaración. Respecto a la materia, el SII fiscaliza el incumplimiento tributario permanentemente, detectando a los contribuyentes que evaden la declaración y pago del IVA, y con ello, el cumplimiento de la obligación tributaria. Sobre el particular, este Consejo tuvo a la vista el Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario 2016 del SII, en que se informa que el órgano realiza la medición de brechas tributarias, es decir, la diferencia que se obtiene al comparar el cumplimiento esperado versus el efectivamente realizado por los contribuyentes. Por último, cabe advertir que el propio Servicio informa en su sitio web que, en el evento de no declararse IVA y estando obligado a hacerlo, el contribuyente se encontrará en situación de "No declarante", por lo que será notificado por el SII por dicho incumplimiento, y se deberá declarar dentro del plazo indicado en la notificación (http://www.sii.cl/contribuyentes/p7iva.htm ). En casos más extremos, de no regularizarse la situación, se genera al contribuyente una anotación por "Inconcurrente a Operación IVA", la cual impide realizar determinados trámites ante el SII hasta obtener la regularización. 6) Que por lo expuesto, atendido el marco normativo descrito; las específicas facultades fiscalizadoras del Servicio sobre el cumplimiento de la obligación de declarar mediante el formulario 29, por ejemplo, a través de sus programas de fiscalización; y, el propio desarrollo del plan de gestión de cumplimiento tributario del SII, que presupone el conocimiento e identificación de contribuyentes obligados legalmente a presentar declaraciones mediante el citado formulario, a juicio de este Consejo, no resultan plausibles las alegaciones del órgano en orden a haberse acreditado fehacientemente que no disponga dentro de sus bases de datos ni de sus registros, la información relativa a los contribuyentes, que se encontraban legalmente obligados a presentar formulario 29 según los registros del SII, y que dieron cumplimiento a dicha obligación, por el período tributario abril de 2016. Al contrario, y de aceptarse la tesis de la reclamada, no se advierte de qué forma el SII podría cumplir -con suficiente eficacia y eficiencia- su mandato legal de fiscalización del cumplimiento de la obligación tributaria respecto de contribuyentes determinados (por ejemplo: detectar y perseguir la infracción a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 65 del decreto ley N° 824, entre otros). Con todo, esta Corporación advierte que -eventualmente- la nómina entregada de contribuyentes, puede guardar identidad con lo requerido, en la medida que se trate del listado definitivo de aquellos contribuyentes que, estando legalmente obligados a presentar el formulario, dieron cumplimiento a la obligación, cuestión que no fue especificada por el SII en su respuesta. Por lo anteriormente razonado, se acogerá en esta parte el amparo y se requerirá al SII entregar al reclamante el listado en formato Excel, de contribuyentes (personas jurídicas) domiciliados en la Región Metropolitana que, estando legalmente obligados a presentar formulario 29 según los registros del SII, dieron cumplimiento a esa obligación legal por el período tributario abril de 2016, o bien, y de ser el caso, señalar expresamente que la nómina entregada corresponde al listado definitivo de aquellos contribuyentes que, estando legalmente obligados a presentar formulario 29, dieron cumplimiento a esa obligación legal. 7) Que a su turno, el SII denegó la entrega de las nóminas de contribuyentes personas naturales que presentaron declaración mediante formularios 29 o 50 por el período tributario abril de 2016, y de aquellos que presentaron declaración anual de renta mediante formulario 22 solicitados. Para fundar la negativa de entrega de la información, el SII indicó, en síntesis, que tanto el nombre como el RUT de contribuyentes personas naturales, son datos personales y cuentan con la protección establecida en la ley N° 19.628, por cuanto dichos datos que obran tanto en el Registro de Contribuyentes como en el listado de declarantes de impuestos, no son fuentes accesibles al público, debiendo darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 9° de la citada ley. En particular, aplica la regla de secreto del artículo 7° de la ley N° 19.628, y en definitiva, la divulgación de dicha información importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 de la Ley de Transparencia por lo que corresponde su reserva. 8) Que esta Corporación ya se ha pronunciado y resuelto respecto de solicitudes de información realizadas al amparo de la Ley de Transparencia, en que se requieren conocer datos personales contenidos en un registro o banco de datos. En síntesis, al resolver, entre otros, los amparos Roles A10-09, A126-09, C211-11 y C315-11, ha declarado que los datos contenidos en una nómina (nombre, apellido, RUT, dirección, entre otros) son datos personales, pues constituyen información concerniente a una persona natural identificada, en los términos del artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628. Agregando, que divulgar los datos contenidos en el registro antes indicado constituye una comunicación o transmisión de datos personales a individuos distintos de su titular, según preceptúa la letra c) del artículo 2° de la ley N°19.628, resultando necesario determinar si su comunicación se encuentra amparada por el derecho de acceso a la información pública o si, por el contrario, debe ser sometida al régimen de secreto consagrado en el artículo 7° de ley N° 19.628. En efecto, en virtud del artículo 5° de la Ley de Transparencia toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración, es pública, tal como acontece, en principio, con estas nóminas. Sin embargo, los datos solicitados por el reclamante han sido recolectados de una fuente no accesible al público (Registro de Contribuyentes y listados de declarantes de los impuestos objeto de la solicitud), por lo cual, en principio, le resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, "(...) tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público". 9) Que la ley N° 19.628 define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar. En el caso en análisis, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en bases que obran en poder del SII (Registro de Contribuyentes y listado de contribuyentes declarantes de los impuestos materia de la solicitud) cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos (el RUT del contribuyente persona natural, en este caso), excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i) de la ley N° 19.628. 10) Que siguiendo este orden de ideas, este Consejo ha establecido que al ser ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia. En consecuencia, los datos personales requeridos en la especie, esto es, nombre y/o RUT de las personas naturales contribuyentes se encuentran en el SII en un registro que no es de libre de acceso público, y por lo tanto, sólo puede tratarse al interior de dicho órgano y específicamente para los fines específicos que motivaron su entrega, descartándose su cesión a terceros, resultando aplicables en la especie las disposiciones 4°, 7°, 9° y 20 de la ley N° 19.628. Por lo anteriormente razonado, procede el rechazo del amparo en esta parte, por configurarse en la especie, respecto de la información sobre el nombre y/o RUT de los contribuyentes personas naturales que presentaron declaración mediante formularios 29 o 50 por el período tributario abril de 2016, y de aquellos que presentaron declaración anual de renta mediante formulario 22, la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 11) Que finalmente corresponde pronunciarse sobre la forma de entrega de la información requerida. Al efecto, se advierte que si bien el reclamante solicitó la información en formato digital y en una planilla Excel, el SII reconoció -por su parte- que la información fue entregada en formato .txt, (archivo de texto plano), el cual permite que una gran variedad de programas pueda leer y editar el contenido del archivo, a través de un editor de texto, como los programas "Excel" o "Word". Además, el formato facilita la extracción de los antecedentes desde la base de datos del Servicio (atendida su cantidad); y, proporciona mayor seguridad en el despacho del archivo, al disminuir su tamaño, evitando entorpecimientos en su remisión al destinatario. Sobre el particular, este Consejo tuvo a la vista la información requerida, verificándose lo indicado por el SII en su oportunidad. No obstante lo anterior, se hará presente a la reclamada que, según lo prescrito en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, "La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado (...)", por lo que, en lo sucesivo, deberá adoptar las medidas necesarias para hacer entrega de la información en el formato requerido en su oportunidad, con estricta sujeción a lo dispuesto en dicha disposición legal. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Alex Díaz Loayza, de 13 de septiembre de 2016, en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), por no haberse acreditado fehacientemente la inexistencia de información referida a contribuyentes (personas jurídicas) domiciliados en la Región Metropolitana que, estando legalmente obligados a presentar formulario 29, dieron cumplimiento a esa obligación por el período tributario requerido; rechazándolo respecto de la entrega del nombre y/o RUT de contribuyentes personas naturales que presentaron declaración mediante formularios 29 o 50 por el período tributario abril de 2016, y de aquellos que presentaron declaración anual de renta mediante formulario 22, por configurase a su respecto la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos: a) Hacer entrega al reclamante del listado en formato Excel, de contribuyentes (personas jurídicas) domiciliados en la Región Metropolitana que, estando legalmente obligados a presentar formulario 29 según los registros del SII, dieron cumplimiento a esa obligación legal por el período tributario abril de 2016 o bien, y de ser el caso, señalar expresamente que la nómina entregada corresponde al listado definitivo de aquellos contribuyentes que, estando legalmente obligados a presentar formulario 29, dieron cumplimiento a esa obligación legal. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alex Díaz Loayza y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.