Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C70-11

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Reclamante:	JUAN CARREÑO RODRÍGUEZ
Reclamado:	COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información por oposición del tercero, Universidad Pedro de Valdivia, la que consistía en copia íntegra, y por rubros, del proceso de acreditación del año 2010 de la Universidad Pedro de Valdivia. El Consejo acoge el amparo ya que señaló que los procesos de acreditación regulados en la Ley Nº 20.129, son procedimientos administrativos especiales que se realizan ante la CNA y suponen la emisión de diversos actos trámites, concluyendo el citado procedimiento con el acuerdo que adopta la CNA en orden a otorgar o no la acreditación solicitada, que luego es ejecutado por su Secretario Ejecutivo, el que, al efecto, dicta la resolución correspondiente. Por tanto, se refuerza el carácter público de la información solicitada, pues, en principio, se trata de actos y resoluciones de un órgano de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se han utilizado para su dictación.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/14/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C203-10 C184-10 C486-09
Jurisprudencia a:	C538-12 C667-12 C1329-14 C830-12 C894-12 C690-14 C3579-16 C1408-17 C1917-18 C122-12 C491-12 C874-12 C1811-12 C17-13 C2229-13 C957-14 C1058-14 C3860-16 C4028-16 C4044-16 C4050-16
Recursos relacionados:	9322-2011
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C70-11 Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación, CNA Requirente: Juan Carreño Rodríguez Ingreso Consejo: 25.01.2011 En sesión ordinaria N° 233 de su Consejo Directivo, celebrada el 29 de marzo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en a delante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C70-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 20.129, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de diciembre de 2010 don Juan Gabriel Carreño Rodríguez requirió a la Comisión Nacional de Acreditación –en adelante también CNA– copia íntegra, y por rubros, del proceso de acreditación del año 2010 de la Universidad Pedro de Valdivia. 2) RESPUESTA: La Comisión Nacional de Acreditación respondió a dicho requerimiento mediante Oficio Nº 023/11, de 10 de enero de 2011, del Secretario Ejecutivo de la CNA, señalando que: a) Dado que la solicitud alude a documentos cuyo contenido compete a terceros, se cumplió con informar a la Universidad Pedro de Valdivia acerca de la petición, así como la facultad que le asiste para oponerse a la entrega de dichos antecedentes. b) La Universidad Pedro de Valdivia manifestó que se opone a la entrega de los documentos solicitados, acogiéndose al artículo 20 de la Ley de Transparencia, por lo que el órgano reclamado quedó impedido de proporcionar la documentación y antecedentes solicitados. 3) OPOSICIÓN DEL TERCERO: La Universidad Pedro de Valdivia –en adelante también indistintamente UPV–, por carta de su Secretario General, de 6 de enero de 2011, manifestó que, haciendo uso del derecho que le confiere la Ley de Transparencia, se opone a entregar la información solicitada, consistente en el informe de autoevaluación de la acreditación institucional de la Universidad y el informe de la comisión de pares evaluadores, fundado en que: a) Ambos documentos contienen información de carácter reservado y, en algunos casos, confidencial, no de uso público, que fue entregado a la CNA y a los pares evaluadores para ser utilizada exclusivamente para los fines de la acreditación institucional de la mencionada Universidad. b) El traspaso de dichos documentos a terceras personas produce un perjuicio a la Universidad, pues desvirtúa el carácter para el cual la información fue elaborada –fines de acreditación–, lo cual podría ser agravado si los documentos son mal utilizados. c) Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, la Universidad ha estado siempre dispuesta a analizar la entrega de información específica que se solicite, siempre que ésta no sea de tipo reservado, se identifiquen los responsables de la solicitud y se indiquen los fines para los cuales la información es requerida. 4) AMPARO: Don Juan Gabriel Carreño Rodríguez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 25 de enero de 2011 en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información por oposición del tercero, Universidad Pedro de Valdivia. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio Nº 244, de 28 de enero de 2011, solicitó al Rector de la Universidad Pedro de Valdivia comunicar a este Consejo si se opone a que la información solicitada por don Juan Carreño Rodríguez a la CNA le sea entregada y, en caso de oponerse, expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus afirmaciones. Mediante carta de 18 de febrero de 2011, el Secretario General de la Universidad Pedro de Valdivia señala que: a) El requirente no específica en su solicitud cuál información del proceso de acreditación requiere, ya que se limita a señalar en forma genérica que solicita copia íntegra y por rubros del proceso de acreditación 2010, por lo que resulta imposible cumplir con tal solicitud, puesto que la información entregada por la Universidad a la CNA, como consecuencia del proceso de acreditación 2010, es sumamente numerosa y de variado tipo. b) El requirente tampoco señala las razones por las cuales solicita la información, ni el uso que pretende darle, aspecto que es de suma importancia, ya que la UPV es una institución de estudios superiores, de carácter privado, y, en consecuencia, la información que produce está amparada por la reserva y la confidencialidad, y su difusión podría producirle daños irreparables en transgresión al artículo 19 Nº 5 de la Constitución Política. En efecto, en un proceso de acreditación, la Universidad entrega un análisis de sus fortalezas y debilidades, entregando además información de carácter financiero, respecto de sus resultados actuales, como de sus proyecciones, en el entendido que es información de tipo confidencial, que debe quedar dentro del marco de la privacidad de las personas, incluso de las personas jurídicas. c) No existen los presupuestos legales para la entrega de la información, que ha sido producida y, en consecuencia, es de propiedad de la Universidad, y de acuerdo con la Ley de Transparencia, para que la información pueda ser entregada a un tercero, debe emanar de un órgano del Estado o, que emanado de particulares, haya sido generada con fondos públicos. d) El artículo 7º de la Ley Nº 20.129 establece el deber de reserva por parte de los miembros de la CNA, así como de la secretaría ejecutiva, lo cual demuestra que la ley reconoce un carácter de reservado y confidencial a la información proporcionada por las instituciones de educación superior. e) Sin perjuicio de lo anterior, señala que la Universidad no vería inconveniente en colaborar con el requirente, si éste realiza una solicitud de información específica, indicando los fines para los cuales requiere la información y siempre que la información solicitada no sea de tipo confidencial y no se utilice con fines publicitarios. 6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio Nº 245, de 28 de enero de 2011, al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, solicitándole, especialmente, remitir a este Consejo copia de la información solicitada por el reclamante. Mediante Oficio Nº 190/11, de 10 de marzo de 2011, éste señala que: a) En primer lugar, contextualiza los antecedentes de hecho referidos al proceso de acreditación de la UPV, detallando las siguientes etapas: i. El 30 de agosto de 2010, la UPV entrega a la Comisión Nacional de Acreditación el informe de autoevaluación con sus anexos. ii. El 9 de diciembre de 2010, el Comité de Pares Evaluadores presentó a la Comisión su informe de evaluación externa conteniendo las conclusiones a que arribaron producto del análisis de los antecedentes, así como de la visita realizada a la institución. iii. El 13 de diciembre de 2010, la Universidad hizo llegar sus observaciones y comentarios al informe de evaluación externa. iv. El 22 de diciembre de 2010, el pleno de la Comisión analizó todos los antecedentes y acordó no acreditar a la UPV. v. El 27 de diciembre de 2010, dicha Universidad interpuso un recurso de reposición en contra de la decisión mencionada, el que fue acogido el 29 del mismo año, acreditando a la UPV por el período de un año. vi. Hasta la fecha de la solicitud de información, no se había elaborado el acto administrativo que ejecuta la decisión de acreditación, sin perjuicio de que en la actualidad se encuentra disponible en la página web de la Comisión. b) La Ley Nº 20.129, sobre Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, establece en sus artículos 15 y siguientes el proceso de acreditación institucional, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento del proyecto institucional de las entidades de educación superior y verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad al interior de las mismas y propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y mejoramiento continuo de su calidad, siendo voluntario el ingreso a dicho proceso, el que contempla tres etapas de desarrollo –etapa de autoevaluación interna, etapa de evaluación externa y etapa de pronunciamiento de la Comisión– cada una de las cuales genera diversa información y antecedentes. c) La etapa de autoevaluación interna, consiste en un proceso analítico que consulta diversas fuentes, que, identificando los mecanismos de autorregulación existentes y las fortalezas y debilidades de la institución con relación a ellos, busca verificar el cumplimiento oportuno y satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos en su misión y fines institucionales. En esta primera etapa se genera el “Informe de Autoevaluación”, el que debe ser entregado a la CNA, para dar inicio al proceso de acreditación, cuyo contenido mínimo está regulado en las “Normas y Procedimientos para la Acreditación”: información cuantitativa básica sobre las características centrales de la institución; descripción de la institución, sus funciones y autoridades; metas y objetivos institucionales; estructura de gobierno; análisis crítico de los resultados de la autoevaluación realizada; ajustes o planes de mejoramiento identificando áreas prioritarias, acciones previstas, resultados esperados, plazos y mecanismos de verificación. d) Además, en el área de Gestión Institucional –área de evaluación obligatoria dentro del proceso– los antecedentes que aporte la institución deben permitir a la CNA evaluar, entre otros aspectos, la planificación, ejecución y control de recursos materiales y financieros de la institución en función de los propósitos y fines institucionales. e) La UPV en su Informe de Autoevaluación y anexos entregó información concreta referida a la gestión de recursos financieros, proyecto estratégico de desarrollo 2009-2013, el resumen de estudio de informantes claves, modelo educativo, modelo de gestión institucional y estrategias de implementación, entre otros. f) La CNA, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, y dado el contenido preciso de la información que se ha descrito, estimó que la mención a aspectos financieros con exhibición de cifras concretas o el detalle de las acciones precisas contenidas en el Plan de Desarrollo Estratégico de la institución, son proporcionados a la CNA y a los pares evaluadores, para que en definitiva la Comisión se pronuncie evaluando la totalidad de los antecedentes que obren en el proceso, y se adopte una decisión de acreditación o no acreditación. Siendo así, y considerando la naturaleza de la información mencionada, se estimó necesario notificar al tercero a que se refiere la misma, en la medida que podría afectar derechos de carácter comercial o económico, lo que se encontraría amparado en las excepciones a la publicidad según la mencionada norma legal. g) La etapa de evaluación externa consiste en un proceso tendiente a certificar que la institución cuenta con las condiciones necesarias para asegurar un avance sistemático hacia el logro de sus propósitos declarados, a partir de la evaluación de las políticas y mecanismos de autorregulación vigentes en ella. Esta etapa finaliza con un informe emanado de un comité de expertos que analiza la documentación proporcionada por la institución y se constituye en terreno, conteniendo juicios relativos al cumplimiento de los criterios de evaluación para cada una de las áreas contempladas en la evaluación. h) En el caso analizado, el informe de los evaluadores externos contiene cifras concretas referidas a la situación financiera de la Universidad Pedro de Valdivia, aludiendo a los estados financieros, proyecciones de inversión, entre otros aspectos. De igual forma, las observaciones de la institución a dicho informe contemplan aspectos referidos a indicadores financieros, endeudamiento, patrimonio, aumento de capital y adjunta anexos referidos al perfeccionamiento docente, documentos que dan cuenta de adquisiciones de material de aprendizaje por parte de la Universidad y las bases del modelo educativo de la institución. i) Agrega, que no obstante la decisión de este Consejo recaída en amparo Rol C184-10 que dispuso que la CNA entregara el informe de evaluación externa y las observaciones de la institución al mismo, fundado en que según el artículo 47 de la Ley Nº 20.129 establece que los informes de los pares evaluadores deben ser públicos, dicha Ley es anterior a la Ley de Transparencia, la que, si bien establece como regla general la publicidad, también contempla excepciones como la establecida en el artículo 21 Nº 2. j) Finalmente, agrega que el proceso de acreditación institucional termina con la etapa de pronunciamiento de la Comisión, que consiste en un juicio emitido por ésta en base a la ponderación de los antecedentes recabados, mediante el cual se determina acreditar o no acreditar a la institución, en virtud de la existencia y nivel de desarrollo de sus políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad. Respecto de la publicidad de la información contenida en esta última etapa, señala que no presenta mayor problema, toda vez que se traduce en el acuerdo de acreditación, acto administrativo que da cuenta de la decisión adoptada por el pleno de la Comisión y de sus fundamentos, y que se encuentra plenamente a disposición del público en la página web institucional. <h3> CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, previo a entrar al fondo del asunto resulta útil reseñar la regulación vigente sobre el sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, establecida a través de la Ley Nº 20.129, de 2006, que regula el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, a saber: a) El artículo 6º de dicho cuerpo legal crea la Comisión Nacional de Acreditación, organismo colegiado encargado de verificar y promover la calidad de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica autónomos y de las carreras que ellos ofrecen y, específicamente, de pronunciarse sobre la acreditación de las instituciones de educación superior (artículo 8º). Debe, también, mantener sistemas de información pública que contengan las decisiones relevantes relativas a los procesos de acreditación y de autorización a su cargo. La Ley dispone expresamente que las actas de la CNA son públicas (artículo 12, inciso final). b) El procedimiento de acreditación es voluntario (artículo 15) y persigue evaluar los mecanismos de aseguramiento de la calidad existentes al interior de las instituciones de educación superior y la calidad de las carreras o programas ofrecidos a los estudiantes. Conforme a esto último existen tres tipos de acreditación: la institucional (regulada en los artículos 15 a 25 de la Ley), la de carrera y programas de pregrado (artículos 26 a 43 de la Ley) y la de programas de postgrado (artículos 44 a 46 de la Ley). Las dos últimas formas de acreditación empezaron a regir después del año 2009, por lo que hasta esa fecha las acreditaciones, en todas sus formas, se realizaban por la CNA conforme al siguiente procedimiento, que es el que corresponde al de la acreditación institucional, como el de la especie: i. El procedimiento de acreditación debe considerar, al menos, tres etapas: autoevaluación interna, evaluación externa y pronunciamiento de la CNA. La CNA deberá fijar y revisar periódicamente las pautas de evaluación para el desarrollo de los procesos de acreditación, a propuesta de un comité consultivo de acreditación. ii. La autoevaluación es un proceso que realiza la misma Institución que desea acreditarse institucionalmente. El proceso de evaluación externa, en tanto, es realizado por pares evaluadores designados por la CNA (artículo 19). El pronunciamiento de la CNA se produce a través de un acuerdo, luego materializado en una resolución dictada por su Secretario Ejecutivo. iii. La acreditación se otorga por un plazo de siete años si se cumple íntegramente con los criterios de evaluación, en conformidad con el informe emitido por los pares evaluadores (artículo 20). Si la institución evaluada no cumple íntegramente con dichos criterios, pero presenta un nivel de cumplimiento aceptable, puede ser acreditada por un período inferior. iv. Durante la vigencia de la acreditación las instituciones deben informar a la CNA los cambios significativos que se produzcan en su estructura o funcionamiento (artículo 25). c) El Título V de la Ley establece medidas de publicidad para las decisiones de la CNA. El artículo 47 exige a la CNA mantener un sistema de información pública que contenga las decisiones que adopte en relación con la acreditación institucional de las universidades y otras instituciones de educación superior, la autorización y supervisión de las agencias de acreditación de carreras y programas de pregrado y postgrado. Agrega que la CNA, además, deberá “…hacer públicos y mantener el acceso público a los informes, actas y estudios que realicen las agencias acreditadoras y los pares evaluadores en el ejercicio de sus funciones”, y mantener un registro público de las carreras profesionales y técnicas y programas de pregrado y postgrado y los programas de especialidad en el área de salud, acreditados en conformidad con la Ley. Por su parte, el artículo 48 establece que todas las instituciones de educación superior están obligadas a incorporar en su publicidad información que dé cuenta de su participación en el proceso de acreditación, debiendo indicar, al menos que se encuentra participando en el proceso de acreditación, las áreas en las que postuló a la acreditación y el resultado del proceso de acreditación. En conformidad con esta norma, la CNA ha dictado dos circulares: Circular Nº 2, de 31 de octubre de 2007 y Circular Nº 11, de 15 de octubre de 2009. Ambas señalan específicamente la forma y oportunidad en que las instituciones de educación superior deben informar al público respecto de las diferentes acreditaciones. 2) Que, conforme a los antecedentes tenidos a la vista, en especial el Acuerdo de Acreditación Institucional Nº 139, de 29 de diciembre de 2010, la Comisión Nacional de Acreditación ha acreditado a la Universidad Pedro de Valdivia por el término de un año, a partir de la fecha indicada. 3) Que, por su parte, cabe consignar que los antecedentes referidos a la UPV y que fueron remitidos a este Consejo por la CNA, bajo lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, consistieron, principalmente, en los siguientes: a) Informe de Autoevaluación y sus anexos (copia digital). b) Informe de pares evaluadores (copia digital). c) Antecedentes adicionales tenidos a la vista (copia papel). d) Observaciones al informe de evaluadores externos y sus anexos (copia papel y digital). e) Antecedentes adicionales (copia digital). f) Recurso de reposición y sus anexos (copia digital y papel). g) Acuerdos de acreditación, que a la fecha se encuentran publicados en la página web www.cnachile.cl. 4) Que, por otro lado, el artículo 5º de la Ley de Transparencia establece, en términos amplios, la información que tiene el carácter de pública. Que, en efecto, conforme al inciso segundo de dicha disposición es pública la información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que se encuentre sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la misma Ley. Por lo tanto, cabe concluir, que la información que obra en poder de un órgano público –como ocurre en este caso con la CNA–, cualquiera que sea su origen –incluso una fuente privada, como en la especie– es, en principio, información pública. 5) Que, los procesos de acreditación regulados en la Ley Nº 20.129, son procedimientos administrativos especiales que se realizan ante la CNA y suponen la emisión de diversos actos trámites, concluyendo el citado procedimiento con el acuerdo que adopta la CNA en orden a otorgar o no la acreditación solicitada, que luego es ejecutado por su Secretario Ejecutivo, el que, al efecto, dicta la resolución correspondiente. Por tanto, en conformidad con el inciso primero del artículo 5º de la Ley de Transparencia, se refuerza el carácter público de la información solicitada, pues, en principio, se trata de actos y resoluciones de un órgano de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se han utilizado para su dictación. De hecho, reafirma lo anterior la circunstancia que los acuerdos de la CNA son públicos por expresa disposición del artículo 47 de la Ley Nº 20.129 y se encuentran publicados en la página web institucional. 6) Que, precisado lo anterior, y en lo concerniente a la alegación de que la respectiva solicitud de información adolecería de defectos pues no se habrían señalado las razones por las cuáles se solicitó la misma ni el uso que se pretende darle a ella, cabe indicar que, según el artículo 12 de la Ley de Transparencia, no es requisito para formular una solicitud de acceso a la información pública, el que se indiquen los fundamentos de dicho requerimiento ni tampoco el uso que se le dará a la información entregada, por lo que, en definitiva, deberá ser descartada dicha alegación formulada por el tercero, UPV, al no tratarse de exigencias contempladas por la Ley para plantear válidamente solicitudes de acceso a la información a la autoridad. 7) Que, por otra parte, y si bien la UPV es una corporación de derecho privado a la que no le es aplicable la Ley de Transparencia, lo que se discute en la especie no es la aplicabilidad de la Ley a dicha Universidad de manera general, sino que el carácter público o reservado de la información que esta entidad ha debido suministrar a la CNA dentro del procedimiento de acreditación al que se sometió. 8) Que, tampoco puede estimarse la alegada indeterminación del requerimiento del reclamante, pues el contexto y tenor de la solicitud permiten establecer con claridad que información se pide a la CNA, a saber, copia íntegra y por rubros de proceso de acreditación del año 2010 de la Universidad Pedro de Valdivia. 9) Que, en cuanto al fondo del asunto discutido, la UPV, en sus descargos presentados ante este Consejo, señaló que de acuerdo al artículo 7º de la Ley Nº 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, existe un deber de reserva por parte de los miembros de la CNA, lo que impediría entregar lo solicitado. 10) Que, sobre el particular el mencionado artículo, en su inciso 15º, señala que “Los miembros de la Comisión, así como los miembros de la Secretaría Ejecutiva o de los Comités Consultivos, deberán guardar reserva de toda la información obtenida directa o indirectamente en virtud de sus cargos, la que sólo podrá ser divulgada de acuerdo a los procedimientos y fines contemplados en la presente ley”. Que, en efecto el citado artículo 7º establece una obligación para los miembros de la Comisión de guardar reserva de toda información obtenida en virtud de sus cargos, agregando que ésta sólo podrá ser divulgada de acuerdo a los procedimientos y fines contemplados en la ley. 11) Que, al respecto, cabe reiterar en este punto la regla general respecto de la información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de un órgano de la Administración del Estado en orden a que ésta sea pública, y que las causales de reserva o secreto deben interpretarse en forma restrictiva y respetando el principio de proporcionalidad, razón por la cual la redacción del artículo 7º inciso 15º de la Ley Nº 20.129 no puede interpretarse en términos tales que ello suponga que toda la información que obre en poder de la Comisión Nacional de Acreditación, o que los hechos, negocios o situaciones que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo sean secretos o reservados. En el mismo sentido ha razonado este Consejo en decisiones anteriores (tales como la decisión de los amparos Roles C486-09 y C203-10), al establecer el criterio de que, respecto de otras disposiciones legales similares, una interpretación como la pretendida “representaría invertir, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en algunas de las causales del inciso 2º del artículo 8º”. Que, además, conforme a lo antes expresado, no puede sostenerse tampoco que la disposición del mencionado artículo 7º inciso 15º constituya en sí mismo un caso de reserva, aún más considerando que la norma legal citada no otorga a los datos que indica, en cuanto tales, el carácter de secretos o reservados. Por el contrario, el precepto en examen explicita, pura y simplemente, una obligación funcionaria directamente aplicable a las personas que se encuentren en la situación descrita en la Ley, pero que no habilita al órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder, como ocurre en la especie. 12) Que, corresponde analizar, entonces, la plausibilidad de los argumentos del tercero oponente y si, finalmente, la información requerida se encuentra sujeta a reserva por la causal invocada por la CNA, esto es, la del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto, a su entender, la mención a aspectos financieros con exhibición de cifras concretas o el detalle de las acciones precisas contenidas en el plan de desarrollo estratégico de la institución afectarían los derechos de carácter comercial y económico de la Universidad Pedro de Valdivia, dado que en dicha documentación se contiene información estratégica de ésta. 13) Que, en específico, de acuerdo a la causal invocada, la información solicitada tendrá el carácter de secreta o reservada “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de de seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”. Por su parte, el artículo 7º Nº 2 del Reglamento de la Ley señala que “se entenderá por tales –derechos de carácter comercial o económico– aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”. En consecuencia, un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información solicitada, debiendo justificarse la existencia de un derecho que, de entregarse lo solicitado, se vería afectado. 14) Que, en particular, cada uno de los antecedentes adicionales acompañados por la UPV durante todo el proceso de acreditación ante la CNA, consisten en sistema de evaluación docente, compilado de evaluaciones, opinión de alumnos, egresados y docentes acerca de la Universidad (informantes claves), diversos tipos de formularios para la realización de variados trámites por parte de estudiantes, docentes y administrativos, formularios explicativos para proceso de convalidación, instructivo frente a temblores, visión y misión de la Universidad, calendario académico, actividades de extensión, reglamento de tutorías, decisiones relevantes tomadas en consejo de facultad y de carreras y, en general, diversa información cuya publicidad y conocimiento no puede estimarse que afecta, bajo ningún punto de vista, algún derecho de la Universidad en comento y cuya entrega, por lo demás, no ha sido cuestionada ni por ésta ni por la CNA. 15) Que, si bien en los descargos presentados ante este Consejo no se señala, por parte del órgano reclamado ni de la UPV, qué documentos en específico afectarían los derechos de carácter comercial y económicos de esta última, la CNA argumentó que el conocimiento de información concreta referida a la gestión de recursos financieros, que forma parte de la información que obra en poder de dicho órgano, precisamente configuraría la causal de secreto o reserva invocada. 16) Que, a este respecto cabe señalar, en primer lugar, que, luego de la revisión en detalle de toda la información adjuntada a este Consejo, y si bien de dicho examen se han constatado cifras concretas acerca de la gestión financiera de la Universidad, tales cifras se refieren más bien a aspectos generales de su administración, no observándose por parte de este Consejo la existencia de algún dato o información cuyo conocimiento pueda afectar sus derechos de carácter comercial y económico. En efecto, y a modo de ejemplo, en el Informe de Evaluación Externa, emitido por el Comité de Pares, que es precisamente uno de los informes al cual se hace referencia en los descargos porque contendría información secreta o reservada, contiene de modo genérico los ingresos netos obtenidos por la Universidad durante los años 2007 a 2010, limitándose en lo demás a emitir opiniones y conclusiones en base a lo que pudieron observar de la estructura administrativa y financiera de la Universidad. 17) Que, asimismo, en el Informe de Autoevaluación Institucional, emitido por la propia UPV, se contienen balances generales, tanto de activo y pasivo, del patrimonio universitario, sin que tampoco se entreguen detalles pormenorizados de las cifras de ésta que, al menos, pudieran hacer presumir a este Consejo que su conocimiento afectaría de alguna forma derechos económicos o comerciales de ésta, introduciendo un elemento que perjudique su normal desenvolvimiento en el mercado del cual forma parte. La información aquí contenida, dice relación con evolución del balance general del año 2007 a 2010, con indicación de sus pasivos y activos, cuadros comparativos por año, evolución del ingreso neto, índice de liquidez y ejecución presupuestaria, sin que se explicite el detalle de éstos. 18) Que, además, y si bien en dichos informes existen sendos análisis acerca de la sustentabilidad del proyecto institucional en base a los indicadores financieros revisados, tampoco puede considerarse que tales análisis contengan información cuya divulgación deba protegerse por afectar derechos del tercero, ya que si bien en éstos se pone en cuestionamiento de manera importante la viabilidad financiera institucional de la UPV, dichas opiniones resultan absolutamente relevantes para que la autoridad pública adopte una decisión en lo relativo al otorgamiento o no de la acreditación de dicha Universidad, aspecto que, atendido al bien público que constituye el otorgamiento de una educación de calidad, no puede mantenerse reservado. 19) Que, en esta parte, conviene también hacer presente que el conocimiento y la publicidad de las proyecciones financieras de una Universidad, y en general de las instituciones de educación superior, han demostrado tener un altísimo interés público, entre otras cosas, por la necesidad de la ciudadanía de conocer y mantenerse informada sobre la viabilidad y sustentabilidad financiera a lo largo del tiempo de éstas. 20) Que, a mayor abundamiento, cabe recalcar aquí el carácter eminentemente voluntario del proceso de acreditación al que pueden someterse las instituciones de educación superior. En efecto, el artículo 15 inciso 2º de la Ley Nº 20.129 señala que “La opción por el proceso de acreditación será voluntaria…”. Por otra parte, se reconoce también un importante interés público involucrado en la divulgación del proceso íntegro de acreditación universitaria, toda vez que el artículo 1º letra c) de la referida Ley señala que dentro de las principales funciones del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior se cuenta el de “c) Acreditación institucional, que consistirá en el proceso de análisis de los mecanismos existentes al interior de las instituciones autónomas de educación superior para asegurar su calidad, considerando tanto la existencia de dichos mecanismos, como su aplicación y resultados” (las negritas son nuestras). Asimismo, el artículo 6º señala que será función de la Comisión Nacional de Acreditación “(…) verificar y promover la calidad de las Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica autónomos, y de las carreras y programas que ellos ofrecen”. 21) Que, complementariamente a lo antes señalado, y considerando el manifiesto interés público existente en la divulgación de toda la información obrante en poder de la CNA y que sirvió de fundamento para otorgar la acreditación por un año a la UPV, cabe aplicar un test de interés público entre el daño que puede ocasionarle a dicho tercero la divulgación de la información requerida y el beneficio público que produciría su difusión. 22) Que, siendo la finalidad del proceso de acreditación el asegurar la calidad de la educación superior, lo que se logra mediante la creación de un órgano como la CNA y el establecimiento de un procedimiento adecuado que busca determinar los estándares de cumplimiento por parte de las instituciones de educación superior de las exigencias para el otorgamiento de calidad en la educación que otorgan, es que a través del conocimiento de toda la información a la que se accedió en virtud de dicho procedimiento, es posible ejercer un control social sobre una actividad cuya trascendencia pública resulta de vital importancia. 23) Que, en el caso que nos ocupa, la forma que tiene la ciudadanía para conocer los estándares de cumplimiento, en este caso, por parte de la UPV, es accediendo a toda la documentación que se tuvo a la vista para llevar adelante su proceso de acreditación, o sea, a través de la publicidad de la información solicitada. El control de esta actividad interesa a toda la comunidad, toda vez que se trata de una actividad que influye en el otorgamiento de una educación superior de mejor calidad, lo que según el artículo 19 Nº 10 de la Constitución Política constituye un derecho fundamental de toda persona, lo que refuerza la publicidad de esta información, sin que por otra parte conste a este Consejo de que manera específica el conocimiento de la información solicitada afecte los derechos de carácter comercial y económico de la UPV. 24) Que, además, y considerando especialmente el Acuerdo de Acreditación Institucional Nº 133, de 22 de diciembre de 2010, por el cual, en una primera instancia la Comisión Nacional de Acreditación acordó no acreditar a la Universidad Pedro de Valdivia, resulta evidente el interés público en conocer la documentación que, en definitiva, sirvió de fundamento para otorgar la acreditación sólo por un año (sobre un máximo de siete), por cuanto constituye un importante mecanismo de rendición de cuentas al ejercicio del control social sobre la acreditación del otorgamiento de una educación superior de calidad. 25) Que, por todo lo señalado, se estima que no se ha justificado suficientemente la causal de secreto o reserva invocada ni la oposición formulada por el tercero, al no evidenciarse la concurrencia de la alegada afectación de derecho de carácter comercial o económico de la UPV por la divulgación de esta información, razón por la que debe rechazarse la aplicación de la causal alegada. 26) Que, finalmente, y no obstante no haber sido alegado en forma expresa, cabe hacer presente que respecto al Informe de Evaluación Docente y de Control de Asistencia Docente, que forman parte de los antecedentes adicionales tenidos a la vista (carpetas 4 y 5, respectivamente), no cabe tampoco mantener reserva de dichos informes, toda vez que la información en ellos contenida se refiere a antecedentes trascendentes sobre los docentes que se desempeñan en la Universidad, siendo el conocimiento de éstos, como del nivel y estándar de cumplimiento de sus funciones, un aspecto que no puede mantenerse oculto frente a la comunidad, debiendo ceder, en consecuencia, la protección de datos personales que allí se consignan –como detalle del registro de asistencia de cada docente y de las evaluaciones realizadas a éstos– frente al interés público que existe en el conocimiento de esta información. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el reclamo de don Juan Carreño Rodríguez en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación para que: a) Entregue al reclamante copia íntegra, y por rubros, del proceso de acreditación del año 2010 de la Universidad Pedro de Valdivia, previo pago de los costos directos de reproducción que correspondan, en su caso, en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia. b) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Juan Carreño Rodríguez, al representante o apoderado de la Universidad Pedro de Valdivia y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos.