Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3249-16

Reclamante:	NICOL MERCADO U.
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la falta de respuesta a una solicitud de información referente a: Copias de la totalidad de los siguientes documentos del año 2002 y 2003: a) Oficios enviados a las administradoras. b) Respuestas/cartas de las administradoras. c) Notas internas de la Superintendencia. d) Fiscalizaciones de la Superintendencia u ORFI. e) Emails entre Superintendencia y AFP. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándose respecto a los oficios enviados a las administradoras, respuestas/cartas de las administradoras y notas internas de la superintendencia, por configurarse la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y en lo tocante a los emails entre superintendencia y las administradoras de fondo de pensiones, por inexistente.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/20/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09 C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C3249-16 Entidad pública: Superintendencia de Pensiones (SP). Requirente: Nicol Mercado U. Ingreso Consejo: 22.09.2016. En sesión ordinaria N° 770 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3249-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de agosto de 2016, doña Nicol Mercado U., solicitó a la Superintendencia de Pensiones, la siguiente información: Copias de la totalidad de los siguientes documentos del año 2002 y 2003: a) Oficios enviados a las administradoras. b) Respuestas/cartas de las administradoras. c) Notas internas de la Superintendencia. d) Fiscalizaciones de la Superintendencia u ORFI. e) Emails entre Superintendencia y AFP. 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 22 de septiembre de 2016, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en la falta de respuesta a su solicitud de información. 3) PRÓRROGA Y RESPUESTA : El 23 de septiembre de 2016, mediante oficio N° 24.111, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Por medio de oficio N° 27.241, de fecha 18 de octubre de 2016, el órgano señaló en síntesis, lo siguiente: a) En cuanto a la solicitud de copia de todos los oficios enviados por esta Superintendencia a las Administradoras de Fondos de Pensiones, las cartas de respuesta de éstas y las Notas Internas de la Superintendencia, correspondientes a los años 2002 y 2003, no es posible acceder. Lo anterior, por cuanto el Sistema de Gestión Documental de este Organismo cuenta con respaldo de información digitalizada a partir del 9 de junio de 2008, por lo que la documentación anterior a esa fecha se encuentra en archivos manuales. En consecuencia, para identificar la documentación requerida se necesitaría efectuar una revisión de toda la documentación de respaldo de los oficios emitidos por esta Superintendencia, la que sólo en dicho ítem asciende en el período consultado a una cifra aproximada de 45.062 oficios, así como de los documentos externos recibidos desde las Administradoras y las notas internas generadas por cada División de ese Organismo, durante el periodo de 24 meses indicado. Tal proceso, requeriría destinar al proceso de búsqueda un funcionario de esta institución por más de 20 días. Por ello, es aplicable a este respecto la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, ya que la entrega de la documentación solicitada implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. b) Por otra parte, en relación a su solicitud de la copia de las fiscalizaciones efectuadas por esta Superintendencia durante el período consultado, cabe hacer presente que no es posible acceder a su requerimiento por cuanto se estima procedente aplicar igualmente la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, que se configura atendido el tenor genérico de su requerimiento, referido a un elevado número de actos administrativos y sus antecedentes, durante el periodo de 24 meses que señala, cuya respuesta implica distraer indebidamente a los funcionarios de esa Superintendencia de sus labores habituales; y por lo mismo afecta el ejercicio de sus funciones. Lo anterior por cuanto las fiscalizaciones materia de su consulta no se encuentran sistematizadas, de modo que para acceder a lo requerido sería necesario revisar manualmente todos los documentos de la época. c) A su vez, en relación con la solicitud de todos los correos electrónicos entre la Superintendencia y las Administradoras de Fondos de Pensiones en el período consultado, es del caso señalar que esta Superintendencia no dispone de la información requerida, toda vez que no se cuenta con respaldos de los correos electrónicos para las fechas solicitadas. d) En el presente caso no ha sido posible dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley de Transparencia, atendida la gran cantidad de solicitudes de acceso a la información ingresadas a ese Servicio. De hecho, el solicitante entre el 16 de junio de 2016 y la fecha del presente oficio ha ingresado 5 solicitudes y 3 reclamos ante el Consejo para la Transparencia, cuya atención afecta el cumplimiento de las funciones de este Organismo. 3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, mediante oficio N° 9814, de fecha 04 de octubre de 2016. Posteriormente, por medio de ordinario N° 27.241, de 18 de octubre de 2016, el órgano señaló en síntesis, lo siguiente: a) En cuanto a la solicitud de copia de todos los oficios enviados por esta Superintendencia a las Administradoras de Fondos de Pensiones, las cartas de respuesta de éstas y las notas internas de la Superintendencia, correspondientes a los años 2002 y 2003, mediante el citado Oficio Ord. N° 26006, de fecha 6 de octubre de 2016 se le informó a la recurrente que no es posible acceder a su solicitud. Lo anterior, por cuanto el Sistema de Gestión Documental de este Organismo cuenta con respaldo de información digitalizada a partir del 9 de junio de 2008, por lo que la documentación anterior a esa fecha se encuentra en archivos manuales. En consecuencia, para identificar la documentación requerida se necesitaría efectuar una revisión de toda la documentación de respaldo de los oficios emitidos por esta Superintendencia, la que sólo en dicho ítem asciende en el período consultado a una cifra aproximada de 45.062 oficios, así como de los documentos externos recibidos desde las Administradoras y las Notas Internas generadas por cada División de este Organismo, durante el periodo de 24 meses indicado por la recurrente. Tal proceso, requeriría destinar al proceso de búsqueda un funcionario de esta institución por más de 20 días. Por ello, es aplicable a este respecto la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, ya que la entrega de la documentación solicitada implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. De conformidad con lo expuesto, se explica cómo la información solicitada implicaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Asimismo, cabe agregar que respecto de los oficios enviados por esta Superintendencia a las administradoras y las cartas de respuestas de éstas, durante el periodo de 24 meses por el que se consulta, contienen datos personales y sensibles, de modo que de acuerdo al artículo 4° y 10° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, sólo es posible entregar esa información cuando una ley lo autorice o el titular de los datos consienta expresamente en ello, razón por la que sería necesario borrar los citados datos de cada documento. Por otra parte, en la especie no es posible aplicar el procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido lo genérico de la solicitud de información, referida a una gran cantidad de actos administrativos y sus antecedentes, durante un período de dos años, por tanto esta Superintendencia se encuentra imposibilitada de comunicar esta solicitud a los involucrados, configurándose en este caso la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 del citado cuerpo legal, toda vez que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información solicitada podría afectar los derechos de las personas a las que se refiere. b) En relación a la solicitud de la copia de las fiscalizaciones efectuadas por esta Superintendencia durante el período consultado, cabe hacer presente que este Servicio consideró improcedente acceder a dicho requerimiento por cuanto se estimó procedente aplicar igualmente la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, que se configura atendido el tenor genérico de la solicitud, referida a un elevado número de actos administrativos y sus antecedentes, durante el periodo de 24 meses que señala, cuya respuesta implica distraer indebidamente a los funcionarios de esta Superintendencia de sus labores habituales; y por lo mismo afecta el ejercicio de sus funciones. Lo anterior por cuanto las fiscalizaciones materia de la consulta no se encuentran sistematizadas, de modo que para acceder a lo requerido sería necesario revisar manualmente todos los documentos de la época, y luego tachar los datos personales y antecedentes que pudieren configurar otras causales de reserva. c) A su vez, en relación con la solicitud de todos los correos electrónicos entre la Superintendencia y las Administradoras de Fondos de Pensiones en el período de 24 meses consultado, se señaló a la recurrente que esa Superintendencia no dispone de la información requerida, toda vez que no se cuenta con respaldos de los correos electrónicos para las fechas solicitadas. d) Cabe agregar que para la solicitud de información de la recurrente no fue posible dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley de Transparencia, atendida la gran cantidad de solicitudes de acceso a la información ingresadas a este Servicio y que analizadas a la luz de los antecedentes ya señalados, se insertan en el contexto de una elevada cantidad de requerimientos efectuados sobre materias de carácter genérico, y otros que abarcan un período considerable de tiempo. De hecho, particularmente la recurrente entre el 16 de junio de 2016 y la fecha del presente oficio ha ingresado 6 solicitudes de información invocando la Ley sobre Acceso a la Información Pública y 4 reclamos ante el Consejo para la Transparencia, cuya atención afecta el cumplimiento de las funciones de este Organismo. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, AFP Modelo S.A., AFP Provida S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Planvital S.A., AFP Habitat S.A. y AFP Capital S.A., mediante los oficios respectivos Nos 60, 61, 62, 63, 64 y 65, todos el 03 de enero de 2017. Los precitados terceros, formularon sus observaciones y descargos señalando, en síntesis, lo siguiente: a) AFP Planvital S.A: Se opone a la entrega de los correos electrónicos alegando la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en tanto se trata de información de propiedad de la administradora. Además se encuentra amparada por el la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada o de protección de datos personales. En este caso, la empresa en el intercambio de emails con su ente regulador, maneja datos de distinta índole que involucra diferentes tipos de información los cuales tienen una repercusión, directa e inmediata en la línea de negocios de la compañía, de la privacidad de sus trabajadores e información respecto de sus afiliados. Asimismo, la reserva de dicha información enviada por la administradora al órgano, se encuentra amparada en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley N° 20.255, que obliga al Superintendente y a los funcionarios de la Superintendencia a guardar reserva y secreto absoluto de la información que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Siendo en este caso aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia. b) AFP Modelo S.A: Se opone a la entrega de la información que la administradora envía a la Superintendencia, por cuanto la publicidad, comunicación o conocimiento del conjunto de datos requeridos afecta nuestros derechos comerciales o económicos, de acuerdo al artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, ya que comprende información privada y datos sensibles cuya divulgación afectaría tales derechos, así como también comprometería los derechos de terceros. Así, dado que la documentación precisada en el requerimiento de acceso a la información reviste el carácter de privada y no ha sido divulgada oficialmente al mercado por cuanto detalla las formas de actuar y estrategias de nuestra compañía, ésta podría ser utilizada por algún agente o competidor del mercado en beneficio propio o de terceros. c) AFP Cuprum S.A: Se opone a la entrega de lo requerido, basado en que se trata de documentación sensible y material, cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta gravemente a nuestra esfera de derechos de carácter comercial o económica, de gestión interna y estrategia de negocios. El ejercicio de esta oposición se hace en virtud a lo dispuesto en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.2.85, que establece como causal de secreto o reserva la siguiente: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Asimismo, nos oponemos a la entrega de la información solicitada por el hecho que el artículo 154 letra d) del DL N° 3.500 prohíbe expresamente la comunicación de información concerniente a la adquisición, enajenación o mantención de activos por cuenta de cualquiera de los Fondos de Pensiones a personas distintas de aquellas que estrictamente deban participar en las operaciones respectivas, en representación de la Administradora. d) AFP Hábitat S.A: se opone a la entrega de lo requerido, por cuanto la información solicitada contiene múltiples datos e información, de los cuales en gran número son privados. En algunos casos son de carácter personal o financieros de mi representa Por lo tanto, se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, toda vez que Hábitat tiene un deber fiduciario legal de mantener bajo confidencialidad y evitar cualquier daño o perjuicio que se les pueda ocasionar a los Fondos de Pensiones de sus afiliados, producto de su uso por parte de terceros. Por otra parte, la gestión financiera y de inversiones de Habitat, obviamente contenida en la múltiple información requerida por la Sra. MERCADO, se realiza con el esfuerzo y recursos de la Administradora y de ningún modo involucran o requieren un gasto, gestión o utilización de recursos fiscales para su elaboración, por lo cual, son documentos entera y completamente privados y reservados, directamente relacionados con la estrategia que sigue AFP Habitat en cumplimiento a su mandato legal. La Superintendencia está facultada para ordenar su envío, revisar y fiscalizar la información pero de ningún modo está autorizada a difundirla ni ponerla a disposición de terceras personas. Por otra parte, el artículo 50 de la ley N° 20.255, establece entre otras cosas que: El Superintendente y todo el personal de la superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan." Por lo tanto, Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat ejerce formalmente su facultad de oponerse a entregar la información solicitada por la solicitante, por referirse a datos personales o de carácter financiero de la AFP y de sus Fondos de Pensiones y también de sus afiliados, correspondiendo únicamente a la Superintendencia obtener y entregar esa información con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas correspondientes. e) AFP Capital S.A: Se opone a la entrega de lo requerido, en virtud del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, debido a que se trata de una información sensible y cuya publicidad más allá de la esfera del regulador podría perjudicar el rendimiento de los multifondos y el buen funcionamiento del sistema de pensiones. Se cumple además con las condiciones exigidas por el Consejo para la Transparencia referida a la reserva de datos por parte de terceros involucrados al ser esta información: a) secreta, esto es, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza este tipo de información; b) objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva. Por lo tanto y en virtud de las consideraciones de hecho y derecho antes señaladas, AFP Capital S.A., manifiesta su oposición a la solicitud de entrega de información, en atención a que ésta dice relación con información reservada no solo de propiedad de la administradora sino que además de los fondos de pensiones administrados y que se encuentra protegida por la ley N° 19.628. Asimismo, se estima que la entrega vulnera sus derechos de propiedad, ya que revela parte de su estrategia de negocios y el derecho a desarrollar libremente una actividad económica lícita, derechos que se encuentran garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 21. f) AFP Provida S.A: A la fecha no han evacuado descargos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, notificando la respuesta una vez vencido el plazo. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Superintendente de Pensiones en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado. 2) Que, el artículo 20 de la Ley de Transparencia dispone que "Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo". No obstante ello, en el presente caso, analizados los antecedentes, se advirtió que la solicitud en análisis no fue notificada a los terceros. Por tal motivo, este Consejo representará al Sr. Superintendente de Pensiones en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado. 3) Que, en cuanto al fondo del asunto, el objeto del presente amparo es la entrega de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo. Al efecto, el órgano fundó la negativa de lo pedido en las letras a), b), c), y d) del referido numeral 1°, en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Asimismo, en lo tocante a lo requerido en la letra e), alegó su inexistencia. 4) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento "requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 7) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 8) Que, a fin de ponderar la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada. En dicho contexto, se advierte que para hacer entrega de la información requerida, sería necesario que el órgano, destine a su personal a realizar la búsqueda en forma manual ya que no existe soporte digital de lo pedido, entre los más de 45.000 archivos entre oficios, cartas y notas lo cual afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, atendiendo que además, muchos de los documentos requeridos contiene información económica y comercial de las empresas y antecedentes personales de los afiliados, los que como tales exigen además ser notificados por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, como asimismo, el tarje de los datos personales de contexto. Dicha tarea requiere un tiempo excesivo, no inferior a 20 días, lo cual llevaría a los funcionarios a no cumplir con sus labores habituales. 9) Que, atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. Por lo tanto, el amparo, respecto a lo pedido en las letras a), b) y c), del numeral 1°, de lo expositivo, será rechazado. 10) Que, sin perjuicio de lo anterior, el órgano, respecto a lo requerido en la letra d), del numeral 1°, esto es, las fiscalizaciones, a pesar de alegar también la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, no precisó en forma concreta la manera en que su búsqueda y entrega configura la distracción indebida, como sí lo hizo respecto a los otros literales. En tal sentido, sólo indicó que debido al carácter genérico de lo pedido, y dado que las fiscalizaciones materia de la consulta no se encuentran sistematizadas, sería necesario revisar manualmente todos los documentos de la época. Por tal motivo, este consejo, considerando lo razonado en los considerandos 4° al 7°, precedentes, acogerá el amparo en esta parte, ordenando la entrega de fiscalizaciones de la superintendencia u ORFI, debiendo tarjar, si es que lo hubiera, aquellos datos personales de contexto incorporados en los informes respectivos -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. 11) Que, en otro orden de ideas, en lo tocante a lo pedido en la letra e), del numeral 1°, de lo expositivo, que dice relación con los emails entre superintendencia y AFP, el órgano precisó que no se cuenta con respaldos de los correos electrónicos para las fechas solicitadas. Al respecto, se debe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede -referido a la inexistencia de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder. Por lo tanto el amparo en esta parte será rechazado. 12) Que, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Nicol Mercado, en contra de la Superintendencia de Pensiones, rechazándose respecto a los oficios enviados a las administradoras, respuestas/cartas de las administradoras y notas internas de la superintendencia, por configurarse la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y en lo tocante a los emails entre superintendencia y las administradoras de fondo de pensiones, por inexistente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Pensiones que: a) Entregue al solicitante copia de las fiscalizaciones de la superintendencia u ORFI del año 2002 y 2003, debiendo tarjar, si es que lo hubiera, aquellos datos personales de contexto incorporados en los informes respectivos -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Representar al Sr. Superintendente de Pensiones la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, al no haber evacuado respuesta al presente requerimiento dentro del plazo legal. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha infracción. IV. Representar al Sr. Superintendente de Pensiones la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, al no haber conferido traslado a las empresas involucradas. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha infracción. V. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Nicol Mercado U., al Sr. Superintendente de Pensiones, y a AFP Modelo S.A., AFP Provida S.A., AFP Planvital S.A., AFP Habitat S.A., AFP Cuprum S.A., AFP Capital S.A., en su calidad de terceros interesados. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.