<p>
</p>
<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C3257-16</p>
<p>
Entidad pública: Municipalidad de Providencia</p>
<p>
Requirente: Reinaldo Luis Pizarro Sariego</p>
<p>
Ingreso Consejo: 23.09.2016</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 769 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3257-16.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: el 08 de septiembre de 2016, don Reinaldo Luis Pizarro Sariego solicitó a la Municipal de Providencia la siguiente información:</p>
<p>
Las bases de datos de comunidades de edificios existentes en la comuna y sus respectivos comités de administración.</p>
<p>
2) RESPUESTA: El 21 de septiembre de 2016, la Municipalidad de Providencia respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio N° 8168, de misma fecha, señalando, en síntesis, que:</p>
<p>
No cuenta con una base de datos o listado de comunidades edificios con sus respectivos comités de administración, por lo que no es posible proporcionar la información.</p>
<p>
3) AMPARO: El 23 de septiembre de 2016, don Reinaldo Luis Pizarro Sariego dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
<p>
Además, el reclamante hizo presente que las bases de datos de edificios en altura existente en la comuna son de cargo del Departamento de Obras de la municipalidad, por tanto, debe existir el registro solicitado.</p>
<p>
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° 9818, de 04 de octubre de 2016, confirió traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) se refiera a las eventuales causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de dicha información.</p>
<p>
Mediante ordinario N° 9371, de 26 de octubre de 2016, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:</p>
<p>
No existe obligación legal de mantener un catastro o base de datos que almacene información sobre la existencia de comunidades verticales, reguladas por las disposiciones de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria y, por tanto, menos podría tenerse respecto del nombre de sus directivas o administraciones.</p>
<p>
Consultada la Dirección de Obras de la municipalidad, manifestó que no cuenta con tal información por no ser materia de su competencia. Luego consultadas otras direcciones sobre lo pedido, estas indicaron contener algunas bases de datos de lo solicitado, específicamente referido a los comités de administración, las cuales contienen datos personales, tales como nombre, dirección, teléfono y correo electrónico (en algunos casos), los cuales corresponden a datos personales según lo dispuesto en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, motivo por el cual se encuentra impedida de entregar dicha información.</p>
<p>
Además, dicha documentación fue recolectada de conformidad a lo dispuesto en la letra i), de la ley N° 19.628, con una finalidad propia, específica y circunstancial, por tanto, existe la obligación de resguardar los datos que se tenga acceso de fuentes no accesibles al público conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la citada ley, con la debida diligencia tal como señala el artículo 11 de dicha ley.</p>
<p>
Por último agrega que en la regla de secreto del artículo 7 de la ley citada, el legislador ponderó que la entrega de esta información vulnera los derechos de las personas en los términos del artículo 2 y 5 de la Ley de Transparencia, en tanto titulares de sus datos personales, cuya entrega podría afectar su vida privada en su faz positiva, como es la autodeterminación informativa, entendida como el poder de control sobre estos, lo que constituye una norma especial en el tratamiento de datos personales en un registro de banco de datos. Lo anterior torna inoficioso la aplicación del procedimiento de traslado a terceros del artículo 20 de la Ley de Transparencia, pues ha sido el propio legislador quien ha protegido el resguardo de información personal, lo que prevalece por sobre la aplicación de dicho procedimiento. Se cita jurisprudencia de este Consejo al respecto.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la denegación de la información que se lee en el literal 1) de lo expositivo, esto es, "las bases de datos de comunidades edificios existentes en la comuna y sus respectivos comités de administración.".</p>
<p>
2) Que, al efecto el órgano con ocasión de su respuesta señaló que no existe una base de datos con la información requerida y luego en los descargos evacuados en esta sede, señaló que no tiene obligación legal de mantener un catastro o base de datos que almacene información sobre la existencia de comunidades verticales, reguladas por las disposiciones de la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria y, por tanto, menos podría tenerse respecto del nombre de sus directivas o administraciones. No obstante ello, agregó que si bien cuenta con cierta información de las personas que integran estos comité de administración, sin embargo se encuentra impedida de entregarla por tratarse de información personal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, la ley 19.628, sobre protección de la vida privada, por tratarse de información recolectada de una base de datos no accesible al público, obtenida con fines propios y especifica por el municipio y de manera circunstancial, la cual contiene los nombres, teléfonos y algunos correos electrónicos, de las personas que integran dichos comités.</p>
<p>
3) Que, respecto de la base de datos de comunidades edificios existentes en la comuna, la cual, según declaró el órgano reclamado no existe, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado explicó que lo solicitado no existe, no resulta posible requerir la entrega de ésta, puesto que no constan en este expediente antecedentes que permitan controvertir la alegación de inexistencia, por tanto se rechazará el presente amparo respecto de este punto.</p>
<p>
4) Que, en relación a las bases de datos de los comité de administración, de las comunidades edificios existentes en la comuna, cuyos datos fueron denegados por la reclamada en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, por tratarse de información recolectada de una base de datos no accesibles al público, recolectada con fines propios, específicos y circunstanciales, se debe tener presente el criterio sostenido por este Consejo en la decisión de amparo C864-16, que conociendo sobre un reclamo similar, sostuvo que esta Corporación ya se ha pronunciado y resuelto respecto de solicitudes de información realizadas al amparo de la Ley de Transparencia, en que se requieren conocer datos personales contenidos en un registro o banco de datos. En síntesis, al resolver, entre otros, los amparos roles A10-09, A126-09, C211-11, C315-11 y C1921-15, ha declarado que los datos contenidos en una nómina (nombre, apellido, RUT, dirección, entre otros) son datos personales, pues constituyen información concerniente a una persona natural identificada, en los términos del artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628.</p>
<p>
5) Que, en virtud del artículo 5° de la Ley de Transparencia, toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración, es pública, a menos que esté sujeta a las excepciones legales establecidas en la propia Ley de Transparencia y las previstas en otras leyes de quórum calificado. En la especie, al igual que en el caso señalado, los datos solicitados por el reclamante han sido proveídos a la Administración del Estado en forma circunstancial, esto es, han sido recolectados de una fuente no accesible al público por lo cual, en principio, les resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, "(...) tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público". Finalmente, se ha señalado que al ser ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia.</p>
<p>
6) Que, en consecuencia, habiendo obtenido el municipio reclamado la información correspondiente a los datos de contacto de los miembros de los comités de administración de los edificios consultados, en forma circunstancial, para fines propios y específicos, tales datos sólo pueden tratarse al interior de la Municipalidad y específicamente para los fines específicos que motivaron su entrega, descartándose su cesión a terceros. En virtud de lo expuesto y en concordancia con el criterio sostenido por este Consejo en el amparo rol C864-16, y no existiendo constancia del consentimiento de sus titulares para la divulgación de los datos reclamados, se rechazará el presente amparo.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por don Reinaldo Luis Pizarro Sariego, en contra de la Municipal de Providencia por inexistencia de la información reclamada respecto de las bases de datos de comunidades edificios existentes en la comuna; y por aplicación del artículo 7 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, respecto de los comités de administración de dichos edificios, todo ello, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Reinaldo Luis Pizarro Sariego y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
<p>
</p>