Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3397-16

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Reclamante:	FRANCISCO MOLINA JEREZ
Reclamado:	GENDARMERÍA DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujeron cuatro amparos en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la negativa a una solicitud de información referente a la nomina de internos del C.D.P. de Talagante, en los términos señalados en la solicitud. El Consejo acoge el amparo, toda vez que las dificultades señaladas por el órgano reclamado, no permiten dar por configurada la distracción indebida a los funcionarios, invocada como causal de reserva.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/1/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C3398-16 C3430-16 C3431-16
Jurisprudencia a:	C3398-16 C3430-16 C3431-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPAROS ROLES C3397-16, C3398-16, C3430-16 y C3431-16. Entidad pública: Gendarmería de Chile. Requirente: Francisco Molina Jerez. Ingreso Consejo: 04.10 y 06.10 de 2016. En sesión ordinaria N° 775 del Consejo Directivo, celebrada el 1° de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C3397-16, C3398-16, C3430-16 y C3431-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Francisco Molina Jerez, mediante presentaciones que se singularizarán a continuación, solicitó a Gendarmería de Chile los siguientes antecedentes: a) Solicitud de información N° AK006T0003291, de fecha 16 de agosto de 2016: Copia de la nómina de internos condenados privados de libertad en el C.D.P. de Talagante, con fecha de egreso. b) Solicitud de información N° AK006T0003292, de fecha 16 de agosto de 2016: Copia de la nómina de internos condenados, del C.D.P. de Talagante, que han sido pre seleccionados para la libertad condicional, correspondiente al 11 semestre del 2016. Solicita al C.D.P. de Talagante, copia de la nómina de internos seleccionados para ser intervenidos en programas psico-sociales actualmente. c) Solicitud de información N° AK006T0003294, de fecha 16 de agosto de 2016: Copia al C.D.P. de Talagante de los internos que actualmente se encuentran beneficiados con la reducción de pena conforme la ley N° 19.856. Se solicita que se indique los años durante los cuales se le han concedido rebajas, la cantidad de meses con las que han sido beneficiados y las fechas de egreso (potenciales y efectivas). d) Solicitud de información N° AK006T0003314, de fecha 18 de agosto de 2016: Nomina de internos condenados privados de libertad del CDP de Talagante que se encuentren cumpliendo condenas por delitos de robo (habitado, no habitado, con violencia, con intimidación, etc.), con indicación del RUC de la causa. e) Solicitud de información N° AK006T0003424, de fecha 06 de septiembre de 2016: copia de la Ficha Única de Condenado y la Hoja de Conducta de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Talagante que se indican. f) Solicitud de información N° AK006T0003486, de fecha 14 de septiembre de 2016: Copia de las fichas únicas de condenado y la hoja de conducta de los internos individualizados en la solicitud. g) Solicitud de información N° AK006T0003517, de fecha 20 de septiembre de 2016: Por su representado individualizado en la solicitud, actualmente privado de libertad en el centro de detención preventiva de Talagante, a usted con respeto digo: En la presente causa, mi representado fue formalizado con fecha 4 de febrero del año 2014, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Medida cautelar que fue revocada el 7 de marzo del mismo año. Finalmente, el 25 de abril del 2014, el Ministerio Público comunica su decisión de no perseverar en la investigación. En este contexto, la defensa solicita respetuosamente que disponga que el ministro de fe certifique las siguientes circunstancias: 1. El período de tiempo que efectivamente mi representado estuvo bajo prisión preventiva; 2. Si de acuerdo a vuestros registros, sí o no consta que el periodo de tiempo durante el cual tuvo vigencia la medida cautelar de prisión preventiva ha sido ya abonado a causa diversa. h) Solicitud de información N° AK006T0003518, de fecha 20 de septiembre de 2016: Francisco Molina Jerez, defensor penal público penitenciario, por su representado individualizado en la solicitud, actualmente privado de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Talagante, con respeto pido: En la presente causa, mi representado fue formalizado con fecha 29 de agosto del año 2015, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Finalmente, el 5 de abril del 2016, mi representado fue condenado a 61 días. En este contexto, la defensa solicita respetuosamente que disponga que se certifique las siguientes circunstancias: 1. El periodo de tiempo que efectivamente mi representado estuvo bajo prisión preventiva; 2. Si de acuerdo a vuestros registros, sí o no consta que el periodo de tiempo durante el cual tuvo vigencia la medida cautelar de prisión preventiva en exceso ha sido ya abonado a causa diversa 2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 1397, de fecha 23 de septiembre de 2016, el órgano señaló en resumen, lo siguiente: Que, atendido a que los requerimientos mencionados, y por tratarse de una solicitudes de información que hace referencia a un número elevado de actos administrativos, y cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del complejo penitenciario de Talagante, y de esta dirección nacional, este servicio viene en denegar totalmente las solicitudes de acceso a la información signadas en la materia, por configurarse la causal de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1, letra c), de la ley N° 20.285. Que, en concordancia con lo anterior la norma antes citada ha sido desarrollada en el artículo 7, letra c), del reglamento de la ley N° 20.285 al establecer que: "Un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". Que, el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un periodo acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención agregada implica un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo (Amparo Rol C-1186-11). Que, los requerimientos demandan una actividad extra en orden a clasificar y ordenar, de una manera distinta a la ya existente, con el fin de satisfacer las peticiones, afectando las funciones ordinarias que esta Institución debe desempeñar. Que, atendida la labor que desarrolla el personal de Gendarmería de Chile - en cuanto a la atención, cuidado y vigilancia de los internos privados de libertad, así como en la administración de cada uno de nuestros recintos penales -, resulta impracticable la destinación de un funcionario determinado a la realización de los trabajos en comento, por cuanto ello provocaría un evidente retraso en las labores propias y habituales del funcionario, y una verdadera alteración a la gestión y función normal de nuestro Servicio. Que, para el caso concreto, los requerimientos realizados deben ser satisfechos por el personal de la estadística de la unidad, implican una demanda importante de tiempo a invertir para responderlos. Dicha unidad tiene como una de sus labores habituales manejar un flujo no menor de documentación que recepciona, procesa y responde a los tribunales de justicia donde los plazos son perentorios, además de los requerimientos institucionales, entendiendo que estas labores son para las que se contrató al personal. La información requerida, según lo informado por la unidad de estadística del C.D.P. de Talagante "implica que tenemos que disponer de una persona a tiempo completo y dedicación exclusiva trabajando a lo menos un mes para dar respuesta, solo para recopilar información, procesarla y remitirla pero además con de la información que se requiere tenemos que solicitar a lo menos a 150 internos la oposición a terceros, con lo que significa a lo menos de un día completo de hacer un operativo especial que implicaría mover esa cantidad de internos, sin contar las custodias necesarias para realizar el operativo que deben ser a lo menos tres personas más, por lo que la información solicitada no implica disponer de personal para labores administrativas si no labores de seguridad". Que, lo anteriormente expuesto, es sin perjuicio de la revisión obligatoria que personal de esta unidad debe realizar de los datos contenidos en los documentos solicitados. En tal sentido, por aplicación del principio de divisibilidad de la información, contenido en el artículo 11, letra e), de la ley N° 20.285, esta unidad debe revisar cada uno de los antecedentes solicitados y recopilados, con el objeto de discriminar entre aquella información que deben entregarse, y aquella que, por imperativo legal, debe resguardarse. Esto último, se realiza mediante el tachado o la omisión, de la información contenida en la documentación que se entrega, según corresponda. Por tanto, y en consideración el volumen de la información requerida, su clasificación y al tiempo estimado necesario para su reproducción, digitalización y análisis, este servicio viene en denegar totalmente la entrega de la documentación solicitada, atendido que, su recopilación y entrega, implican concretamente una distracción indebida en las labores habituales de los funcionarios del complejo penitenciario de Talagante y de esta dirección nacional, cuya ejecución afecta, por consiguiente, el debido cumplimiento de las funciones de Gendarmería de Chile. 3) AMPAROS: Con fecha 04 y 06 de octubre de 2016, don Francisco Molina Jerez, presentó amparos, respecto a determinadas solicitudes referidas precedentemente, en contra de Gendarmería de Chile, alegando lo siguiente: a) Amparo C3397-16 por solicitud de información N° AK006T0003291 (letra "a" del numeral 1° precedente): Respuesta negativa a la solicitud de información. b) Amparo C3398-16 por solicitud de información N° AK006T0003294 (letra "c" del numeral 1° precedente): Respuesta negativa a la solicitud de información. c) Amparo C3430-16 por solicitud de información N° AK006T0003424 (letra "e" del numeral 1° precedente): Respuesta negativa a la solicitud de información. d) Amparo C3431-16 por solicitud de información N° AK006T0003486 (letra "f" del numeral 1° precedente): Respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación los referidos amparos y, mediante oficio N° 10324, de 18 de octubre de 2016, confirió traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile. Luego, mediante ordinario N° 1534, ingresado con fecha 07 de noviembre del mismo año, el órgano reiterando lo señalado en su respuesta, señaló en resumen, que al tratarse de solicitudes de información que comprenden la conformación de nóminas que no están desagregadas de la manera pretendida por el Sr. Molina Jerez, el trabajo del área estadística de la unidad penal solicitada, consistiría en revisar los antecedentes personales radicados en cada carpeta documental de cada uno de los 220 internos de la población en calidad de condenados - de un Universo total de 426 habitantes en el recinto penitenciario solicitado. Que, en acuerdo con lo anterior, podemos indicar que, el área de estadística antes individualizada cuenta con solo 5 funcionarios -quienes responden a los requerimientos de los tribunales de justicia, fiscalía e institucionales- y que se necesitaría de a lo menos 3 de estos funcionarios, con dedicación exclusiva por semanas para la realización y compilación de una lista que involucre datos tales como fechas de egreso y datos preliminares de la libertad condicional, ya que implicaría revisar uno a uno si cumplen o no con los requisitos para dicha postulación; cabe hacer presente que, el impulso a la postulación a los diferentes tipos de beneficios intrapenitenciarios, radica en los propios internos, y nunca es de forma automática por parte de la institución. Que, continuando con la idea presentada en los párrafos anteriores, una vez individualizada la identidad de los internos de los cuales se solicitan antecedentes, - y en atención a las características de la información solicitada - es menester de esta institución cumplir con la notificación dispuesta en el artículo N° 20 de la ley N° 20.285. Esto implicaría movilizar a dichos internos por grupos, a un sector determinado de la unidad penal, con a lo menos 10 funcionarios uniformados como custodia, con tal de generar una proporción de 10 gendarmes por cada 22 internos a notificar. Que, tomando en cuenta que el total de funcionarios en labores de custodia y resguardo en el centro de detención preventiva Talagante es de 14 uniformados, que cumplen con la vigilancia de una población penal de 426 internos, realizar el procedimiento de notificación no solo implica una distracción directa de las funciones propias a su cargo, sino que también conlleva un altísimo riesgo a la seguridad, tanto de la población penal, como al orden público. Que, lo anteriormente expuesto, es sin perjuicio de la revisión obligatoria que personal de la unidad de atención ciudadana de este servicio debe realizar de los datos contenidos en los documentos solicitados. En tal sentido, por aplicación del principio de divisibilidad de la información, contenido en el artículo 11, letra e), de la ley N° 20.285, esta unidad debe revisar cada uno de los antecedentes solicitados y recopilados, con el objeto de discriminar entre aquella información que deben entregarse, y aquella que, por imperativo legal, debe resguardarse. Esto último, se realiza mediante el tachado o la omisión, de la información contenida en la documentación que se entrega, según corresponda. Que, por tanto, y en consideración el volumen de la información requerida, su clasificación, las notificaciones aparejadas a su entrega y al tiempo estimado necesario para su reproducción, digitalización y análisis, este Servicio denegó totalmente la entrega de la documentación solicitada, atendido que, su recopilación y entrega, implican concretamente una distracción indebida en las labores habituales de los funcionarios del complejo penitenciario de Talagante y de esta dirección nacional, cuya ejecución afecta, por consiguiente, el debido cumplimiento de las funciones de Gendarmería de Chile. Que, cabe hacer presente, en relación con requerimiento de nóminas preliminares a la presentación al beneficio de libertad condicional entregado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva, - solicitud de acceso a la información pública código identificador AK006T0003292 "Copia de la nómina de internos condenados que han sido pre seleccionados para la Libertad Condicional, correspondiente al II semestre del 2016. (...)"- este servicio estima que se tiene por configurada la causal de secreto establecida en el artículo 21 N° 1, letra b), de la ley N° 20.285. Que, lo anterior, es sin perjuicio de que la información sea pública una vez que las medidas sean adoptadas, lo que en el caso en específico, significaría, que la comisión de libertad condicional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva, remita la lista de los internos a los cuales se les otorgó dicho beneficio. Cabe hacer presente en este punto que, la Comisión antes individualizada, no remite una lista con los internos que no fueron considerados para el otorgamiento del beneficio, así como tampoco remite el razonamiento que tuvo para tal efecto. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos C3397-16, C3398-16, C3430-16 y C3431-16, existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse en estos casos de solicitudes de información relacionadas, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de lo solicitado en las letras a), c), e), y f), del numeral primero de la parte expositiva de la presente decisión. Al efecto, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 3) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento "requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. 5) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 6) Que, a juicio de este Consejo, las dificultades alegadas por el órgano reclamado no permiten dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva, pues según se constata, ésta ha identificado de modo preciso el número de internos de que cuya información se requiere, advirtiéndose que el volumen de la misma no tiene una entidad suficiente para generar la afectación invocada. Asimismo, los problemas supuestamente generados por la aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, tampoco logran traducirse en una afectación sobre todo cuando en la especie todos los internos corresponden a un mismo centro de detención, lo que facilita el la aplicación del proceso de notificación. Con todo, aceptar las alegaciones del órgano, podría llevar a entender que no sólo estarían impedidos de dar respuesta a la presente solicitud de información, sino a cualquiera que se le plantee en lo sucesivo, lo que resulta inaceptable, en consideración al legítimo ejercicio del derecho de acceso a la información, en los términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia. A mayor abundamiento, lo requerido constituye información que debería obrar en poder del órgano en forma sistemática y ordenada, en atención a las funciones legales que el servicio detenta e incluso cierta información puede servir de fundamento para la dictación de determinados actos administrativos o, eventualmente, para el otorgamiento de beneficios penitenciarios. Por lo tanto, se desestimará la causal alegada por Gendarmería. 7) Que, en otro orden de ideas, el órgano asimismo, alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, el cual será desestimado al no recaer sobre una solicitud de información objeto de amparo. 8) Que, en mérito de lo razonado precedentemente, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenándose al órgano hacer entrega de lo solicitado en el numeral 3°, de lo expositivo, de la presente decisión, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto de los internos y de otras personas naturales, incorporados en los informes respectivos -domicilio, antecedentes de salud o familiares, teléfono, correo electrónico, RUN, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Francisco Molina Jerez, en contra de Gendarmería de Chile, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile que: a) Entregue al solicitante debiendo tarjar todos los datos personales de contexto de los internos y de otras personas naturales, incorporados en los informes respectivos -domicilio, antecedentes de salud o familiares, teléfono, correo electrónico, RUN, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros-: i. Copia de la nómina de internos condenados privados de libertad en el C.D.P. de Talagante, con fecha de egreso; ii. Copia al C.D.P. de Talagante de los internos que actualmente se encuentran beneficiados con la reducción de pena conforme la ley N° 19.856. Se solicita que se indique los años durante los cuales se le han concedido rebajas, la cantidad de meses con las que han sido beneficiados y las fechas de egreso (potenciales y efectivas). iii. Copia de la ficha única de condenado y la hoja de conducta de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Talagante indicadas en la solicitud de información N° AK006T0003424, de fecha 06 de septiembre de 2016. iv. Copia de las fichas únicas de condenado y la hoja de conducta de las personas indicadas en la solicitud de información N° AK006T0003486, de fecha 14 de septiembre de 2016. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Molina Jerez y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.