Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3402-16

Reclamante:	JORGE CONDEZA NEUBER
Reclamado:	SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio de Cooperación Técnica, fundado en la respuesta negativa a una solicitud referente al sumario administrativa que se indica. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acreditó de manera suficiente la causal de secreto invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/17/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Estatuto Administrativo
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C7-10 C561-11
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Descriptores analíticos:	Industria (Productividad)

DECISIÓN AMPARO ROL C3402-16 Entidad pública: Servicio de Cooperación Técnica Requirente: Jorge Condeza Neuber Ingreso Consejo: 05.10.2016 En sesión ordinaria N° 769 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3402-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de septiembre de 2016, don Jorge Condeza Neuber solicitó al Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) copia de la siguiente información relativa al sumario administrativo que indica: a) Copia del decreto o acto administrativo que dio inicio a dicho proceso. b) En caso que esté terminado, copia del proceso sumarial. 2) RESPUESTA: El 5 de octubre de 2016, el Servicio de Cooperación Técnica respondió a dicho requerimiento de información mediante carta N° 394, señalando, en síntesis, que procedió a dar traslado a las personas que declararon en el procedimiento cuya copia se requiere, quienes se opusieron oportunamente a la entrega de la información pretendida, exceptuando de forma expresa la Resolución del proceso disciplinario, en la cual se señale el resultado del sumario interno. Por lo tanto, SERCOTEC se encuentra impedido de entregar la información, pero en virtud del principio de divisibilidad hace entrega de la Resolución N° 9.335 de fecha 28 de junio de 2016 en virtud del cual se afinó el procedimiento sumarial. 3) AMPARO: El 5 de octubre de 2016, don Jorge Condeza Neuber dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo confiriendo traslado al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, mediante Oficio N° 10.305 de 18 de octubre de 2016. Dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones mediante presentación de fecha 4 de noviembre de 2016, señalando, en síntesis que: a) De acuerdo a la normativa interna de Sercotec, a lo largo de la investigación sumaria pretendida se citó a declarar a diversos funcionarios del Servicio, sin que mediase su voluntad de aportar en la referida investigación, debiendo responder obligadamente a las interrogantes del Fiscal Instructor, por lo cual eventualmente los declarantes se vieron compelidos a otorgar toda la información que les fue requerida, que en otras circunstancias, esto es, sin el apremio de la voluntad de ser sancionados por no aportar con la investigación, podrían no haber entregado b) Procedió conforme a lo dispuesto el artículo 20 de la Ley de Transparencia confiriendo traslado a aquellos terceros cuyos derechos pudiesen verse afectados con la publicidad del expediente conforme al procedimiento, dando como resultado la oposición en tiempo y forma de cuatro personas. c) Adjunta a su respuesta copia del expediente sumarial solicitado. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE TERCEROS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante los Oficios Nos 10.306 a 10.309, ambos incluidos, de 18 de octubre de 2016, notificó el amparo a los 4 funcionarios declarantes en el sumario cuya entrega fue denegada -en calidad de terceros interesados - a fin de que presentaran sus descargos y observaciones. Al efecto, dichos funcionarios se opusieron a la entrega de la información fundado en lo siguiente: a) La entrega del sumario en que se contienen sus declaraciones afecta sus derechos en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, exponiéndoles a recriminaciones y hasta represalias, por parte de las personas en contra de las cuales fue dirigida. b) Las declaraciones fueron otorgadas bajo confidencialidad, razón por la cual genera mayor agravio dar publicidad, por cuanto vulnera las confianzas de los funcionarios del Servicio en un proceso disciplinario que se entiende confidencial, pero que luego se hace público. c) Los declarantes en el sumario no son funcionarios públicos, por cuanto el Servicio de Cooperación Técnica es una Corporación de Derecho Privado, y su vínculo contractual es en base al Código del Trabajo o también una prestación de servicios a honorarios, sin constituir los denominados funcionarios de planta o a contrata. d) El objetivo último del amparo deducido por el solicitante no es solo tomar conocimiento de lo resuelto sino más bien usar e instrumentalizar estos antecedentes con intereses políticos y electorales, que van en desmedro de la función del Servicio de Cooperación Técnica. Y CONSIDERANDO: 1) Que, la información objeto del presente amparo es la copia de un expediente sumarial afinado ordenado instruir mediante resolución N° 9.232 de 7 de septiembre de 2015 del Servicio de Cooperación Técnica. 2) Que conforme a la reiterada jurisprudencia de este Consejo, plasmada entre otras en las decisiones recaídas en los amparos roles A47-09, A95-09, C7-10 y C561-11, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, que fija el Estatuto Administrativo, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En efecto, el expediente sumarial, en su etapa indagatoria, contiene los antecedentes de una investigación que son previos a la adopción de una resolución, medida o política respecto de ella, conforme a la letra b) del precitado numeral. Con todo, el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010). El antedicho criterio resulta plenamente aplicable en la especie atendida la redacción contenida en el artículo 122 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Servicio de Cooperación Técnica, el cual establece que "el sumario tendrá el carácter de secreto. Sin embargo, perderá tal calidad respecto de los inculpados una vez que se les notifique la formulación de cargos.". 3) Que el órgano reclamado denegó el expediente solicitado atendida la oposición a la entrega manifestada por los funcionarios que declararon en dicho proceso. 4) Que, según ha venido planteando sostenidamente este Consejo a partir de la decisión del amparo Rol A47-09, en orden a que "atendida la condición que poseen, la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa [está sujeta a un escrutinio de mayor intensidad] que el resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen". En consecuencia, este Consejo ha razonado que los antecedentes referidos al vínculo contractual, desempeño, calificaciones y remuneraciones de los funcionarios de la Administración del Estado constituye información pública, atendida la naturaleza de la función que ejercen y en cuyo contexto se generan. 5) Que, por su parte, el 144 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Servicio de Cooperación Técnica, establece que "todo funcionario/a de SERCOTEC tiene la obligación de brindar su colaboración, cuando le sea solicitada por el Fiscal Instructor, para el esclarecimiento de los hechos denunciados que hubieren originado la investigación interna, para su debida tramitación. El incumplimiento de injustificado de este deber por parte del funcionario/a responsable, será considerado como falta grave en el desempeño de su cargo.". De ello es posible concluir que los funcionarios públicos de la referida entidad, en el evento de ser requeridos por el fiscal instructor de un sumario administrativo, se encuentran obligados a comparecer y prestar declaración sobre los hechos investigados. Por tanto, no resulta posible vislumbrar que la entrega de la información pueda ocasionar una inhibición en la participación de funcionarios en otros procedimientos disciplinarios, atendido que dicha comparecencia no es un asunto que se encuentre sujeto a su arbitrio, sino que corresponde al cumplimiento de un deber funcionario cuyo incumplimiento deriva en la responsabilidad administrativa del servidor que hubiere incurrido en dicha conducta. Asimismo, cabe agregar que la eventual expectativa de reserva bajo la cual dichos servidores hayan concurrido a prestar su testimonio puede tener efecto sólo mientras dure la tramitación del aludido procedimiento sumarial, no pudiendo extenderse una vez que éste se encuentra afinado. 6) Que, analizado el expediente cuya copia ha sido denegada por la reclamada, particularmente en lo referido a las declaraciones de los funcionarios que se opusieron a la entrega de la misma, se advierte que dichos testimonios dicen directa relación con los hechos investigado no pudiendo constarse que se refieran a circunstancias de la esfera privada de dichos servidores. En dicho contexto, el peligro de afectación invocado por el órgano reclamado, así como los terceros no puede sino estimarse eventual, pues depende de contingencias ajenas a la sola divulgación de la información, e incierto, pues se funda en una eventual expectativa de reserva, y en circunstancias dependientes del particular tratamiento que terceros puedan dar a la información recibida. Al respecto, de conformidad al texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ya ha señalado este Consejo, la afectación debe presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, respecto de lo cual, en este caso, no se han aportado elementos de juicio concretos que permitan apreciar la concurrencia de dicha afectación. 7) Que, en consecuencia, y de conformidad a lo expuesto precedentemente, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada que haga entrega del expediente solicitado a la reclamante. Con todo, previo a su entrega, deberá tarjar los datos personales de contexto que allí se contengan -domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, RUT, estado civil, fecha de nacimiento, entre otros-, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y el principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá reservar las fojas 149 a 167 en que constan cotizaciones previsionales de trabajadores de la empresa que ahí se indica por tratarse de datos personales de conformidad al artículo 2 del cuerpo legal citado y en ejercicio de la atribución que a este Consejo se le ha conferido en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Jorge Condeza Neuber, en contra del Servicio de Cooperación Técnica en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica: a) Hacer entrega al reclamante de copia del expediente del sumario administrativo ordenado instruir mediante resolución N° 9.232 de 7 de septiembre de 2015 tarjando previamente los datos de contexto señalados en el considerando séptimo del presente acuerdo y reservando las fojas 149 a 167 en que constan cotizaciones previsionales de trabajadores de la empresa que ahí se indica por tratarse de datos personales. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Condeza Neuber, al Sr. Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, y a los terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.