Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3474-16

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Reclamante:	PATRICIO PINO MELO
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Transportes, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información, agregando que, atendida la magnitud de la obra a realizar, todo el proceso de toma de decisión debería estar sujeto a examen público. El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/24/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C197-15
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Transporte

DECISIÓN AMPARO ROL C3474-16 Entidad pública: Subsecretaría de Transportes Requirente: Patricio Pino Melo Ingreso Consejo: 11.10.2016 En sesión ordinaria N° 769 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3474-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 05 de septiembre de 2016, don Patricio Pino Melo solicitó a la Subsecretaría de Transportes información referida a los estudios o los resultados de estos estudios encargados respecto del proyecto Línea 7 del Metro. 2) RESPUESTA: La Subsecretaria de Transportes respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 17, de fecha 29 de septiembre de 2016, remitida al solicitante a través de correo electrónico de fecha 04 de octubre de 2016, señalando, en síntesis, que se deniega la entrega de la información pedida por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, como el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la citada ley. Señala que el artículo 1 de la ley N° 18.059, le asigna al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el carácter de organismo rector nacional en materia de tránsito, y en tal calidad le corresponde entre otras funciones proponer las políticas, planes y programas relativas al transporte público, así como estudiar y proponer las normas legales y reglamentarias necesarias para llevar a cabo una adecuada política de transporte público. Agrega, que el artículo 2° de la misma ley, prescribe que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones debe coordinar la acción de las diversas autoridades en materia de tránsito y fiscalizar la adopción de las resoluciones y medidas administrativas que ellas dicten en estas materias. Señala además, que la ley N° 18.696, faculta a dicho Ministerio para establecer condiciones y dictar la normativa sobre funcionamiento de los servicio de transporte y utilización de vías, y con forma a ello dictar la reglamentación pertinente. Por lo anterior, estima que la información pedida constituye un antecedente que servirá de fundamento para la adopción de políticas públicas o medidas en materia de tránsito, las que se enmarcan dentro de las facultades que le han sido asignadas por la ley al Ministerio, requiriendo para ello contar de manera previa con todos los antecedentes técnicos y legales necesarios para evaluar y ponderar las diversas alternativas existentes, dentro de su competencia. Luego, sostiene que la información pedida constituye un antecedente preliminar, por lo que su divulgación previa a la adopción de una medida o política en particular, implicaría inmiscuirse en el ámbito de decisión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, afectando de manera evidente el privilegio deliberativo del mismo. 3) AMPARO: El 11 de octubre de 2016, don Patricio Pino Melo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Transportes fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información, agregando que, atendida la magnitud de la obra a realizar, todo el proceso de toma de decisión debería estar sujeto a examen público. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Transportes, mediante oficio N° 10.773, de fecha 27 de octubre de 2016. El órgano requerido, a través de oficio GS N° 8.270, de fecha 28 de noviembre de 2016, presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo señalado en su respuesta, en orden a que se denegó la información pedida por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, citando nuevamente las competencias que le corresponde como organismo rector nacional en materia de tránsito, en virtud de artículo 1 y 2 de la ley N° 18.059, de 1981, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, como también de la ley N° 18.696 de 1988. En consideración a este marco normativo, señaló que la decisión de impulsar futuras líneas de metro a implementar, así como sus características, se enmarca dentro de las facultades que le han sido asignadas por ley, requiriendo para estos efectos, contar de manera previa con todos los antecedentes técnicos y legales necesarios para evaluar y ponderar las diversas alternativas existentes sobre la materia, razón por la cual los estudios solicitados, constituyen un antecedente técnico previo que servirá de fundamento directo o de base para la adopción de una resolución, medida o política específica a implementar en la ciudad de Santiago, dentro del ámbito de sus competencias. Agrega, que al tratarse de estudios a nivel de perfil (etapa de pre-inversión, en la cual se realiza la preparación y evaluación de las posibles alternativas de solución, partiendo de información que proviene principalmente de fuentes de origen secundario), las definiciones que contienen pueden sufrir modificaciones importantes en las siguientes etapas de análisis, no siendo conveniente a este servicio su divulgación temprana, pues podría generar expectativas y, en consecuencia, diversos tipos de presiones a la autoridad, así como también, otros efectos, tales como la posible especulación inmobiliaria, perjudicando la ejecución del proyecto a futuro. En dicho sentido, señala que una vez obtenida la evaluación de las alternativas y adoptada la decisión final respecto a la implementación de la Línea 7, que deberían aportar los estudios en comento, se estará en condiciones de hacerlos públicos en caso de ser requeridos. En consecuencia, sostiene la divulgación de estos estudios de manera previa a la adopción de una medida o política futura, implica inmiscuirse en el ámbito de decisión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, afectando de manera evidente el privilegio deliberativo del mismo. Y CONSIDERANDO: 1) Que, con fecha 05 de septiembre de 2016, don Patricio Pino Melo solicitó a la Subsecretaría de Transportes información referida a los estudios o los resultados de estos estudios encargados respecto del proyecto Línea 7 del Metro, obteniendo respuesta denegatoria fundada en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en efecto, tanto en su respuesta como descargos, la Subsecretaría de Transportes señaló que la información pedida fue denegada por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, haciendo presente que el artículo 1 de la ley N° 18.059, le asigna al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el carácter de organismo rector nacional en materia de tránsito, y en tal calidad le corresponde entre otras funciones proponer las políticas, planes y programas relativas al transporte público, así como estudiar y proponer las normas legales y reglamentarias necesarias para llevar a cabo una adecuada política de transporte público. Agregó, que el artículo 2° de la citada ley, prescribe dicho Ministerio debe coordinar la acción de las diversas autoridades en materia de tránsito y fiscalizar la adopción de las resoluciones y medidas administrativas que ellas dicten en estas materias, señalando además que, en virtud de la ley N° 18.696, faculta a dicho Ministerio para establecer condiciones y dictar la normativa sobre funcionamiento de los servicio de transporte y utilización de vías, y con forma a ello dictar la reglamentación pertinente. 3) Que, a partir de dicho marco normativo, el órgano requerido señaló que la decisión de impulsar futuras líneas de metro a implementar, así como sus características, se enmarca dentro de las facultades que le han sido asignadas por ley, requiriendo para estos efectos, contar de manera previa con todos los antecedentes técnicos y legales necesarios para evaluar y ponderar las diversas alternativas existentes sobre la materia, razón por la cual los estudios solicitados, constituyen un antecedente técnico previo que servirá de fundamento directo o de base para la adopción de una resolución, medida o política específica a implementar en la ciudad de Santiago, dentro del ámbito de sus competencias. Por ello, sostuvo que al tratarse de estudios a nivel de perfil (etapa de pre-inversión, en la cual se realiza la preparación y evaluación de las posibles alternativas de solución, partiendo de información que proviene principalmente de fuentes de origen secundario), las definiciones que contienen pueden sufrir modificaciones importantes en las siguientes etapas de análisis, no siendo conveniente para las funciones del Ministerio su divulgación temprana, pues podría generar expectativas y, en consecuencia, diversos tipos de presiones a la autoridad, así como también, otros efectos, tales como la posible especulación inmobiliaria, perjudicando la ejecución del proyecto a futuro. 4) Que, por otra parte el órgano requerido, señaló que una vez obtenida la evaluación de las alternativas y adoptada la decisión final respecto a la implementación de la Línea 7 de Metro que deberían aportar los estudios pedidos, se estará en condiciones de hacerlos públicos en caso de ser requeridos, y por lo tanto actualmente la divulgación de dichos estudios de manera previa a la adopción de una medida o política futura, implica inmiscuirse en el ámbito de sus decisiones, afectando de manera evidente el principio deliberativo del mismo. 5) Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la causal de reserva invocada por el órgano reclamado en esta parte. 6) Que, como se indicó, respecto de la información solicitada, el órgano reclamado invocó la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, norma que prescribe que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. 7) Que, este Consejo ha sostenido que, para los efectos de configurar dicha causal, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos. 8) Que, de acuerdo a los antecedentes examinados, en particular la normativa fijada por la ley N° 18.059, que le asigna al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el carácter de organismo rector nacional en materia de tránsito, atribuyéndole la función de proponer las políticas, planes y programas relativas al transporte público, así como estudiar y proponer las normas legales y reglamentarias necesarias para llevar a cabo una adecuada política de transporte público, además de coordinar la acción de las diversas autoridades en materia de tránsito y fiscalizar la adopción de las resoluciones y medidas administrativas que ellas dicten en estas materias, como asimismo que en virtud de la ley N° 18.696, posee la facultad de establecer condiciones y dictar la normativa sobre funcionamiento de los servicio de transporte y utilización de vías, y con forma a ello dictar la reglamentación pertinente, a juicio de este Consejo la información referida a los estudios o los resultados de estos estudios encargados respecto del proyecto Línea 7 del Metro constituyen antecedentes previos para la adopción de una resolución respecto del diseño, planificación y construcción de la referida línea 7 del Metro, proyecto que actualmente no se encuentra resuelto, estando en proceso de definición, razón por la cual no es posible entregar lo requerido sin producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido funcionamiento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que como se indicó tiene asigna por ley la función de proponer las políticas, planes y programas relativas al transporte público. 9) Que, al efecto resulta pertinente los resuelto a propósito de privilegio deliberativo, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 28 de julio de 2015, causa Rol 4716-2015, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto, en contra de la decisión de este Consejo (amparo rol C197-15), donde el tribunal razonó en su considerando décimo primero, que "Que, por otro lado, irradiar su conocimiento afectaba también el denominado privilegio deliberativo consagrado en el artículo 21 N° 1, letra b), de la ley de Transparencia, perturbando el normal desarrollo de la agenda legislativa del Gobierno, ya que de publicitarse las diferentes alternativas que analizaba la administración en materia de despenalización del aborto, se afectaba el ámbito de discrecionalidad en la toma de decisiones de políticas públicas, constituyendo por ello, a la fecha en que fue solicitada y resuelta negativamente, en un antecedente exclusivo de uso interno, que se valoró al momento de definir la decisión final, la que culminó en la presentación del proyecto tantas veces mencionado." 10) Que, por lo expuesto, habiéndose cumplido plenamente los requisitos exigidos para verificar la hipótesis contemplada en la causal de reserva señalada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, este consejo rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Pino Melo, en contra de la Subsecretaría de Transportes, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Pino Melo y al Sr. Subsecretario de Transportes. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.