Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3559-16

Volver

Reclamante:	KATHERINE ALMUNA TOBAR
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, fundado en que la información entregada es incompleta, toda vez que no se le proporcionó la información respecto a la fecha de ingreso al servicio, jornada laboral pactada, y correo institucional y/o teléfono institucional. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo tanto respecto de la información sobre la fecha de ingreso al servicio por parte de los funcionarios contratados a honorarios, por no haberse verificado infracción al artículo 15 de la Ley de Transparencia; como también en relación a la referida al correo electrónico y teléfono institucional del mismo personal, por configurarse la causal de reserva contemplado en el artículo 21 N° 1 de la referida ley, conforme los fundamentos señalados precedentemente.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/31/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C988-12 C136-13 C1669-15 C1403-16 C611-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C3559-16 Entidad pública: Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Requirente: Katherine Almuna Tobar Ingreso Consejo: 18.10.2016 En sesión ordinaria N° 772 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de enero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3559-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 05 de octubre de 2016, doña Katherine Almuna Tobar solicitó a la Subsecretaría de Economía "la cantidad de empleados a honorarios en el servicio, institución/región, nombre, nivel académico, fecha de ingreso al servicio, validez del contrato, jornada laboral pactada, correo institucional y/o teléfono institucional". 2) RESPUESTA: La Subsecretaría de Economía respondió a dicho requerimiento de información mediante Ord. N° 5.864, de fecha 17 de octubre de 2016, señalando, en síntesis, que la información requerida se encuentra a disposición del público en el link que indica, razón por la cual sostiene que ha cumplido con su obligación de informar conforme al artículo 15 de la Ley Transparencia. 3) AMPARO: El 18 de octubre de 2016, doña Katherine Almuna Tobar dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Economía, fundada en que la información entregada es incompleta, toda vez que no se le proporcionó la información respecto a la fecha de ingreso al servicio, jornada laboral pactada, y correo institucional y/o teléfono institucional. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Economía, mediante oficio N° 10.890, de fecha 02 de noviembre de 2016. El órgano requerido, a través de Ord. N° 6.803, de fecha 28 de noviembre de 2016, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que en su respuesta se proporcionó al solicitante un link en el cual consta información histórica desde el año 2006 a la fecha respecto de las personas que han sido contratadas a honorarios, incluyendo la fecha de ingreso al servicio la que puede ser extraída de la sola revisión de la información publicada. Respecto de la jornada laboral, señala que remite en esta oportunidad archivo en formato Excel el cual contiene una nómina con los servidores a honorarios que prestan labores en la institución y la jornada laboral por la cual han sido contratados. En relación a la solicitud de los correos institucionales y/o teléfono institucional de cada uno de los prestadores de servicios a honorarios, sostiene que considera inviable otorgar derecho de acceso a la información atendido la variada jurisprudencia que ese Consejo ha dictado sobre el tema, como son lo resuelto en las decisiones de amparo Roles C611-10, C988-12, C136-13, C1669-15 y C1403-16. En concordancia con dicha jurisprudencia, señala que cuenta con un sistema centralizado de recepción telefónica y correos electrónicos, debidamente informados en su página web, con la finalidad precisa, de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, por lo que se configuraría la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, considerando que el dar a conocer los números telefónicos y/o correos electrónicos del personal contratado a honorarios, podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 24 de enero de 2016, este Consejo revisó el link proporcionado por la Subsecretaría de Economía en su respuesta, constatando que en ella se encuentra disponible la información referida a su dotación a honorarios, con indicación de nombres y apellidos, descripción de la función, calificación profesional o formación, región, honorario total bruto, si el pago es mensual o no, fecha de inicio y términos de sus servicios. Se hace presente que no se encuentra disponible la información referida a la jornada laboral de dicho personal. Y CONSIDERANDO: 1) Que, con fecha 05 de octubre de 2016, doña Katherine Almuna Tobar solicitó a la Subsecretaría de Economía la cantidad de empleados a honorarios en el servicio, institución, región, nombre, nivel académico, fecha de ingreso al servicio, validez del contrato, jornada laboral pactada, correo y teléfono institucional, obteniendo respuesta estimada como incompleta por la solicitante, fundado en que no se le habría proporcionado la información respecto a la fecha de ingreso al servicio, jornada laboral pactada, y correo electrónico y teléfono institucional, limitándose a dichas materias el presente amparo. 2) Que, en efecto, en su respuesta el órgano requerido señaló que la información requerida se encontraría en su página de transparencia activa cuyo link acompaña, por lo que habría cumplido con su obligación de informar conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, con ocasión de sus descargos precisó que en el enlace proporcionado a la solicitante, si bien se encuentra la información histórica desde el año 2006 a la fecha respecto de las personas que han sido contratadas a honorarios, incluyendo la fecha de ingreso al servicio la que puede ser extraída de la sola revisión de la información publicada, no se contienen los antecedentes referidos a la jornada laboral, los que remite. Finalmente, en relación a la solicitud de los correos y teléfonos institucionales de cada uno de los prestadores de servicios a honorarios, sostiene que se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, fundado en que cuenta con un sistema centralizado de recepción telefónica y correos electrónicos, debidamente informados en su página web, con la finalidad precisa, de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, por lo que dar a conocer dicha información podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones. 3) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la información solicitada que obra en poder del órgano reclamado es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de los argumentos invocados en su respuesta por el órgano reclamado. 4) Que, cabe tener presente que conforme al artículo 15 de la Ley de Transparencia, "cuando la información esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impreso tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar.". 5) Que, respecto a la información reclamada referida a la fecha de ingreso al servicio por parte de los funcionarios contratados a honorarios, en virtud de la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, este Consejo revisó el link proporcionado por el órgano requerido en su respuesta, constatando que dicha información se encuentra disponible en el referido link, lográndose acreditar que la Subsecretaría de Economía cumplió con su obligación de informar, razón por la cual no habiéndose verificado infracción alguna a la Ley de Transparencia, se rechazará el amparo en esta parte. 6) Que, respecto a los antecedentes referidos a la jornada laboral pactada de los funcionarios contratados a honorarios, si bien el órgano requerido informó en su respuesta que se encontraría en el link proporcionado, sin embargo, con ocasión de la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, este Consejo pudo determinar que dicha información no se encuentra disponible en el enlace señalado, sin acreditarse durante el presente procedimiento de acceso a la información pública, que se le haya entregado a la solicitante. Por consiguiente, no resulta posible tener por cumplida la obligación de informar en este parte, en los términos señalados en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. 7) Que, tratándose del nombre del personal contratado, cargo, lugar de desempeño, contratos, y certificado de títulos, entre otros antecedentes vinculados a los funcionarios públicos, este Consejo ha sostenido a partir de la decisión A47-09 que la órbita de privacidad de los funcionarios que forman parte de la Administración del Estado, es más reducida que el resto de las personas, toda vez que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que redunda en la obligación de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el sólo hecho de revestir la calidad de tales, razón por la cual procede la entrega de dicha información, incluso algunas de dichas materias corresponden a obligaciones de transparencia activa. En efecto, en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica la publicidad de aquella información que si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes como el fundamento de los beneficios conferidos en mérito de la labor desempeñada, lo que resulta plenamente aplicable al personal contratado a honorarios. 8) Que, por lo expuesto, no existiendo controversia acerca del carácter público de la información referida a la jornada laboral del personal contratado a honorarios, y no habiéndose acreditado que el órgano requerido haya entregado dicha información a la solicitante, se acogerá el amparo en esta parte. 9) Que, en relación a la información referida al correo institucional y/o teléfono institucional del personal contratado a honorarios, el órgano requerido señaló que procede denegar dicha información, fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda que como se indicó, cuenta con un sistema centralizado de recepción telefónica y correos electrónicos, debidamente informados en su página web, con la finalidad precisa de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, por lo que dar a dicha información podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones. 10) Que, sobre el particular, cabe tener presente lo resuelto reiteradamente por este Consejo, entre otras, en las decisiones de amparo Roles Nos C611-10, C136-13, C1669-15 y C1403-16, en orden a que la decisión de un órgano de la Administración de informar "a través de su sitio electrónico determinados números telefónicos, obviando otros, tiene por objeto canalizar el flujo de comunicaciones recibidas por el organismo, permitiéndole sistematizar el ingreso de llamadas conforme a los criterios de prevalencia que éste haya determinado (...) y actuar en relación con dichos criterios (....)para lo cual el Municipio destina recursos y personal al efecto, mediante la contratación de cuentas telefónicas y secretarias. // Que, conforme a lo anterior, divulgar aquellos números telefónicos respecto de los cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito o aquellos que permiten el acceso directo a autoridades o funcionarios respecto de los cuales, precisamente, se ha elaborado dicho mecanismo, permitiría a las personas sortear el sistema de acceso telefónico a las autoridades o funcionarios públicos dispuesto por el órgano, impidiendo a los funcionarios que ejecutan dicha labor cumplir regularmente con los fines por los cuales han sido contratados. Lo anterior obligaría a las autoridades o funcionarios cuya función regular no es la atención de comunicaciones telefónicas o de público en general, a atender éstos, distrayéndolos de sus labores habituales" (C611-10). 11) Que, además, la divulgación de las casillas de correo electrónico de cada funcionario "(...) podría significar una afectación [al debido cumplimiento del órgano reclamado por cuanto] permitiría el envío masivo de correos, utilizados con fines netamente particulares, que constituirían un serio entorpecimiento en el correcto y eficiente desarrollo y ejercicio de la función pública por parte de sus funcionarios (...)" (C136-13). 12) Que, por lo expuesto, en aplicación del razonamiento señalado en las decisiones citadas precedentemente, y teniendo presente además que la reclamada cuenta con un sistema centralizado de recepción telefónica y correos electrónicos, informado en su portal electrónico, con la finalidad precisa de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, se encuentra acreditada la causal de reserva invocada, contenida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, considerando que el dar a conocer los números telefónicos y correos electrónicos de sus funcionarios, podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Katherine Almuna Tobar, en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño; rechazándolo tanto respecto de la información sobre la fecha de ingreso al servicio por parte de los funcionarios contratados a honorarios, por no haberse verificado infracción al artículo 15 de la Ley de Transparencia; como también en relación a la referida al correo electrónico y teléfono institucional del mismo personal, por configurarse la causal de reserva contemplado en el artículo 21 N° 1 de la referida ley, conforme los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño: a) Hacer entrega al reclamante la información referida a la jornada laboral pactada de su personal contratado a honorarios. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Katherine Almuna Tobar y a la Sra. Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.