<p>
</p>
<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C3579-16</p>
<p>
Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación</p>
<p>
Requirente: Rafael Antonio Figueroa Ortega</p>
<p>
Ingreso Consejo: 19.10.2016</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 778 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3579-16.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de septiembre de 2016, don Rafael Antonio Figueroa Ortega solicitó a la Comisión Nacional de Acreditación (en adelante "la Comisión" o CNA) información relativa a los últimos procesos de acreditación a los que se han sometido las siguientes Universidades:</p>
<p>
"Universidad de La Frontera: a) Informe de autoevaluación interna con toda su información de respaldo y anexos, que fue elaborado por la Universidad y que ingresó a la Comisión Nacional de Acreditación el 7 de junio de 2013; b) Antecedentes adicionales que hubiesen sido solicitados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y que se hubiesen enviado por la Universidad; c) Informe de evaluación externa que emitió el comité de pares evaluadores que visitó la Universidad con motivo de su último proceso de acreditación; d) Las observaciones al informe de evaluación externa que envió la Universidad; e) Las minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, relativas al último proceso de acreditación al que se sometió esta Universidad; y f) Recurso de reposición presentado por esta Universidad, relativas al último proceso de acreditación.</p>
<p>
Universidad de Talca: a) Informe de autoevaluación interna con toda su información de respaldo y anexos, que fue elaborado por la Universidad y que ingresó a la Comisión Nacional de Acreditación el 23 de mayo de 2014; b) Antecedentes adicionales que hubiesen sido solicitados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y que se hubiesen enviado por la Universidad; c) Informe de evaluación externa que emitió el comité de pares evaluadores que visitó la Universidad con motivo de su último proceso de acreditación; d) Las observaciones al informe de evaluación externa que envió la Universidad; e) Las minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, relativas al último proceso de acreditación al que se sometió esta Universidad; y f) Recurso de reposición presentado por esta Universidad, relativas al último proceso de acreditación.</p>
<p>
Universidad de Chile: a) Informe de autoevaluación interna con toda su información de respaldo y anexos, que fue elaborado por la Universidad y que ingresó a la Comisión Nacional de Acreditación el 29 de abril de 2011; b) Antecedentes adicionales que hubiesen sido solicitados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y que se hubiesen enviado por la Universidad; c) Informe de evaluación externa que emitió el comité de pares evaluadores que visitó la Universidad con motivo de su último proceso de acreditación; d) Las observaciones al informe de evaluación externa que envió la Universidad; y e) las minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, relativas al último proceso de acreditación al que se sometió esta Universidad.</p>
<p>
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: a) Informe de autoevaluación interna con toda su información de respaldo y anexos, que fue elaborado por la Universidad y que ingresó a la Comisión Nacional de Acreditación el 23 de abril de 2015; b) Antecedentes adicionales que hubiesen sido solicitados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y que se hubiesen enviado por la Universidad; c) Informe de evaluación externa que emitió el comité de pares evaluadores que visitó la Universidad con motivo de su último proceso de acreditación; d) Las observaciones al informe de evaluación externa que envió la Universidad; y e) las minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, relativas al último proceso de acreditación al que se sometió esta Universidad.</p>
<p>
Universidad de Valparaíso: a) Informe de autoevaluación interna con toda su información de respaldo y anexos, que fue elaborado por la Universidad y que ingresó a la Comisión Nacional de Acreditación el 8 de junio de 2012; b) Antecedentes adicionales que hubiesen sido solicitados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y que se hubiesen enviado por la Universidad; c) Informe de evaluación externa que emitió el comité de pares evaluadores que visitó la Universidad con motivo de su último proceso de acreditación; d) Las observaciones al informe de evaluación externa que envió la Universidad; e) Las minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, relativas al último proceso de acreditación al que se sometió esta Universidad; y f) Recurso de reposición presentado por esta Universidad, relativas al último proceso de acreditación".</p>
<p>
2) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Mediante Oficio Dp-03-0404-16, de 09 de septiembre de 2016, la Comisión comunicó a las referidas Universidades la facultad que les asistía para oponerse a la entrega de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
Mediante Carta de 13 de septiembre de 2016 y Oficio N° 017/2016, de 15 de septiembre de 2016, las Universidad de Talca y La Frontera, respetivamente, y en términos generales, accedieron expresamente a la entrega de la información requerida. Por su parte, la Universidad de Chile no dedujo oposición a la entrega de la información.</p>
<p>
Por Oficio N° 323, de 14 de septiembre de 2016, la Universidad de Valparaíso se opuso a la entrega de la información, invocando la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, ya que los antecedentes requeridos contienen información estratégica clave para la definición de la política institucional en el mediano y largo plazo, de modo que la publicidad compromete gravemente el eficiente y efectivo cumplimiento de su función legal y el desarrollo autónomo de la misión institucional, en el contexto altamente competitivo de la educación superior.</p>
<p>
Por Carta PSG/469/2016, de 14 de septiembre de 2016, la PUCV se opuso a la entrega de la información, ya que los antecedentes tienen naturaleza confidencial y no han sido elaborados con fondos públicos, sino que con el presupuesto privado de la casa de estudios y como tal le pertenecen a dicha Universidad. De esta forma, no resulta aplicable a la información solicitada la Ley de Transparencia.</p>
<p>
3) RESPUESTA: Mediante Oficio N° Dp-03-0432-16, de 28 de septiembre de 2016, la Comisión accedió a la entrega de la información referida a las Universidades de Talca, La Frontera y de Chile; y, no entregó la información referida a la Universidad de Valparaíso y la PUCV, por oposición a la entrega de la información, según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
4) AMPARO: El 19 de octubre de 2016, don Rafael Antonio Figueroa Ortega dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación parcial a su solicitud de información.</p>
<p>
5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación, mediante Oficio N° 10.894, de 02 de noviembre de 2016. Mediante Oficio N° Dp-03-0488-16, de 21 de noviembre de 2016, la Comisión presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que atendida la oposición a la entrega de la información requerida manifestada por la Universidad de Valparaíso y la PUCV, el Servicio quedó impedido de proporcionar los antecedentes solicitados, según lo prescrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por su parte, se procedió a la entrega de la información respecto de las Universidades que accedieron expresamente a ello (Universidad de Talca y La Frontera), y respecto de aquella que no dedujo oposición (Universidad de Chile).</p>
<p>
6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó conferir traslado del presente amparo a la Universidad de Valparaíso y la PUCV, en su calidad de terceros intervinientes en este procedimiento, lo que se materializó a través de Oficios N° 10.895 y 10.896, de 02 de noviembre de 2016, con el objeto que presentaran sus descargos y observaciones, y solicitándoles que hicieran expresa mención a los derechos que les asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.</p>
<p>
Mediante Oficio N° 417, de 18 de noviembre de 2016, la Universidad de Valparaíso presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo indicado en su escrito de oposición y agregando, en síntesis, respecto del fondo del amparo, que las alegaciones de dicha casa de estudio no resultan atemporales en la especie, ya que la información requerida, incorpora antecedentes de planificación, gestión y estimación presupuestaria sensible que no guardan relación con la fecha de la Resolución de Acreditación (14 de enero de 2013), sino con la configuración y justificación de planes, proyectos y decisiones en ejecución o a ser ejecutados por la Universidad en el futuro y cuya publicidad vulnera el derecho de la Universidad a administrar autónoma, eficaz y eficientemente la Corporación para el correcto cumplimiento de los fines institucionales emanados de la Ley.</p>
<p>
Se deja constancia que a la fecha del presente acuerdo, no consta que la PUCV hubiere evacuado ni presentado sus descargos u observaciones al amparo deducido.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que los antecedentes requeridos forman parte del expediente administrativo que llevó a la decisión de acreditación, por parte de la CNA, respecto de las Universidades requeridas. Al efecto, los antecedentes y documentos que permiten a la CNA corroborar, verificar o complementar la información proporcionada por la institución que se somete a acreditación, y en base a cuya ponderación emite el juicio de acreditación correspondiente- corresponde a información que obra en poder de la CNA, en su calidad de órgano encargado precisamente de la acreditación de las respectivas universidades, y, al mismo tiempo, cada uno de dichos antecedentes han servido de sustento y fundamento de los acuerdos en virtud de los cuales resolvió acerca de cada una de las respectivas solicitudes de acreditación de dichas instituciones, pues su presentación y revisión es, precisa e inequívocamente, la base sobre la cual se dictaron dichos actos administrativos, en tanto aquéllos dan cuenta del cumplimiento o incumplimiento de los elementos y requisitos ponderados por la misma CNA para otorgar o denegar las respectivas acreditaciones. Por lo tanto, atendido lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia y artículo 3°, letra g), de su Reglamento, los antecedentes requeridos constituyen el sustento o complemento directo y esencial de los actos administrativos que resolvieron los respectivos procesos de acreditación, de manera que, teniendo los acuerdos de la CNA la naturaleza de información pública por expresa disposición de la ley -artículo 8°, letra e), en relación con el artículo 47 de la ley N° 20.129-, su complemento directo posee, en principio, el mismo carácter. Asimismo se debe agregar que, tratándose de información que obra en poder de la reclamada, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva.</p>
<p>
2) Que el reclamante funda su amparo en la denegación parcial de entrega de la información por parte de la reclamada, en razón de la oposición deducida por parte de la Universidad de Valparaíso y la PUCV. Al efecto, los terceros han fundado la negativa de entrega en la naturaleza confidencial de la información; el hecho de tratarse de información estratégica clave para la definición de la política institucional en el futuro; y, en que se configuraría la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, alegaciones sobre las cuales se pronunciará este Consejo a continuación.</p>
<p>
3) Que en primer término, respecto de la alegación hecha por la Universidad de Valparaíso, sobre la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, se debe hacer presente que dicha causal es de titularidad exclusiva del órgano requerido de información, y no de la Universidad, por cuanto ésta actúa en este procedimiento en calidad de tercero interesado. Al respecto, tal como ha resuelto este Consejo en las decisiones de amparo Roles C46-11, C47-11 y C48-11, "del tenor literal de la citada norma, dichas causales de secreto o reserva resultan aplicables exclusivamente a los órganos de la Administración del Estado requeridos, y no a los particulares", razón por la cual deberá desestimarse tal alegación, al no haber sido efectuada ésta directamente por el órgano reclamado, que es el único llamado a ponderar la eventual afectación al debido cumplimiento de sus funciones. A mayor abundamiento, el fundamento de la CNA para denegar la entrega de parte de la información requerida, se basó exclusivamente en la oposición formulada por dichos terceros, sin que estimara que se producía una afectación al debido cumplimiento de sus funciones, lo que resulta concordante con la entrega que previamente efectuó la CNA de la información referente a aquella universidad que no manifestó oposición (en este caso, Universidad de Chile), luego de haber sido notificada en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por lo anteriormente expuesto, se desestimará la alegación planteada por dicha casa de estudios sobre la materia.</p>
<p>
4) Que en cuanto al marco normativo aplicable al presente análisis, el Título II de la ley N° 20.129 se refiere a la acreditación institucional de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, estableciendo su artículo 15 las etapas que dicho proceso, al menos, debe contemplar (autoevaluación interna; evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión), regulándose -en las dos primeras- la emisión de los informes de autoevaluación y de pares externos. A su vez, la Resolución Exenta DJ N° 3, de 5 de febrero de 2013, de la CNA, que aprobó el Reglamento de Acreditación Institucional, describe el procedimiento para el desarrollo de dicho proceso y de cada una de sus etapas, determinando los documentos y antecedentes (tales como el Informe de Autoevaluación; él o los Informes de Evaluación Externa; el Informe Financiero; las Observaciones de la institución y otros antecedentes que permitan corroborar, verificar o complementar la información proporcionada por la institución) que conforman dicho expediente administrativo y que la CNA debe ponderar para emitir el juicio de acreditación correspondiente. Por lo anterior, el conjunto de antecedentes requeridos se enmarca dentro del contexto de los expedientes administrativos relativos al proceso de acreditación de las Universidades requeridas.</p>
<p>
5) Que este Consejo, desde las decisiones recaídas en los amparos Roles C184-10, C70-11, C122-12, C17-13, C1058-14, C1194-14, C2399-15, entre otras, se ha pronunciado sostenidamente acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, tanto institucional como de carrera, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. En específico, en relación con la información financiera o económica de las universidades que pudiera obrar en poder de la CNA, y que fuere alegado por parte de la Universidad de Valparaíso, como una de las materias sensibles respecto de las cuales procedería la reserva, cabe advertir que en la decisión de amparo Rol C70-11, este Consejo señaló que "dichas opiniones -análisis acerca de la sustentabilidad acerca del proyecto institucional en base a los indicadores financieros- resultan absolutamente relevantes para que la autoridad pública adopte una decisión en lo relativo al otorgamiento o no de la acreditación de dicha Universidad, aspecto que, atendido al bien público que constituye el otorgamiento de una educación de calidad, no puede mantenerse reservado". La citada decisión agregó que "el conocimiento y la publicidad de las proyecciones financieras de una Universidad, y en general de las instituciones de educación superior, han demostrado tener un altísimo interés público, entre otras cosas, por la necesidad de la ciudadanía de conocer y mantenerse informada sobre la viabilidad y sustentabilidad financiera a lo largo del tiempo de éstas".</p>
<p>
6) Que dicho criterio fue ratificado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 22 de septiembre de 2011, recaída sobre el reclamo de ilegalidad Rol 2742-2011, en cuya virtud se señaló que "(...) la decisión que el reclamante impugna no es de aquéllas que afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad o el interés nacional, causales éstas en cuya virtud se debe limitar el derecho de acceso a la información en conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 20.285, pues fluye de los antecedentes cuya entrega se ha solicitado, que se trata de aquellos necesarios para obtener la acreditación que espera del órgano público correspondiente. En efecto, no se advierte de qué modo se ha podido vulnerar los derechos de la reclamante, desde que ésta se ha sometido al proceso de acreditación, por el que necesariamente ha debido proporcionar antecedentes que en caso alguno comprometen los bienes jurídicos que la referida disposición cautela, limitando sólo en esos casos el acceso a la información" (énfasis agregado).</p>
<p>
7) Que según lo razonado anteriormente, constituyendo los antecedentes requeridos información de carácter pública, y no advirtiéndose que la divulgación de los antecedentes requeridos pueda configurar la afectación de los derechos que le asisten a las universidades oponentes, ni observándose tampoco la configuración de alguna causal de secreto o reserva que releve al organismo reclamado de su obligación de entregarla, se acogerá el presente amparo, requiriéndose a la CNA entregar al solicitante copia de la información detallada en su solicitud, sobre los últimos procesos de acreditación a los que se han sometido la Universidad de Valparaíso y la PUCV.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por don Rafael Antonio Figueroa Ortega, de 19 de octubre de 2016, en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, al no haberse acreditado la afectación de derechos alegada por los terceros interesados, conforme los fundamentos señalados precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación:</p>
<p>
a) Hacer entrega al reclamante de la información detallada en su solicitud, sobre los últimos procesos de acreditación a los que se han sometido:</p>
<p>
Primero: la Universidad de Valparaíso: i) Informe de autoevaluación interna con toda su información de respaldo y anexos, que fue elaborado por la Universidad y que ingresó a la Comisión Nacional de Acreditación el 8 de junio de 2012; ii) Antecedentes adicionales que hubiesen sido solicitados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y que se hubiesen enviado por la Universidad; iii) Informe de evaluación externa que emitió el comité de pares evaluadores que visitó la Universidad con motivo de su último proceso de acreditación; iv) Las observaciones al informe de evaluación externa que envió la Universidad; v) Las minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, relativas al último proceso de acreditación al que se sometió esta Universidad; y vi) Recurso de reposición presentado por esta Universidad, relativas al último proceso de acreditación; y,</p>
<p>
Segundo: la PUCV i) Informe de autoevaluación interna con toda su información de respaldo y anexos, que fue elaborado por la Universidad y que ingresó a la Comisión Nacional de Acreditación el 23 de abril de 2015; ii) Antecedentes adicionales que hubiesen sido solicitados por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y que se hubiesen enviado por la Universidad; iii) Informe de evaluación externa que emitió el comité de pares evaluadores que visitó la Universidad con motivo de su último proceso de acreditación; iv) Las observaciones al informe de evaluación externa que envió la Universidad; y v) las minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, relativas al último proceso de acreditación al que se sometió esta Universidad.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Rafael Antonio Figueroa Ortega; a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación; al Sr. Rector de la Universidad de Valparaíso; y, al Sr. Rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estos últimos en sus calidades de terceros interesados en el presente amparo.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
<p>
</p>