Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3665-16

Reclamante:	DANIELA BONOMO
Reclamado:	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Tesorería General de la República, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "base de datos 1995 al 2015 con montos correspondientes a, total crédito a devolver (87) y total a pagar (91) para los siguientes (ex - contribuyentes)". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/14/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C4034-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C3665-16. Entidad pública: Tesorería General de la República. Requirente: Daniela Antonia Bonomo. Ingreso Consejo: 26.10.2016. En sesión ordinaria N° 777 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C3665-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 17 de octubre de 2016, doña Daniela Antonia Bonomo solicita a la Tesorería General de la República "base de datos 1995 al 2015 con montos correspondientes a, total crédito a devolver (87) y total a pagar (91) para los siguientes (ex - contribuyentes)". 2) RESPUESTA: La Tesorería General de la República, mediante ordinario N° 4.243, de fecha 25 de octubre de 2016, deniega la información solicitada por configurarse a su respecto las causales de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. Esta última con relación al secreto tributario establecido en el artículo 35 del Código Tributario. 3) AMPARO: Con fecha 26 de octubre de 2016, doña Daniela Antonia Bonomo deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Tesorería General de la República, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Tesorero General de la República, mediante oficio N° 11.078, de fecha 9 de noviembre de 2016. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, por medio de oficio ordinario N° 4.387, de fecha 24 de noviembre de 2016, reiterando lo señalado en su respuesta y precisando que la información solicitada se encuentra contenida en las declaraciones de impuesto de los contribuyentes consultados, por lo tanto, se encuentra amparada bajo el secreto tributario, establecido en el artículo 35 del Código Tributario, norma que resulta aplicable a sus funcionarios, conforme a lo dispuesto en los artículos 102 y 168 del mismo cuerpo normativo, y artículo 61, letra h), del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. De esta forma, sostienen que de acuerdo al tenor literal del citado artículo 35, el legislador estableció la obligación de los órganos de la administración tributaria de resguardar la información que recibe, principalmente como consecuencia del ejercicio de la función fiscalizadora por parte del organismo competente - Servicio de Impuestos Internos - sin hacer distinciones referidas a "contribuyentes existentes, vigentes" y quienes "no son contribuyentes" en los términos que señala la recurrente, de modo tal, que impide divulgar en forma alguna, la cuantía o fuentes de la rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en declaraciones obligatorias, ni permite que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del Código Tributario u otras normas legales. Por otra parte, infringir dicha obligación se sanciona, con suspensión del empleo de hasta por dos meses o hasta con destitución del funcionario infractor, según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las penas contenidas en el artículo 246 y 247 del Código Penal, según lo prescribe el artículo 101 N° 5 del Código Tributario. Finalmente, sostiene que la determinación de que las empresas por las que se consulta no tendrían el carácter de contribuyentes, constituye una materia que escapa a sus competencias, considerando que no se encuentra obligada a obtener información en forma especial para dar respuesta al requerimiento efectuado al amparo de la Ley de Transparencia, no correspondiéndole averiguar si los RUT consultados corresponden a sociedades vigentes, fusionadas, disueltas, etc. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la denegación de la información solicitada por configurarse a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia con relación a los artículos 35 y 168 del Código Tributario. 2) Que, el inciso segundo del señalado artículo 35, prescribe que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales". Por su parte, el inciso tercero del artículo 168 establece que "El Servicio de Tesorerías, a través de los funcionarios que designe nominativamente el Tesorero General, tendrá acceso, para el solo objeto de determinar los bienes del contribuyente, a todas las declaraciones de impuestos que haya formulado el contribuyente, como asimismo a todos los demás antecedentes que obren en poder del Servicio de Impuestos Internos, siendo aplicables en este caso la obligación y sanciones que este Código impone a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, en relación al secreto de la documentación del contribuyente". 3) Que este Consejo, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo - declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias. 4) Que la información solicitada es el monto de la devolución solicitada y el monto total de impuesto a la renta a pagar informado por las Administradoras de Fondos de Pensiones en los respectivos formulario N° 22 presentados. Al respecto se debe tener presente, que mediante dicho formulario los contribuyentes realizan la declaración de sus rentas anuales, los que deben ser presentados a efectos de cumplir con las obligaciones tributarias que establece la normativa vigente. Por lo tanto, dan cuenta de la cuantía de sus rentas, pérdidas, gastos y otros datos relativos a las Administradoras de Fondos de Pensiones en relación a sus ejercicios comerciales, para el período requerido, antecedentes que por expresa disposición legal quedan cubiertos por el secreto tributario establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario. 5) Que a juicio de este Consejo respecto de la información solicitada se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Tributario, razón por la cual se rechazará el presente amparo. 6) Que respecto a lo alegado por el reclamante, sobre la eventual condición de ex -contribuyentes de las personas jurídicas consultadas, se advierte de los antecedentes aportados, que éstos sólo dan cuenta que dichas entidades habrían informado término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos, cuestión que no acredita la extinción de su personalidad jurídica. Sin embargo, tal circunstancia no transforma la naturaleza jurídica de lo requerido, esto es, antecedentes extraídos de las declaraciones de impuesto a la renta, razón por la que, también quedan comprendidos dentro de la causal de reserva indicada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Daniela Antonia Bonomo, en contra de la Tesorería General de la República, por configurarse en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Daniela Antonia Bonomo y al Sr. Tesorero General de la República. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.