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DECISIÓN AMPARO ROL C3776-16</p>
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Entidad pública: Ministerio de Obras Públicas</p>
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Requirente: Luis Carvallo Infante</p>
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Ingreso Consejo: 08.11.2016</p>
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En sesión ordinaria N° 779 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3776-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de septiembre de 2016, don Luis Carvallo Infante, solicitó al Ministerio de Obras Públicas -en adelante e indistintamente Ministerio o MOP- «todas las multas de TAG registradas en el sistema de pistas Tagchile, denunciadas a los DAF o Juzgados de Policía Local, incluyendo patente, fecha de tránsito, fecha de denuncia, concesionaria, municipalidad o juzgado, estado en el juzgado, desde el 1° de enero del 2010 al 31 de agosto del 2016. En formato de base de datos o archivo txt».</p>
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2) RESPUESTA: El 24 de octubre de 2016, el Mop indicó al reclamante que no le era posible acceder a la divulgación de la información consultada en aplicación de lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Agregó, en síntesis que la comunicación de los datos requeridos afectaría la vida privada de millones de automovilistas.</p>
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3) AMPARO: El 8 de noviembre de 2016, don Luis Carvallo Infante, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio, fundado en la denegación de la información solicitada.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°11.612, de 23 de noviembre de 2016, confirió traslado al Sr. Director General de Obras Públicas, quien mediante presentación de 7 de diciembre del año en curso, reiteró lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento, precisando que el universo de automovilistas involucrados asciende a dos millones de personas, razón por la cual, no le es posible proceder en conformidad a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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Agregó, que el uso de los datos requeridos permite determinar de modo cierto la identidad de los eventuales infractores, sin que en el caso en análisis, se haya acreditado un interés público que justifique la divulgación de la información consultada.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo, tiene por objeto la entrega de información referida a infractores de tránsito. En tal sentido, la reclamada denegó la publicidad de dicha información, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que en conformidad a lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, procede reservar aquella información «Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico».</p>
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3) Que la divulgación de información que eventualmente permita identificar a sus titulares y situarlos en la calidad de eventuales infractores de normativas de tránsito y, consecuentemente con ello, atribuirles la calidad de deudores, supone afectar su vida privada y honra. En efecto, la Corte Suprema al conocer recurso de queja Rol N°4681-2013, señaló que «es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos». Agregó, que «la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra» (considerandos 12° y 13). Luego, divulgar información que potencialmente pueda afectar derechos de dos millones de personas, atribuyéndoles la referida calidad, es improcedente a la luz de los citados cuerpos normativos.</p>
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4) Que en tal sentido, cabe además señalar que la reclamante, en el presente procedimiento, no ha acompañado antecedentes suficientes que permitan acreditar un interés público prevalente, que justifique privar a los datos consultados de la protección que le otorgan tanto la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2 como la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Luis Carvallo Infante, en contra del Ministerio de Obras Públicas por resulta aplicable la hipótesis de reserva prevista en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2, conforme los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Carvallo Infante y al Sr. Director General de Obras Públicas.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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