Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3795-16

Reclamante:	MAURICIO JARA BERNAL
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Resumen del caso: Se dedujeron dos amparos en contra de la Subsecretaría de Transportes, fundado en la respuesta negativa otorgada a las solicitudes referentes a la "copia completa e íntegra, sin tachados ni omisiones, del informe de auditoría de cualquier tipo y todos su anexos, realizado por consultora Deloitte o Deloitte Chile el año 2015, respecto de la sociedad Su Bus S.A.". Las solicitudes fueron identificadas por el Servicio con los Códigos AN001T0001647 y AN001T0001657. El Consejo rechaza los amparos, por configurarse en la especie las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1, literal b), y artículo 21 N° 2, ambos de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/8/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3797-16
Jurisprudencia a:	C935-17 C3797-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Transporte

DECISIÓN AMPAROS ROLES C3795-16 y C3797-16 Entidad pública: Subsecretaría de Transportes Requirente: Mauricio Jara Bernal Ingreso Consejo: 09.11.2016 En sesión ordinaria N° 782 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C3795-16 y C3797-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de septiembre de 2016, don Mauricio Jara Bernal ingresó a la Subsecretaria de Transportes dos solicitudes de información por las que requirió "copia completa e íntegra, sin tachados ni omisiones, del informe de auditoría de cualquier tipo y todos su anexos, realizado por consultora Deloitte o Deloitte Chile el año 2015, respecto de la sociedad Su Bus S.A.". Las solicitudes fueron identificadas por el Servicio con los Códigos AN001T0001647 y AN001T0001657. 2) RESPUESTA: Mediante Resoluciones Exentas N° 21 y 22, ambas de 26 de octubre de 2016, el órgano denegó la entrega de la información, por concurrir las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), y N° 2 de la Ley de Transparencia. El Servicio indicó en síntesis lo siguiente: a) El artículo 10 de la ley N° 18.059, de 1981, le asigna a dicho Ministerio el carácter de Organismo Rector Nacional en materia de tránsito, y en tal calidad le corresponde proponer las políticas, planes y programas relativas a transporte público, así como estudiar y proponer las normas legales y reglamentarias necesarias para llevar a cabo una adecuada política de tránsito público. Luego, el artículo 20 de dicha ley, prescribe que el Ministerio debe coordinar la acción de las diversas autoridades en materia de tránsito y fiscalizar la adopción de las resoluciones y medidas administrativas que ellas dicten en estas materias. A su vez, la ley N° 18.696, de 1988, faculta a dicha al Ministerio a establecer condiciones y dictar la normativa sobre funcionamiento de los servicios de transporte y utilización de vías, y conforme a ello, dictar la reglamentación pertinente. En este mismo sentido, el artículo 3° de la citada Ley, faculta al Ministerio para que, en determinados casos, pueda disponer el uso de las vías para determinados tipos de vehículos o servicios, mediante procedimientos de licitación pública para el funcionamiento del sistema de transporte de pasajeros. b) Según lo informado por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) los resultados del estudio cuyos informes son materia de la solicitud, se encuentran actualmente siendo analizados en el marco de la próxima adopción de acciones relacionadas con la administración de los contratos de concesión del Sistema de Transporte Público Metropolitano, particularmente en materias tales como continuidad de los servicios y la definición de un marco y modelo para próximas licitaciones de uso de vías. Así, el conocimiento de estos antecedentes podría incidir en la correcta ejecución de dichas políticas, que ostentan un carácter estratégico y revisten gran importancia para el debido cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley al Ministerio, dado su impacto en aspectos tales como la gestión actual de los contratos de concesión de vías, la sostenibilidad de las Unidades de Negocio y la configuración actual y futura del Sistema de Transporte Público de Santiago. c) Así, la información requerida constituye un antecedente preliminar a la adopción de una medida o política en particular, lo que implicaría inmiscuirse en el ámbito de decisión del Ministerio, afectando el privilegio deliberativo. d) Finalmente indica que lo anterior es sin perjuicio de eventuales afectaciones a derechos de carácter comercial o económico, atendido el contenido de los informes, configurándose en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 3) AMPAROS: El 9 de noviembre de 2016, don Mauricio Jara Bernal dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundados en la respuesta negativa otorgada a sus solicitudes. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Transportes, mediante Oficio N° 11.679, de 24 de noviembre de 2016. Se hace presente que mediante Oficio GS N° 8.604, de 12 de diciembre de 2016 y Oficio GS N° 8.733, el Servicio requirió ampliación de plazo para formular descargos, atendida la necesidad de recabar antecedentes de diversas Unidades internas y la correspondiente validación de dicha información, solitudes a las que este Consejo accedió. Mediante Oficio GS N° 8.852, de 26 de diciembre de 2016, la Subsecretaría presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) El informe de auditoría solicitado contiene información financiera, operacional y organizacional detallada y especifica acerca de la concesionaria de la Unidad de Negocios N° 2, del sistema de transporte público de Santiago, -empresa Su Bus Chile S.A.-, la que se encuentra atravesando un delicado estado económico-financiero como es de público conocimiento. b) Esta información, una vez analizada íntegramente por el Ministerio, será utilizada en la adopción de medidas concretas en relación a la administración actual del resto de los contratos de concesión del sistema de transporte, y en la definición de un marco y modelo para la próxima licitación de uso de vías a implementarse en el año 2018 en la ciudad de Santiago, actualmente en estudio. c) Respecto al proceso de licitación de vías, precisa que en el año 2018, para atender la continuidad de los servicios de transporte público en la ciudad de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, se entregará en concesión mediante licitación pública la mayor parte de la Unidades de Negocios que componen el sistema actual (se estima, en termino de flota de vehículos, que el conjunto a licitar representa más del 60% del total actual de buses del sistema) y las conclusiones y contenido del informe de auditoría solicitado por la recurrente, si bien se refieren a una Unidad de Negocio en particular, contiene antecedentes relevantes que servirán de base para la elaboración definitiva de las Bases Administrativas y Técnicas de dicho proceso en diversas materias, tales como la definición del modelo de negocios que el Ministerio impulsará, la incorporación de determinados requisitos exigibles a eventuales operadores interesados (ratios financieros de deudas, capital o liquidez, garantías, etc); a nivel operacional, contiene información que puede servir de Base para una adecuación, redefinición o establecimiento de determinadas estructuras de operación (número de servicios y configuración de los mismos, tamaño de flota, personal necesario, disposición de espacios, políticas y programas de operación, entre otros); a nivel organizacional, contiene información relevante que puede impactar en la definición de determinadas estructuras organizacionales que se puedan requerir, como tamaño, gobierno corporativo, deberes de información y transparencia, distribución de competencias internas, accountability, etc. d) De esta forma, la entrega de la información requerida podría generar que el trabajo que se ha venido ejecutando en el desarrollo de las bases de licitación y re- configuración del Sistema por más de un año se vea entorpecido por la generación de incertidumbres en cuanto al alcance efectivo de la licitación y de los cambios que habrán de ser introducidos en definitiva al Sistema. Se estima que el proceso de licitación, considerando su especial importancia y magnitud, al tratarse de una licitación internacional, debe necesariamente desarrollarse con prolijidad, de forma que su contenido definitivo y pormenores sean conocidos en detalle en un mismo y único momento por el público y los demás interesados, resguardando de esta manera el principio de igualdad de los oferentes, lo que ocurrirá con la publicación de las Bases Administrativas y Técnicas, previo control de legalidad de la Contraloría General de la República, durante el primer semestre del año 2017. e) Finalmente, la información solicitada constituye un antecedente que servirá de fundamento para la adopción de políticas públicas o medidas en materia de tránsito, específicamente en lo que dice relación con la definición del marco regulatorio para las próximas licitaciones de uso de vías y en la adopción de acciones en la administración de los actuales contratos de concesión, las que se enmarcan dentro de las facultades que le han sido asignadas por ley al Ministerio, requiriendo para estos efectos, contar de manera previa con todos los antecedentes técnicos y legales necesarios para evaluar y ponderar las diversas alternativas existentes, dentro de los cuales se incluye el informe de auditoría solicitado. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó conferir traslado del presente amparo a la empresa Su-Bus Chile S.A., en su calidad de tercero a quien podría afectar la publicidad de la información solicitada, lo que se materializó a través de Oficio N° 683, de 11 de enero de 2017, con el objeto que presentara sus descargos y observaciones, y solicitándole que hiciera expresa mención a los derechos que le asistiría y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Mediante escrito ingresado el 27 de enero de 2017 a este Consejo, el tercero presentó sus descargos u observaciones señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Con el objeto de acreditar la situación financiera y operacional de Su-Bus, el Ministerio contrató directamente los servicios de Deloitte, dentro del proceso de revisión excepcional del "Contrato de concesión de uso de vías para la prestación de servicios de transporte público urbano remunerado de pasajeros mediante buses" (en adelante, el "Contrato"), para la Unidad de Negocio N°2 del Transantiago, suscrito el año 2011. A través del contrato se encomendaron los siguientes objetivos y/o productos: i. Análisis que determine las decisiones por la Empresa a partir de sus estados financieros, proyectando luego los márgenes de maniobra para su situación futura; ii. Análisis económico financiero al Plan de Inversiones del concesionario, desde las condiciones de compra de la flota inicial de la empresa (periodo 2003 - 2005) y las compras de buses relacionadas a la actual composición de flota; iii. Análisis de cumplimiento, evaluando potenciales pérdidas económicas y reputacionales, revisando además la existencia de potenciales prácticas comerciales inadecuadas que afecten el actuar ético de la compañía; iv. Análisis financiero y operacional del operador Su-Bus, poniendo énfasis en investigar la estructura de costos de la empresa y en la estimación de los valores justos de los activos y pasivos, generando luego una propuesta de plan de cuentas estandarizado, que permita analizar las decisiones operacionales que se desprenden de la estructura de costos y realizar una comparación estándar entre empresas o benchmarking; y, v. A partir de información extraída de todo lo anterior, construir un Cuadro de Mando que permita realizar el monitoreo de los Operadores e identificación continua de potenciales riesgos. b) Para dar cumplimiento a dichos objetivos, la consultora contratada dispuso un equipo de profesionales del ámbito financiero económico, y subcontrató al DICTUC para el análisis operacional. Con la información recabada, la consultora fue capaz de materializar un completo y detallado modelo económico de la empresa. c) Como consecuencia de lo anterior, la consultora emitió los Informes: Análisis Financiero; Informe de Due Diligence Forensic (incluye matrices de riesgos de la empresa); y Análisis Operacional de la empresa concesionaria (en adelante "el Informe"). Dicho Informe contiene información contable, financiera, económica, contractual (con los principales proveedores) y judicial de Su Bus S.A. Asimismo, contiene la estrategia de planificación y programación, hasta el modo de ejecutar la operación por parte de la empresa, tanto internamente como en terreno, identificando fortalezas, debilidades y dificultades que debe enfrentar a diario la empresa. Además, contiene toda la información de la empresa sobre mano de obra, rendimientos, costos, depreciación, etc. d) De esta forma, atendido que el informe contiene información comercial, operacional y económica de la empresa, al máximo nivel de detalle, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. e) Se cumple con los 3 criterios establecidos por este Consejo para la configuración de la causal. En primer término, gran parte de la información solicitada es secreta porque no es conocida, ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos, por ejemplo, los demás concesionarios de transportes. Ello porque la información relativa a rendimientos, softwares, precios obtenidos con proveedores y gestión del recurso humano, es información estratégica para cualquier empresa, pues da cuenta de la gestión de su negocio, en la medida que es el ejercicio de la combinación de recursos y herramientas que dan como resultado una unidad del trabajo cotizado, con la calidad con la cual trabaja esa empresa en particular; esto es, su know how. f) Por su parte, Su-Bus ha realizado considerables esfuerzos por mantener en secreto gran parte de la información contenida en el Informe porque es el resultado de años de esfuerzos en obtener optimizaciones, mejoras continuas, desarrollos de aplicaciones específicas que mejoran los rendimientos y vida útil de activos, además de la disposición y organización del recurso humano, particularmente, el operacional. g) Por último, la información solicitada tiene un valor comercial por ser secreta, afectando su publicidad significativamente el desenvolvimiento competitivo de la Empresa, porque al divulgarla, la empresa quedaría en desventaja respecto a los restantes concesionarios, los que tendrían acceso al modelo de negocio, y además al know how en el negocio de transporte masivo de pasajeros, optimizando y mejorando su posición para las futuras licitaciones del rubro. h) Finalmente, la empresa invoca la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, al tratarse la información requerida de un antecedente previo a la adopción de los siguientes actos que debe dictar el Ministerio: i. la resolución que aprobará las bases de la nueva licitación de uso de vías, por cuanto al contener información relevante de una empresa modelo real en situación de crisis, es un insumo estratégico en el diseño y planificación de las próximas licitaciones de transporte público masivo de pasajeros mediante buses; y, ii. La resolución que aprobará la modificación contractual derivada del proceso de revisión excepcional del Contrato, proceso en el cual el Ministerio ordenó la contratación de Deloitte, y que aún está pendiente de resolución. 6) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante Oficio N° 682, de 11 de enero de 2017, esta Corporación requirió a la Subsecretaría reclamada remitir copia del informe requerido. Por Oficio GS N° 336, de 17 de enero de 2017, la reclamada dio cumplimiento a lo requerido, adjuntando copia de la información solicitada. Y CONSIDERANDO: 1) Que en atención a que entre los amparos Roles C3795-16 y C3797-16 existe identidad respecto del reclamante y del órgano de la Administración reclamado, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de los mismos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión. 2) Que a modo de contexto, se debe indicar que en el marco de la revisión y rediseño del Plan de Transporte Urbano para la ciudad de Santiago, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se encuentra en proceso de introducción de una serie de mejoras orientadas a elevar la calidad del servicio del transporte, reducir costos globales del Sistema y adecuar la realidad de los servicios a las necesidades de los usuarios. De esta forma, se aprobaron nuevos contratos Ad Referéndum de Concesión de Uso de Vías para la Prestación del Servicio de Transporte Remunerado de Pasajeros mediante Buses, dentro de los cuales se encuentra el celebrado con la empresa Su-Bus Chile S.A. El rediseño del Plan de Transporte contempla la reformulación de los contratos y la reestructuración de servicios complementarios, entre los que lo que se encuentran los servicios de administración financiera de los recursos del Sistema y los servicios tecnológicos. Dichos antecedentes serán relevantes para la toma de decisiones relativas a las condiciones de los contratos vigentes y la continuidad de los servicios de transporte. En este contexto, la Subsecretaría de Transportes celebró un contrato de prestación de servicios de "Asesoría para la Revisión y Análisis Financiero de las Empresas Operadoras de Transantiago", con la Sociedad Deloitte Auditores y Consultores Limitada, de fecha 09 de noviembre de 2015. El objeto principal de la contratación fue contar con un modelo de análisis de riesgos que revisara los estados financieros del operador SUBUS, con énfasis en la estructura de costos, con análisis de riesgos de cumplimiento y operacionales, y propuestas de herramientas de control y monitoreo adecuadas a este tipo de negocio. 3) Que establecido lo anterior, se debe indicar que lo requerido corresponde en definitiva, al Informe con los resultados de la consultoría contratada por la Subsecretaría de Transportes a la empresa Deloitte. Dicho informe obra en poder de la reclamada y fue elaborado con presupuesto público, por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva. 4) Que la reclamada denegó la entrega de la información por configurarse en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia. Por su parte, el tercero interesado y el órgano reclamado alegaron la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la citada Ley. Por lo anterior, el objeto del presente amparo se circunscribirá al análisis sobre la eventual configuración de las citadas causales y en definitiva, la procedencia de la entrega o reserva de la información requerida. 5) Que para efectos de ponderar las causales de reserva alegadas, tanto por el órgano reclamado como por el tercero involucrado, este Consejo tuvo a la vista la información requerida y objeto de la solicitud. Tras revisión del informe con los resultados de la Consultoría realizada por Deloitte a SuBus Chile S.A., se observa que éste contiene información referida a cinco materias específicas: i. Análisis de información financiera de la empresa: Incluye análisis de estados financieros actuales e históricos, incluyendo proyección de situación financiera y económica futura de la empresa. ii. Revisión y análisis financiero y operacional con énfasis en la estructura de costos de la empresa: Incluye análisis financiero y operacional, elaboración de propuesta de un plan de cuentas y de auditorías del sector. iii. Análisis de cumplimiento: Incluye identificación de riesgos y controles asociados a cohecho, corrupción, lavado de activos y fraude, entre otros. iv. Análisis Operacional: Incluye análisis y evaluación de los planes operacionales internos de la empresa. v. Cuadro de mando y control: Contempla la elaboración de un cuadro de mandos para el monitoreo y control de las empresas operadoras permanentemente, considerando como indicadores de gestión, indicadores financieros, operacionales, de satisfacción al usuario, fraude y reputación. 6) Que en primer término, la reclamada invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia. Al efecto, este Consejo ha sostenido que al invocar dicha causal se debe acreditar de forma copulativa, las siguientes circunstancias: a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, supone, a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber: i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen; y, ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. b) Que la publicidad de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. 7) Que tras revisión de lo requerido, se observa que el informe de la consultoría objeto del reclamo contiene información completa, detallada y analítica sobre el estado financiero de la empresa operadora Su-Bus Chile S.A., (en particular, cuenta de resultados, balance general, flujo de caja, juicios y contingencias y análisis de mercado comparativo con otros operadores). Al efecto, dichos informes constituyen antecedentes esenciales para la toma de decisiones -a la fecha pendientes- relativas a las condiciones de los contratos vigentes y la continuidad de los servicios de transporte. Asimismo, dichos informes revelan y modelan la estructura de costos de la empresa, cuestión que servirá de antecedente directo y necesario para que la Autoridad, adopte en su momento decisiones respecto del diseño de un modelo de negocio que mejor represente la condición económica del sistema y para evaluar los efectos frente a variaciones de los factores que componen dicha estructura de costos. De esta forma, el resultado de la consultoría requerida se refiere a aspectos claves y estratégicos, fundamentales para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública reclamada, especialmente, para el cumplimiento de las funciones de satisfacer el interés público, propender a la prestación de un servicio de transporte eficiente, seguro y de calidad y garantizar la continuidad, permanencia y seguridad de los servicios de transportes que la normativa vigente asigna a dicho órgano (principalmente contenidas en la Ley N° 18.696. de 1988, que faculta a dicha Secretaría de Estado a establecer condiciones y dictar la normativa sobre funcionamiento de los servicios de transporte y utilización de vías). 8) Que además, el informe requerido constituye una importante fuente de información financiera específica respecto de uno de los mayores operadores del sistema, que permitirá a la Autoridad realizar estudios de "benchmarking", que contribuirán al resguardo de su estabilidad, por dicha vía, a la permanencia, viabilidad y estabilidad del Sistema. De esta forma, el análisis financiero permitirá verificar las estructuras de costos y proyectar de forma anticipada cualquier riesgo financiero por el que pueda atravesar cualquiera de los operadores del sistema. A su turno, la información requerida permitirá, en el mediano plazo, implementar planes de acción preventivos y/o correctivos en conjunto con operadores del Sistema, a fin de asegurar la continuidad de los servicios. Finalmente, tras revisión de los antecedentes es posible advertir que el informe requerido será un antecedente crítico para la Autoridad, al momento de adoptar decisiones relativas al diseño e implementación de las nuevas Bases de Licitación y contratos de concesión que han de suscribirse sólo a partir del año 2018, encontrándose dicho proceso deliberativo también pendiente a la fecha. De esta forma, a juicio de este Consejo, se acredita en la especie la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes requeridos y la adopción de diversas decisiones sobre la base de aquéllos, que a la fecha del presente acuerdo, no se han adoptado y que se encuentran en pleno proceso de deliberación. 9) Que respecto del segundo requisito establecido por este Consejo para dar por configurada la causal, se observa que la entrega de la información en forma previa a la toma de las decisiones que debe adoptar la Subsecretaría de Transportes sobre la materia, afectará funciones y atribuciones que corresponden al Servicio reclamado, vinculados a la revisión y rediseño del Plan de Transporte Urbano de la ciudad de Santiago; la reestructuración de la prestación de servicios complementarios; la satisfacción del interés público, propendiendo -mediante el contrato de concesión- a la prestación de un servicio de transporte eficiente, seguro y de calidad y garantizar la continuidad, permanencia y seguridad de los servicios de transportes; y, la definición del marco y modelo de las nuevas Bases de Licitación y contratos de concesión que han de suscribirse sólo a partir del año 2018, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, y concurriendo en la especie los presupuestos fijados por este Consejo para la configuración de la causal de reserva analizada, se concluye que respecto de los resultados de la consultoría requerida se configura el denominado "privilegio deliberativo", y con ello, la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal b),de la Ley de Transparencia. 10) Que por su parte, el Servicio también alegó la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectación de derechos comerciales o económicos dado el contenido de los informes requeridos. Al efecto, este Consejo advierte que la reclamada no dio aplicación al procedimiento de comunicación de la solicitud al tercero para que éste ejerciere su facultad para oponerse a la entrega de los antecedentes, según lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, infracción que será representada al Servicio en lo resolutivo del presente acuerdo. Sin perjuicio de ello, y atendida la naturaleza de los antecedentes, esta Corporación dio traslado del presente amparo a la empresa Su-Bus Chile S.A., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la citada Ley. Al efecto, dicha empresa evacuó sus descargos y observaciones, oponiéndose a la entrega de la información requerida por afectación a sus derechos comerciales o económicos, por lo que se procederá al análisis de la referida causal a continuación. 11) Que respecto de la causal alegada por el tercero, esto es, el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, cabe hacer presente que la información solicitada tendrá el carácter de secreta o reservada "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Por su parte, el artículo 7° N° 2 del Reglamento de la Ley señala que "se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés". En consecuencia, un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información solicitada, debiendo justificarse la existencia de un derecho que, de entregarse lo solicitado, se vería afectado. 12) Que,sobre lo anterior, es menester recordar que en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que deben ser acreditados por los eventualmente afectados. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).. De esta forma, a la luz de dicho criterio, corresponde analizar si en la especie, las alegaciones planteadas por Su-Bus Chile S.A., permiten configurar la citada reserva legal. 13) Que la empresa ha indicado que el Informe requerido contiene información contable, financiera, económica, contractual (detalle de los principales proveedores) y judicial de Su-Bus S.A. Asimismo, contiene -pormenorizadamente- la estrategia de planificación y programación, el modo de ejecutar la operación por parte de la empresa, tanto internamente como en terreno, identificando fortalezas, debilidades y dificultades que debe enfrentar la entidad. Además, contiene toda la información de la empresa sobre mano de obra, rendimientos, costos y depreciación, entre otros. Asimismo, la empresa ha fundado su alegación en el hecho que, en la especie, concurren los tres criterios descrito en el considerando anterior. Así, la información relativa a rendimientos, softwares, precios obtenidos con proveedores y gestión del recurso humano, es información estratégica para cualquier empresa, pues da cuenta de la gestión de su negocio, en la medida que es el ejercicio de la combinación de recursos y herramientas dando como resultado una unidad del trabajo cotizado, con la calidad con la cual trabaja esa empresa en particular, conocido como el "know how". Asimismo, la empresa ha desplegado esfuerzos para mantener su reserva, especialmente en la disposición y organización del recurso humano, particularmente, el operacional. Por último se indica que, de entregarse la información, la empresa quedaría en desventaja respecto a los restantes concesionarios, los que tendrían acceso al modelo de negocio, y además al know how en el negocio de transporte masivo de pasajeros, optimizando y mejorando su posición para las futuras licitaciones del rubro. 14) Que revisados los antecedentes aportados por la empresa, en armonía con los descargos evacuados en esta sede, es posible advertir que el informe elaborado contiene un análisis financiero y económico detallado de la empresa en cuestión, revelando en concreto aspecto claves y estratégicos de aquélla, en particular: el modelo de negocios, la estructura de costos y la gestión operacional interna, entre otros. En efecto, tras revisión de la información requerida, se verifica que ésta posee un valor comercial por ser secreta, en cuanto se refiere a antecedentes esenciales para la participación competitiva de esta empresa en el mercado, tanto durante la ejecución del presente contrato de concesión, como en la futura licitación del servicio, quedando la empresa en desventaja respecto de otros competidores, los que tendrían acceso anticipado al modelo de negocio, estructura de costos, gestión operacional interna y en definitiva, el "know how", del negocio de transporte masivo de pasajeros de Su-Bus Chile S.A., facilitándoles la optimización y mejora de su posición en las futuras licitaciones a realizarse respecto del servicio. Por lo anterior, atendido el carácter estratégico, comercial y operacional de la información contenida en los resultados del informe elaborado por Deloitte, este Consejo concluye que también se configura al respecto la causal de reserva alegada por el tercero prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación de derechos comerciales y/o económicos de la empresa opositora, motivo por el que se rechazarán los amparos presentados. 15) Que finalmente, respecto de la alegación hecha por Su-Bus Chile S.A., sobre la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, se debe hacer presente que dicha causal es de titularidad exclusiva del órgano requerido de información, y no de la empresa, por cuanto ésta actúa en este procedimiento en calidad de tercero interesado, motivo por el que corresponde desestimar dichas alegaciones. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar los amparos deducidos por don Mauricio Jara Bernal, de 9 de noviembre de 2016, en contra de la Subsecretaria de Transportes, por configurarse en la especie las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1, literal b), y artículo 21 N° 2, ambos de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente. II. Representar al Sr. Subsecretario de Transportes la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, al no haber conferido traslado a las empresas involucradas. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere dicha infracción. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mauricio Jara Bernal, al Sr. Subsecretario de Transportes y a la empresa Su-Bus Chile S.A., esta última en su calidad de tercero interesado en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.