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<strong>DECISIÓN AMPARO C137-11</strong></p>
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Entidad Publica: Policia de Investigaciones de Chile</p>
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Requirente: Luis Narváez Almendras</p>
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Ingreso Consejo: 04.02.2011</p>
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En sesión ordinaria N° 244 de su Consejo Directivo, celebrada el 10 de mayo de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C137-11.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.L. N° 2460, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en el D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa, que fija el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile; en el Decreto N° 28/1981, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Calificaciones del personal de la Policía de Investigaciones de Chile; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Luis Narváez Almendras, el 29 de diciembre de 2010, solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile (en adelante indistintamente PDI) que le otorgara la siguiente información:</p>
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a) Copia de la Hoja de Vida funcionaria perteneciente a don Sergio Bravo Campos, Subcomisario y Ayudante de la Subdirección Operativa;</p>
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b) Calificaciones históricas de don Sergio Bravo Campos desde el año 1994 al 2010.</p>
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c) Toda la información existente en la Tarjeta y Carpeta de antecedentes individuales personales referida a dicha persona, existentes en el Departamento V de “Asuntos Internos” de la PDI.</p>
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2) RESPUESTA: La PDI, por medio de la Resolución N° 02, de 20 de enero de 2011, se pronunció sobre la solicitud del Sr. Narváez Almendras, en lo relativo a las hojas de vida del funcionario Sergio Bravo Campos, negando el acceso a ellas «por cuanto significa distraer a varios funcionarios públicos, de sus labores diarias, revisando y analizando las Hojas de Vida anuales del subcomisario Sergio Bravo Campos, quien tiene una carrera de 16 años de servicio, aplicando el principio de divisibilidad de la información, debiendo distinguir que antecedentes son de información pública de aquella que corresponde a datos sensibles, que el funcionario público posee», todo ello en virtud de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c, de la Ley de Transparencia, en relación con lo expresado en el artículo 8° y la disposición Cuarta Transitoria, ambas de la Constitución Política.</p>
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Asimismo, en carta fechada el 20 de febrero de 2011, la PDI se pronuncia sobre los demás antecedentes requeridos por el Sr. Narváez Almendra, informándole las calificaciones históricas del subcomisario Sergio Bravo Campos correspondientes al periodo comprendido entre los años 1996 y 2009, agregando que el Departamento V “Asuntos Internos” no mantiene ninguna tarjeta ni carpeta de antecedentes personales referidas a la persona consultada.</p>
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3) AMPARO: Don Luis Narváez Almendras, el 4 de febrero de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la PDI fundado en la negativa a entregarle parte de la información requerida, señalando al respecto, en resumen, lo siguiente:</p>
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a) La PDI, a fin de justificar su rechazo a entrega de copia de las hojas de vida del funcionario a que se refiere la solicitud de información, invoca la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, sin embargo, «no entrega ningún antecedente que de cuenta en los hechos del volumen de documentación reduciendo la explicación a una estimación casuística respecto del contenido de las carpetas personales de cada funcionario». Al respecto, el artículo 14 de dicha Ley, permite a los órganos de la Administración del Estado, prorrogar el plazo para dar respuesta a la solicitud de información.</p>
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b) La solicitud formulada se refiere sólo a un funcionario de la PDI, por lo que aducir que la búsqueda de esta información puede afectar el debido funcionamiento del órgano «sólo demuestra falta de voluntad o un argumento falaz que sólo pretende camuflar la falta de personal, ya sea por corresponder a un periodo de vacaciones o por la falta de importancia que esta institución le entrega al cumplimiento de la Ley de acceso a la información pública», agregando que «la dotación de personal, el tiempo de trabajo o los mecanismos con que cuente no son resorte del ciudadano que hace uso del derecho a la información».</p>
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c) Por otro lado, agrega que nada impide al órgano consultado solicitar una precisión o aclaración de la solicitud de información respecto de la cantidad de años solicitada. A su entender no hacer esto sólo obliga a concluir que no existe voluntad de entregar la información.</p>
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d) Por último, señala que una vez que un funcionario acumula información en la “tarjeta y carpetas de antecedentes personales” del Departamento V, de “Asuntos Internos”, ellos no pueden ser eliminados.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Sr. Director General de la PDI, mediante el Oficio N° 341, de 11 de febrero de 2011. Los descargos fueron formulados por la Jefe Subrogante de Jurídica, Prefecto (J) Angélica Opazo Romero, señalando, en lo que respecta a la negativa a entregar las hojas de vida de los dos funcionarios indicados en la solicitud de información, que ha dado origen al presente amparo, lo siguiente:</p>
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a) Junto con ratificar lo señalado en su respuesta dada al reclamante, agrega, respecto a la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, que la solicitud de información requerida implicaba la reproducción íntegra de la totalidad de los antecedentes y documentos que conformaban dicha hoja de vida, los cuales comprendían sus 17 años de carrera funcionaria, distrayendo con ello indebidamente a los funcionarios de la Institución en el cumplimiento regular de sus labores habituales, lo que requeriría la utilización de un tiempo excesivo considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales.</p>
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b) Agrega que la hoja de vida funcionaria constituye un documento que registra no sólo las anotaciones referentes al desempeño en la carrera de un determinado funcionario –tales como sus destinaciones, calificaciones, sanciones que se le hayan aplicado en un proceso administrativo, entre otras– sino que también contiene información de carácter personal e incluso sensible, relativa al estado civil del funcionario, nombre de su cónyuge, de sus hijos, antecedentes médicos, licencias médicas que se hayan extendido al funcionario, entre otros datos referidos a su vida privada, además de contener, eventualmente, información de carácter personal de terceros ajenos a la Institución. Señala que dicho documento se confecciona en forma anual, cuya apertura se inicia con la fecha de ingreso del funcionario a la PDI y se cierra con los documentos que disponen su retiro.</p>
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c) Expone, además, que ante el ingreso de las solicitudes de acceso a información, la Institución analiza cada caso en particular, estimando que se configura la distracción indebida de las funciones cuando concurren los siguientes elementos:</p>
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i) El número de funcionarios que laboran permanentemente en el área o materia respecto de la cual se haya solicitado la información;</p>
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ii) La carga de trabajo diario que tienen estas personas y tiempo que destinan a ello;</p>
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iii) Cantidad de trabajo y tiempo que se requiere para atender la solicitud de acceso a información;</p>
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iv) Nivel en que aumenta la carga de trabajo si se han de responder la solicitud de acceso a información.</p>
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d) En la especie, se justifica la concurrencia de los elementos mencionados, atendidas las funciones que, conforme al artículo 123 del Reglamento Orgánico de la PDI, Decreto Supremo N° 41, de 1987, debe cumplir la planta del personal de dotación de la sección Archivo y Registro de la Jefatura del Personal, a saber:</p>
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i) Extender pasaporte al personal que ingresa a la Institución;</p>
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ii) Confeccionar certificados y copia de antecedentes policiales que solicite el personal en actividad y en retiro;</p>
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iii) Conservar actualizadas las carpetas de antecedentes individuales, registros y documentación que corresponda referida al personal de la Institución;</p>
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iv) Conservar la documentación de la Jefatura del personal.</p>
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v) Confeccionar certificados referentes al tiempo computable del personal, resúmenes de Hoja de Vida, reproducir y certificar las carpetas de antecedentes individuales de un determinado funcionario, entre otras.</p>
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e) Indica que para el cumplimiento de estas funciones, dicha sección policial cuenta con una dotación de 12 funcionarios, quienes ejercen sus labores en una jornada de trabajo distribuida de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas, con 1 hora de colación entre las 13:00 y 14:00 horas.</p>
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f) Agrega que dicha dotación tiene una carga de trabajo mensual aproximada de 450 solicitudes, sin contabilizar las solicitudes canalizadas en virtud de la Ley 20.285. Señala que, en el caso concreto, encomendar a un funcionario la reproducción de la información correspondiente a la Ley 20.285 le implicaría postergar el cumplimiento de sus labores habituales para privilegiar las solicitudes amparadas por la Ley de Transparencia, además de proceder a censurar la información de carácter personal y/o sensible que existe en la hoja de vida requerida.</p>
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g) Hace presente que la información solicitada, en caso que se acceda a su entrega, implica para el funcionario designado, no sólo la reproducción del material requerido, sino que también el trabajo de analizar la información contenida en su hoja de vida, para efectos de censurar o eliminar información de carácter personal e incluso sensible o que afectase a terceros que pudiere registrarse en todos los años de carrera funcionaria de los funcionarios en cuestión. Por ello, se estima que la complejidad de la solicitud de información no sólo se encuentra comprendida por la extensión de la documentación requerida, sino también, porque su reproducción requiere de un análisis y revisión exhaustiva de todos y cada uno de los antecedentes que comprenden las hojas de vida solicitadas, a fin de determinar qué información tiene el carácter de dato personal e incluso sensible, y aquella que afectare derechos de terceras personas, la que debería ser censurada o eliminada, en virtud del principio de divisibilidad, por los funcionarios de la sección respectiva de la institución.</p>
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h) Agrega que en cuanto al argumento esgrimido por el recurrente, en cuanto a que el órgano debió haber solicitado al peticionario que “aclare o precise la cantidad de años que desea conocer”, señala que ello no es posible por cuanto el mismo peticionario de manera clara y precisa solicitó copia de la hoja de vida del Subcomisario Sergio Bravo Campos, desde su ingreso, es decir, desde el año 1997, hasta el año 2010, periodo que abarca toda su carrera funcionaria dentro de la Institución.</p>
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i) Finalmente expone que la historia fidedigna de la Ley 20.285 indicó que resulta imprescindible cautelar la primacía de la función administrativa o pública que el órgano o servicio está llamado a atender, de modo que el ejercicio del derecho de acceso no se transforme en un entorpecimiento del funcionamiento normal de éstos, demostrando que el derecho de acceso a la información no es absoluto y debe ejercerse razonablemente.</p>
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5) TENGASE PRESENTE DE LA PDI: En respuesta a una solicitud hecha por este Consejo al Director General de la PDI, a objeto de realizar una visita técnica a dicha institución para permitir la revisión personal de las hojas de vida funcionarias pertenecientes al efectivo de dicha institución a que se refiere la solicitud, la PDI, el 6 de abril de 2011, mediante Ordinario N° 162, de esa misma fecha, representa a este Consejo que, en su opinión, resulta improcedente la realización de una visita inspectiva e inspección personal por parte de funcionarios del Consejo, por lo que solicita que, en virtud de lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 25 de la Ley de Transparencia, se decrete una audiencia de prueba para que dicha institución pueda presentar los antecedentes pertinentes tendientes a acreditar sus alegaciones. Asimismo, señala lo siguiente:</p>
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a) En la decisión del amparo C427-09, el Consejo señala que la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debe ser analizada en forma casuística, agregando que, al evacuar el traslado conferido en este reclamo, había manifestado que acceder a la entrega de la información requerida «[i]mplica para el abogado jefe de la Sección, analizar previamente el contenido de la información contenida en sus respectivas Hojas de Vida, para efectos de omitir información de carácter personal e incluso sensible, de 54 años de carrera, computando los años de servicio de ambos funcionarios, cuya funcionaria no tiene dedicación exclusiva para atender las solicitudes de acceso a la información amparadas en la Ley N° 20.285».</p>
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b) Asimismo, afirma que «[l]a Hoja de Vida del funcionario, al ser un ejemplar que se lleva en original, para ser analizada y aplicar el principio de divisibilidad de la información, restringiendo los datos personales del funcionario, requiere ser copiada previamente y luego analizada, análisis que no realiza el encargado del archivo sino la abogado de la Sección de Acceso a la Información Pública. Dicha Sección, que funciona al interior de la Jefatura Jurídica, …, tiene como funciones, la gestión de solicitudes de acceso a la información pública formulada a las distintas reparticiones y unidades a nivel nacional; coordinar con los encargados de archivo la ubicación de antecedentes relacionados con solicitudes; emitir informes técnicos para las distintas autoridades requeridas; representar a la Institución ante reclamos ante el Consejo para la Transparencia y las Cortes de Apelaciones respectivas; y capacitar al personal institucional involucrados en la gestión de solicitudes de información. La referida Sección está integrada por tres profesionales abogados, una de las cuales es su jefa, las que no tienen dedicación exclusiva para estas labores, ya que al ser de dotación de la citada jefatura, participan e integran comisiones técnicas para la adquisición de bienes y servicios, elaboran pronunciamientos e informes en derecho sobre diversas materias atingentes a la Institución, informan sumarios administrativos e investigaciones sumarias, tramitan juicios ante Juzgados de Policía Local, y además recepcionan y tramitan la totalidad de las solicitudes de acceso a la información pública que recibe la Institución a nivel nacional».</p>
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6) VISITA TÉCNICA: El 6 de mayo, a las 17:00 horas, el abogado analista de la Unidad de Reclamos de la Dirección Jurídica de este Consejo, don Ariel Gómez Muñoz, se constituyó en el Cuartel Central de la PDI, quien acompañado por la funcionaria policial Prefecto Inspector (J) doña Rosana Pajarito Henríquez y por don William Al-Knor García Huidobro, asesor de la Jefatura Jurídica de dicha Institución, procedió a revisar las Carpetas de Antecedentes Individuales (CAI) de don Sergio Bravo Campos, Subcomisario y Ayudante de la Subdirección Operativa de la PDI, lo que le permitió constatar lo siguiente:</p>
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a) La Carpeta de Antecedentes Individuales (CAI) de dicho funcionario se compone de numerosos antecedentes, entre los cuales se encuentran las hojas de salud del funcionario –que dan cuenta de las licencias médicas y diagnósticos de cada uno de ellos–, los certificados de medicina preventiva, los informes de calificaciones y las hojas de vida anuales de los funcionarios –las que reciben la denominación de “anuales” debido a que cada año se confecciona una hoja de vida por cada funcionario–, siendo estas últimas los antecedentes solicitados en la especie.</p>
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b) Cada hoja de vida anual del funcionario a que se refiere la solicitud del Sr. Narváez Almendras, por su parte, se compone, en promedio, de 15 hojas escritas por ambas caras, esto es, de 30 páginas.</p>
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c) Las hojas de vida anual contienen anotaciones de una serie de antecedentes, realizadas cronológicamente, entre los cuales se encuentran los siguientes: ingreso a la institución, comisiones de servicios de cada funcionario, permisos, el uso del feriado anual (vacaciones), subrogaciones, evaluaciones mensuales e informes trimestrales del funcionario –realizadas por su superior jerárquico–, constancia de haber tomado conocimiento de una serie de documentos e instrucciones internas de la PDI –los que son transcritos en forma íntegra–, licencias médicas y diagnósticos realizados, notificaciones de las calificaciones del funcionario y clasificación en la lista respectiva de la PDI, solicitudes de cuenta escritas realizadas por sus superiores respecto de distintos eventos, tanto de la vida funcionaria como particulares, cuentas escritas realizadas por el funcionario –transcritas en forma íntegra, conteniendo, en ocasiones, antecedentes personales de terceros–, anotaciones de mérito –algunas de ellas dan cuenta de operaciones en las que intervino el funcionario, el resultado de las mismas, causas judiciales o investigaciones en las que inciden, nombre de personas detenidas, ilícitos que se le imputan a esas personas, antecedentes de los detenidos registrados en el sistema de gestión policial, entre otros antecedentes–, anotaciones de demérito, unidades en las que ha servido, resultados de sumarios, recursos administrativos interpuestos en contra de las calificaciones o clasificación asignada al funcionario, informe de visitas domiciliarias efectuadas por sus superiores –las que dan cuenta de una serie de antecedentes, entre ellos el domicilio, integrantes de la familia, etc. –, ascensos, recursos y antecedentes fundantes de los mismos en contra de las anotaciones realizadas en la hoja de vida anual respectiva y la resolución del mismo.</p>
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d) Doña Rosana Pajarito Henríquez hace presente que la información contenida en las hojas de vida anual de los funcionarios de la PDI es muy sensible, ya que ella permite efectuar un acabado control tanto de su conducta funcionaria como privada, a fin de evitar, detectar y sancionar eventuales infracciones a las normas que regulan la probidad de los funcionarios públicos, agregando que dicho control, así como la reserva de dichos antecedentes, es esencial atendidas la naturaleza y las especiales características de las funciones que desempeñan los integrantes de la PDI, por lo que su publicidad podría afectar la seguridad de dichos funcionarios, así como las de sus familias y la del funcionamiento de la institución.</p>
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e) En dicha oportunidad, además, se entregó al funcionario del Consejo para la Transparencia una copia del Decreto N° 28, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1981, cuyo artículo 13 regula la hoja de vida anual de los funcionarios de la PDI, disponiendo que «es un documento Reservado, destinado a registrar la actuación y desempeño profesional de cada miembro de la institución, dentro del periodo calificatorio correspondiente», agregando que las anotaciones se harán en forma cronológica. Asimismo, indica que cuando el jefe sea trasladado deberá estampar su opinión respecto de todo el personal bajo su dependencia directa y otros antecedentes relacionados con el funcionario.</p>
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f) Las hojas de vida anual son empleadas en el proceso de calificación anual de cada funcionario, correspondiente al periodo transcurrido entre el 1° de agosto del año anterior al que se practica la calificación y el 31 de julio de este último año. En dicho proceso de calificación, según el artículo 16° del mencionado Decreto N° 28, se evalúan los siguientes factores: espíritu de cuerpo, disciplina, reserva funcionaria, aptitud de mando, respeto a la dignidad humana, ética profesional, capacidad funcionaria, criterio, iniciativa, conducta privada, cooperación, sociabilidad, condición física, asistencia y puntualidad, capacidad para planificar, capacidad de control y responsabilidad del mando.</p>
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g) Actualmente, en la sección de Acceso a la Información de la jefatura jurídica trabajan dos oficiales de justicia, cada uno de ellos con una jornada de 22 horas semanales, debiendo dedicarse, además, a la tramitación de investigaciones sumarias y sumarios administrativos, realización de informes jurídicos y otras materias que se les puedan encomendar, de tal suerte que no poseen dedicación exclusiva en materias de transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en primer término, se debe precisar que el presente amparo se dedujo en contra de la PDI, debido a su negativa a entregar las hojas de vida del Subcomisario Sergio Bravo Campos, así como la información existente en su “Tarjeta y Carpeta de antecedentes individuales personales”, existentes en el Departamento V de “Asuntos Internos”.</p>
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2) Que, en la resolución del presente amparo, resulta necesario tener presente que el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, establecido en el D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa, regula, entre otras materias, el proceso de calificaciones de los funcionarios de dicha entidad policial (artículos 53 a 67). Al respecto, su artículo 53 dispone que «[t]odo el personal de Policía de Investigaciones de Chile deberá ser calificado y clasificado anualmente, con excepción del Director General, los Oficiales Generales, el personal a contrata y los Aspirantes a Oficiales Policiales», precisando, el artículo 54, que «[l]a calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo, de acuerdo a las normas que establezca el reglamento» (inciso primero), agregando que «[l]a calificación comprenderá un período de 12 meses fijados en el respectivo reglamento, debiendo considerarse para los efectos de la calificación la actividad funcionaria desempeñada en el período que allí se indique” (inciso segundo), y, en lo que interesa al presente amparo, el inciso primero del artículo 58 de este cuerpo normativo establece que «[l]a calificación se hará basada en los conceptos contenidos en la correspondiente Hoja de Vida y demás antecedentes que estime útiles al efecto».</p>
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3) Que, por otro lado, precisa el Reglamento de Calificaciones del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado por el Decreto N° 28/1981 del Ministerio de Defensa Nacional, en su artículo 13, que la hoja de vida funcionaria es «…un documento destinado a registrar la actuación y desempeño profesional de cada miembro de la Institución, dentro del período calificatorio correspondiente. Las anotaciones se harán en forma cronológica, antecedidas por el título que las identifica, tales como, ingreso a la Institución; destinaciones; presentación en la Unidad; sanciones; permisos; licencias médicas; medicina preventiva; lista de calificación anual; feriado legal; ascensos; fecha de despacho de la Unidad; observaciones acerca de modales y presentación del funcionario cuando corresponda; felicitaciones; anotaciones de mérito; informes trimestrales de aquellos funcionarios que fueron clasificados en Lista 3, regular; actuaciones que signifiquen concurrencia a cursos, seminarios o conferencias, ya sea como auditor o expositor; opinión del jefe respecto de sus condiciones personales y profesionales cada vez que el funcionario sea trasladado y despachado a otra Unidad». Sin perjuicio de lo anterior, la propia norma reconoce la existencia de una hoja de vida resumen de cada funcionario, la que deberá contener el total de felicitaciones, de sanciones, de anotaciones de mérito, de demérito, y de constancias positivas y negativas. La misma norma dispone que, además de la hoja de vida del funcionario en original, existe una copia que se encontrará archivada en la carpeta de antecedentes del funcionario en la respectiva unidad o repartición donde éste preste servicios.</p>
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4) Que, este Consejo, en las decisiones de los amparos A47-09, de 15 de julio de 2009, A58-09, de 4 agosto de 2009 y A95-09 y A327-09, ambas de 6 de noviembre de 2009, entre otras, ha sostenido que la órbita de privacidad de los funcionarios que trabajan para la Administración del Estado es más reducida que la del resto de las personas, y ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09, de 20 de noviembre de 2009), registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009, y C434-09, de 27 noviembre de 2009) currículum vítae de algunos funcionarios (decisión C95-10). Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.</p>
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5) Que, las hojas de vida anuales del funcionario a que se refiere la solicitud de información del Sr. Narváez Almendras, han sido elaboradas con presupuesto público, sirven de fundamento y complemento de resoluciones dictadas por la PDI y, además, obran en poder de un órgano de la Administración del Estado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5°, 10 y 11, letra c), de la Ley de Transparencia, constituyen información que, en principio, posee el carácter de información pública, salvo que concurra a su respecto alguna causal legal de secreto o reserva.</p>
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6) Que, el órgano reclamado, ha denegado la entrega de la hoja de vida funcionaria del Subcomisario Sergio Bravo Campos, invocando la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, vale decir, la afectación del debido cumplimiento de sus funciones, atendido el carácter genérico de la solicitud y que lo solicitado constituye un elevado número de actos cuya recopilación significaría distraer indebidamente de sus funciones habituales a los funcionarios del Servicio reclamado, más aun considerando que parte de la información contenida en las hojas de vida debe ser tarjada, por lo que se requiere de un análisis pormenorizado de cada una de ellas para determinar qué se debe tarjar y qué no.</p>
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7) Que, respecto al carácter genérico de la solicitud del requirente, es necesario tener presente que el propio órgano requerido ha señalado, en sus descargos, que no resultaba posible solicitar al requirente que «aclare o precise la cantidad de años que desea conocer» ya que el requerimiento que ha dado origen al presente amparo señala, de manera clara y precisa, que lo solicitado son copias de la hoja de vida del Subcomisario Sergio Bravo Campos, desde su ingreso a la institución –en el año 1997– hasta el año 2010, periodo que abarca toda su carrera funcionaria dentro de la Institución, por lo que, en definitiva, no resulta procedente considerar dicha solicitud como un requerimiento de carácter genérico y consecuencia de ello se rechaza la causal alegada en este punto.</p>
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8) Que, en lo que respecta a la alegación de que se trataría de un elevado número de actos cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, es necesario precisar que el Subcomisario Sergio Bravo Campos ha servido a dicha institución por 17 años, de tal suerte que, en la especie, lo solicitado se compone por 17 hojas de vidas anuales, lo que, atendido el número promedio de páginas de cada una de ellas, comprende un total de 510 páginas, aproximadamente.</p>
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9) Que, sin perjuicio de lo anterior, en la misma línea argumental expresada en el considerando 5° anterior, luego de analizar los antecedentes que reglamentariamente deben constar en las hojas de vida de los funcionarios de la PDI, así como de aquellos que se observaron en la visita inspectiva realizada por este Consejo, se concluye que algunas tienen carácter público y deben ser entregados los siguientes antecedentes: ingreso a la institución, destinaciones, presentación en la Unidad, permisos, lista de clasificación anual, feriado legal, ascensos, fecha de despacho de la unidad, felicitaciones, evaluaciones mensuales e informes trimestrales –si es que los hubiera– realizadas por el superior jerárquico de cada funcionario, actuaciones que signifiquen concurrencia a cursos, seminarios y conferencias, ya sea como auditor o como expositor, subrogaciones, notificaciones de las calificaciones del funcionario, recursos administrativos, y antecedentes fundentes de los mismos, deducidos por los funcionarios en contra de las calificaciones o clasificación que le han sido asignadas, así como en contra de las anotaciones realizadas en la hoja de vida anual respectiva y la resolución de los mismos.</p>
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10) Que, asimismo, respecto de la información sobre las sanciones de las cuales puedan dar cuenta las hojas de vida de estos funcionarios policiales, debe tenerse presente que el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, dispone que los organismos públicos «que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena». Si bien este artículo establece un manto de protección para los datos personales en poder de la Administración referidos a las sanciones cumplidas –en la nomenclatura del artículo 2°, letra d), de la Ley N° 19.628, un “dato caduco”– debe concluirse que la afectación de dicho derecho debe valorarse a la luz del efectivo perjuicio que produciría la entrega de esa información. En tal sentido, siguiendo el razonamiento planteado en la decisión de amparo C664-10, resulta pertinente destacar el elevado interés público que trae consigo el conocimiento del comportamiento funcionario de los miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, atendidas las características esenciales de su labor, ante el cual cede el derecho de los funcionarios que hayan sido sancionados a no dar a conocer la entidad de dichas medidas, no obstante estar cumplidas, lo que hace que la información relativa a los resultados de sumarios, sanciones y anotaciones de demerito sean públicas.</p>
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11) Que, en cambio, las hojas de vida contienen información o datos relativos al domicilio particular de los funcionarios, sus condiciones de vida y antecedentes médicos, los que están referidos a datos personales respecto de los cuales los citados funcionarios son titulares, a la luz de la definición contenida en el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, los que incluso podrían tener el carácter de datos sensibles, conforme lo señala el literal g) del mismo artículo, y que no dicen relación directa con la función pública que realizan, por lo que resulta improcedente su entrega sin que conste que los funcionarios hayan consentido expresamente en el tratamiento de tales datos, ni que éstos provengan de fuentes accesibles al público.</p>
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12) Que, en la visita inspectiva realizada por este Consejo, se pudo constatar que las hojas de vida contienen solicitudes de cuenta escrita –que consisten en solicitudes realizadas al funcionario titular de la hoja de vida, a fin de que informe a su superior respecto a algunas eventos en los que ha intervenido, tanto en el ejercicio de su función policial como de la vida privada del funcionario–, cuentas escritas realizadas por el funcionario –transcritas en forma íntegra, conteniendo, en ocasiones, antecedentes personales de terceros–, comisiones de servicios de cada funcionario –las que, en ocasiones, dan cuenta de su intervención en operativos de carácter reservados, atendida la naturaleza de las misiones–, transcripciones íntegras de documentos e instrucciones internas de la PDI, a fin de constatar que los funcionarios tomaron conocimiento de las mismas –dichos documentos se refieren a diversas materias, algunas de ellas de vital importancia para el debido funcionamiento de la institución, tales como instrucciones del uso de armas de servicios o de la seguridad de los recintos policiales, por ejemplo–, respecto de las cuales concurrirán causales de secreto o reserva según el contenido de las mismas, debiendo realizar un análisis pormenorizados de cada una de dichas anotaciones.</p>
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13) Que, asimismo, los informes de las visitas inspectivas realizadas al funcionario, y contenidas en sus hojas de vida, contienen información o datos relativos a su familia, tales como los nombres de su cónyuge e hijos, su domicilio, así como sus condiciones de vida, de tal suerte que su publicidad, comunicación o conocimiento podría afectar sus derechos, particularmente su seguridad y la esfera de su vida privada, lo que configuraría, a su respecto, la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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14) Que, asimismo, los documentos requeridos dan cuenta del nombre de varias personas que fueron detenidas o aprehendidas por el funcionario a que se refiere la solicitud de información del Sr. Narváez Almendras, así como los delitos que se le imputan en dichas detenciones y otros antecedentes que obraban en poder de la PDI al momento de su captura, debiendo habérseles comunicado la solicitud del requirente a objeto de que aquéllos ejercieran el derecho de oposición establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Esto, sin embargo, en el caso en análisis, resultaba imposible de efectuar en la práctica, atendido el alto número de personas que se encontraba en tales circunstancias, y la dificultad para ubicarlas dentro del plazo legal para notificarlas, sin perjuicio de lo cual, dadas estas especiales dificultades y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, así como las normas pertinentes de la Ley N° 19.628, debe negarse el acceso a dicha información de los terceros.</p>
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15) Que, en este sentido, la Ley de Transparencia en su artículo 11 letra e) reconoce la existencia del principio de divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que pueda ser conocida e información que deba denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda, lo que, en la práctica, implica que deba tacharse aquella información que debe denegarse en virtud de causa legal, como aquella indicada en los considerandos 11° a 14° precedentes.</p>
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16) Que, en torno a la ponderación de la causal del artículo 21 N° 1 letra c) alegada, sobre la eventual distracción indebida alegada por la PDI, considerando lo resuelto por este Consejo en sus decisiones C427-09, C327-10, C517-09 y C31-10, debe conocerse, previamente, el volumen de la información involucrada, el alcance de la información que debe resguardarse, y en qué medida las hojas de vida anuales del Subcomisario Sergio Bravo Campos se encuentran sistematizadas, por lo que podría entenderse, en su caso, que, dadas ciertas circunstancias, su entrega ocasionaría una distracción indebida de los funcionarios de sus labores habituales.</p>
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17) Que, respecto a lo anterior, atendido lo indicado en el considerando 8° precedente, en la especie, lo solicitado está constituido por más de 510 páginas, las que a su vez, deben ser analizadas pormenorizadamente a fin de tarjar todos aquellos antecedentes que posean el carácter de reservados, como los indicados en los considerandos 11°, 13° y 14°, así como aquellos documentos de la PDI transcritos cuya divulgación pueda afectar el debido funcionamiento del órgano, o revelar antecedentes o conductas de la vida privada del funcionario, de aquellos indicados en el considerando 12°, tarea que, en la especie, debe ser desarrollada por el personal de la sección de Acceso a la información pública, tarea para la cual, efectivamente, se requiere destinar una gran cantidad de tiempo, lo que implica una afectación del debido funcionamiento de dicha unidad, especialmente atendido la poca cantidad de funcionarios que laboran en ella y las horas que sirven para la institución, razón por la cual se tendrá por acreditada la causal de reserva invocada.</p>
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18) Que, la letra j) del artículo 33 de la Ley de Transparencia, otorga al Consejo para la Transparencia la función y atribución de “Velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y la Ley Tengan carácter secreto o reservado”.</p>
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19) Que, de acuerdo al artículo 110 de la Constitución Política, la PDI integra las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, junto a Carabineros de Chile, los que constituyen fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior.</p>
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20) Que, atendida la naturaleza de las funciones desempeñadas por el personal de la PDI, la publicidad de aquellos datos relativos al domicilio de los funcionarios, sus condiciones de vida, así como las diligencias y operativos policiales en las que ha intervenido como agente encubierto o desempeñando otras funciones esenciales a fin de obtener resultados exitosos, exponen a éstos al riesgo cierto de ser víctimas de ataques o atentados por parte de delincuentes u organizaciones criminales, por lo que, se configura a su respecto, y solo respecto de los antecedentes descritos en los considerandos 12° y 14° anteriores, además, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en lo que respecta a la afectación de los derechos a la seguridad y vida privada de dichos funcionarios.</p>
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21) Que, la afectación de la seguridad de los funcionarios de la PDI con la publicidad de la información que excede el ámbito puramente funcionario –descritos en los considerandos 12° y 14° anteriores– contenida en las hojas de vida requeridas, en particular respecto del Director General de la Institución y del Jefe de un cuartel de dicha entidad policial, implica, además, una afectación de la seguridad pública, pues ella se ve directamente impactada cuando los órganos encargados constitucionalmente de su mantención son víctimas de atentados o agresiones de carácter delictual, lo que implica un daño superior al beneficio que la divulgación de esta información aportaría al debate público y al control social de la acción policial. De esta forma, también se configura, en la especie y respecto de estos particulares antecedentes, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.</p>
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22) Que, por lo expuesto precedentemente, y habiéndose acreditado la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), invocada por la PDI, así como las causales del artículo 21 N° 2 y N° 3 del mismo cuerpo normativo, este Consejo rechazará el presente amparo en lo que dice relación a la solicitud de las hojas de vida del Subcomisario Sergio Bravo Campos.</p>
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23) Que, por último, respecto de la información relativa a los antecedentes contenidos en la “Tarjeta y Carpeta de Antecedentes individuales” del funcionario policial a que se refiere la solicitud que ha dado origen el presente amparo, existente en el Departamento V de “Asuntos Internos” de la PDI, el órgano requerido informó al Sr. Narváez Almendra que «esa unidad no mantiene ninguna tarjeta ni carpeta de antecedentes personales», lo que permite concluir que la información solicitada sería inexistente, y, por lo tanto, resulta improcedente ordenar su entrega, razón por la cual, también se rechazará el presente amparo en lo que respecta a este punto.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el presente amparo, deducido por don Luis Narváez Almendras en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por los fundamentos señalados en los considerandos precedentes.</p>
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II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Luis Narváez Almendras y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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