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DECISIÓN AMPARO ROL C3896-16</p>
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Entidad pública: Dirección del Trabajo</p>
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Requirente: Hernán Orellana Báez</p>
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Ingreso Consejo: 17.11.2016</p>
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En sesión ordinaria N° 779 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3896-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de octubre de 2016, don Hernán Orellana Báez, solicitó a la Dirección del Trabajo -en adelante e indistintamente Dirección o DT- informe de fiscalización N° 1350/2015/382, iniciado a propósito de su denuncia en calidad de presidente del Sindicato Nacional de Empresa Tur Bus.</p>
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2) RESPUESTA: El 8 de noviembre de 2016, la DT indicó al reclamante en síntesis, que la información consultada era reservada en aplicación de lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 1 y 2.</p>
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No obstante lo anterior, hizo presente que en su calidad de parte en el procedimiento requerido y, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.880, podía acceder a dicho expediente, debiendo concurrir a dependencias de la Dirección Regional Metropolitana Poniente.</p>
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3) AMPARO: El 17 de noviembre de 2016, don Hernán Orellana Báez, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la DT, fundado en la denegación de la información solicitada.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°11.850, de 29 de noviembre de 2016, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Trabajo, quien mediante presentación de 19 de diciembre del año en curso, reiteró lo ya expuesto con ocasión de su respuesta al requerimiento de información.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que la ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, precisa en su artículo 17 que «Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa».</p>
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2) Que, en el caso en análisis, tanto la reclamante como el organismo reclamado han reconocido la calidad de denunciante de don Hernán Orellana Báez, en el procedimiento de fiscalización por vulneración de derechos fundamentales consultado. Luego, no resulta concordante con los principios de eficiencia y celeridad que la reclamada haya retardado el acceso a la información en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, en base a causales de reserva que en el caso, resultan improcedentes, a la luz de lo previsto en el citado cuerpo legal y al propio reconocimiento de la DT de los derechos que el referido cuerpo normativo otorga al reclamante en su calidad de parte.</p>
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3) Que, en tal sentido, cabe además señalar que la requerida no ha acompañado antecedentes suficientes que permitan a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida en los términos planteados, se afectará el debido cumplimiento de sus funciones o derechos de terceros. En efecto, la DT únicamente se ha limitado a enunciar la causales de reserva que a su juicio serían aplicables en el caso en análisis.</p>
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4) Que en concordancia con lo señalado precedentemente, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la Dirección Nacional del Trabajo que entregue al reclamante la información pedida. No obstante lo anterior, y en forma previa a la comunicación de la información, la cual debe ser entregada una vez que el solicitante acredite su identidad (en conformidad a lo dispuesto en la Instrucción General N° 10, punto 4.3 de este Consejo), deberá tarjar la identidad de todos los demás involucrados en el proceso, particularmente los testigos, como también los datos personales de contexto contenidos en los antecedentes consultados, tales como el RUN, domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, de personas distintas del reclamante, ello en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y en cumplimiento de la función conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia en concordancia con lo previsto en la ley N° 19.880, en su artículo 16.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Hernán Orellana Báez, en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, por estimarse improcedentes las causales de reserva invocadas por dicho organismo para denegar la entrega de la información consultada.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional del Trabajo que:</p>
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a) Entregue al reclamante copia de los antecedentes consultados en su presentación de 24 de octubre de 2016. No obstante lo anterior, y en forma previa a la comunicación de la información, la cual debe ser entregada una vez que el solicitante acredite su identidad (en conformidad a lo dispuesto en la Instrucción General N° 10, punto 4.3 de este Consejo), deberá tarjar la identidad de todos los demás involucrados en el proceso, particularmente los testigos, como también los datos personales de contexto contenidos en los antecedentes consultados, tales como el RUN, domicilio, teléfono, correo electrónico particulares, de personas distintas del reclamante, ello en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y en cumplimiento de la función conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia en concordancia con lo previsto en la ley N° 19.880, en su artículo 16.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hernán Orellana Báez y al Sr. Director Nacional del Trabajo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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