Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3947-16

Reclamante:	JUANA PÉREZ ZAMBRANO
Reclamado:	SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE ARICA – PARINACOTA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Bienes Nacionales de la Región de Arica-Parinacota, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "(...) copia íntegra de los expedientes administrativos N° 99-01-1-0017 y 99-01-1-0018, iniciados el año 1999, que se tramitan en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, los cuales contienen la tramitación del proceso de regularización mediante el decreto ley N° 2.695 del año 1979, cuyos solicitantes son doña Mónica del Rosario Pérez Santos, don Adrián Edwin Pérez Santos y don Antonio Eduardo Pérez Santos". El Consejo acoge el amparo, toda vez que los terceros no han acreditado de manera fehaciente la afectación señalada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/20/2017
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C396-12
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Órganos sujetos a la competencia del Consejo >> Corporaciones y fundaciones de Derecho Privado >> Corporaciones Municipales
Descriptores analíticos:	Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C3947-16 Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Bienes Nacionales de la Región de Arica-Parinacota. Requirente: Juana Pérez Zambrano. Ingreso Consejo: 21.11.2016. En sesión ordinaria N° 784 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3947-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2016, doña Juana Pérez Zambrano, solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica-Parinacota -en adelante e indistintamente Seremi o Servicio-, la siguiente información: "(...) copia íntegra de los expedientes administrativos N° 99-01-1-0017 y 99-01-1-0018, iniciados el año 1999, que se tramitan en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, los cuales contienen la tramitación del proceso de regularización mediante el decreto ley N° 2.695 del año 1979, cuyos solicitantes son doña Mónica del Rosario Pérez Santos, don Adrián Edwin Pérez Santos y don Antonio Eduardo Pérez Santos". 2) RESPUESTA: Por medio de oficio N° 3660, de fecha 27 de octubre de 2016, el órgano denegó la entrega de lo solicitado por la oposición de los terceros interesados -solicitantes de las regularizaciones respectivas-. 3) OPOSICION DE TERCEROS: Don Antonio Pérez Santos, doña Mónica Pérez Santos y a don Adrián Pérez Santos, se opusieron a la entrega de lo requerido. 4) AMPARO: El 21 de noviembre de 2016, doña Juana Pérez Zambrano, deduce amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica-Parinacota, mediante Oficio N° 12.190, de 06 de diciembre de 2016. Luego, mediante ordinario N° 4.298, de fecha 26 de diciembre del mismo año, el órgano reiteró en síntesis lo referido en su respuesta, agregando que en la especie se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 20 de la misma ley. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, a don Antonio Pérez Santos, doña Mónica Pérez Santos y a don Adrián Pérez Santos, mediante los oficios respectivos Nos 582, 586 y 584, todos el 10 de enero de 2017. Los precitados terceros, con fecha 30 de enero de 2017, formularon sus observaciones y descargos señalando, en síntesis, que se oponían a la entrega debido a que la solicitante al obtener dicha información mal utilizará ésta, para causar daños y perjuicios hacia ellos y hermanos. 7) GESTION OFICIOSA: Mediante correo electrónico, de fecha 08 de marzo de 2017, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano, que precisara el estado de los expedientes administrativos. Posteriormente, el servicio por medio de correo electrónico de fecha 10 de marzo de 2017, señaló que: "éstos se encuentran concluidos administrativamente, con resolución de término e inscripción en el CBR". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información, consistente en copia de los expedientes administrativos N° 99-01-1-0017 y 99-01-1-0018, iniciados el año 1999, que se tramitan en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, los cuales contienen la tramitación del proceso de regularización mediante el decreto ley N° 2.695, de 1979. 2) Que, de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de la decisión amparo Rol C396-12, la información requerida es de naturaleza pública. En efecto, trata de antecedentes relativos a la regularización de un inmueble, conforme al procedimiento regido por el decreto ley N° 2.695, de 1979 -que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella-, el cual establece un procedimiento para que los poseedores materiales de determinados inmuebles soliciten al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción. Atendido lo dispuesto en los artículos 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, 5° de la Ley de Transparencia y el artículo 3°, letra g), de su Reglamento, estos antecedentes constituyen el fundamento del acto administrativo, por el cual el Ministerio de Bienes Nacionales autoriza la regularización de un inmueble, pues su presentación y revisión es, precisa e inequívocamente, la base sobre la cual dicha autoridad dicta el acto mediante el cual acoge la solicitud de regularización de posesión de inmueble y ordena la inscripción del inmueble en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Luego, siendo dicho procedimiento y su resolución de naturaleza pública, sus fundamentos poseen el mismo carácter. 3) Que, asimismo, no se aprecia la concurrencia de causal de reserva alguna en la entrega de lo solicitado, atendiendo que tal como se ha sostenido de manera reiterada por este Consejo, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. En este sentido, los terceros no han acreditado suficientemente la referida afectación. Por lo tanto, este Consejo, acogerá el presente amparo. 4) Que, con todo, en el evento de que en los documentos cuya denegación fundó este amparo se encuentren ciertos datos personales de contexto relativos a personas naturales -domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, y correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, éstos deben ser tarjados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. 5) Que, finalmente, ha de señalarse que, siguiendo lo establecido por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 13.562-2015, "el artículo 21 de la Ley 19.628 accede a derechos establecidos en este caso para un tercero (...) no así en favor de la Seremi, sin que pueda aquella actuar como agente oficioso (...)" (considerando cuarto). Al respecto cabe precisar que el mismo fundamento se hace extensible a la causal de reserva alegada por el órgano, en lo concerniente al artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, puesto que también constituye una causal establecida en forma exclusiva en favor de terceros. En este sentido, los llamados a alegar la causal en comento son los terceros mas no el servicio. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Juana Pérez Zambrano, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica-Parinacota, en virtud de lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica-Parinacota que: a) Entregue a la solicitante copia de los expedientes administrativos N° 99-01-1-0017 y 99-01-1-0018, iniciados el año 1999, que se tramitan en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica y Parinacota, los cuales contienen la tramitación del proceso de regularización mediante el decreto ley N° 2.695 del año 1979, cuyos solicitantes son doña Mónica del Rosario Pérez Santos, don Adrián Edwin Pérez Santos y don Antonio Eduardo Pérez Santos. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 03 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Encomendar al Director General de este Consejo y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Juana Pérez Zambrano, al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Arica-Parinacota y a don Antonio Pérez Santos, doña Mónica Pérez Santos y a don Adrián Pérez Santos, en su calidad de terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.