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DECISIÓN AMPARO ROL C3967-16</p>
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Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII)</p>
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Requirente: Miguel Aguilera Ruíz</p>
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Ingreso Consejo: 24.11.2016</p>
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En sesión ordinaria N° 788 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3967-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de octubre de 2016, don Miguel Aguilera Ruíz solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) la identificación del representante legal de la persona jurídica RUT 73.506.200-K, que correspondería a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, según los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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Se hace presente que el solicitante indica que requiere la información para poder demandar a dicha persona jurídica por un accidente vehicular.</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° LTNot 0015150, de 11 de noviembre de 2016, el SII deniega el acceso a la información, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 35 del Código Tributario. Se hace presente que, según el contenido del artículo 7° de la ley N° 19.628, el dato requerido fue obtenido de fuentes no accesibles al público. Por lo anterior, no es posible comunicar la identidad de las personas naturales que en virtud de cierto vínculo jurídico, como puede ser una relación laboral o profesional, pueden obrar en representación de un contribuyente ante el Servicio. Lo anterior, toda vez que el nombre constituye un dato personal del representante en tanto referido o concerniente a aspectos de la vida privada de una persona natural.</p>
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3) AMPARO: El 24 de noviembre de 2016, don Miguel Aguilera Ruíz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa otorgada a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio N° 12.132, de 06 de diciembre de 2016. Mediante escrito ingresado a este Consejo con fecha 22 de diciembre de 2016, el SII presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
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a) La solicitud apunta a conocer la identidad de una persona natural, lo que cae en la esfera de protección de la vida privada, resguardada constitucionalmente (artículo 19 N° 4, de la Carta Fundamental).</p>
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b) El nombre solicitado corresponde al de una persona natural, lo que constituye una solicitud de datos personales en los términos de los artículos 2°, letra f), y 4°, ambos de la ley N° 19.628, por lo cual, en principio, les resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7°, de la citada ley; en relación a su vez con la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la ley N° 20.285.</p>
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c) Asimismo, el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario dispone que: "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus coplas o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales". De esta forma, la obligación de reserva que pesa sobre el SII, se encuentra contenida expresamente en el Código Tributario y en las propias instrucciones que el Servicio ha dictado sobre la materia.</p>
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d) Así, el requerimiento del nombre de la persona natural, representante legal de una determinada entidad, califica en el ámbito de dicha reserva. En efecto, la Circular N° 31 de 2007, de este Órgano Fiscalizador, establece en su punto 1.4 "Forma de Solicitar la Inscripción en el Registro RUT y de dar Aviso de Iniciación de Actividades". Punto 1.4.1 "Donde se debe realizar la solicitud de inscripción al RUT y aviso de inicio de actividades", el cual señala: "En la Unidad del Servicio que tenga jurisdicción sobre el domicilio del contribuyente o en la Oficina Virtual del Servicio (www.sii.cl), en la opción "Inicio de Actividades". La inscripción y solicitud se harán en un formulario proporcionado por el Servicio de Impuestos Internos y su presentación tiene el carácter de una declaración jurada". Por lo anterior, y conteniéndose dicho dato en la citada declaración jurada, luego a juicio del Servicio, el dato proporcionado queda cubierto en la hipótesis del artículo 35 del Código Tributario.</p>
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e) El legislador no supeditó a la decisión del contribuyente desear hacer públicos sus datos tributarios, pues, puede hacerlo, pero deberá ser él quien los divulgue, en cuyo caso el secreto tributario que gravita sobre la Administración se mantiene incólume ya que al no estar supeditado a la voluntad o autorización del contribuyente, su consentimiento no exonera a los funcionarios públicos de la estricta observancia del deber de secreto que la ley les impone. Por tanto, siendo la reserva tributaria inderogable por voluntad de los contribuyentes, el procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, que permite configurar la ficción de la aceptación del afectado a 'que sus datos sean revelados, no logra liberar a los funcionarios del Servicio del deber de secreto que sobre ellos pesa.</p>
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f) La reserva tributaria está jurídicamente establecida en consideración a la naturaleza de la obligación tributaria y no depende de la voluntad del contribuyente titular de la información. Esto es manifiesto desde que la fuente del secreto es exclusivamente legal sin que se requiera del concurso o consentimiento del contribuyente para otorgar a los datos el carácter de confidenciales.</p>
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g) La reserva tributaria es el necesario contrapeso al excepcional privilegio de acceso que la ley otorga a la Autoridad en razón de la especial naturaleza de la obligación de que se trata, cuya eficacia depende, en definitiva, de limitar parcialmente y sólo en la medida de lo estrictamente necesario, la órbita de respeto de la vida privada de los contribuyentes con el objeto de hacer posible la obtención de los recursos que permitan subvenir las necesidades públicas que justifican la existencia del Estado regulando expresamente para ello la limitación al derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada a que se refiere el N° 5 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Luego, el secreto tributario a la vez que deber y prohibición es garantía dada por el Estado a los particulares acerca de que la afectación de sus derechos será mínima y necesariamente proporcionada a la exclusiva consecución del fin que justifica la irrupción, creando así de paso, el clima de seguridad y certeza que requieren los contribuyentes para proporcionar voluntariamente la información requerida y permitir el acceso a sus datos por parte del servicio, en la convicción que los datos que proporcionen serán resguardados por la Administración en calidad de garante, impidiendo que sean conocidos por terceros y evitando así que los titulares de los datos sean objeto de molestias por sus decisiones económicas, gastos, tratativas civiles o comerciales y, en general, de toda otra clase de intromisiones en los actos que ejecuten en el ejercicio de su libertad económica privada.</p>
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Mediante escrito ingresado con fecha 03 de enero de 2017, el SII complementó sus descargos indicando que no se dio aplicación al procedimiento prescrito en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto la causal alegada por el Servicio corresponde al artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y no aquella dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la citada Ley. Asimismo indicó que prima la normativa especial establecida en la ley N° 19.628. Por último, remitió los datos de contacto del tercero, y adjuntó copia de la solicitud de acceso que fundó el presente amparo.</p>
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5) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó conferir traslado del presente amparo a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en su calidad de tercero a quien podría afectar la publicidad de la información solicitada, lo que se materializó a través de Oficio N° 565, de 10 de enero de 2017, con el objeto que presentara sus descargos y observaciones, y solicitándole que hiciera expresa mención a los derechos que le asistiría y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. A la fecha del presente acuerdo no consta que el tercero hubiere evacuado descargos u observaciones en esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que lo requerido corresponde al nombre del representante legal de una persona jurídica contribuyente. Al efecto, atendida la naturaleza del dato requerido, este dato obra en poder del SII, por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva.</p>
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2) Que la reclamada denegó la entrega de la información por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario. Por lo anterior, el objeto del presente amparo se circunscribirá al análisis respecto de la procedencia o no de la denegación de la información requerida en razón de la concurrencia de la causal legal alegada.</p>
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3) Que respecto a la causal de reserva alegada por el SII cabe recordar que esta Corporación ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-. Se establece como criterio que "el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio" (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09, y posteriormente, las decisiones de amparos Roles C2050-13 y C353-14, entre otras). Al efecto, debe indicarse que el dato relativo al nombre del representante legal de una persona jurídica determinada, si bien consta en la declaración jurada presentada al momento de solicitarse el inicio de actividades, según lo indicado por el órgano, no obstante ello, no se encuentra referido estrictamente a los datos patrimoniales del contribuyente, motivo por el que no se configura en la especie al hipótesis de reserva alegada por el Servicio.</p>
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4) Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la información requerida corresponde en definitiva al nombre de una persona natural (representante legal de una persona jurídica determinada). Al efecto, se debe indicar que el nombre de personas naturales es un dato personal de éstas, de conformidad a la definición prescrita en el artículo 2° letra f) de la ley N° 19.628. A su turno el artículo 4° de la ley N° 19.628 establece que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". Por su parte, según establece el artículo 20 de la ley N° 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9°, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". En este caso, no consta que el titular del dato personal requerido haya consentido expresamente a su tratamiento. Por otra parte, dicho dato personal que obra en poder de la Administración, tampoco proviene ni ha sido recolectado de fuentes accesibles al público. A su turno, estos datos fueron aportados a la Administración con fines específicos, en este caso, para solicitar inicio de actividades ante el SII, siendo consignado en el formulario de solicitud respectivo, que tiene mérito de declaración jurada para todos los efectos legales, sin que resulte procedente la comunicación de tal dato para un fin diverso al consignado, como ocurre en la especie.</p>
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5) Que en este orden de ideas, resulta aplicable a este caso el deber de secreto previsto en el artículo 7° de la citada ley N° 19.628, según el cual "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo", por cuanto no se observa que la información solicitada haya sido recolectada por el órgano de una fuente accesible al público, sino que precisamente, su fuente corresponde al formulario de solicitud de inicio de actividades presentado por un contribuyente determinado. Sobre el particular, este Consejo ha establecido que al ser la Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia.</p>
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6) Que según lo razonado, atendido que la información requerida corresponde al nombre de una persona natural, representante legal de un contribuyente determinado, esto es, un dato personal de ésta, respecto del cual no consta la autorización expresa de éste, en orden a dar acceso a lo requerido, y además, conforme la atribución que corresponde a este Consejo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, se procederá a rechazar el presente amparo por configurarse en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), 4°, 7° y 9° de la ley N° 19.628.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Miguel Aguilera Ruíz, de 24 de noviembre de 2016, en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), por configurarse en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 4°, 7° y 9° de la ley N° 19.628.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Miguel Aguilera Ruíz, al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos y al tercero interesado en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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