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DECISIÓN AMPARO ROL C4028-16</p>
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Entidad pública: Universidad Arturo Prat.</p>
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Requirente: Valentín Vera Fuentes.</p>
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Ingreso Consejo: 29.11.2016.</p>
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En sesión ordinaria N° 785 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4028-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 01 de noviembre de 2016, don Valentín Vera Fuentes, solicitó a la Universidad Arturo Prat, la siguiente información: "copia de documentos presentados para acreditación institucional en CNA (Comisión Nacional de Acreditación), del año 2014-2017 (última): -carta para pedir acreditación a CNA, del Rector. -ficha institucional de datos Unap -informe auto-evaluación. - informe de evaluación externa. - informe de evaluación financiera. - dictamen de acreditación (la de 2 años) -apelación a acreditación (la que logró 3 año) -otro antecedente relacionado con acreditación que me sea útil, como plan para mejorar la acreditación en próxima acreditación".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2016, el órgano señaló en síntesis que no se entregará la información en virtud de lo dispuesto en artículo 21 N° 1, letra b), de la ley N° 20.285.</p>
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En efecto, la institución se encuentra actualmente en proceso de acreditación y la información contenida en los documentos solicitados constituyen un antecedente o deliberación previa con la cual cuenta la Universidad para la adopción de resoluciones, medidas o políticas institucionales de mejora continua, en el marco del actual proceso de acreditación; es un insumo para la adopción de resoluciones, medidas y políticas.</p>
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3) AMPARO: El 29 de noviembre de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Adminstracion del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad Arturo Prat, mediante oficio N° 12.633, de fecha 21 de diciembre de 2016.</p>
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A la fecha, habiendo trascurrido los 10 días hábiles, referidos en el artículo 25 inciso 2°, de la Ley de Transparencia, no consta que el órgano reclamado haya evacuado sus descargos en esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la negativa del órgano de hacer entrega de los antecedentes que se singularizan en el numeral 1°, de lo expositivo y que fueron acompañados por el órgano para efectos de lograr la acreditación hasta el año 2017. Al efecto, el órgano sólo con ocasión de su respuesta alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, respecto a la causal alegada, cabe señalar que este Consejo, ha sostenido en forma reiterada que dicha causal exige demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias:</p>
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a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber:</p>
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i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen.</p>
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ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado.</p>
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b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.</p>
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3) Que, de los dichos del órgano, se colige que no se ha acreditado de manera concreta cuales son los procesos cuyas deliberaciones se encuentren pendientes. En tal sentido, sólo se limitó a sostener que lo requerido constituyen antecedentes previos a una adopción de resoluciones, medidas o políticas institucionales de mejora continua, sin especificar de qué se tratan. Asimismo, la universidad tampoco ha demostrado que la publicidad de lo pedido puede afectar el debido funcionamiento del órgano -requisito expuesto en la letra b) del considerando anterior-. En este sentido, de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ya ha señalado este Consejo, la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva. En la especie, el órgano no ha proporcionado antecedentes que permitan a esta Corporación verificar o identificar una afectación o daño en los términos antes expuestos. En razón de aquello, la causal alegada será desestimada por este Consejo.</p>
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4) Que, habiéndose desestimado la referida causal de reserva, conviene tener presente además que este Consejo se pronunció acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. Por ejemplo, en relación con la información financiera o económica de las universidades, en la decisión de amparo Rol C70-11, este Consejo señaló que "dichas opiniones -análisis acerca de la sustentabilidad acerca del proyecto institucional en base a los indicadores financieros- resultan absolutamente relevantes para que la autoridad pública adopte una decisión en lo relativo al otorgamiento o no de la acreditación de dicha Universidad, aspecto que, atendido al bien público que constituye el otorgamiento de una educación de calidad, no puede mantenerse reservado". La citada decisión agregó que "el conocimiento y la publicidad de las proyecciones financieras de una Universidad, y en general de las instituciones de educación superior, han demostrado tener un altísimo interés público, entre otras cosas, por la necesidad de la ciudadanía de conocer y mantenerse informada sobre la viabilidad y sustentabilidad financiera a lo largo del tiempo de éstas".</p>
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5) Que, en mérito de lo anterior, y en atención a la falta de observaciones o descargos del órgano reclamado, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de lo solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Valentín Vera Fuentes, en contra de la Universidad Arturo Prat, de conformidad a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión.</p>
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II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad Arturo Prat que:</p>
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a) Entregue al solicitante, copia de documentos presentados para acreditación institucional en CNA (Comisión Nacional de Acreditación), del año 2014-2017 (última): carta para pedir acreditación a CNA, del Rector; ficha institucional de datos Unap; informe auto-evaluación; informe de evaluación externa; informe de evaluación financiera; dictamen de acreditación (la de 2 años); apelación a acreditación (la que logró 3 año); otro antecedente relacionado con acreditación que sea útil, como plan para mejorar la acreditación en próxima acreditación.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Valentín Vera Fuentes y al Sr. Rector de la Universidad Arturo Prat.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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