Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4044-16

Reclamante:	VALENTIN VERA
Reclamado:	UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
Resumen del caso: Se dedujeron dos amparos en contra de la Universidad Arturo Prat, fundados en la negativa a la entregada de la información solicitada referente a: Solicitud de información de fecha 21 de octubre de 2016, que dio origen al amparo Rol C4050-16: "copia del recurso de reposición de la acreditación institucional N° 307 del 19 DIC. 2014, acogida por comisión nacional de acreditación, dando pie a resolución de acreditación N° 325, por tres años". b) Solicitud de información de fecha 02 de noviembre de 2016, que dio origen al amparo Rol C4044-16: "Copia en CD de estos documentos presentados a CNA: 1. Estatutos de la Institución; 2. Documento oficial que detalle los propósitos y objetivos institucionales (Plan Estratégico / Plan de Desarrollo); 3. Reglamento Orgánico / General; 4. Modelo / Proyecto Educativo; 5. Reglamento Académico, o su equivalente; entre otros. El Consejo acoge los amparos. Respecto al amparo rol C4050-16, se acoge el amparo toda vez que se desestima la causal de reserva invocada por el órgano reclamado. Respecto al amparo C4044-16, se desestima el amparo, toda vez que no se presentaron antecedentes suficientes que permitan estimar plausible la causal de reserva invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/28/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C4050-16 C70-11
Jurisprudencia a:	C4050-16 C379-17
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C4044-16 y C4050-16 Entidad pública: Universidad Arturo Prat. Requirente: Valentín Vera Fuentes. Ingreso Consejo: 30.11.2016. En sesión ordinaria N° 786 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos roles C4044-16 y C4050-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Valentín Vera, mediante presentaciones que se singularizarán a continuación, solicitó a la Universidad Arturo Prat -en adelante e indistintamente, la Universidad o la Institución- los siguientes antecedentes: a) Solicitud de información de fecha 21 de octubre de 2016, que dio origen al amparo Rol C4050-16: "copia del recurso de reposición de la acreditación institucional N° 307 del 19 DIC. 2014, acogida por comisión nacional de acreditación, dando pie a resolución de acreditación N° 325, por tres años". b) Solicitud de información de fecha 02 de noviembre de 2016, que dio origen al amparo Rol C4044-16: "Copia en CD de estos documentos presentados a CNA: 1. Estatutos de la Institución; 2. Documento oficial que detalle los propósitos y objetivos institucionales (Plan Estratégico / Plan de Desarrollo); 3. Reglamento Orgánico / General; 4. Modelo / Proyecto Educativo; 5. Reglamento Académico, o su equivalente; 6. Organigrama(s) de la institución; 7. Estados financieros auditados con notas completas e informes de auditores de los últimos 5 años; 8. Política de capitalización; 9. Política de provisiones; 10. Cálculo de provisión de CAE; 11. En el caso que la institución haya obtenido su autonomía a través del proceso de evaluación del Consejo Superior de Educación o de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, adjuntar copia íntegra del acuerdo u oficio en el cual se indican las observaciones relativas al avance y cumplimiento del proyecto institucional. Para el caso de los EEFF auditados del último año, indicar fecha tentativa de disponibilidad del documento, en caso que no esté completamente sancionado al momento de entregar la documentación; 12. En el caso que la institución haya participado en otros procesos de acreditación nacionales o internacionales, deberá informar los nombres de los programas acreditados, las agencias acreditadoras (CNAP, CONAP u otras), los resultados de los procesos de acreditación y el año en que se obtuvo la acreditación; 13. Matrícula nueva y total por carrera, últimos 5 años; 14. Tasa de titulación por carrera, últimas 5 cortes que han completado el plan de estudios; y, 15. Información del proceso de autoevaluación interna (instrumentos aplicados, resumen de información)". 2) RESPUESTA: El órgano, mediante comunicaciones electrónicas que se individualizan a continuación señaló en síntesis, respectivamente, lo siguiente: a) Respuesta de fecha 22 de noviembre de 2016 que dio origen al amparo Rol C4050-16: En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia -la cual transcribe-, no se dará acceso a la solicitud, por cuanto la Institución se encuentra actualmente en proceso de acreditación, y la información contenida en el documento solicitado constituye un antecedente o deliberación previa con el cual la Universidad cuenta para la adopción de resoluciones, medidas o políticas institucionales de mejora continua, en el marco del actual proceso de acreditación; es un insumo para la adopción de resoluciones, medidas y políticas. b) Respuesta de fecha 30 de noviembre de 2016 que dio origen al amparo Rol C4044-16: En virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letras b) y c), de la Ley de Transparencia -las cuales transcribe- no se dará lugar íntegramente a la solicitud de información. Así en relación al artículo 21 N° 1, letra b), indica que la Institución se encuentra actualmente en proceso de acreditación y la información contenida en los documentos requeridos constituyen un antecedente o deliberación previa con el cual la Universidad cuenta para la adopción de resoluciones, medidas o políticas institucionales de mejora continua, en el marco del actual proceso de acreditación; es un insumo para la adopción de resoluciones, medidas y políticas. Por su parte, en relación al artículo 21 N° 1, letra c), indica que atendido a la elevada cantidad de documentos solicitados, ello se traduce en un desgaste a la función pública dado que su recolección implica desviar a funcionarios de sus ocupaciones habituales. Asimismo señala que actualmente el requirente mantiene un significativo número de solicitudes en trámite que también requieren atención. Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que en cuanto a los puntos N° 1 a 6, éstos se encuentran disponibles en su sitio web, en los links que indica. 3) AMPAROS: El solicitante dedujo los siguientes amparos a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Adminstracion del Estado: a) Con fecha 30 de noviembre de 2016, dedujo amparo Rol N° C4044-16: fundado en la respuesta negativa del órgano. Al efecto indicó que lo requerido no puede distraer las funciones del órgano puesto que la Universidad tiene un departamento a cargo de la acreditación, que tiene todos los datos requeridos. Asimismo manifiesta que la información entregada no corresponde a la solicitada, puesto que en los links que se señalan en la respuesta no corresponde a la misma entregada a la Comisión Nacional de Acreditación sino a resúmenes incompletos. b) Con fecha 01 de diciembre dedujo amparo Rol N° C4050-16: fundado en la respuesta negativa del órgano. Al efecto indica que es justo saber los argumentos en virtud de los cuales se subió la acreditación de la Universidad. 4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, y mediante Oficio N° 12.637, de 21 de diciembre de 2016, notificó y confirió traslado al Sr. Rector de la Universidad Arturo Prat. Sin embargo a la fecha, no consta que el órgano reclamado haya evacuado sus descargos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos mediante las cuales se rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos roles C4044-16 y C4050-16, existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse en estos casos de solicitudes de información relacionadas, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que, en relación a la solicitud de información de fecha 21 de octubre de 2016, que dio origen al amparo Rol C4050-16, este último se funda en la negativa del órgano de hacer entrega del antecedente que se singulariza en la letra a) del numeral 1°, de lo expositivo y que corresponde al recurso de reposición que sirvió de fundamento para la resolución de acreditación N° 325, de 22 de abril de 2015, de la Comisión Nacional de Acreditación. Al efecto, el órgano sólo con ocasión de su respuesta alegó respecto de dicha información la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. 3) Que, en relación a la causal alegada, cabe señalar que este Consejo, ha sostenido en forma reiterada que dicha causal exige demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias: a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber: i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen. ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado. b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. En este sentido, de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, la cual debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva. 4) Que, de los dichos del órgano, se colige que no se ha acreditado de manera concreta cuales son los procesos cuyas deliberaciones se encuentren pendientes. En tal sentido, sólo se limitó a sostener que lo requerido constituye un antecedente previo a la adopción de resoluciones, medidas o políticas institucionales "de mejora continua", sin especificar de qué se trata y la relación de causalidad entre el documento requerido y la adopción de medidas de mejora continua. Asimismo, la universidad tampoco ha demostrado que la publicidad de lo pedido puede afectar el debido funcionamiento del órgano -requisito expuesto en la letra b) del considerando anterior-. En la especie, el órgano no ha proporcionado antecedentes que permitan a esta Corporación verificar o identificar una afectación o daño en los términos antes expuestos. 5) Que, en consecuencia, se desestimará la causal alegada por la reclamada, y se acogerá el amparo rol C4050-16, ordenándose la entrega de lo solicitado en la letra a) el numeral 1°, de lo expositivo. 6) Que, en relación a la solicitud de información de fecha 21 de octubre de 2016, que dio origen al amparo Rol C4044-16, este último se funda en la negativa del órgano de hacer entrega de los antecedentes que se singularizan en la letra b) del numeral 1°, de lo expositivo y que fueron acompañados por el órgano para efectos de lograr la acreditación hasta el año 2017. Al efecto, el órgano sólo con ocasión de su respuesta alegó respecto de la información requerida la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letras a) y b), de la Ley de Transparencia. No obstante lo cual refiere que parte de la información requerida se encuentra publicada en el sitio web de la Institución en los enlaces que indica, a lo cual reclamante manifiesta que aquella no corresponde a lo solicitado. 7) Que, en primer lugar, respecto de aquella parte de la solicitud que la reclamada indica se encuentra disponible al público en su sitio web, -esto es, la requerida en los números del 1 a 6, de la letra b) del N° 1 de lo expositivo-, revisadas las direcciones web señaladas en la respuesta, este Consejo pudo advertir que si bien, en ellos se encuentra ciertos antecedentes relativos a su Plan Estratégico Institucional, Organigrama y Reglamentación no consta que aquella corresponda a la información que en su oportunidad fue entregada a la Comisión Nacional de Acreditación en el proceso de acreditación a que se refiere el requerimiento. Por tal motivo, se acogerá el amparo en este punto por no configurarse una conformidad objetiva entre lo solicitado y lo entregado por la Institución. 8) Que, igualmente, en cuanto a la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia alegada por la Universidad, de acuerdo a lo señalado en el considerando 3° precedente, a juicio de este Consejo tampoco la reclamada ha acreditado de manera concreta cuales son los procesos cuyas deliberaciones se encuentren pendientes ni cómo la publicidad de lo pedido puede afectar el debido funcionamiento del órgano, es decir, no ha proporcionado antecedentes que permitan a esta Corporación verificar o identificar una afectación o daño en los términos expuestos anteriormente. 9) Que, por su parte, en relación a la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, cabe señalar previamente que esta permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales». 10) Que, respecto de la interpretación de la antedicha hipótesis de reserva, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie. 11) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, este estándar no ha sido demostrado por el órgano reclamado. 12) Que, en el presente amparo, la requerida no ha acompañado antecedentes suficientes que permitan a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida en los términos planteados, se distraerá a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones. En efecto, dicho organismo en su respuesta se limitó a reproducir la causal de reserva invocada y a indicar que atender la solicitud generaría un desgaste a la función pública y que el requirente mantiene en la actualidad un significativo número de solicitudes de información pendientes; con todo, no indicó cual es el volumen de informacion a revisar, los funcionarios que dispondría para realizar dicha tarea, tiempo estimado o costo de oportunidad en dicha labor, u otro antecedente que permitiese a esta Corporación dar por acreditada la causal de reserva en que funda la denegación de acceso. Por tal motivo, se desestimará también ésta causal de secreto. 13) Que, habiéndose desestimado todas las causales de secreto o reserva alegadas por la Universidad, a mayor abundamiento, conviene tener presente además que este Consejo se pronunció acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. Por ejemplo, en relación con la información financiera o económica de las universidades, en la decisión de amparo Rol C70-11, esta Corporación señaló que "dichas opiniones -análisis acerca de la sustentabilidad acerca del proyecto institucional en base a los indicadores financieros- resultan absolutamente relevantes para que la autoridad pública adopte una decisión en lo relativo al otorgamiento o no de la acreditación de dicha Universidad, aspecto que, atendido al bien público que constituye el otorgamiento de una educación de calidad, no puede mantenerse reservado". La citada decisión agregó que "el conocimiento y la publicidad de las proyecciones financieras de una Universidad, y en general de las instituciones de educación superior, han demostrado tener un altísimo interés público, entre otras cosas, por la necesidad de la ciudadanía de conocer y mantenerse informada sobre la viabilidad y sustentabilidad financiera a lo largo del tiempo de éstas". 14) Que, en mérito de todo lo anterior, se acogerá el amparo rol C4044-16, ordenándose la entrega de lo solicitado en la letra b) el numeral 1°, de lo expositivo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger los amparos roles C4050-16 y C4044-16 interpuestos por don Valentín Vera Fuentes, en contra de la Universidad Arturo Prat, de conformidad a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión. II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad Arturo Prat que: a) Entregue al solicitante: i. Copia del recurso de reposición acogido por la Comisión Nacional de Acreditación, que es fundamento de la resolución de acreditación N° 325. ii. Copia de los siguientes documentos presentados ante la Comisión Nacional de Acreditación para acreditación institucional del año 2014-2017 (última): 1. Estatutos de la Institución; 2. Documento oficial que detalle los propósitos y objetivos institucionales (Plan Estratégico / Plan de Desarrollo); 3. Reglamento Orgánico / General; 4. Modelo / Proyecto Educativo; 5. Reglamento Académico, o su equivalente; 6. Organigrama(s) de la institución; 7. Estados financieros auditados con notas completas e informes de auditores de los últimos 5 años; 8. Política de capitalización; 9. Política de provisiones; 10. Cálculo de provisión de CAE; 11. En el caso que la institución haya obtenido su autonomía a través del proceso de evaluación del Consejo Superior de Educación o de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, adjuntar copia íntegra del acuerdo u oficio en el cual se indican las observaciones relativas al avance y cumplimiento del proyecto institucional. Para el caso de los EEFF auditados del último año, indicar fecha tentativa de disponibilidad del documento, en caso que no esté completamente sancionado al momento de entregar la documentación; 12. En el caso que la institución haya participado en otros procesos de acreditación nacionales o internacionales, deberá informar los nombres de los programas acreditados, las agencias acreditadoras (CNAP, CONAP u otras), los resultados de los procesos de acreditación y el año en que se obtuvo la acreditación; 13. Matrícula nueva y total por carrera, últimos 5 años; 14. Tasa de titulación por carrera, últimas 5 cortes que han completado el plan de estudios; y, 15. Información del proceso de autoevaluación interna (instrumentos aplicados, resumen de información). b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Valentín Vera Fuentes y al Sr. Rector de la Universidad Arturo Prat. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que su Presidente don José Luis Santa María Zañartu, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.