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DECISIÓN AMPARO ROL C4163-16</p>
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Entidad pública: Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación</p>
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Requirente: Valentín Vera Fuentes</p>
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Ingreso Consejo: 13.12.2016</p>
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En sesión ordinaria N° 788 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4163-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 25 de noviembre de 2016, don Valentín Vera Fuentes solicitó a la Universidad de Playa Ancha "el listado oficial de docentes y/o profesionales que trabajan en la Universidad, que cuenten con post grado de Doctorado, Magíster y los que no tienen postgrado. Identificando la Universidad que lo otorgó."</p>
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2) RESPUESTA: La Universidad de Playa Ancha respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio N° 28/2016, de fecha 13 de diciembre de 2016, señalando, en síntesis, que respecto de la indicación de los docentes y/o profesionales que cuenten con postgrado, la información está disponible en la página de transparencia activa, en los links que indican. En relación a la información que no se encuentra en dicha página, deniegan el acceso a la información en virtud del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto a su juicio la solicitud versa sobre un aspecto genérico, referido a un elevado número de actos administrativos, cuya atención implica distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales, según lo informado por la Directora de Administración de Recursos Humanos, ya que existe una gran cantidad de docentes y profesionales en esta casa de estudios (traduciéndose a 538 grados académicos y 755 títulos profesionales), por lo que habría que revisar un total de 1293 actos administrativos cuya información que no se encuentra disponible en el sistema de personal y remuneraciones (SISPyR) .</p>
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3) AMPARO: El 13 de diciembre de 2016, don Valentín Vera Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Playa Ancha, fundado en que la información entregada es incompleta, por cuanto el listado disponible no contempla la información referida de la Universidad donde obtuvieron el grado de Doctor y Magíster sus docentes que cuentan con dichos grados académicos.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Playa Ancha, mediante oficio N° 12.587, de fecha 20 de diciembre de 2016.</p>
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El órgano requerido, a través de presentación de fecha 06 de enero de 2016, presentó sus descargos u observaciones, reiterando, en síntesis que respecto de la información pedida se proporcionaron los links donde el solicitante puede encontrar a los académicos que cuentan con grados de Doctor, Magíster y aquellos que no poseen dicho grados, con lo que cumplió con su obligación de informar en esta parte, conforme al artículo 15 de la Ley de Transparencia.</p>
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En relación a la información referida a la Universidad donde obtuvieron sus académicos el grado de Doctor o Magíster, señala que se denegó por concurrir a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia por las razones señaladas en la respuesta, agregando que la Dirección de Administración de Recursos Humanos cuenta solamente con tres funcionarias (1 secretaria y 2 técnicos), que tienen muchas y variadas responsabilidades, que indica detalladamente.</p>
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Por otra parte, se informó por la Oficina de Honorarios, que el registro de los títulos de postgrado de los académicos contratados bajo la modalidad de honorarios se encuentran en el archivo de nuestra Contraloría interna, y para efectos de entregar la información que se solicita, dicha Unidad tendría que designar a funcionarios para que se dediquen a determinar el número de profesores que poseen grado obtenido en el extranjero y que no se encuentren validados por la Universidad de Chile. Agrega, que no cuenta con un registro detallado de las Universidades extranjeras en las cuales sus académicos hayan obtenido el respectivo título de postgrado, ya que en virtud de la autonomía académica de la cual gozan, es posible la contratación de docentes sin necesidad de la obtención previa del reconocimiento, revalidación o convalidación por parte de la Universidad de Chile de los grados académicos obtenidos en el extranjero (Dictamen 58634/2014).</p>
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Finalmente, agrega que de acuerdo al artículo 21 del Reglamento del Académico, no obstante lo dispuesto en la letra a) de los artículo 12 y 15, en casos, especiales el requisito de estar en posesión de un grado académico podrá omitirse siempre que el académico pueda acreditar, por otros medios suficientes de prueba, un adecuado nivel de competencia académica, de acuerdo al nivel jerárquico al que postula. Además, el artículo 22 del mismo Reglamento, establece que el Rector mediante acto administrativo fundado, podrá nombrar académicos que no estén en posesión de un grado o título universitario equivalente.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 20 de marzo de 2017, este Consejo revisó los links proporcionados por el órgano requerido en su respuesta, constatando que dichos enlaces proporcionan el listado de todo el personal de la Universidad de Playa Ancha, con indicación de su estamento, escalafón, y grado académico, en el caso de los académicos sobre los cuales versa el requerimiento de información, no así respecto de la Universidad donde obtuvieron dicho grado académico.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, don Valentín Vera Fuentes solicitó a la Universidad de Playa Ancha el listado oficial de docentes y/o profesionales que trabajan en la Universidad, que cuenten con post grado de Doctorado, Magíster y los que no tienen postgrado, identificando la Universidad que lo otorgó, obteniendo respuesta estimada como insatisfactoria por el solicitante, por cuanto el listado remitido no proporciona la información referida a la Universidad donde obtuvieron el grado de Doctor y Magíster a quienes se refiere la solicitud de información, lo que constituye el fundamento del presente amparo.</p>
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2) Que, en efecto, el órgano requerido proporcionó en su respuesta los links donde se puede obtener la información de todo su personal, con indicación de su estamento, escalafón, y grado académico, en el caso de los académicos sobre los cuales versa el requerimiento de información, cumpliendo con su obligación de informar en esta parte, conforme a los prescrito en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, respecto de la información referida a la Universidad donde obtuvieron los grados de Doctor y de Magíster sus académicos que cuentan con dichos grados, invocó la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.</p>
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4) Que, en virtud de la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".</p>
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5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.</p>
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6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.</p>
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7) Que, de los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo, las dificultades alegadas por el órgano reclamado no permiten dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva, puesto que según se ha establecido, el órgano requerido ha identificado que son 1293 el número de la documentos a revisar, contando con 3 funcionarios para dicha tarea, advirtiéndose que el volumen de la misma no tiene una entidad suficiente para generar la afectación invocada, sin que además se haya hecho referencia alguna al tiempo que se requeriría destinar, en concreto, para proporcionar la información pedida, de modo tal de permitir apreciar la forma en que la entrega de lo pedido, efectivamente afecta el debido funcionamiento de sus funciones.</p>
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8) Que, por lo expuesto, no habiéndose configurado la causal de reserva alegada por el órgano requerido, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando a la Universidad de Playa Ancha entregar a don Valentín Vera Fuentes, la información referida a la Universidad donde obtuvieron los grados de Doctor y de Magíster sus académicos que cuentan con dichos grados.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Valentín Vera Fuentes, en contra de la Universidad de Playa Ancha, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Playa Ancha:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante la información referida a la Universidad donde obtuvieron los grados de Doctor y de Magíster sus académicos que cuentan con dichos grados.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Valentín Vera Fuentes, y al Sr. Rector de la Universidad de Playa Ancha.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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