Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C132-17

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Reclamante:	RICARDO MUÑOZ PARRA
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "copia de los estados financieros consolidados, auditados, referidos al 31 de diciembre de 2015, de EUROAMERICA S.A., sociedad controladora de Euroamérica Seguros de Vida S.A." El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/29/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C7263-19
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C132-17 Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros Requirente: Ricardo Muñoz Parra Ingreso Consejo: 10.01.2017 En sesión ordinaria N° 797 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de abril de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C132-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de diciembre de 2016, don Ricardo Muñoz Parra solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros "copia de los estados financieros consolidados, auditados, referidos al 31 de diciembre de 2015, de EUROAMERICA S.A., sociedad controladora de Euroamérica Seguros de Vida S.A." 2) RESPUESTA: El 26 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Valores y Seguros respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio N° 32.601 señalando, en síntesis, que: a) Cita lo dispuesto en el artículo 4°, letra d), del D.L. N° 3538 de 1980 que establece la facultad de ese Servicio para requerir a las entidades fiscalizadas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Agrega que dicha información y antecedentes recabados quedaran sujetos al régimen y a las obligaciones de reserva contemplados en dicho cuerpo normativo. b) En tal contexto, señala que resulta aplicable a la información solicitada la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 8° de la Constitución Política, agregando que EUROAMERICA S.A. no es una entidad fiscalizada, de modo que su información financiera y económica no resulta de público conocimiento. c) Estima aplicable, asimismo, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, dado que lo requerido se refiere a antecedentes privados, comerciales y económicos, de entidades particulares, no sujetas a supervisión, que no publican su información financiera y de sus negocios y operaciones. d) Por otra parte, invoca también la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia por cuanto acceder a su publicidad entorpecería el desarrollo de esta función, en tanto vulneraría la confianza de las entidades que proporcionan esta información, como haría visibles los aspectos en los que se centra la revisión y atención de este Servicio, en el ejercicio de sus funciones, de modo que al ser conocidos, se facilitaría la elusión de los controles. 3) AMPARO: El 10 de enero de 2017, don Ricardo Muñoz Parra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo confirió traslado del presente amparo al Sr. Superintendente de Valores y Seguros mediante Oficio N° 1.366 de 2 de febrero de 2017, autoridad que presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio N° 5.102 de 16 de febrero de 2017, reiterando lo señalado en su respuesta respecto a las razones que fundan la reserva de lo solicitado. Además, indicó, en síntesis, que: a) Por existir una expresa causal de reserva legal, estimó improcedente conferir el traslado dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que la reserva de la información, obedece en este caso, a un imperativo legal. b) La información solicitada por el reclamante se refiere a la entidad denominada Euroamerica S.A., que no es una entidad fiscalizada por esta Superintendencia, de modo que no está obligada a presentar información financiera al mercado, razón por la cual sus antecedentes económicos y contables, que se reúnen en la información financiera solicitada, no tienen el carácter de públicos ni figuran en una fuente accesible al público, y en consecuencia quedan sujeta a la obligación de reserva establecida en los artículos mencionados. c) Hace presente que la información requerida se encontraría sujeta al deber de reserva que tienen los funcionarios de la SVS según lo prescrito en el artículo 23 del decreto ley N° 3.538, de 1980. De esta forma, invoca asimismo la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el citado artículo 23 del decreto ley. d) Respecto de la concurrencia del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia señala que la información solicitada, trata diversas materias propias de los negocios de la sociedad consultada, entre otros, sus políticas contables, sus políticas de gestión de riesgo, inversiones, activos, pasivos, resultados, impuestos, situación patrimonial y de sus negocios. Esta es una información que no consta en una fuente accesible al público, sino sólo en los registros correspondientes de la sociedad y que esta Superintendencia ha requerido eventualmente en esta oportunidad, al amparo de la Norma de Carácter General N° 402, para fines especiales de fiscalización. e) La información solicitada, refleja el proceso de negocios de la entidad, así como sus orientaciones comerciales, de modo que su publicidad expondría y haría vulnerable su posición ante sus eventuales contrapartes, así como en los negocios a los que se enfrenta y los términos en que los asume. También al revelar cifras y posiciones, se hace vulnerable la posición de la compañía en sus negocios y su posición competitiva, al ser conocida por terceros ajenos a ella y al proceso sus decisiones comerciales. Al exponerse frente a terceros sus decisiones de negocios, claramente su posición comercial y su estrategia se ve desmejorada frente al mercado. En este contexto, no se debe olvidar que no existe disposición legal que obligue a esta entidad no fiscalizada, a proporcionar al público su información financiera. f) La divulgación de la información requerida afectará las funciones encomendadas por la Ley a este Servicio, pues contribuirá a la inhibición por parte de diversas entidades de proporcionar la información requerida en la referida Norma de Carácter General por cuanto ella podría ser objeto de conocimiento público en razón de una solicitud de acceso amparada en la Ley de Transparencia. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el amparo al tercero involucrado mediante Oficio N° 1.367 de 2 de febrero de 2017. EUROAMERICA S.A., mediante presentación de fecha 21 de febrero de 2017 manifestó, en síntesis, que: a) El amparo adolece de un vicio insalvable por cuanto señala que las razones dadas por la autoridad para denegar el acceso a la información fue invocar la causal de reserva consistente en "Seguridad Nacional". Sin embargo el amparo presentado no contiene ninguna consideración respecto de los hechos que configurarían la supuesta infracción que habría cometido la SVS al negar la información. b) El legislador ha entendido que si bien la SVS puede requerir información respecto de sociedades que no se encuentran sujetas a su fiscalización, ha reconocido asimismo que dicha información que le sea revelada, quede sujeta al régimen y a las obligaciones de reserva contempladas en la Ley Orgánica de la SVS. c) Se refiere a los criterios que éste Consejo ha desarrollado a fin de establecer la reserva de información como la que se solicita, a la luz de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia: I. La información es secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información: i. Los Estados Financieros Consolidados de Euroamerica S.A. constituyen información sensible, estratégica y de vital importancia para el desarrollo de sus negocios, por lo que no es generalmente conocida y se encuentra delimitada su entrega de información a determinadas personas dentro de la organización. Esta información no se encuentra en sitios web, ni tampoco las personas de los círculos financieros tienen acceso a esta información, tanto es así que el mismo requirente que es un avezado director de empresas del Grupo Cruzat no ha podido obtener esta información "(...) en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información". En efecto, el señor Muñoz Parra es director de la sociedad anónima fiscalizada por la SVS "Curauma S.A.", sociedad inscrita con el Registro N° 615, en cuanto emisor de valores de oferta pública. ii. Este régimen de reserva se encuentra contenido en los artículos 41, 42 y 43 del Código de Comercio, y del que resulta que la contabilidad no puede ser objeto de intrusión sin requerimiento de parte y la respectiva autorización judicial. La prohibición de pesquisa o reconocimiento de los libros contables, sin autorización judicial, se entiende sin perjuicio de las facultades legales que organismos fiscalizadores puedan tener, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos, la SVS, etc. En las sociedades anónimas cerradas los estados financieros son información reservada y no existe ninguna obligación de divulgación, sino que muy por el contrario, pesan sobre sus receptores el deber de guardar reserva de esa información. iii. Cita además el artículo 35 del Código Tributario. II. Ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto: i. Euroamerica S.A., considera a la información requerida como un activo que resulta importante proteger adecuadamente, y por ello ha desarrollado una institucionalidad con miras a protegerla, creando al efecto, además un Oficial de Seguridad de la Información cuya misión es "Impulsar, apoyar y coordinar iniciativas de seguridad de la información, reflejadas en medidas y controles capaces de lograr seguridad integral de la información en EuroAmerica, donde se cautele la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información, a los cuales tenga acceso los colaboradores o terceros autorizados". ii. Hace presente que los esfuerzos de reserva se ven reflejados igualmente en la circunstancia de que se ha opuesto a la entrega de los antecedentes requeridos, oposición que se ha manifestado tanto ante el procedimiento de acceso ante el órgano como ante este Consejo. III. Tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecta significativamente su desenvolvimiento competitivo): i. La comunicación, conocimiento o publicación de los estados financieros consolidados de Euroamerica S.A. constituyen una afectación grave de los derechos de carácter comercial de que es titular, toda vez que se trata de la información financiera de Euroamerica S.A. ii. Se refiere pormenorizadamente a la información que se contiene en los Estados Financieros y concluye que de ser conocida por competidores o personas que tienen litigios con Euroamerica Seguros de Vida S.A. pueden significar ventajas competitivas para ellos o bien la pérdida de ventajas competitivas del Grupo Euroamerica en su conjunto. d) Invoca además el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia fundado en que la entrega de la información solicitada entorpece la función fiscalizadora de la reclamada al afectar la confianza de las entidades fiscalizadas que proporcionan información al ente contralor con la legítima expectativa de la reserva que pesa sobre los funcionarios de la SVS. Asimismo, revelar este tipo de información permitiría dejar en evidencia los aspectos fiscalizados por la SVS lo que podría facilitar la elusión de los controles. e) Por último, solicita la apertura de un término probatorio suficiente para rendir las probanzas pertinentes a fin de acreditar la efectividad de los argumentos contenidos en sus descargos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, la información solicitada es la "copia de los estados financieros consolidados, auditados, referidos al 31 de diciembre de 2015, de EUROAMERICA S.A., sociedad controladora de Euroamérica Seguros de Vida S.A.". 2) Que, en cuanto a la naturaleza de la información pedida, cabe señalar que ésta ha sido recabada por la Superintendencia de Valores y Seguros en virtud de la atribución que le fue conferida por el artículo 4° letra d), del decreto ley N° 3538, de 1980 -estatuto orgánico de la Superintendencia de Valores y Seguros- conforme con el cual "con el objeto de evaluar los riesgos a la situación financiera de las entidades sujetas a su fiscalización, la Superintendencia podrá requerirles a éstas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas." 3) Que, establecido lo anterior, cabe hacer presente que la reclamada ha denegado el acceso a la información fundado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia (afectación de derechos comerciales y económicos); el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación el artículo 23 del decreto ley N° 3.538 (deber de reserva de los funcionarios de la SVS); y el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia (afectación del cumplimiento de funciones fiscalizadoras). 4) Que, según previene el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente la información solicitada "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". 5) Que, en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). 6) Que, en cuanto al requisito anotado en la letra a), cabe señalar que, lo requerido -estados financieros consolidados- es de aquella información que no ha sido divulgada por la sociedad anónima a que pertenece y según indicara ésta en sus descargos, sólo es conocida por miembros de la referida sociedad, de modo que efectivamente no resulta fácilmente conocida por sujetos ajenos a dicha empresa. 7) Que, en lo tocante al requisito expuesto en la letra b), se debe precisar que dichos esfuerzos se ven reflejados en la circunstancia de que el tercero interesado considera que la información requerida es un activo que resulta importante proteger adecuadamente, y por ello ha desarrollado una institucionalidad de resguardo particular, además cuenta con un Oficial de Seguridad de la Información cuya misión, entre otras cosas, es coordinar iniciativas de seguridad, reflejadas en medidas y controles capaces de resguardar la información relevante y mantener la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información, a los cuales tenga acceso los colaboradores o terceros autorizados. Además, habiendo sido notificado por este Consejo se ha opuesto a la entrega de los antecedentes requeridos, según consta en el numeral 5° de lo expositivo, y, asimismo, el resguardo se ha cumplido de forma efectiva, por cuanto el reclamante ha debido interponer un amparo por denegación de acceso para obtenerla, precisamente debido a las acciones de resguardo desplegadas por la sociedad anónima que es titular de la misma. 8) Que, finalmente, sobre el tercer requisito, que se lee en la letra c), es relevante señalar que los estados financieros solicitados contienen, entre otros antecedentes, información pormenorizada de los activos corrientes y no corrientes, los pasivos y patrimonio, los estados de resultados, los cambios en el patrimonio, y los estados de flujos de efectivo consolidados. Como es dable advertir, la información requerida da cuenta, en este caso, de manera detallada de la estructura de negocios y estrategias de inversión de la sociedad a que la misma se refiere, información respecto de la cual ésta tiene un derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, proporcionándole, indudablemente una mejora o ventaja competitiva. 9) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, versando la solicitud de acceso respecto de información respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico que pueden resultar afectados con su divulgación, este Consejo rechazará el presente amparo, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 10) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, resulta pertinente desestimar la alegación de la reclamada relativa al deber funcionario de reserva que impone a los funcionarios de esa entidad el artículo 23 del decreto ley N° 3.538, por cuanto conforme a lo razonado uniformemente por este Consejo, tales deberes no pueden entenderse como una causal de reserva que pueda invocar el organismo al que pertenecen los funcionarios. Una cosa es la responsabilidad de los funcionarios -que es la regulada en la norma reglamentaria transcrita- y otra la que tiene el órgano al evaluar una solicitud de información formulada conforme a la Ley de Transparencia, caso en que corresponderá al Jefe de Servicio resolver si accede o no a entregar la información requerida. Para ello deberá invocar alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otra ley de quórum calificado, causales que para ser válidas deberían fundarse en las causales de secreto o reserva que específicamente establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política. En este caso no existe una hipótesis específica de reserva establecida en la ley, como se razonó previamente. 11) Que, asimismo, cabe tener presente que la reserva de los antecedentes solicitados permite resguardar el canal de información de que dispone la entidad reclamada respecto de documentación como la que se solicita remitida por las entidades sujeta a su fiscalización. 12) Que, finalmente, se desestimará la solicitud del tercero interesado relativa a la apertura de un término probatorio atendida la suficiencia de los antecedentes tenidos a la vista para la resolución del presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Ricardo Muñoz Parra, en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ricardo Muñoz Parra, al Superintendente de Valores y Seguros, y a EUROAMERICA S.A., esté última en su calidad de tercera interesada en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.