Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C162-17

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Reclamante:	SERGIO JARA ROMÁN
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente al "acceso al expediente administrativo del caso D&S-Falabella, mediante el cual la SVS resolvió aplicar tres sanciones por incumplimiento del deber de reserva y cinco por uso de información privilegiada, originadas a raíz de la negociación de acuerdo de fusión de ambas sociedades, anunciado públicamente el 17 de mayo de 2007. La SVS hizo pública la sanción el 17 de julio de 2008. Mediante este comunicado de prensa la SVS hizo pública dicha sanción: https://www.svs.cl/portal/prensa/604/articles-11974_doc_pdf.pdf" El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acreditó de manera suficiente la causal de reserva invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/9/2017
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2082-13 C910-14 C3265-15
Jurisprudencia a:	C2841-20 C5940-21 C3456-22 C641-17 C3154-18 C3531-17 C163-18 C1690-19 C4133-19 C6505-19 C7359-19 C7143-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C162-17 Entidad pública: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Requirente: Sergio Jara Román. Ingreso Consejo: 11.01.2017. En sesión ordinaria N° 799 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C162-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de diciembre de 2016, don Sergio Jara Román, solicitó a la Superintendencia de Valores y Seguros -en adelante e indistintamente SVS-, la siguiente información: "acceso al expediente administrativo del caso D&S-Falabella, mediante el cual la SVS resolvió aplicar tres sanciones por incumplimiento del deber de reserva y cinco por uso de información privilegiada, originadas a raíz de la negociación de acuerdo de fusión de ambas sociedades, anunciado públicamente el 17 de mayo de 2007. La SVS hizo pública la sanción el 17 de julio de 2008. Mediante este comunicado de prensa la SVS hizo pública dicha sanción: https://www.svs.cl/portal/prensa/604/articles-11974_doc_pdf.pdf" 2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 918, de fecha 10 de enero de 2017, el órgano en resumen, señaló lo siguiente: a) En el año 2008, el Servicio resolvió sancionar a una serie de personas naturales en lo que fue denominado públicamente como el "Caso D&S Falabella". Al respecto, las resoluciones sancionatorias dictadas en el contexto de dicho caso tienen el carácter de reservado en vista de lo dispuesto en el N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, esto es, que los datos o informaciones han sido declarados secretos o reservados por una ley de quórum calificado, que, en la especie corresponde al inciso primero del artículo 21 de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que establece que los organismos públicos no podrán comunicar datos relativos a infracciones administrativas, una vez prescrita la acción o cumplida o prescrita la sanción. Esta última disposición tiene el rango de quorum calificado en atención a lo establecido en el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia y la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política del Estado. b) En razón de lo anterior, el Servicio no se encuentra habilitado para permitir el acceso dichas resoluciones, ni tampoco a los oficios de cargos ni ningún otro antecedente que conste en el expediente administrativo respectivo. 3) AMPARO: El 11 de enero de 2017, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido Órgano de la Administracion del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, mediante oficio N° 1130, de fecha 24 de enero de 2017. Posteriormente, el órgano por medio de ordinario N° 3803, de fecha 6 de febrero de 2017, solicitó el rechazo del presente amparo por cuanto la información solicitada está sujeta a la causal de establecida en el inciso primero del artículo 21 de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, en relación a lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República, y lo establecido en el inciso segundo del artículo 8° de la misma. Al efecto, señaló en resumen, lo siguiente: a) En razón del artículo 21 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no es posible entregar lo solicitado, por cuanto el expediente requerido contiene datos personales y además, en el presente caso la sanción aplicada a los sancionados se encuentra cumplida (las multas están pagadas). Además, refirió que el fundamento de la prohibición del precepto en comento, es la reinserción social y laboral de las personas que han sido condenadas. En consecuencia, el artículo 21 de la ley N° 19.628 cumple con los supuestos establecidos en el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia y constituye por tanto una norma de quórum calificado de carácter ficto, configurando la causal de reserva señalada en el numeral 5° del artículo 21 de este último cuerpo legal. b) Respecto del principio de divisibilidad, señaló que éste resulta aplicable a los actos administrativos, pero no a todos aquellos documentos que forman parte del expediente que no sean actos de esa naturaleza. Asimismo, indicó que respecto a la aplicación del referido principio sobre documentos que efectivamente son actos administrativos, como la formulación de cargos y la resolución exenta que aplicó la sanción, haría que estos documentos fueran inentendibles o carente de sentido; c) Las resoluciones, como asimismo, la reunión de actos que contienen datos personales en carpetas, archivadores u otras formas de acopio, que han aplicado sanciones administrativas, también constituyen un tratamiento de datos personales, por cuanto el artículo 2°, letra o), de la ley N° 19.628, está redactado en términos amplios, cuidando no transmitir un carácter taxativo. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, a don Alejandro Irarrazabal Ureta, don Hans Eben Oyanedel, doña María Luisa Solari Falabella, don Peter Bruno Studer, Ana Laguna Galasso, don Marcel Zarour Atanacio, don Vicente Aresti Lopez y a don Eugenio Eben Aresti, mediante oficios N° 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471 y 3472, todos de fecha 17 de abril de 2017. A la fecha, sólo se han recibido los descargos de don Peter Bruno Studer y de don Vicente Aresti López, quienes por medio de presentaciones ingresadas con fecha 25 de abril y 04 de mayo del año en curso, respectivamente, señalaron en síntesis lo siguiente: a) Don Peter Bruno Studer: i. Solicita en lo principal rechazar el amparo por las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, requiriendo en forma subsidiaria, en el evento de acogerse el amparo, que la información que se decida entregar se limite únicamente a la investigación administrativa del caso, excluyendo, en consecuencia las actas de las declaraciones de don Peter Bruno Studer. ii. Al respecto señaló que con la entrega de lo requerido, se vulnera su derecho a la vida privada y a la protección de datos personales según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 21, de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 21 de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y Protección de Datos de Carácter Personal. iii. Lo requerido contiene una serie de datos de carácter personal que se encuentran amparados por la disposición citada toda vez que, por un lado, se trata de información que le concierne y que, por ende, cabe dentro de la esfera de su vida privada, que en caso de utilizarse o manipularse maliciosamente seguro afectará su honra, dignidad, prestigio y credibilidad, derivada de la publicación que, presumiblemente, conlleva la entrega de la información solicitada. iv. Además, del tenor de lo señalado en la letra f) del artículo 2° de la ley N° 19.628, la información contenida en un expediente administrativo como aquél que se solicita, califica dentro de lo que nuestra legislación ha definido como datos personales. Lo anterior, en la medida que los documentos contenidos en él, tales como, la formulación de cargos, los escritos de descargos, los instrumentos de prueba y, en especial, la resolución que impone una determinada sanción administrativa, contienen información relativa a personas naturales, identificadas o identificables y que, por tanto, se encuentra amparada por la protección entregada por el artículo 21 de la ley N° 19.628. v. Teniendo en cuenta el inciso primero del artículo 21 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida privada y dado que esta disposición tiene el rango de ley de quorum calificado en atención a lo establecido en el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia y la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política del Estado, se configura la causal de reserva establecida en el citado numeral 5° del artículo 21 de la Ley de Transparencia, debiendo rechazarse el amparo deducido por el solicitante Sr. Jara. vi. En definitiva, el artículo 21 de la Ley de Transparencia es un mandato de reserva; un llamado a todo ente público de guardar secreto sobre determinados actos administrativos, como ocurre con las condenas (multas) por infracciones administrativas cuya pena se encuentra cumplida, el que encuentra su fundamento la eliminación del estigma social con el cual una persona sancionada debe cargar una vez que su pena se encuentra prescrita o se ha cumplido; la posibilidad de desenvolverse en condiciones normales en la vida cotidiana y la posibilidad de reinsertarse socialmente. b) Don Vicente Aresti López: i. La publicidad, comunicación o conocimiento afecta sus derechos, en particular su esfera de la vida privada y derechos de carácter comercial y económico, de acuerdo al artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. La información requerida se presentó con el objeto de contribuir con la investigación iniciada por el SVS en el caso conocido como D&S- Falabella, en donde aportó información económica, comercial, bancaria, financiera y personal sensible para su negocio y reputación. Al ser una persona natural, esta información forma parte de su vida o esfera privada pues da cuenta de su situación personal, familiar y patrimonial que no debe estar en conocimiento público. ii. Los datos que aportó a la investigación de la SVS no son de carácter público al no constar en un registro de libre acceso, por lo que tales datos solo pueden ser tratados al interior de la SVS, específicamente para los fines concretos que motivaron su entrega, descartándose su cesión a terceros. Asimismo, el hecho de divulgar esta información afectaría su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, toda vez que los documentos aportados se dieron en el marco de la investigación llevada a cabo por la SVS; antecedentes que no tienen carácter de interés público, y que al contrario, son de estricto interés privado. iii. No procede la divulgación de la información solicitada pues infringe la reserva que exige una ley de quorum calificado (artículo 21 N° 5 de la ley N° 20.285). El articulo 1 ° transitorio de la ley N° 20.285 y la disposición 4° transitoria de la Constitución Política otorgan rango de ley de quorum calificado a la ley N° 19.628. iv. En atención al artículo 21 de la ley N° 19.628, los organismos públicos no podrán comunicar los datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, una vez cumplida o prescrita la sanción o la pena. Las normas citadas son atingentes desde que se trata de un proceso sancionatorio agotado, en el cual se le imputaron multas que siendo oportunamente reclamadas, fueron confirmadas por los Tribunales Ordinarios de Justicia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, antes de entrar al fondo del asunto, cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Transparencia, dispone que la solicitud de acceso, cuando se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente. No obstante ello, en el presente caso, el órgano reclamado no realizó comunicación alguna a los terceros interesados, evitando de esta manera, que éstos ejercieran sus derechos, de conformidad a la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 4°, inciso 1°, de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción a la precitada disposición. 2) Que, el presente amparo, tiene por objeto la entrega del expediente relativo al caso en que la SVS sancionó a determinadas personas por incumplimiento del deber de reserva y por el uso de información privilegiada, según se lee en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión. 3) Que, al efecto, el órgano denegó la entrega de lo solicitado, en virtud del artículo 21, de la ley N° 19.628, que dispone que "los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena". Por su parte, de conformidad a lo anotado en el numeral 5° de lo expositivo, los terceros se opusieron a la entrega de los antecedentes requeridos, manteniendo en lo sustantivo, una línea argumentativa similar al esgrimido por el servicio reclamado, alegando además la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. 4) Que, este Consejo, debe analizar la publicidad del expediente administrativo, que contempla diversa documentación, por medio del cual la SVS en el ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, por una parte, formuló cargos en razón de eventuales infracciones a las normas sobre mercado de valores y seguros y, por otra, impuso sanciones. Para ello cabe analizar el citado artículo 21 de la ley N° 19.628 -que data del año del 1999-, tanto a la luz de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, que consagra la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen; como en función de las normas establecidas en la Ley de Transparencia, que entró en vigencia en abril de 2009. 5) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 6) Que, en virtud de lo anterior, este Consejo ha sostenido en reiteradas ocasiones, que las resoluciones que imponen sanciones son públicas, por cuanto se trata de actos administrativos pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida -salvo en las hipótesis de reserva o secreto-. En tal sentido, si las resoluciones sancionatorias son públicas, de igual manera lo son los expedientes en que éstas se contienen, por cuanto cada una de sus piezas constituyen en conjunto, el cuerpo documental en virtud del cual se dictó la resolución respectiva. Es justamente por ello, además, que la Carta Fundamental, en su artículo 8°, inciso 2°, dispuso que no solo son públicos las resoluciones, sino también, "sus fundamentos y los procedimientos que utilicen", lo que en la especie viene a constituir el mismo expediente solicitado (énfasis agregado). 7) Que, siendo el régimen general el de la publicidad de los actos que emanan de la Administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Ley Fundamental, y en consideración a que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental implícitamente reconocido en el N° 12 del artículo 19 de la Carta Fundamental, el artículo 21 de la ley N° 19.628, habrá de interpretarse restrictivamente. Por lo pronto, no parece ajustarse a la necesidad de esa interpretación la conclusión de excluir del conocimiento público los actos administrativos que han impuesto sanciones, como el resto de los documentos que en conjunto constituyen el expediente administrativo solicitado, una vez cumplidas o prescritas estas, como resultado de entender que la revelación del expediente respectivo comprende el tratamiento de datos a que alude el referido artículo 21 de la ley N° 19.628. 8) Que, en efecto, la voz "tratamiento" contenida en la señalada disposición de la ley N° 19.628, no puede alcanzar a los actos administrativos, sus fundamentos o los procedimientos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos, distintos del expediente en particular, según expresamente lo señala el artículo 1° del cuerpo legal citado: "El tratamiento de datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetarán a las disposiciones de esta ley (...)". Además, ni el constituyente, ni el legislador han excluido expresamente a dichos actos sancionatorios, sus fundamentos ni sus expedientes, de la publicidad que rige a todos los actos administrativos, razón por la que en la situación de la especie, procederá su comunicación o entrega en cuanto no se advierte que su divulgación importe afectar alguno de los bienes jurídicos resguardados por las causales de reserva legal. 9) Que, de esa forma, y siguiendo con el razonamiento anterior, esta Corporación, por ejemplo, en las decisiones Roles C2082-13, C910-14 y C3265-15, entre otros, ha concluido que "debe efectuarse una interpretación del artículo 21 de la ley N° 19.628 que resulte armónica con los principios y normas que gobiernan la publicidad de los actos administrativos. Dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para los organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero no puede extenderse a la prohibición de conocer la sanción contenida en el acto administrativo que originalmente impuso la medida disciplinaria. Esta interpretación coincide con la práctica de, por ejemplo, excluir del certificado de antecedentes de una persona determinadas sanciones ya cumplidas, sin que ello conlleve el secreto de la sentencia judicial que la adoptó en su oportunidad. Así pues, es posible y necesario distinguir entre el tratamiento posterior de un dato que la ley considera caduco, de la publicidad que rige a los actos administrativos que originalmente impusieron la sanción que por el paso del tiempo, o su cumplimiento efectivo, devienen en dato caduco. En definitiva, el artículo 21 es un llamado a abstenerse de difundir un dato caduco, pero no un mandato de reserva absoluto sobre un acto administrativo". 10) Que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 3 de marzo de 2016, en causa Rol N° 13.562-2015 (sentencia confirmada por la Corte Suprema, rechazando la Queja que se interpuso al respecto, en causal Rol N° 16.628-2016), la que al efecto sostuvo que: "estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso". 11) Que, cabe además señalar, que respecto a la eventual afectación a los derechos de los terceros involucrados, se debe seguir lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 10 de enero de 2017, en causa Rol N° 4935-2016, quien razonó en su considerando undécimo, que: "(...) frente al principio general de publicidad de los actos administrativos que estatuye el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, la interpretación que ha de efectuarse a las causales legales de secreto o reserva debe ser restrictiva y, en este entendido, no resulta ajustado a dicha exégesis concluir al amparo de la causal 2° del artículo 21 de la Ley 20.285 la reserva de los testimonios que debieron ser y fueron considerados para la adopción de la decisión que sancionó a los señores (...), como infractores a la Ley de Mercado de Valores, por uso de información privilegiada, puesto que no se aprecia razonablemente como su publicidad, comunicación o conocimiento pudiere ilegítimamente afectar sus derechos de seguridad, salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, resultando paradójico que quien incurre en una actuación que el ordenamiento jurídico reprueba pueda, después de ser sancionado por ello, exigir al Estado que mantenga reserva respecto de los antecedentes que le permitieron tener por configurada la contravención, pues todos ellos resultan ser justificativos de la decisión administrativa, la cual evidentemente es y debe ser pública". 12) Que, siguiendo la lógica anterior, este Consejo ha señalado de manera reiterada, que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. Sin embargo, al tenor de lo expuesto, se debe señalar que las alegaciones del tercero interesado, más bien fueron de naturaleza genérica, no acreditando una afectación tal cuya identidad pueda dar luces de una expectativa razonable de daño a su vida privada, considerando sobre todo que, el expediente solicitado contiene los antecedentes que le permitieron a la SVS tener por configurada la contravención respectiva, pues, tal como precisó la Corte, todos ellos resultan ser justificativos de la decisión administrativa, la cual evidentemente es y debe ser pública. Por estas consideraciones, se desestimará tanto la solicitud principal como la subsidiaria presentada por el tercero interesado, anotada en la letra a), del numeral 5°, de lo expositivo. 13) Que, conforme a lo que se ha venido señalando y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, este Consejo procederá a rechazar las alegaciones formuladas por la Superintendencia y por el tercero que se opuso a la entrega de la información requerida, y acogerá el presente amparo, debiendo el órgano entregar los antecedentes requeridos, tarjando previamente, los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en la información que se ordena entregar, como el número de cédula de identidad, domicilio y teléfonos particulares, dirección de correo electrónico, estado civil, fecha de nacimiento u otros de dicha naturaleza, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la misma ley. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Sergio Jara Román en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros, en virtud de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión. II. Requerir al Sr. Superintendente de Valores y Seguros que: a) Entregue al solicitante, copia del expediente administrativo del caso D&S-Falabella, mediante el cual la SVS resolvió aplicar tres sanciones por incumplimiento del deber de reserva y cinco por uso de información privilegiada, originadas a raíz de la negociación de acuerdo de fusión de ambas sociedades, anunciado públicamente el 17 de mayo de 2007. Para lo anterior, se deberán tarjar previamente, los datos personales de contexto que puedan estar incorporados en la información que se ordena entregar, como el número de cédula de identidad, domicilio y teléfonos particulares, dirección de correo electrónico, estado civil, fecha de nacimiento u otros de dicha naturaleza. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Representar al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, la falta de aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, de conformidad a lo expuesto en el considerando 1°. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Sergio Jara Román, al Sr. Superintendente de Valores y Seguros, y a don Alejandro Irarrazabal Ureta, don Hans Eben Oyanedel, doña María Luisa Solari Falabella, don Peter Bruno Studer, Ana Laguna Galasso, don Marcel Zarour Atanacio, don Vicente Aresti Lopez y don Eugenio Eben Aresti, todos estos últimos en su calidad de terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.