<p>
</p>
<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C485-17</p>
<p>
Entidad pública: Superintendencia de Pensiones.</p>
<p>
Requirente: Nicol Mercado.</p>
<p>
Ingreso Consejo: 13.02.2017.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 778 de su Consejo Directivo, celebrada el 27 de febrero de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C485-17.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) Que, con fecha 13 de enero de 2017, doña Nicol Mercado realizó una solicitud ante la Superintendencia de Pensiones, en los siguientes términos: "En consideración de la amplia experiencia y cargo, solicito la siguiente información a don Raúl Acevedo Jilabert. a) Fundamentos, criterios técnicos y circunstancias que justificarían el uso del valor cuota del día hábil PRECEDENTE en los cambios de fondos de los afiliados del 27/09/2002 y 30/10/2002. b) Individualización de todas las operaciones de carácter contable de los fondos de pensiones, reguladas por normativa, para las cuales resulta necesario el uso del valor cuota del día hábil PRECEDENTE previa y posteriormente a las fechas anteriormente indicadas." (sic).</p>
<p>
2) Que, por medio de Oficio Ord. N° 2664, de 08 de febrero de 2017, la Superintendencia de Pensiones señaló que lo solicitado en el literal a) del requerimiento, esto es, el razonamiento utilizado en su momento por el organismo, no consta en soporte documental de ningún tipo, lo cual ya fue informado a la reclamante en ORD. N° 20.808, de 12 de agosto de 2016. En cuanto a lo requerido en el literal b), deniegan su entrega, atendido a la ambigüedad de lo solicitado, por cuanto son múltiples las interpretaciones que pueden darse respecto al término "operaciones de carácter contable de los fondos de pensiones"; no obstante, hacen presente a la solicitante, que el tipo de información requerida no se trata de antecedentes que correspondan ser entregados vía Ley de Transparencia, sino por medio del procedimiento general de consultas dispuesto por el organismo.</p>
<p>
3) Que, con fecha 13 de febrero de 2017, doña Nicol Mercado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en haber recibido respuesta negativa a su requerimiento. Expuso que lo solicitado consiste en: "...información contenida en la CABEZA DEL SEÑOR ACEVEDO JILABERT. Mi solicitud de información puede parecer extravagante, pero la Ley de Transparencia me faculta expresamente a solicitarla, porque esta Ley de Transparencia NO PRECISA FORMATO, SOPORTE, CLASIFICACIÓN, PROCESAMIENTO NI ORIGEN DE LA INFORMACIÓN..." (sic).</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, a fin de resolver la admisibilidad del amparo de la especie, primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si los si los hechos denunciados constituyen una infracción a la Ley de Transparencia.</p>
<p>
2) Que, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".</p>
<p>
3) Que, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la parte reclamante, se concluye que su comparecencia en esta instancia, no es a consecuencia de la falta de entrega de aquella información contenida en alguno de los soportes que señala el artículo 10 precitado. Ello por cuanto, lo íntegramente solicitado y reclamado -por cuanto no distingue-, se traduce en la petición de un pronunciamiento de parte del organismo, el cual debe ser emitido específicamente por el funcionario que individualiza, quien debe señalar los fundamentos respecto al uso de la cuota ya aludida, junto con singularizar las operaciones que describe en la solicitud, lo que no dice relación con el derecho de acceso a la información pública, sino que más bien corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, razón por la que no cabe pronunciarse respecto de ello en esta sede.</p>
<p>
4) Que, en relación a lo solicitado, resulta pertinente hacer presente a la reclamante el razonamiento desarrollado por este Consejo a propósito de la decisión amparo Rol C533-09, donde se estableció claramente que "...este Consejo estima que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según reza el inc. 2° del art. 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad. En este último caso la solicitud no está cubierta por dicha Ley sino que pasa a ser una manifestación del legítimo ejercicio del derecho de petición -establecido en el art. 19 N° 14 de la Carta Fundamental-, a tramitarse según las normas legales específicas que puedan existir o, en su defecto, según las disposiciones de la ya citada Ley N° 19.880, de 2003, atendido su valor supletorio. (Considerando 11°).</p>
<p>
5) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar un requerimiento en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.</p>
<p>
6) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que la parte recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado o a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, en particular, en sus artículos 5° y 10, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano, según lo preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por doña Nicol Mercado en contra de la Superintendencia de Pensiones, por las razones expuestas precedentemente.</p>
<p>
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Nicol Mercado y al Sr. Superintendente de Pensiones, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
<p>
</p>