Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C235-11

Reclamante:	CECILIA MORALES TAPIA
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo frente al rechazo de la entrega de información por parte de Carabineros de Chile, de copia de todos los informes recibidos en la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile, con motivo de la lesión de carácter grave ocasionada a su hijo, por parte de otro alumno, por tener el carácter de reserva o secreta. El Consejo estimó a revelación de los informes requeridos afectaría el debido funcionamiento de Carabineros de Chile, y el de su unidad encargada de ejecutar labores de inteligencia policial, de manera presente, probable y específica, pues los informes requeridos son elaborados por las unidades de inteligencia policial a efectos de seleccionar a quienes, a futuro, conformarán la dotación de Carabineros, en aras de la misión que le ha sido atribuida a dicha entidad, según se señaló, y que es especialmente delicada para la adecuada mantención del orden público y de la seguridad pública. Además estima que lo señalado entrañaría también la afectación de la seguridad de la nación, particularmente de la mantención del orden público y de la seguridad pública. (Con voto concurrente)
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/29/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C512-09 C35-11 C396-10 C652-10 C669-10
Jurisprudencia a:	C2384-18 C7734-19 C2202-13 C1587-13 C607-14 C281-15 C287-15 C4170-17 C7659-19 C8408-19
Recursos relacionados:	891-2011
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento administrativo >> Especiales >> Sumarios e investigación sumaria
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO C235-11 Entidad Publica: Carabineros de Chile Requirente: Cecilia Morales Tapia Ingreso Consejo: 28.02.2011 En sesión ordinaria N° 262 de su Consejo Directivo, celebrada el 8 de julio de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C235-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; lo dispuesto en la Ley N° 19.974, sobre Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia y, los D.S. N° 13/2009 y N° 20/09, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de diciembre de 2010, doña Cecilia Morales Tapia solicitó a Carabineros de Chile lo siguiente: a) Copia de todos los informes recibidos en la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile, en adelante e indistintamente, DIPOLCAR, de Santiago, por parte de la DIPOLCAR de Curicó, con motivo de la lesión de carácter grave ocasionada a su hijo, por parte de otro alumno, ambos del colegio San Ramón Nonato, su hijo en calidad de víctima, en tanto que el agresor está siendo formalizado por el delito de lesiones graves en agresión. b) Copia del informe que evacuó la DIPOLCAR de Santiago a raíz de la postulación de su hijo a Aspirante a oficial de Carabineros. Solicita lo anterior, con el objeto de presentarlos al Tribunal que conoce del caso, y con carácter de urgente, por existir una audiencia de formalización para el autor de las lesiones ocasionadas a su hijo. 2) RESPUESTA DE CARABINEROS DE CHILE: Mediante Resolución Exenta N° 41, de 17 de enero de 2011, de la Dirección de Planificación y Desarrollo del Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas de Carabineros de Chile, se dio respuesta a la solicitud de acceso, señalando lo siguiente: a) En relación a los informes aludidos en la solicitud de acceso, éstos se enmarcan dentro de una Declaración de Historial Personal, emanada de la DIPOLCAR, en virtud de la postulación que indica. b) En relación a los informes recibidos por la DIPOLCAR, éstos han sido previamente ordenados por dicha dirección para los determinados fines de su competencia, en el marco de la elaboración de una Declaración de Historial Personal, por tanto se ajustan las reglas de tramitación de esta documentación, así como el resto de los documentos que lo conforman. c) Que, por lo anterior, la información requerida tiene el carácter de secreta o reservada por mandato de la ley, según se expone a continuación: i. El artículo 5°, letra d) de la Ley N° 19.974, sobre Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, prescribe que el Sistema Nacional de Inteligencia “estará integrado por las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”. Agrega el inciso final de dicho literal que las “unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente.” ii. A su turno, el artículo 38 de la ley aludida, contenido en su Título VII denominado “Obligación de guardar secreto”, dispone que se considerarán como secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obran en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas. Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste le indique. iii. El artículo 38 aludido tiene el carácter de ley de quórum calificado para los efectos del artículo 8° de la Constitución Política de la República, siendo, por tanto, de aquellos secretos permitidos por el ordenamiento jurídico, por aplicación de la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política y el artículo 1° de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 20.285. iv. A mayor abundamiento, las funciones de las unidades dependientes de DIPOLCAR, así como ésta misma, dicen relación con materias que representan utilidad e interés para la comunidad entera, al tratarse de materias rectoras de la función policial y la selección de personal entre otros valores directamente relacionados con ésta misma, por tanto, develar la forma de proceder, así como las comunicaciones emanadas de éste alteran las funciones de normal desarrollo policial dentro del marco institucional generado por la Constitución Política así como las demás leyes relativas al desempeño de Carabineros de Chile. v. Sobre este respecto, es menester tener presente el denominado “test de daño”, aplicado en la decisión del amparo Rol A45-09, en la que se señala que éste se entiende incorporado en la Ley de Transparencia en su artículo 21. A su juicio, dicho test debe ser entendido como incorporado no sólo a este artículo sino además por el espíritu mismo de la ley, a su articulado completo entendido como su leitmotiv. Así, aplicado el precitado test, y en base a las consideraciones ya expuestas, se estima que develar el contenido de oficios pertenecientes a la DIPOLCAR que se generan en base a la Declaración de Historial Personal, produce un grave daño al correcto desempeño de la labor policial, al hacer perder la esencia misma de lo que la Inteligencia en materias policiales significa. Siendo finalmente este valor, de aquellos que no pueden ser transigidos en virtud de la transparencia. 3) AMPARO: El 28 de febrero de 2011, doña Cecilia Morales Tapia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en la infracción a los artículos 10, 11 y 17 a) de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos y artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, basado en lo siguiente: a) El 31 de agosto de 2010 su hijo sufrió agresiones por parte de un compañero de curso, lo que le ocasionó una fractura nasal, razón por la cual su esposo efectuó una denuncia a la Fiscalía Local de Curicó por el delito de lesiones graves en contra de su hijo. El colegio involucrado no efectuó la denuncia como lo establece la ley, sino que sólo adoptó una medida interna, la que tampoco fue cumplida, contexto en el cual fue presionada para el retiro de la denuncia aludida. Señala que el colegio en su declaración asumió una actitud de defensa y solidaridad respecto el alumno agresor, según documento que adjunta. b) Los hechos señalados cobran relevancia por cuanto ocurrieron mientras su hijo estaba postulando a Carabineros de Chile. De hecho, la DIPOLCAR de Curicó procesó el hecho descrito anteriormente y lo consideró en sus informes, toda vez que se le consultó por la agresión que sufrió su hijo, manifestándoles en respuesta que existían más información en la SIP y en la Fiscalía Local, ambas de Curicó. c) Con el propósito de presentar como medio de prueba del daño colateral en la audiencia de formalización, se solicitó la información procesada por la DIPOLCAR en relación a la agresión que fue objeto su hijo a la Fiscalía Local de Curicó. Sin embargo, dada la demora en su entrega, tomó contacto con la Dirección de DIPOLCAR, quien en una entrevista telefónica le manifestó la imposibilidad de entregarlos basado en la Ley de Inteligencia. Además, se le señaló que su hijo se encontraba involucrado en un proceso por riña y pendencia, situación esta última que no se ajusta a la realidad, según documentos que se acompañan (parte a la Fiscalía Local, Informe SIP y Causa Fiscalía Local) d) Por su parte el Departamento de Normas de Carabineros negó también la entrega de esta información, según documento que se acompaña. e) Lo anterior es del todo perjudicial, por el hecho de encontrarse en la base de datos de DIPOLCAR, antecedentes que no son efectivos, pero que por ser un organismo que reconoce la ley, los hace legítimos, situación del todo perniciosa para el devenir de su hijo, porque cualquier estamento con atribuciones para ello que le consulte a DIPOLCAR, se encontrará con estas anotaciones que no corresponden a la realidad, limitando con ello las posibilidades de su hijo. f) Además, existen defectos en la tramitación de su solicitud cuales son: i. Defectos de forma, por cuanto la resolución denegatoria comete un error en consignar su nombre, aludiendo a otra persona en calidad de solicitante. También se cometen errores de forma en la letra d) de los vistos, los que, si bien no son malintencionados y no afecta el fondo del asunto, igualmente resultan poco serios y, en consecuencia, con esa misma falta de pulcritud se ha cometido un error, que puede traer consecuencias para su hijo y familia. ii. Defectos de fondo: 1. Se consigna erróneamente el caso de su hijo como pendencia y riña, en tanto que la situación corresponde a una agresión, conforme a los antecedentes que en derecho procede. 2. La resolución denegatoria se funda en cuanto resquicio legal existe, sin embargo en ninguno de sus puntos ilustra respecto a los recursos a los que se puede acceder por la vía legal para impugnar lo resuelto, situación que podría constituir una arbitrariedad, de acuerdo a la evaluación y análisis por la autoridad correspondiente. Lo anterior infringe los principios de contradictoriedad, imparcialidad y el derecho establecido en el artículo 17, todos de la Ley N° 19.880. 3. El propio Departamento de Normas reconoce el interés que representan los informes que emite DIPOLCAR, premisa que confirma que los antecedentes registrados acerca de su hijo sí tiene gravitación al momento de la selección del personal, de ahí la importancia de limpiar tales antecedentes con informes verídicos, sobre la base de antecedentes concretos y tangibles. g) Con todo, solicita al Consejo para la Transparencia se le restablezca el legítimo derecho de poder limpiar el nombre de su hijo, para lo cual es menester conocer en qué contexto la DIPOLCAR de Curicó emitió los informes en cuestión, lo que permitiría presentar los antecedentes del caso para demostrar el intachable comportamiento de su hijo y dejar establecido que jamás estuvo involucrado en una riña o pendencia. Asimismo, ello le permitiría presentar al tribunal que conoce el caso los aludidos documentos para comprobar el daño causado por el agresor. h) Adjunta causa que sustancia el Tribunal e informes de personalidad de su hijo, para que se tenga cabal conocimiento de su comportamiento y ante la posibilidad de contrastar los antecedentes de DIPOLCAR. i) Solicita, además, se fije audiencia para aportar verbalmente otros antecedentes sobre los hechos narrados. j) Solicita que el Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas le entregue copia íntegra de todos los informes recibidos en DIPOLCAR de Santiago por parte de la DIPOLCAR de Curicó (existe conocimiento de que, a lo menos, fueron dos). k) Solicita que no se de a conocer el contexto de su presentación a la institución requerida, pues existe el legítimo temor que el organismo en cuestión al comprobar los yerros denunciados, pueda remediar la situación, quedando en secreto las actuaciones internas que no le permitirán acceder a la posibilidad de esclarecer la verdad. 4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Mediante Oficio N° 523, de 7 de marzo de 2011, el Director General de este Consejo, solicitó a la reclamante la subsanación de su amparo solicitándole lo siguiente: a) Copia de la solicitud de información y de la documentación que da cuenta del envío de la misma. b) Precisar la fecha y modo en que fue notificada la respuesta otorgada por Carabineros de Chile, adjuntando la documentación respectiva, si las tuviere. Mediante correo electrónico de 14 de marzo de 2011, la reclamante subsanó su amparo indicando, en síntesis, lo siguiente: a) Acompaña copia de la solicitud de información presentada a Carabineros de Chile. b) Hace presente que la reclamación no se fundamenta en que el órgano requerido no habría proporcionado, dentro del plazo legal, la información solicitada, como señala el Oficio N° 523. En efecto, lo alegado es que su hijo, siendo víctima de agresión, investigado por la SIP de Carabineros de Curicó como tal y caratulado por la Fiscalía Local como agresiones con resultado de lesiones graves, la DIPOLCAR procesa tal información como riña o pendencia, lo que no es efectivo. c) La resolución que deniega la información fue entregada a una funcionaria del Consejo para la Transparencia el 28 de febrero de 2011, personalmente, conjuntamente a una serie de antecedentes en una carpeta con 9 anexos. d) Reitera su solicitud de audiencia. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 715, de 21 de marzo de 2011, al General Director de Carabineros de Chile, quien, el 14 de abril del año en curso, a través del Ordinario N°123, evacuó sus descargos y observaciones, señalando lo siguiente: a) Sobre aspectos de forma señala lo siguiente: i. Efectivamente en el considerando N° 1 de la Resolución Exenta N° 41, de 17 de enero de 2011, se incurrió en un error de escritura citando incorrectamente el nombre de la requirente, situación de hecho que en nada altera el contenido dispositivo del mencionado acto administrativo. ii. En cuanto a la falta de información respecto de los recursos que la ley franquea a la reclamante en contra de las decisiones de Carabineros de Chile en materia de información pública, debe hacerse presente que se trata de recursos de derecho establecidos en la legislación vigente y que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° del Código Civil, la publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida por todos y será obligatoria. b) Sobre el fondo del asunto: i. En el contexto de una presunta agresión sufrida por su hijo por parte de un compañero de colegio, lo que originó una denuncia ante la Fiscalía Local y la respectiva orden de investigar, y, paralelamente, de la postulación del mismo para acceder como Aspirante a la Escuela de Carabineros, la reclamante planea que la DIPOLCAR habría calificado en forma errónea los hechos denunciados al catalogarlos como pendencia o riña y no de lesiones. ii. Los informes aludidos por la recurrente se encuentran elaborados para la confección de una Declaración de Historial Personal, emanada de la DIPOLCAR y en el ejercicio de sus atribuciones en virtud de la postulación a que se ha hecho referencia, y en cumplimiento de las disposiciones que regulan su accionar cual es la Ley N° 19.974, que aprueba el Sistema de Inteligencia de Estado, que establece el secreto de dichos informes, por cuanto han sido elaborados por un organismo de inteligencia. iii. Tal conclusión se encuentra avalada por lo establecido en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política, disposición cuarta transitoria del texto constitucional y artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley N° 20.285. iv. A mayor abundamiento, las funciones de las diversas unidades dependientes de la DIPOLCAR, así como de ésta misma, son, por tratarse de acciones vinculadas con la producción de inteligencia, materias que presentan utilidad e interés para la comunidad nacional toda, a cuyo servicio, precisamente se encuentra Carabineros de Chile, por lo que develar la forma de proceder de las entidades de inteligencia nacional, así como las comunicaciones emanadas de ésta alteraría las funciones y el normal desarrollo de su quehacer, lo que incluye, necesariamente, las acciones de inteligencia policial al interior de Carabineros de Chile dentro del marco institucional generado por la Constitución Política así como por las demás leyes relativas al desempeño de la institución. De lo anterior, se colige que una de estas materias es, sin lugar a dudas, el correcto desempeño de la función policial y la selección de personal que ha de cumplirla en resguardo de la ciudadanía. De este modo, aplicando el “test de daño”, se estima que develar el contenido de los oficios pertenecientes a DIPOLCAR, que se generan en base a la Declaración de Historial Personal, produce grave daño al correcto desempeño de la labor policial, al hacer perder la esencia misma de lo que la inteligencia en materias policiales importa. Siendo este valor, de aquellos que no pueden ser transigidos en virtud de la transparencia. v. Por lo demás, si el asunto que motiva la solicitud de acceso es la calificación del eventual hecho que investiga la Fiscalía Local de Curicó, habrá que estarse a lo que ella o el Tribunal de Garantía correspondiente determinen sobre la materia. En efecto, la forma como se caratulan las causas criminales son meramente referenciales, pues es el fallo el que en definitiva determina la existencia o no de un delito, de qué tipo de delito se trata y la participación criminal que ha cabido a sus ejecutores. 6) GESTIÓN ÚTIL: El 30 de mayo de 2011, mediante correo electrónico, se solicitó al enlace de Carabineros de Chile la remisión de los informes requeridos en el presente amparo a efectos de tenerlos a la vista para su adecuada resolución. Mediante correo electrónico de 1° de junio de 2011, el Jefe del Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas, señaló lo siguiente: “1.- Como se señalara en la respuesta dada al requirente de dicha información y en la informe al reclamo de amparo interpuesto por el mismo, la materia de que se trata se encuentra regulada por la Ley Nº 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que creó la Agencia Nacional de Inteligencia. 2.- El Artículo 38 de la referida ley dispone que “Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas”. 3.- Tales estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique, lo que en la especie no ha ocurrido. 4.- Se exceptúan de lo anterior, en conformidad al artículo Nº 39. de la referida normas, la entrega de antecedentes e informaciones que soliciten la Cámara de Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, o la Contraloría General de la República, en uso de sus respectivas facultades, los que se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del Interior, de Defensa Nacional y del Director de la Agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9º de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o por medio de oficios reservados dirigidos al organismo competente, según el caso. 5.- Que no encontrándose la solicitud planteada en ninguna de las hipótesis mencionadas, Carabineros de Chile se encuentra legalmente impedido de entregar la información solicitada.” 7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 252 de su Consejo Directivo, celebrada el 3 de junio de 2011, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, para los efectos de resolver acertadamente el amparo, acordó solicitar a Carabineros de Chile la remisión, dentro de los 5 días siguientes, de los informes emitidos por la DIPOLCAR de Curicó y Santiago, requeridos en la especie. Lo anterior bajo la reserva que establece el artículo 26 de la Ley de Transparencia. Mediante Oficio N° 264, de 4 de julio de 2011, el Jefe del Departamento de Información Pública y desarrollo de Normas de Carabineros de Chile, en respuesta a lo indicado, indicó a este Consejo lo siguiente: a) La materia de que se trata el presente amparo se encuentra regulada por la Ley N° 19.974, sobre Sistema de Inteligencia del Estado y que creó la Agencia Nacional de Inteligencia, que en su artículo 38 establece el secreto o reserva de antecedentes que obran en poder de los organismos que conforman tal sistema para todos los efectos legales, pudiendo el Director o Jefe respectivo eximir algún documento de dicho carácter. b) A su vez, el artículo 39 de la ley en comento, exceptúa de dicha reserva la entrega de antecedentes o informaciones solicitados por determinados órganos señalados en la misma norma, entre las cuales no se encuentra el Consejo para la Transparencia. c) Además dicha ley de quórum calificado se ha encargado de establecer los organismos competentes para solicitar la información, las vías para entregarla, materias en la que no se hace referencia al Consejo para la Transparencia, no pudiendo interpretarse que una ley de quórum simple como es la Ley de Transparencia, pueda haber modificado una de rango superior. d) De modo que no existiendo la autorización del Director de Inteligencia Policial para entregar tales antecedentes, Carabineros de Chile se encuentra legalmente impedido de entregar tal información. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, previo a analizar el fondo, resulta pertinente abordar la alegación de la reclamante que fue controvertida por el órgano reclamado, en orden a que éste último, en su respuesta denegatoria, no habría consignado los recursos que le franquea la ley en contra de las decisiones adoptadas por Carabineros de Chile. Sobre el particular, cabe hacer presente que, tal como se razonó en el considerando 1°), letra b), punto ii) de la decisión del amparo Rol C35-11, dando aplicación a los artículos 41 y 13 de la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, si bien la resolución denegatoria debe consignar los recursos que preceden en su contra, su omisión no afecta la validez del acto al no tratarse de un requisito esencial del mismo ni haber ocasionado perjuicio al interesado, razón por la cual se desechará la alegación planteada por la reclamante en este punto. 2) Que, en cuanto a las alegaciones de fondo, en primer término, cabe hacer presente que no compete a este Consejo pronunciarse acerca de la petición de recalificación jurídica de los hechos descritos por la reclamante, en los términos por ésta solicitados, dado que ello corresponde a las instancias jurisdiccionales competentes. Asimismo, tampoco es posible proceder por esta vía ni a través del amparo de la Ley de Transparencia, a partir de dicha recalificación, a rectificación alguna de documentación que obre en poder de un órgano de la Administración del Estado, de modo que sólo se abordará la solicitud de los informes recibidos y elaborados por la DIPOLCAR de Santiago, en relación con las circunstancias relatadas por la peticionaria, requerimientos que sí están amparados por la Ley de Transparencia, de acuerdo a lo previsto en los artículos 5°, 10 y 12 del mismo cuerpo legal. 3) Que, establecido lo anterior, cabe señalar que lo requerido en la especie son aquellos informes enviados por la DIPOLCAR de Curicó a la DIPOLCAR de Santiago sobre los hechos ocurridos en el Colegio aludido en la solicitud de acceso, y que se habrían traducido en una agresión, con resultado de lesiones graves, sufrida por su hijo, como también los informes elaborados por la DIPOLCAR de Santiago, con ocasión de la postulación del mismo en calidad de Aspirante a la Escuela de Carabineros. 4) Que, a modo de contexto, y para la adecuada inteligencia de la información requerida, deben tenerse a la vista las normas pertinentes que regulan el ingreso a la Escuela de Carabineros, las que se encuentran contenidas en la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; en el Decreto N° 412, de 1992, del Ministerio de Defensa, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, y el Reglamento Orgánico de la Escuela de Carabineros, aprobado por el D.S. N° 229, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, a saber: a) El artículo 9° de la Ley Orgánica de Carabineros de Chile dispone en su inciso 2° que “[…] la incorporación a la Planta de Carabineros de los Oficiales y del personal de nombramiento institucional sólo podrá hacerse a través de las Escuelas institucionales, con excepción de los oficiales de los escalafones de los servicios”. A su vez, el inciso 2° del artículo 15 del citado Decreto N° 412, de 1992, dispone que “[…] los subtenientes de Orden y Seguridad y de Intendencia serán designados exclusivamente de entre los aspirantes a oficiales egresados de la Escuela Ley 18.961, de Carabineros y su antigüedad se fijará de conformidad al promedio de notas obtenidas en los cursos”. b) Por su parte, el inciso primero del artículo 9° aludido precedentemente establece las condiciones o requisitos para pertenecer a la planta de Carabineros de Chile señalando como tales ser chileno; tener salud compatible con el ejercicio del cargo; haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo corresponde; no haber sido condenado ni encontrarse declarado reo por resolución judicial ejecutoriada en proceso por crimen o simple delito y no haber cesado en un cargo público por medida disciplinaria o calificación deficiente. Una norma de similar tenor está contenida en el artículo 14 del referido Decreto N° 412. c) El llamado a concurso para aspirantes a Oficiales de Carabineros de Chile se hará en forma anual (artículo 32 del Reglamento Orgánico de la Escuela de Carabineros); d) Los cursos de Aspirantes a Oficiales con la especialización de Orden y Seguridad de los Escalafones Masculino y Femenino, están destinados a la formación policial, profesional, científica y técnica de los Oficiales de la Institución y su duración mínima será de 3 años (artículo 20, inciso 1°, del Reglamento Orgánico de la Escuela de Carabineros); e) Para ingresar a los cursos de aspirante a Oficiales de Carabineros de Chile deben cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 33 del Reglamento en comento, entre los cuales resulta pertinente destacar el consignado en la letra l) "Acreditar conducta y honorabilidad personal y familiar intachables”. f) Los postulantes a Aspirantes son sometidos a exámenes de conocimientos, de capacidad física, psicológicos, una entrevista personal y un examen médico y dental (artículo 40, inciso 1°, del Reglamento Orgánico de la Escuela de Carabineros). g) La evaluación y ponderación de cada una de las pruebas mencionadas se hará de acuerdo a las normas que determine la Jefatura de Estudios y con la aprobación del Director del Plantel (artículo 42, inciso 1°, del Reglamento Orgánico de la Escuela de Carabineros). h) Corresponde a la Dirección de la Escuela seleccionar y resolver la aceptación de los postulantes a Aspirantes a Oficiales, considerando el mérito de sus antecedentes y puntajes finales de los exámenes de admisión (artículo 43 del Reglamento Orgánico de la Escuela de Carabineros). i) Se presumirá que no reúnen los requisitos para postular e ingresar a la Escuela como Aspirantes a Oficiales aquellos postulantes respecto de los cuales concurran las siguientes circunstancias, descritas en el artículo 36: i) Hayan sido eliminados de la Institución por cualquier causa o por renuncia o baja voluntaria; ii) Se hayan dedicado a negocios o actividades que puedan comprometer el prestigio institucional, y iii) Hayan sido eliminados de colegios, instituciones públicas, empleos u otras actividades por conducta indigna. 5) Que, si bien este Consejo no ha podido tener a la vista los informes requeridos en la especie, a causa de la negativa que respecto de su entrega ha planteado Carabineros de Chile —actitud que, en todo caso, le será representada a su General Director—, de los antecedentes del presente amparo puede colegirse que los informes emanados de la DIPOLCAR, tanto de Curicó como de Santiago, fueron elaborados en relación a un determinado postulante a Aspirante a Oficial de Carabineros de Chile, precisamente en el marco de su postulación a dicho cargo, con miras a determinar y evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto, particularmente aquel establecido en el artículo 33 letra l) del Reglamento Orgánico de la Escuela de Carabineros, ya transcrito, relacionado a aspectos conductuales del postulante y de su círculo familiar. La misma reclamada en sus descargos ha señalado que “…los informes aludidos por la recurrente se encuentran elaborados para la confección de una Declaración de Historial Personal, emanada de la DIPOLCAR y en el ejercicio de sus atribuciones, en virtud de la postulación a que se ha hecho referencia…”. 6) Que, por ello, es posible afirmar que tal documentación, en el caso sometido a análisis, habría servido de fundamento para que el Director de la Escuela de Carabineros de Chile adoptara la decisión de no admitir al postulante en los cursos de oficiales, de modo que constituyen el sustento o complemento directo de dicha medida, en los términos que establece el artículo 3° g) del Reglamento de la Ley de Transparencia, lo que implicaría su carácter público, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, a menos que concurriese alguna de las causales de reserva previstas en el artículo 21 del mismo cuerpo legal. 7) Que respecto de dicha información Carabineros de Chile invocó la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, vinculada a la causal de reserva prevista en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, sobre el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, publicada en el Diario Oficial el 2 de octubre de 2004. Esta última disposición señala lo siguiente: “Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas. Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique. Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios.” 8) Que, de acuerdo a la norma transcrita precedentemente, serían reservados los antecedentes, informaciones y registros que elaboren u obren en poder de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia —calidad que tiene la DIPOLCAR, por ser parte integrante de dicho Sistema— o de su personal. El mismo carácter tendrían los otros antecedentes de que tome conocimiento su personal en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas, pudiendo sólo el Director o Jefe respectivo levantar la reserva de esta información. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 del mismo cuerpo legal la reserva establecida no sería oponible a los órganos que indica dicha norma —como los Tribunales de Justicia o el Ministerio Público—, los que tendrán acceso a dichos antecedentes en la forma prevista en tal disposición. 9) Que, conforme a la jurisprudencia emanada de este Consejo, el artículo 8° de la Carta Fundamental, en su inciso 2°, así como el artículo 21 de la Ley de Transparencia, exigen la afectación de los bienes jurídicos que indica para justificar que la Ley pueda establecer hipótesis de reserva o secreto. El vocablo “afectare” es claro en cuanto a que debe causarse un perjuicio o daño al bien jurídico si se divulga la información, de manera que no basta sólo que aquélla se “relacione” con éste o que le resulte atingente para que el legislador pueda mantener tal información en secreto o reserva. 10) Que dado que el el artículo 38 de la Ley N° 19.974, aprobada y publicada en 2004, es una disposición vigente, pero dictada con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050, de 2005, que modificó el artículo 8° de la Constitución, debe darse aplicación al artículo 1° Transitorio de la Ley de Transparencia, según la cual “(…) de conformidad a la disposición Cuarta Transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política”. En consecuencia, la ficción que da por cumplido este quórum —exigido por la Constitución para validar las hipótesis legales de reserva— exige determinar que dicho artículo 38 se ajusta a alguna de las causales de reserva del texto constitucional vigente. Así ha operado este Consejo en casos semejantes, por ejemplo, tratándose de lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en las decisiones recaída en los amparos Roles C512-09, de 15.01.2010, y C652-10, de 23.11.2010, cuyo criterio ha sido ratificado por la resolución del recurso de reposición presentado contra la decisión C396-10, de 7 de enero de 2011, y por la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol 2275-2010, de 23.11.2010. 11) Que, por tanto, en la especie, para verificar la hipótesis de reserva es menester determinar si la divulgación de la información solicitada puede afectar negativamente alguno de los bienes jurídicos que el artículo 8° de la Constitución ampara –el debido cumplimiento de las funciones del órgano de que se trate, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional– de manera presente, probable y específica, lo que se presume sino que debe ser acreditado por los órganos administrativos, de modo que los daños que la publicidad provocaría a los bienes mencionados sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad (Criterio reconocido en decisiones Roles A1-09, de 23 de junio de 2009, A39-09, de 19 de junio de 2009, y A45-09, de 28 de julio de 2009 y C669-10, de 2 de noviembre de 2010). En otras palabras, debe analizarse de qué modo la divulgación de los informes elaborados por la DIPOLCAR –organismo del Sistema Nacional de Inteligencia– en el marco del proceso de selección y admisión de postulantes aspirantes a la Escuela de Oficiales de Carabineros puede afectar alguno de estos bienes jurídicos. 12) Que, en este sentido, al invocar la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia vinculada al artículo 38 de la Ley N° 19.974, Carabineros de Chile señaló en sus descargos que “…las funciones de las diversas unidades dependientes de la DIPOLCAR, así como de esta misma, son, por tratarse de acciones vinculadas con la producción de inteligencia, materias que presentan utilidad e interés para la comunidad nacional toda, a cuyo servicio, precisamente se encuentra este organismo, por lo que develar la forma de proceder de las entidades de inteligencia nacional, así como de las comunicaciones emanadas de ésta, alterarían las funciones y el normal desarrollo de su quehacer, lo que incluye, necesariamente, las acciones de inteligencia policial al interior de Carabineros de Chile dentro del marco institucional generado por la Constitución Política así como por las demás leyes relativas al desempeño de este Institución. De lo anterior se colige que una de estas materias es, sin lugar a duda, el correcto desempeño de la función policial y la selección de personal que ha de cumplirla en resguardo de la ciudadanía”. Agrega en la misma presentación que “…es menester tener presente el denominado «test de daño», y en base a las consideraciones expuestas se estima que develar el contenido de oficios pertenecientes a la DIPOLCAR que se general en base a la Declaración de Historial Personal, produce un grave daño al correcto desempeño de la labor policial, al hacer perder la esencia misma de lo que la Inteligencia en materias policiales importa. Siendo finalmente este valor, de aquellos que no pueden ser transigidos en virtud de la transparencia”. 13) Que de lo anterior se colige que tales alegaciones se dirigen a afirmar que se produciría una afectación al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile, en particular de su Dirección Nacional de Inteligencia Policial, al divulgarse la información solicitada, por tratarse ésta, en definitiva, de antecedentes producidos en ejercicio de actividades de inteligencia policial, los que se encontrarían cubiertos por la reserva prevista en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, por la sola circunstancia de obrar o ser generada por un organismo que conforma el Sistema Nacional de Inteligencia. 14) Que, como primer punto, ha de analizarse la posible afectación al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile que provocaría la divulgación de los informes elaborados por la DIPOLCAR en el contexto del proceso de selección de aspirantes a la Escuela de Carabineros. Para ello debe tenerse en cuenta que: a) Carabineros de Chile desarrolla una función de inteligencia policial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, inciso 1°, de la Ley N° 19.974, actividad que, de acuerdo a su inciso 2° “Comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior”. b) Carabineros de Chile cuenta con una Dirección Nacional de Inteligencia, DIPOLCAR, que según el artículo 5° de la Ley N° 19.974 es una de las entidades que conforma el Sistema Nacional de Inteligencia1 y que está a cargo de ejecutar las labores de inteligencia policial de esta institución. c) De este modo, la información elaborada o en poder de la DIPOLCAR puede considerarse como incluida en la función de inteligencia policial en la medida que se obtenga del procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que, de cualquier manera, afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior. 15) Que, en el contexto indicado, a juicio de este Consejo la revelación de los informes requeridos afectaría el debido funcionamiento de Carabineros de Chile, y el de su unidad encargada de ejecutar labores de inteligencia policial, de manera presente, probable y específica, pues: a) Los informes requeridos son elaborados por las unidades de inteligencia policial a efectos de seleccionar a quienes, a futuro, conformarán la dotación de Carabineros, en aras de la misión que le ha sido atribuida a dicha entidad, según se señaló, y que es especialmente delicada para la adecuada mantención del orden público y de la seguridad pública. b) Resulta plausible que el análisis de las circunstancias personales de los candidatos —a efectos de acreditar si reúnen una conducta y honorabilidad personal y familiar intachables— requiera en algunos casos de juicios que exijan un carácter reservado. En efecto, la exposición de estos análisis al escrutinio de terceros puede entrañar un cambio de la manera en que se ejercen estas labores de inteligencia al interior de las unidades establecidas al efecto, impacto que debe considerarse en la especie atendida las especiales funciones de que se tratan y las finalidades que obedecieron su establecimiento normativo. Esto frustraría el propósito de tales análisis e informes y les quitaría utilidad, por lo que es razonable darles carácter secreto. 16) Que, como segundo punto, este Consejo estima que lo señalado entrañaría también la afectación de la seguridad de la nación, particularmente de la mantención del orden público y de la seguridad pública, bienes jurídicos protegidos en la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°3 de la Ley de Transparencia, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2° de la Constitución Política. 17) Que, por lo anterior, se rechazará el amparo presentado por doña Cecilia Morales Tapia, por concurrir en la especie las casuales de reserva previstas en el artículo 21 N° 5, en relación al artículo 38 de la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que Crea la Agencia Nacional de Inteligencia y aquella prevista en su numeral 3, en relación a la seguridad de la nación, según se señaló. 18) Que, sin perjuicio de todo lo señalado, dado que los informes requeridos corresponden a información relativa al hijo de la peticionaria es evidente que, respecto del presente amparo, este último tiene la calidad de tercero involucrado. Dado que parece claro que la documentación pedida contiene información relativa al ámbito de la vida privada de este tercero —y datos personales de que es titular— el organismo reclamado debía notificarle esta solicitud de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a menos que la reclamante hubiese acreditado la representación o mandato de su hijo a efectos de obtener esta información en su nombre, lo que no hizo. De allí que deba igualmente rechazarse este amparo al carecer la reclamante de la legitimidad activa para acceder a la información cuya denegación se ha controvertido en esta sede. 19) Que sin perjuicio de lo que se ha resuelto este Consejo, igualmente, representará al Director General de Carabineros de Chile el grave entorpecimiento al desarrollo de la labor que la ley ha encomendado a este Consejo su sistemática negativa a proporcionar la información requerida en el marco de la tramitación del presente amparo, pues ello implica desconocer el deber de colaboración previsto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, aún cuando se le previno expresamente que la información se analizaría bajo la reserva del artículo 26 de la Ley de Transparencia. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el presente amparo interpuesto por doña Cecilia Morales Tapia en contra de la Carabineros de Chile, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente acuerdo II. Encomendar al Director General de este Consejo que notifique la presente decisión a doña Cecilia Morales Tapia y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. <h3> VOTO CONCURRENTE</h3> La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos quien, si bien fue de la opinión de rechazar el presente amparo por lo señalado en el considerando 18°, estima que del análisis de los antecedentes que obran en el presente amparo la información solicitada se enmarca dentro de un proceso de reclutamiento de personal al interior de un órgano de la Administración del Estado y no dentro de la función de inteligencia policial, sin que parezca que el daño que provocaría su revelación reúna las condiciones que exige este Consejo para que sea secreto. Por el contrario, conocer tales informes daría más transparencia a este proceso y permitiría que la persona afectada pudiera conocer la razón por la que no fue admitida, cuestión que a su juicio debe ser pública en tanto fundamento de una decisión, a la luz del artículo 8° de la Constitución y el artículo 5° de la Ley de Transparencia, salvo que el informe en concreto contuviese antecedentes que afectasen la mantención del orden público y de la seguridad pública, cuestión que en este caso no ha podido advertirse al no enviar Carabineros dicha información y que debería haberse acreditado, en concreto, por la institución reclamada. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.