Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C553-17

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Reclamante:	MATÍAS JARA HERNÁNDEZ
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a "los documentos que tengan la información respecto de las instituciones fiscalizadas por esta Superintendencia y que hayan cometido infracciones, desglosadas por nombre de establecimiento, comuna, tipo de infracción (leve, menos graves y graves) y número de infracciones, entre los años 2014, 2015 y 2016. Además, agregar al desglose el número de sanciones que el colegio ha recibido en total". Solicita la información en formato Excel. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no acreditó la causal de reserva invocada por el órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/15/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C3611-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C553-17 Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar Requirente: Matías Jara Hernández Ingreso Consejo: 17.02.2017 En sesión ordinaria N° 807 del Consejo Directivo, celebrada el 13 de junio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C553-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de enero de 2017, don Matías Jara Hernández solicitó a la Superintendencia de Educación Escolar "los documentos que tengan la información respecto de las instituciones fiscalizadas por esta Superintendencia y que hayan cometido infracciones, desglosadas por nombre de establecimiento, comuna, tipo de infracción (leve, menos graves y graves) y número de infracciones, entre los años 2014, 2015 y 2016. Además, agregar al desglose el número de sanciones que el colegio ha recibido en total". Solicita la información en formato Excel. 2) RESPUESTA: Por medio de Resolución Exenta N° 159, de 16 de febrero de 2017, el órgano denegó la información solicitada en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En síntesis, se indica que la información pedida corresponde a una solicitud de carácter genérico, que comprende el procesamiento de datos de un total de más de 82.154 actas de fiscalización procesadas o cerradas, entre los años 2014, 2015 y 2016, cuestión que provocaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones. 3) AMPARO: El 17 de febrero de 2017, don Matías Jara Hernández dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento. El reclamante expone que, si bien lo requerido corresponde a información estadística, podría aceptar la entrega de las 82.154 actas en formato digital para efectuar la revisión de manera personal. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación Escolar, mediante Oficio N° 2.204, de 28 de febrero de 2017. Mediante Ord. 10DJ N° 439, de 15 de marzo de 2017, la Superintendencia reclamada presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) Respecto a la posibilidad de hacer entrega, en forma digital, de las actas de fiscalización referidas a la materia del reclamo, niega la posibilidad de ello, ya que para dicho efecto, debería efectuar la revisión de un número mayor de actas de fiscalización y se debiera efectuar el siguiente cruce de información: i. Encontrar todas las actas de fiscalización generadas entre 2014 y 2016. Estos documentos son los registros que generan los fiscalizadores de las observaciones que encuentran en los establecimientos educacionales, las que pueden concluir sin observaciones, con observaciones subsanables y con observaciones, que pueden generar procesos administrativos en los que incluso los establecimientos pueden ser sobreseídos. ii. Identificar los casos en que se dio origen a un proceso administrativo y cuáles de éstos se iniciaron según el programa de fiscalización. iii. Identificar la región a la que pertenece cada proceso. iv. Enviar el listado de procesos a la región correspondiente para determinar si éstos se encuentran firmes y ejecutoriados. Esta información no se encuentra en bases de datos, por lo que cada fiscal debe revisar manualmente la información. v. En caso que el proceso se encuentre firme y ejecutoriado se puede, en principio, proceder a la entrega de información. Sin embargo, en aquellos casos en que el proceso se encuentre en curso, no es factible entregar ni el acta ni ningún otro antecedente ya que, durante el desarrollo de las distintas instancias, se podría aplicar una sanción, se podrían presentar recursos y podrían ser modificadas las sanciones de primera y/o segunda instancia. Por lo anterior, se configura respecto de dicha información la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia. b) Respecto a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, tras una nueva revisión de la información solicitada, y en aplicación del principio de divisibilidad, indican que podrían remitir los siguientes antecedentes de los establecimientos fiscalizados: nombre, RBD, comuna, y, número de fiscalizaciones realizadas a cada uno de ellos, entre 2014 y 2016. c) En relación al resultado de las fiscalizaciones, no es posible entregar la información, ya que para generar dicho resultado, existe un solo funcionario de la División de Fiscalización, de la Dirección Nacional de la Superintendencia que debe procesar datos correspondientes a un total de más de 82.154 actas, considerando sólo aquellas procesadas o cerradas, entre 2014 a 2016, dejando fuera a aquellas que actualmente se encuentran en tramitación y están pendientes de resolución. Y CONSIDERANDO: 1) Que lo requerido corresponde a información estadística sobre instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Educación y que hayan cometido infracciones, entre los años 2014 a 2016, desagregada por establecimiento educacional, comuna, tipo de infracción, número de infracciones, y desglose del número total de sanciones recibidas por cada establecimiento. Al efecto, y tratándose de materias que constituyen el objeto esencial del órgano reclamado (artículo 48 de la ley N° 20.529, de 2011), esta información obra en poder del Servicio y ha sido elaborada con presupuesto público, por lo que en virtud lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva. 2) Que el fundamento del presente amparo se circunscribe a la denegación de la información requerida por configurarse en la especie, la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado. 5) Que a fin de ponderar la causal de reserva expuesta, resulta procedente atender al volumen, naturaleza y origen de la información solicitada. En la especie, respecto a la naturaleza y origen de la información requerida, debe indicarse que según lo prescrito en la ley N° 20.529, de 2011, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización "El objeto de la Superintendencia será fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante "la normativa educacional". Asimismo, fiscalizará la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos subvencionados y que reciban aporte estatal y, respecto de los sostenedores de los establecimientos particulares pagados, fiscalizará la referida legalidad sólo en caso de denuncia. Además, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá las denuncias y reclamos de éstos, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda (artículo 48). Para el ejercicio de la potestad fiscalizadora, la Superintendencia posee las siguientes atribuciones: "i) Formular cargos, sustanciar su tramitación y resolver los procesos que se sigan respecto de todos los incumplimientos o infracciones a la normativa educacional, así como de los que conozca por la vía de denuncias del público o por denuncia que formule el Ministerio de Educación u otros órganos públicos; y, l) Imponer las sanciones correspondientes por infracción a la normativa educacional, así como aquellas que proponga la Agencia". (artículo 49). Por lo anterior, conforme la normativa citada, la información requerida obra en poder de la reclamada por mandato legal y forma parte del objeto esencial de la Superintendencia de Educación. 6) Que respecto al volumen de la información requerida, el órgano ha informado genéricamente que la entrega de lo requerido implicaría el procesamiento de datos correspondientes a un total de más de 82.154 actas de fiscalización procesadas o cerradas, lo que provocaría la distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones. En particular, indica que dicho procesamiento de datos es realizado por la División de Fiscalización, de la Dirección Nacional de la Superintendencia, que actualmente cuenta con un funcionario. Al efecto, tras análisis y revisión de la solicitud de información y las atribuciones legales del Servicio sobre la materia, a la luz de los criterios ya fijados, este Consejo estima que las alegaciones del órgano no han sido suficientemente fundadas ni revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada ni configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sobre el particular, se debe precisar que el requerimiento se circunscribe a información estadística que el órgano debe poseer a efectos de ejercer eficientemente la potestad fiscalizadora y sancionadora que le ha encomendado la ley. Al efecto, ni en su respuesta ni en los descargos evacuados en esta sede, el órgano se pronunció sobre el tiempo estimado o costo de oportunidad referido a atender esta solicitud, sin precisar, por ejemplo, las horas hombre destinadas a dichas funciones en razón de esta solicitud. Por último, tampoco se han mencionado las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente, haciendo meras alegaciones generales sobre el particular, las que serán desestimadas. 7) Que por lo razonado precedentemente, y teniendo especialmente presente que la información requerida corresponde al objeto principal de la Superintendencia reclamada, este Consejo desestimará la causal de reserva invocada para denegar la entrega de la información pedida, y en definitiva, acogerá el presente amparo, ordenando a la Superintendencia de Educación entregar al reclamante la nómina de instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Educación y que hayan cometido infracciones, entre los años 2014 a 2016, desagregada por establecimiento educacional, comuna, tipo de infracción, número de infracciones, y desglose del número total de sanciones recibidas por cada establecimiento. 8) Que finalmente, con todo, y atendido que la función principal del órgano reclamado viene dada por su rol de organismo fiscalizador, por lo que resultan anacrónicas las alegaciones referidas a que los procedimientos de fiscalización no se encuentren automatizados o recogidos en una base de datos única, integral y que permita un fácil acceso, incluso, para sus propios funcionarios, teniendo en consideración que se trata de una institución en funcionamiento desde el año 2012 y que cumple un rol de evidente interés público, respecto de las políticas de gobierno en materia de educación y el uso de los recursos fiscales, este Consejo reiterará la representación al Sr. Superintendente de Educación (ya formulada a propósito del amparo Rol C3611-16) sobre el hecho de no poseer un mecanismo de gestión documental en el cual se contenga la información solicitada de manera sistematizada, recomendándose adoptar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder, teniendo especialmente en cuenta las competencias y funciones encomendadas por la ley al órgano reclamado, en particular respecto de la información que debe mantener permanentemente a disposición de la comunidad escolar. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Matías Jara Hernández, de 17 de febrero de 2017, en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación Escolar: a) Hacer entrega al reclamante de la nómina de instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Educación Escolar y que hayan cometido infracciones, entre los años 2014 a 2016, desagregada por establecimiento educacional, comuna, tipo de infracción, número de infracciones, y desglose del número total de sanciones recibidas por cada establecimiento. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Superintendente de Educación Escolar el hecho de no poseer un mecanismo de gestión documental en el cual se contenga la información solicitada de manera sistematizada, recomendándose adoptar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder, especialmente la referida a su rol esencial de organismo fiscalizador. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Jara Hernández y al Sr. Superintendente de Educación Escolar. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.