Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C560-17

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Reclamante:	MAURICIO NUÑEZ NUÑEZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE)
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia e documentos electrónicos almacenados sistema de gestión documental, considerando los documentos escaneados almacenados en sistema Alfresco, como los documentos de tipo electrónico almacenados en el sistema Sgdoc, incluyendo en ambos casos los metadatos y datos en tablas accesorias que permitan reconstituir el proceso de generación y tramitación de los respectivos documentos. El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra c de la Ley de transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/16/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo)

DECISIÓN AMPARO ROL C560-17 Entidad pública: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) Requirente: Mauricio Núñez Núñez Ingreso Consejo: 17.02.2017 En sesión ordinaria N° 808 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de junio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C560-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 05 de enero de 2017, don Mauricio Núñez Núñez solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en adelante también denominada SUBDERE, la siguiente información: Copia de documentos electrónicos almacenados sistema de gestión documental, considerando los documentos escaneados almacenados en sistema Alfresco, como los documentos de tipo electrónico almacenados en el sistema Sgdoc, incluyendo en ambos casos los metadatos y datos en tablas accesorias que permitan reconstituir el proceso de generación y tramitación de los respectivos documentos. Se deben excluir los documentos y metadatos asociados a información definida explícitamente como reservada. Adicionalmente entregar los códigos fuentes de los sistemas asociados, que permitan navegar sobre los respaldos mencionados en el párrafo inicial. Excluida información de contraseñas de usuarios. 2) RESPUESTA: El 27 de enero de 2017, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo respondió a dicho requerimiento de información mediante ordinario N° 266, de misma fecha, señalando, en síntesis, que: El código fuente contiene registros sensibles cuya entrega pone en riesgo la seguridad de la información relativa al ámbito de competencia de la SUBDERE, como por ejemplo, información no encriptada, sensible debido a errores de las aplicaciones, usuarios y claves de acceso con privilegios delegados, direccionamiento de IP internas de servidores, entre otros. Como la información está expuesta a internet, ésta puede ser usada para vulnerar la seguridad del Servicio, por ejemplo a través de la manipulación de cookies de autenticación sobre aplicaciones, modificación, remisión o alteración de la integridad de la información sensible o explotación de vulnerabilidades servidores reveladas en el código fuente, entre otros. Además, la SUBDERE ha entregado el sistema Sgdoc a otros organismos públicos, previo convenio donde se fijan de manera taxativa los derechos y obligaciones entre las partes, por ende su entrega podría afectar la seguridad de otros organismos públicos. En el mismo sentido las revisiones del código fuente de la aplicación para tachar la información sensible anteriormente descrita, requeriría de un esfuerzo mayor de los funcionarios de la Subsecretaría y detendría el desarrollo normal de las aplicaciones que soportan las funciones de esta cartera, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, al tratarse de antecedentes cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Respecto del sistema Sgdoc, se configura la misma causal, pues en éste se mantiene información institucional desde el año 2008 a la fecha y tratar de seleccionar la información que no es sensible requeriría destinar muchas horas hombres. 3) AMPARO: El 17 de febrero de 2017, don Mauricio Núñez Nuñez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además el reclamante señala que el sistema Sgdoc dispone de una opción para indicar si un documento tiene el carácter de reservado o no con un apoyo de una base de datos relacional que facilite la extracción de la información requerida. Respecto de los códigos fuentes duda que la SUBDERE no tenga claramente identificada la información de sus servidores, ya que si la información ha sido entregada a otras instituciones, se debió borrar la información sensible. Menciona el convenio celebrado entre la SUBDERE y la Agencia de Cooperación internacional de Chile (AGCI), en el cual se contempla que la adecuación del sistema puede ser encomendado a terceros lo que supone entregar los códigos fuentes, sin que se mencionen resguardo de seguridad, sino únicamente prohibición de reproducción y venta por terceros, entre otras estipulaciones. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° 2206, de 28 de febrero de 2017, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Desarrollo Regional Y Administrativo. Mediante ordinario N° 0666, de 22 de marzo de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que: Esta Subsecretaría gestiona y administra una extensa base de datos, variable en cuanto a la materia, extensión, vigencia y tipo de información, incluida aquella que posee un carácter sensible. Indica que respecto de la información requerida se configura la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, atendido el carácter genérico de la misma y cuya atención requeriría distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales, atendido que en el sistema de gestión documental de la Subsecretaría existen aproximadamente 750.000 archivos, divididos en resoluciones, memorandos y un gran elevado número de documentos adjuntos que sustentan diversos procesos, en los cuales se contiene información sensible, sin que resulte posible desagregarla o clasificarla a través del sistema como indica el solicitante. Así las cosas, la información requerida no se resume en una mera extracción de información desde la base de datos, sino de un análisis y sistematización de cada uno de los documentos integrantes del sistema, no siendo posible determinar a priori la existencia de información sensible en cada uno de ellos, cuya entrega, implicaría revisar una a una la información que se encuentra digitalizada, lo que obligaría al organismo a destinar tiempo excesivos de la jornada de sus funcionarios a la atención de este requerimiento, exigiendo una dedicación desproporcionada a estas labores, cuyo volumen a revisar, alcanza una cifra de 83.000 resoluciones, 126.000 memorandos y 542.284 documentos adjuntos o anexos, almacenados en diversos formatos doc., pdf., xls., rar., zip., entre otros. Asimismo, la extensión de cada uno de estos documentos es variable, dependiendo de la materia que se trate, pudiendo existir documentos con una sola página y otros de más de 500, todo lo cual demandaría una gran labor al departamento de informática, compuesto solo por 2 profesionales, quienes tendrían que destinar horas extraordinaria de sus labores habituales para el cumplimiento de esta gestión. Mediante un cuadro explicativo se grafica el universo de información que habría que revisar y el tiempo a destinar: de 751.000 documentos, 262 días hábiles para la revisión de memorandos; 172 días hábiles para las resoluciones y cerca de 1.694 días hábiles para los documentos adjuntos, además de un total de 559 archivos comprimidos en formatos rar y zip contenidos en la base de datos del sistema, los que también deberían ser revisados individualmente para determinar su contenido. En cuanto a la entrega de los códigos fuentes reitera los argumentos esgrimidos en la respuesta entregada al solicitante, y en particular invoca la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, dados los esfuerzos que requería la búsqueda, clasificación y entrega de los documentos requeridos, lo cual supondría una carga especialmente gravosa, que atentaría contra la operatividad de los sistemas y las plataformas fundamentales de la Subsecretaría, distrayendo a los profesionales del departamento de informática de su labores propias, impidiendo llevar a cabo la mantención del sistema y de continua asistencia técnica a las diversas unidades y departamentos, todo lo cual entorpecería la debida atención a las funciones públicas propias del Servicio, lo cual recaería en los programas desarrollados a lo largo de todo el país con los municipios, gobiernos regionales y organismo sectoriales. A mayor abundamiento, señala que si bien desde un comienzo el sistema fue diseñado para trabajar en la intranet, y a pesar de que se ha mantenido por años una constante mejora del software, existen todavía configuraciones contenidas directamente en los códigos fuentes, cuyo mayor riesgo de su entrega se evidencia en la posibilidad que el sistema pueda ser hackeado o saboteado, lo cual tendría un gran impacto para la Subsecretaria, ya que el sistema se encuentra integrado con subsistemas y plataformas fundamentales para las operaciones con los municipios del país, la integración SIGFE, con la generación de webservices y cargas verticales en xml, según sea el caso. 5) GESTION OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso, mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2017, se requirió al órgano remitir la siguiente información: a) Precisar cuántos códigos fuentes existen asociados a los sistemas consultados; b) Indicar si éstos son de desarrollo propio o de elaboración de terceros. En caso de corresponder a elaboración de terceros, indicar nombre de empresas y datos de contacto de las mismas. Mediante los correos electrónicos de fecha 17 y 30 de mayo de 2017, la Subsecretaría respondió, en síntesis en los siguientes términos: En relación a los códigos fuentes señaló que el sistema de personal y recursos humanos asociados al sistema Sgdoc, fue donado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Respecto de los demás sistema indicó que, en el caso de las empresas AGILE y EXE, SUBDERE contrató el desarrollo y mejoras evolutivas en el tiempo para el sistema Sgdoc, por ello, las empresas como resultado de sus respectivas consultorías entregan piezas de código fuente que pasan hacer parte integral del código del Sgdoc, de manera interna, no siendo fácil determinar o desacoplar que parte del código son de las empresas y que parte fueron desarrollados por SUBDERE, además, este código fuente completo debe ser compilado, generando un programa ejecutable que es el aplicativo final que permite que funcione u opera adecuadamente. En el caso de la empresa EXE sus intervenciones y funcionalidades son mucho más grandes y complejas de determinar considerando que existieron dos vínculo contractuales con SUBDERE, el primero entre el año 2007 al 2008, y luego durante el año 2014. En relación a la empresa ZEKE e INFO2000, hoy INTELLEGO, corresponde a sistemas o plataformas que se integran con Sgdoc, vía servicios web o directamente en las bases de datos, en este caso la integración es menos compleja de determinar o intervenir, no obstante en código fuente de Sgdoc, hay clases o parte del código que permiten el ingreso a los sistemas que fueron desarrollados por ZEKE e INFO2000 (INTELLEGO) generando un problema de seguridad para estas plataformas que explota SUBDERE. Por último, se proporcionan los datos de contacto de las empresas, AGILE, EXE y ZEKE. Respecto de la empresa INTELLEGO, informa que no se cuenta con sus datos. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante el Oficio N° 4899, de 02 de junio de 2017, notificó a la empresa ZEKE Ltda., a fin que presentara sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. A través de correo electrónico de fecha 09 de junio de 2017, dos representantes de la empresa evacuaron descargos, señalando en síntesis, lo siguiente: Analizada la solicitud que origina el amparo se desprende claramente que la intención del solicitante es reconstruir y replicar el proceso de generación y tramitación, a través de los sistemas de análisis de datos efectuados por esta empresa, solicitando además los códigos fuentes de los sistemas asociados, todo lo cual puede acarrear un perjuicio para esta consultora como terceros interesados, por lo que manifiesta su negativa a la entrega de la información solicitada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, N°2, de la Ley de Transparencia. Por último, agrega que en el convenio marco asociado al contrato suscrito con la SUBDERE en esta materia, se hace mención expresa a la confidencialidad que debe existir durante la ejecución del mismo, por tanto acceder a la entrega de la información requerida sería vulnerar dicho convenio, poniendo en riesgo el prestigio de la empresa y su compromiso con el Estado de Chile. 7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante el Oficio N° 4901, de 02 de junio de 2017, notificó a la empresa AGILE Ingeniería y consultoría Ltda., a fin que presentara sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. A través de correo electrónico de fecha 06 de junio de 2017, el Gerente de operaciones de la empresa evacuó sus descargos, señalando en síntesis, lo siguiente: Con fecha 01 de diciembre del 2016, la SUBDERE adquirió una licencia del software AGILESIGNER® FIRMADOR XML-PDF mediante el convenio marco de Hardware, licencias de software y R.E.D. - 2239-7-LP14. Las bases del convenio estipulan que "(...) estos servicios no consideran el desarrollo y mantención de software, es decir, creación de código fuente". El Software adquirido es un producto especializado en realizar la firma electrónica de documentos en formato PDF y XML utilizando firma electrónica avanzada en Browsers como Chrome, IE y Firefox. El equipo de ingeniería de la empresa asistió a personal de la SUBDERE en su módulo al software Sgdoc. El desarrollo de AGILESIGNER® ha sido fruto de años de trabajo de la empresa y se vende como licencia de software cerrado. Basado en los antecedentes anteriores, la SUBDERE tiene derecho solo al uso de los componentes y código de los módulos de AGILESIGNER®, en ningún caso puede hacer divulgación a terceros, explícitamente de códigos fuente, copias del software para ser utilizadas en sistemas que no sean de la SUBDERE o divulgación de propiedad intelectual de Agile Ingeniería y Consultoría Ltda. 8) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: El Consejo Directivo de esta Corporación, mediante el Oficio N° 4903, de 02 de junio de 2017, notificó a la empresa EXE Ltda., a fin que presentara sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. A través de correo electrónico de fecha 15 de junio de 2017, el Gerente General de EXE Ltda., evacuó descargos en esta sede, señalando, en síntesis, aspectos técnicos del sistema Sgdoc y su denominación, las garantías exigidas por la reclamada a esta empresa para darle continuidad al servicio contratado, sin formular expresamente los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la denegación de la información que se lee en el literal 1), de lo expositivo, referido a las copias de todos los documentos electrónicos almacenados en el sistema de gestión documental de la SUBDERE, considerando los documentos almacenados en sistema Alfresco y Sgdoc, incluyendo en ambos casos los metadatos y datos en tablas accesorias que permitan reconstituir el proceso de generación y tramitación de los respectivos documentos, además de los códigos fuentes de los sistemas asociados, que permitan navegar sobre los respaldos mencionados precedentemente. Al efecto el órgano recurrido denegó la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. A su turno, habiéndose dado traslado a las empresas titulares de los códigos fuentes de desarrollo de terceros integrados al sistema consultado, éstos, en términos generales, se opusieron a la entrega de los mismos, atendida la titularidad respecto de estos códigos o de sus licencias y la confidencialidad estipulada en los convenios celebrados con la SUBDERE sobre la materia, según consta en los literales 6) y 7) de lo expositivo. 2) Que, respecto de la causal de reserva invocada para denegar la información pedida, ésta se fundó en que la cantidad de documentos almacenados en el sistema consultado asciende aproximadamente a 750.000 archivos, divididos en resoluciones, memorandos y un elevado número de documentos adjuntos en los cuales se contiene información sensible que habría que tarjar previo a su entrega, para lo cual se requeriría efectuar un análisis de cada uno de los documentos integrantes del sistema, pues no resulta posible determinar a priori la existencia de información sensible contenida en ellos, cuyo volumen a revisar, alcanza una cifra de 83.000 resoluciones, 126.000 memorandos y 542.284 documentos adjuntos o anexos, almacenados en diversos formatos doc., pdf., xls., rar., zip., con una extensión variable de datos adjuntos de 1 a 500 hojas, todo lo cual demandaría una gran labor al departamento de informática, compuesto tan solo por 2 profesionales, quienes para no desatender sus funciones propias tendrían que destinar horas extraordinaria para el cumplimiento de esta gestión. 3) Que, según consta en cuadro gráfico que se acompañó en los descargos, para el universo de información que habría que revisar, se requeriría destinar 262 días hábiles para los memorandos; 172 días hábiles para las resoluciones y cerca de 1.694 días hábiles para los documentos adjuntos, además de un total de 559 archivos comprimidos en formatos rar y zip contenidos en la base de datos del sistema, los que también deberían ser revisados individualmente para determinar su contenido. Este mismo procedimiento habría que aplicar en relación con los códigos fuentes, para tarjar la información sensible asociada a estos, lo cual requeriría de un esfuerzo mayor de los funcionarios de informática deteniendo el desarrollo normal de las aplicaciones que soportan las funciones de esta cartera. Atendido lo señalado, respecto de toda la información requerida, la recurrida señaló que se configura plenamente la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, por tratarse de un requerimiento cuya atención requeriría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, dados los esfuerzos que requería la revisión, desagregación y clasificación de la documentación y códigos fuentes pedidos. 4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. 5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 6) Que, atendido lo dicho, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en los considerandos precedente, como en los numerales 2) y 4), de lo expositivo, son de una magnitud tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de una persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, ella está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. 7) Que, en la especie, el órgano señaló pormenorizadamente la cantidad y magnitud de la documentación pedida y el tiempo aproximado que tendría que destinar para revisar y extraer los datos personales y sensibles contenidos en ellos, debiendo revisar uno a uno los documentos a entregar, pues el sistema consultado no permite determinar a priori los antecedentes en los cuales se contienen. En consecuencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 8) Que, a mayor abundamiento, respecto de los códigos fuentes de desarrollo de terceros asociados al sistema consultado, el órgano indicó que las empresas como resultado de sus respectivas consultorías entregan piezas de código fuente que pasan hacer parte integral del código del Sgdoc, de manera interna, no siendo fácil determinar o desacoplar que parte del código son de las empresas y que parte fueron desarrollados por SUBDERE, además, este código fuente completo debe ser compilado, generando un programa ejecutable que es el aplicativo final que permite que funcione u opere adecuadamente. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Mauricio Núñez Núñez, en contra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mauricio Núñez Núñez, al Sr. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y a los terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.