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DECISIÓN AMPARO ROL C591-17</p>
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Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana</p>
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Requirente: Hipólito Sepúlveda Rivera</p>
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Ingreso Consejo: 21.02.2017</p>
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En sesión ordinaria N° 801 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de mayo de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C591-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de febrero de 2017, don Hipólito Sepúlveda Rivera, solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana -en adelante también Seremi- , «listado de solicitudes de tramitación de regularización ante la Seremi de bienes nacionales de la Región Metropolitana (...) sobre terrenos ubicados en la comuna de Padre Hurtado, indicando el nombre completo del solicitante, número de expediente, cédula nacional de identidad, domicilio, así como el estado de tramitación de dichas solicitudes desde el año 2014 hasta diciembre del año 2016».</p>
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2) RESPUESTA: La Seremi, mediante el 7 de febrero de 2017, indicó al solicitante que no le era posible acceder a la entrega de los antecedentes solicitados. Lo anterior, en aplicación de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Agregó, que a fin de satisfacer el requerimiento debería conferir traslado a un importante número de personas.</p>
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3) AMPARO: El 21 de febrero de 2017, don Hipólito Sepúlveda Rivera, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido organismo, fundado en la denegación de la información solicitada.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°2.343, de 7 de marzo de 2017, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, quien mediante presentación de 21 de marzo del año en curso, reiteró lo ya expuesto en sus descargos.</p>
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Conjuntamente con lo anterior, precisó que el número de solicitudes era de 209.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que la reclamada señaló que respecto de la información solicitada, no procedía su entrega en aplicación de la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información solicitada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1°, letra c), del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento «requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales».</p>
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3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.</p>
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4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.</p>
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5) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.</p>
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6) Que en el presente amparo, la requerida no ha acompañado antecedente suficientes que permitan a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida en los términos planteados, se distraerá a sus funcionarios del debido cumplimiento de sus funciones. En tal sentido, cabe señalar que ante idéntico requerimiento formulado en contra de la reclamada, esgrimió similares alegaciones para justificar la denegación. En efecto, en la decisión recaída en el amparo Rol N° C3520-16, se ordenó la entrega de «(...) las resoluciones que acojan o rechacen la regularización, como aquellas solicitudes que se encuentren aun en curso, desde el mes de enero de 2015 hasta la fecha del requerimiento de información, esto es, el 26 de septiembre de 2016 inclusive, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia».</p>
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7) Que, por último, cabe hacer presente a la reclamada que el objeto del requerimiento de información en comento, se refiere a información pública, generada con ocasión de un procedimiento administrativo, por consiguiente, todos quienes toman parte del respectivo procedimiento, tienen perfecto conocimiento de la publicidad de dicho trámite. En efecto, y en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, el procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. Luego, el traslado a que alude la Seremi - para justificar la distracción indebida, en aplicación de lo previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia-, en el caso concreto, no resulta necesario, por cuanto la protección de los derechos de terceros, se satisface con el tarjamiento de sus datos personales de contexto, en conformidad a lo previsto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Hipólito Sepúlveda Rivera, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, por estimarse improcedente la causal de reserva invocada por dicho organismo para denegar la entrega de la información consultada; rechazándolo respecto del número de cédula de identidad y del domicilio particular, conforme los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana que:</p>
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a) Entregue al reclamante la información referida a las solicitudes de regularización consultadas. Lo anterior, tarjando previamente sólo aquellos datos personales de contexto incorporados en la información ordenada a entregar, por ejemplo número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hipólito Sepúlveda Rivera y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas</p>
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