Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C595-17

Reclamante:	CARLOS MACUADA LOPEZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, fundado en que la información entregada es parcial referente a la encuesta CASEN 2011. El Consejo acoge el amparo, al no configurarse las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 y 21 N° 1, literal b), ambos de la Ley de Transparencia. HAY VOTO DISIDENTE
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/28/2017
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1393-12 C1653-12 C544-13 C1202-13 C1422-14
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Inexistencia de información >> Inexistencia acreditada >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C595-17 Entidad pública: Subsecretaria de Evaluación Social Requirente: Carlos Macuada López Ingreso Consejo: 21.02.2017 En sesión ordinaria N° 817 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de julio de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C595-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 04 de enero de 2017, don Carlos Macuada López solicitó a la Subsecretaria de Evaluación Social la siguiente información referida a la encuesta CASEN 2011: a) Entrega 2.3.5: Base de datos disposición final de casos consolidados CASEN #1 y CASEN #2 (1 base de datos, archivo electrónico). Versión-MIDEPLAN. b) Entrega 2.3.6: Base de datos disposición final de casos consolidados CASEN #1 y CASEN #2 (1 base de datos, archivo electrónico). Versión-INE. c) Entrega 3.3.2: Informe análisis de no respuesta CASEN (1 documento, archivo electrónico) d) Entrega 7.3.1: Instrumento "Cuestionario Encuestador" CASEN y EANNA (1 documento, archivo electrónico). e) Entrega 7.3.2: Reporte características de encuestadores CASEN (1 documento, archivo electrónico). f) Entrega 7.3.3: Base de datos características de encuestadores CASEN (1 base de datos, archivo electrónico). g) Base de datos de re-entrevistas CASEN realizada por ejecutor de supervisión externa (ver tarea 4 de los términos de referencia), junto a documentos metodológicos asociados a esta re-entrevista (bases e informes). 2) RESPUESTA: El 01 de febrero de 2017, la Subsecretaria de Evaluación Social respondió a dicho requerimiento de información mediante carta N° 10/255, de 26 de enero de 2017, señalando, en síntesis, que: De conformidad a lo dispuesto en la ley N° 17.374, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que establece el secreto estadístico, en sus artículos 29 y 30 y en armonía con los señalado en los artículos 21° números 2 y 5 y artículo 1° transitorio de la ley N° 20.285, se deniega la entrega de la información que se lee en la letra b) del literal 1) de lo expositivo, referida a la base de datos disposición final de casos consolidado CASEN #1 y CASEN #2, dada la reserva legal que existe sobre la misma y atendido que la entrega de dichos datos pueden afectar los derechos de las personas. Lo anterior por cuanto esta base de datos es entregada directamente por el contratista CASEN al INE, para su custodia, pues contiene la llave que permite vincular el folio de la encuesta con las direcciones consideradas en la muestra CASEN, lo que permite identificar a personas determinadas. En cuanto a la información que se lee en las letras c), y g), del numeral 1) de lo expositivo, referidas al informe análisis de no respuesta CASEN y a la base de datos de re entrevistas realizada por el ejecutor de supervisión externa, se deniega dicha información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21° N° 1, letra c), de la ley N° 20.285, por tratarse de antecedentes que forman parte del proceso de revisión y elaboración de los resultados finales de la encuesta CASEN y además constituyen insumos para la toma de decisiones para el desarrollo de futuros procesos de esta encuesta, incluyendo en ello el desarrollo de las bases de licitación de su levantamiento y supervisión externa, procesos que son licitados públicamente, por tanto, no es posible hacer entrega de lo solicitado, por tratarse de antecedentes previos a la adopción de resoluciones, medidas o políticas. Respecto a la restante información se accede a su entrega, la que dado su volumen se remite en formato .rar. 3) AMPARO: El 21 de febrero de 2017, don Carlos Macuada López dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada es parcial. Además el reclamante agrega que la Subsecretaría invocó en su respuesta la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, sin embargo, la argumentación hace referencia a la causal de reserva contenida en la letra b) del mismo numeral y artículo. Al efecto indica que la documentación solicitada, constituyó la base de una actuación administrativa ya finalizada y si la causal fuera efectivamente la contemplada en el art. 21 N° 1, letra c), de la citada ley tampoco se justificaría, ya que la información pedida está perfectamente singularizada. 4) SUBSANACIÓN: Mediante oficio N° E193, de fecha 06 de marzo de 2017 se requirió al reclamante subsanar el presente amparo, en el sentido de aclarar la infracción cometida por el órgano recurrido, señalando con precisión cuál es la información solicitada cuya materia se reclama en esta instancia. Mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2017, el reclamante respondió, en síntesis, lo siguiente: Los documentos requeridos son: - Entrega 3.3.2: Informe análisis de no respuesta CASEN (1 documento, archivo electrónico). - Base de datos de re-entrevistas CASEN realizadas por el ejecutor de supervisión externa (ver tarea 4 de los términos de referencia), junto a documentos metodológicos asociados a esta re-entrevista (bases de datos e informes). 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E370, de 21 de marzo de 2017, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social. Mediante ordinario N° 10/1323, de 06 de abril de 2017, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que: Primeramente aclara que efectivamente en la respuesta remitida al solicitante existió un error de transcripción respecto del artículo invocado para denegar la información, ya que se citó el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo invocarse la letra b) de dicho numeral. Dicho lo anterior, respecto de las materias reclamadas, señala que publicitar los antecedentes pedidos por el solicitante, atendida su calidad de posible oferente de la encuesta CASEN 2017, conferiría una ventaja que se opondría al principio de igualdad de los oferentes en dicho proceso, afectando también el cumplimiento de las funciones de esta Subsecretaría en lo que toca a sus contrataciones públicas, sin que tampoco estos antecedentes tengan una naturaleza tal que deban ser conocidos de los oferentes para elaborar debidamente su propuesta y competir en igualdad de condiciones, como otros que son entregados como parte de las bases, como documentos complementarios al llamado de licitación o por la vía de las respuestas y aclaraciones que surgen en el marco de las respectivas bases de licitación. En efecto, los antecedentes solicitados incluyen: i) información de detalle del proceso CASEN 2011 requerida al adjudicatario del levantamiento de esta versión de la encuesta, para dejar documentado internamente aquellos aspectos relevantes de los servicios contratados para su replicabilidad a futuro y el resguardo de su comparabilidad en el tiempo; ii) no fueron requeridos, revisados ni editados para hacerse públicos, sino, considerados insumos para la toma de decisiones durante el proceso de diseño de cuestionario CASEN, para la elaboración de una diversidad de documentos metodológicos y de resultados publicados por el Ministerio y la extracción de lecciones para futuros procesos, en particular, para la revisión y definición de bases de licitación de futuras versiones de la encuesta y sus procesos de supervisión; y iii) entregar la información al detalle requerido, pone en riesgo la competencia que se espera observar entre distintos oferentes en el marco de la licitación pública de un tema técnico y especializado como la producción de la principal encuesta de hogares aplicada en Chile. Por ello, se estima que la negativa se enmarca a plenitud en la causal de reserva señalada en el artículo 21° N° 1, letra b), de la ley N° 20.285. Por último agrega, que si se hace pública la base de datos y la metodología de la supervisión externa realizada en relación a la encuesta CASEN 2011, atendido que éstos forman parte de un proceso de control del cumplimiento de los compromisos del proveedor que realiza el levantamiento de datos y que ellos han permitido incorporar correcciones durante dicho proceso y derivar lecciones para futuras versiones de la encuesta, se atentaría contra el propio instrumento cuya calidad se busca resguardar. 6) GESTION OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso mediante correo electrónico de fecha 31 de mayo de 2017 se requirió al órgano reclamado remitir la siguiente información: a) Indicar expresamente en qué medida la publicidad de la información reclamada afectaría las funciones del órgano y de qué forma específica se produciría esta afectación. b) Señalar de qué manera la entrega de la información reclamada rompe el principio de igualdad de los oferentes en la licitación CASEN año 2017. c) Indicar cuándo terminaría el privilegio deliberativo contemplado en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia invocado como causal de reserva, atendida la naturaleza de reserva temporal de la misma. d) Remitir las bases de licitación y los antecedentes de adjudicación y contratación del "ejecutor de supervisión externa" de la encuesta CASEN 2011, referido en la letra b) precedente. e) Remitir para su análisis los informes y bases de datos reclamados que se leen en letras a) y b) precedentes, o bien una muestra de ellos. Mediante ordinario N° 10/2145, de 07 de junio de 2017, el órgano respondió en los siguientes términos: Respecto del informe de no respuesta CASEN 2011, entregado por el proveedor contratado para levantar los datos y construir la base de datos de esa versión de la encuesta, es un documento del proceso de producción de la encuesta, que: i) fue elaborado utilizando bases de datos preliminares de la encuesta y de disposición final de casos, por tanto puede entenderse como un producto intermedio que formaba parte de las diversas instancias de control de calidad del proceso CASEN 2011; ii) está siendo utilizado como un antecedente en el proceso de revisión de la encuesta para adoptar definiciones sobre eventuales innovaciones requeridas en las etapas de producción de la encuesta CASEN 2017, cuyo levantamiento se efectuará a partir de noviembre 2017, de conformidad a los plazos informados en la licitación pública a la que se ha llamado para contratar los servicios correspondientes. En caso de hacerse entrega de este informe se podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de esta Subsecretaría, la que debe velar por la calidad de datos recolectados mediante la encuesta CASEN, principal instrumento de caracterización social de los hogares y la población del país, ya que se refiere a antecedentes que sirven de base para el control interno de la calidad del levantamiento de la encuesta CASEN 2011, pero también para los procesos de futuras encuestas, con lo cual se configura la reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En otro orden de ideas, acceder a la entrega de este informe implica generar una asimetría de información en favor del requirente, en lo que respecta al proceso CASEN 2017 y potencialmente para futuros procesos, tanto en lo que refiere a la licitación del levantamiento de la encuesta como aquélla destinada a contratar los servicios de supervisión. Lo anterior y en el contexto licitatorio, vulnera además el principio de igualdad de los oferentes en los mencionados procesos licitatorios. A su turno, en lo tocante a la base de datos de re entrevistas de CASEN 2011 y los documentos metodológicos asociados, explica que lo solicitado fue el resultado de la aplicación de una segunda entrevista -por una institución supervisora- a una muestra pequeña de los hogares previamente entrevistados por el proveedor a cargo del levantamiento de la encuesta CASEN 2011. En el caso de la supervisión externa, la finalidad real que debiese tener este proceso, para un debido resguardo metodológico de la encuesta, debiera ser la verificación de la cobertura de aplicación de la encuesta y constatar la forma de aplicación del cuestionario correspondiente, controlando de esa forma la debida aplicación de las preguntas en la forma prevista. La entrega de esta base de datos afectaría el cumplimiento de las funciones de éste órgano por cuanto dicha información sólo tiene sentido cuando es utilizada con ciertas finalidades y en un determinado marco metodológico, el cual es bastante restrictivo respecto de sus contenidos. En este contexto, el beneficio público de dar a conocer la mencionada base de datos es mínimo frente al eventual riesgo de su uso errado en términos metodológicos. Al igual que en el caso anterior implica generar una asimetría de información en favor del requirente, tanto en lo que respecta al proceso de CASEN 2017 y potencialmente para futuros procesos CASEN, configurándose igualmente el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Se adjunta CD con los siguientes antecedentes: - Antecedentes contratación supervisión externa CASEN 2011 - Informe metodológico de supervisión externa CASEN 2011 - Informe análisis de no respuesta CASEN 2011 y - Base de datos de re-entrevistas CASEN 2011, realizadas por ejecutor supervisión externa CASEN 2011. 7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 810, de 27 de junio de 2017, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó, para los efectos de resolver acertadamente el presente amparo, requerir la comparecencia del Servicio a la sesión ordinaria a celebrarse el día 18 de julio de 2017, en dependencias de este Consejo. Lo anterior se materializó mediante Oficio N° 5.657, de 11 de julio de 2017. En sesión ordinaria N° 816, de 18 de julio de 2017, compareció ante esta Corporación el órgano reclamado representado por la Sra. Jefa de la División del Observatorio Social y el Sr. Abogado de Gabinete del Servicio. En relación a la afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio, expusieron, en síntesis, lo siguiente: Que el diseño y la formulación de los instrumentos para el proceso de producción de CASEN, y en particular de las licitaciones periódicas vinculados a este producto estratégico ministerial, constituyen sin duda un producto de carácter crítico para esta Subsecretaría, y por ello afectaría al funcionamiento de este órgano la entrega de antecedentes que constituyen insumos del proceso, que tienen por único fin resguardar la calidad de los datos, con un enfoque de mejora continua. Respecto de la solicitud que se lee en la letra c) del literal 1) de lo expositivo, esto es, el informe análisis de no respuesta CASEN año 2011, se señaló que éste resume un proceso en el cual el oferente debe informar semanalmente el estado de levantamiento de datos por regiones y comunas, para ir tomando oportunamente decisiones para el logro de la muestra esperada en el proceso de levantamiento. En lo que refiere al análisis de no respuesta a preguntas específicas de la encuesta, el informe considera una base de datos disponible a la fecha de realización de este documento, y no la versión final aprobada por el Ministerio. La entrega de este informe intermedio, no es pertinente, y afecta el buen desempeño de la Subsecretaría de Evaluación Social, puesto que su uso descontextualizado sería indebido y podría vulnerar la percepción respecto de calidad de los datos entregados, por tratarse de información preliminar. En cambio, un adecuado análisis de la no respuesta a cada pregunta incluida en el cuestionario Casen, debe hacerse utilizando las bases de datos CASEN definitivas, disponibles en el sitio web institucional. Por su parte, respecto de la letra g) singularizada en el literal 1) de lo expositivo, esto es, Base de datos de re-entrevistas CASEN realizada por ejecutor de supervisión externa año 2011, el órgano recurrido indicó que éste también constituye parte de los controles de calidad del proceso de producción de la encuesta y no como un producto final., ya que tanto la base de datos como los informes de supervisión externa son insumos generados para la toma de decisiones durante el proceso de levantamiento, por tanto, se trata de un producto intermedio del proceso de generación de la base de datos de la encuesta CASEN, cuya entrega definitivamente afecta el buen desempeño de la Subsecretaría, razón por la que se ha denegado su entrega. Por tanto, a juicio de la Subsecretaría, los resultados de la encuesta y sus diversos análisis son íntegramente entregados a conocimiento público, reservando la entrega de los insumos de carácter técnico, que sólo interesan a este Ente para el control de calidad y la incorporación de manera continua mejoras al proceso de producción de la encuesta CASEN, durante sus distintas etapas (desde su diseño muestral, diseño de bases de licitación, hasta el levantamiento de datos y procesamiento de base de datos). Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la denegación de la información que se lee en las letras c) y g) del literal 1) de lo expositivo, referidas al "Informe análisis de no respuesta CASEN 2011"y, a la "base de datos de re-entrevistas CASEN 2011, realizada por el ejecutor de supervisión externa, junto a documentos metodológicos asociados a esta re-entrevista". Al efecto el órgano denegó la información en virtud del artículo 21 N° 1 y 21 N° 1, literal b), ambos de la Ley de Transparencia. 2) Que, a modo de contexto se debe hacer presente que la encuesta CASEN es realizada por el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de disponer de información que permita dos cuestiones fundamentales: Por una parte, conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social, con relación a aspectos demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos; y, por otra, evaluar el impacto de la política social, permitiendo estimar la cobertura, la focalización y la distribución del gasto fiscal de los principales programas sociales de alcance nacional entre los hogares, según su nivel de ingreso, para evaluar el impacto de este gasto en el ingreso de los hogares y en la distribución del mismo. 3) Que, lo requerido corresponde a productos específicos que tanto el contratista que se adjudicó el levantamiento de la encuesta CASEN 2011, como la empresa contratada para la supervisión técnica, debían entregar en el marco de sus respectivos contratos. Al efecto atendida la naturaleza de la información reclamada, referida a productos entregados en el marco de contrataciones de prestación de servicios realizadas por el órgano reclamado, al amparo de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, los antecedentes requeridos obran en poder de la reclamada y han sido elaborados con presupuesto público, por lo que en virtud lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública salvo que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva. 4) Que, al efecto, el órgano recurrido primeramente denegó la entrega de la información reclamada, en virtud de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, fundada en que la información reclamada atentaría contra el propio instrumento cuya calidad se busca resguardar, atendido que ambos informes constituyen insumos y no productos finales, que permiten a la Subsecretaría incorporar correcciones durante los procesos de levantamiento de ulteriores encuestas, como asimismo, antecedentes y lecciones previas para las futuras licitaciones de la misma y de su supervisión externa. Asimismo, la entrega de dicha información vulneraría el principio de igualdad del proceso de licitación CASEN 2017, por cuanto el reclamante sería un posible oferente de dicho proceso. Posteriormente, sosteniendo la misma argumentación, con ocasión de la gestión oficiosa y medida para mejor resolver decretada, el órgano agregó la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, el objeto del presente amparo se circunscribirá al análisis sobre la procedencia o no de la reserva de la información reclamada, según se indicará a continuación. 5) Que sobre la causal de reserva alegada esta Corporación ya ha fijado como criterio que los organismos deben demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias: a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito supone, a su vez, la concurrencia de los siguientes presupuestos: i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen.; y, ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Asimismo, los órganos deben acreditar b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. 6) Que, en relación con el primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, cabe colegir que si bien, los productos requeridos tendrían el carácter de antecedentes previos para la corrección de futuras licitaciones de la encuesta CASEN, lo cierto es que, por una parte, la documentación reclamada forma parte de un proceso de actuación administrativa ya finalizado, esto es, productos elaborados por los proveedores adjudicados en el marco de la encuesta CASEN 2011, y por otra parte, a juicio de este Consejo, no se advierte un plazo prudencial para la publicidad de la información reclamada, toda vez que el órgano recurrido funda su negativa en que estos productos son insumos que permiten corregir ulteriores levantamientos del instrumento que nos ocupa y futuras licitaciones para su contratación, sin que establezca la época en la cual revelará la información reclamada. 7) Que, sobre este punto, la jurisprudencia de este Consejo ha formulado ciertas precisiones interpretativas, enmarcadas en la idea de atribuir un alcance restringido a la hipótesis de reserva en cuestión. En particular, a partir de las decisiones de amparo Roles C1653-12 y C1393-12, ha establecido que en el caso de procesos decisionales que comprenden etapas sucesivas, la eventual configuración del privilegio deliberativo como motivo de reserva exige aplicar una suerte de separación del proceso, según las etapas que éste comprende. Lo anterior implica que la calificación de cierta información como antecedentes o deliberaciones previas protegidas por dicho privilegio, no debe tener lugar sin más por el sólo hecho que no haya concluido en su integridad el proceso decisional en que incide tal información, sino que se precisa atender específicamente a la vigencia o no de la etapa del proceso a que se refiere la misma, y especialmente, a la circunstancia de haber sido ésta ya debidamente ponderada o no en la fase respectiva, de lo cual dependerá, a su vez, que pueda o no presumirse una incidencia significativa de la misma en la adopción de la decisión final o de la respectiva medida o política. Esto significa -como contrapartida a la reserva- la eventual publicidad de los antecedentes asociados a etapas del proceso ya concluidas, aun cuando existan otras posteriores pendientes, y de cuya ejecución dependa la culminación del proceso en su totalidad. Por lo anterior, a juicio de este Consejo, no resultan plausibles las alegaciones del órgano en orden a que, la entrega de la información requerida, afectará de modo cierto el levantamiento de futuras encuestas CASEN. En el caso concreto, la etapa del proceso de levantamiento de datos para la encuesta CASEN 2011 se encuentra concluido hace 6 años. 8) Que, en cuanto a cómo la publicidad, conocimiento o divulgación de dichos antecedentes previos afectan el debido cumplimiento de las funciones del órgano, es dable consignar que, a juicio de este Consejo, el órgano reclamado no ha señalado de forma suficiente en qué medida la entrega de los productos requeridos afectarían el desarrollo de sus funciones, toda vez que sus argumentos se refieren a que los productos reclamados constituyen antecedentes para la corrección de futuras encuestas CASEN y para la elaboración de las bases de licitación que se levantan cada dos años, cuya entrega además, pondría en una situación de privilegio al reclamante, vulnerando el principio de igualdad que deben regir los procesos licitatorios, atendido que el solicitante sería un posible oferente del proceso de licitación del levantamiento de la encuesta CASEN 2017. Al respecto, este Consejo estima que el hecho de tratarse de estudios que buscan perfeccionar el instrumento comentado y que pondrían en una situación de privilegio al reclamante, como posible oferente para el levantamiento de la encuesta CASEN 2017, no es razón suficiente para acreditar que se afectarían sus funciones, pues, en la especie, tal como se señaló en el considerando 3) precedente, se trata de información referida a productos entregados en el marco de contrataciones de prestación de servicios realizadas al amparo de la ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y de su reglamento, cuyos antecedentes han sido elaborados con presupuesto público, por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, son de naturaleza pública, cuya publicidad en caso de decretarse, no quedaría restringida sólo al recurrente, sino a cualquier persona que la pida sin ninguna restricción. 9) Que, asimismo, este Consejo no advierte, de los antecedentes analizados, en qué medida la entrega de los productos reclamados pudieran desnaturalizar la implementación de los futuros instrumentos CASEN y sus posteriores licitaciones, como señala la reclamada, toda vez, que por una parte, los informes pedidos fueron elaborados hace 6 años, en el marco de la encuesta CASEN 2011, la cual ha sido sucedida por el levantamiento de dos encuestas posteriores, el año 2013 y 2015, y por otra parte, dado el impacto de esta encuesta en las políticas públicas sociales de la población, este Consejo estima que publicitar instrumentos que buscan mejorar esta encuesta, transparenta dicho proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un adecuado control social respecto de los estándares de cumplimiento del mismo en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de lo que fue el levantamiento de la encuesta, en este caso, CASEN 2011. Por lo anteriormente expuesto, no habiéndose acreditado en la especie la concurrencia copulativa de los requisitos exigidos para la configuración de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, se desestima la alegación de esta causal. 10) Que a mayor abundamiento, a juicio de este Consejo, la publicidad de la depuración metodológica del instrumento favorecería el principio de igualdad de trato hacia oferentes futuros, en la medida que todos éstos tuvieran acceso a dicha información. En este sentido, transparentar los afinamientos metodológicos de la encuesta permitiría mejorar la competencia, incentivando la presentación de propuestas de mejor calidad, que incidirían en una mejora continua del proceso en su conjunto. 11) Que con todo, tampoco se ha acreditado que la entrega de la información afecte específicamente y con determinada certeza la función del órgano referida al análisis periódico de la realidad social nacional y regional, de modo de detectar las necesidades sociales de la población (artículo 3°, literal e), de la ley N° 20.530). En este sentido, y a juicio de esta Corporación, de lo antecedentes expuestos por la reclamada, no se concluye que la entrega de insumos del proceso de diseño del instrumento y levantamiento de datos de la Encuesta, respecto de procesos agotados, afecte la función del órgano descrita anteriormente, cuestión que fuere alegada como causal genérica de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por lo que se desestimará dicha alegación. 12) Que, por lo anteriormente expuesto, no habiéndose acreditado en la especie la concurrencia copulativa de los requisitos exigidos para la configuración de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, ni tampoco la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la citada Ley, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada entregar al reclamante la información que se lee las letras c) y g) del literal 1) de lo expositivo. 13) Que finalmente, respecto de las alegaciones del órgano esgrimidas a propósito de la medida para mejor resolver en cuanto a que la entrega de estos productos "intermedios" afectaría el buen desempeño de la reclamada, puesto que su uso descontextualizado sería indebido y podría vulnerar la percepción respecto de calidad de los datos entregados, por tratarse de información preliminar, se debe hacer presente, que este Consejo se ha pronunciado reiteradamente respecto de la alegación sobre la falta de la correspondiente validación de la información requerida, en las decisiones de amparo Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que dicha circunstancia no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha pedido. En este sentido, si la información solicitada constituye insumos generados para la toma de decisiones durante el proceso de levantamiento, y por tanto, se trata de productos preliminares e intermedios del proceso de generación de la base de datos de la encuesta CASEN, procedería que el órgano requerido, al momento de hacer entrega de la misma, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente de dicha circunstancia. Por lo anterior, y haciendo extensible dicho criterio a información que ha sido calificada como "insumos del proceso de la encuesta", correspondía en la especie la entrega de aquella información que obra en poder de la reclamada, advirtiéndose, si se estima pertinente, el carácter "instrumental" y "no oficial" de la información entregada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Macuada López en contra de la Subsecretaria de Evaluación Social, al no configurarse las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 y 21 N° 1, literal b), ambos de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social: a) Entregar la siguiente información, en el marco de la encuesta CASEN 2011: i. Informe análisis de no respuesta CASEN (1 documento, archivo electrónico) (punto 3.3.2, bases de licitación encuesta CASEN 2011); y ii. Base de datos de re-entrevistas Casen realizada por ejecutor de supervisión externa, junto a documentos metodológicos asociados a esta re-entrevista (bases e informes); (tarea 4 de los términos de referencia bases de licitación encuesta CASEN 2011). b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Recomendar a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social, al momento de hacer entrega de la información, si lo estima necesario o conveniente, advertir al requirente el carácter "instrumental" (intermedio) y/o "no oficial" de la información entregada. IV. Encomendar el Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Carlos Macuada López y a la Sra. Subsecretaria de Evaluación Social. VOTO DISIDENTE: La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, en base a las siguientes consideraciones: 1) Que, analizados los antecedentes tenidos a la vista se advierte que la documentación reclamada forma parte de los controles de calidad del proceso de producción y ejecución de la encuesta CASEN y constituyen insumos generados para la toma de decisiones durante el proceso de levantamiento y ejecución de la misma. 2) Que, el estándar de publicidad, tanto de la encuesta CASEN como los antecedentes vinculados a ésta, es suficientemente alto, pues los resultados y sus diversos análisis son íntegramente publicados en el sitio web del Servicio, reservando exclusivamente la entrega de aquellos insumos de carácter técnico, que sólo interesan al órgano que tiene a su cargo el desarrollo de la encuesta para el control de calidad y la incorporación de manera continua de mejoras al proceso de producción de la encuesta CASEN, durante sus distintas etapas. 3) Que, por tratarse de antecedentes instrumentales que forman parte del proceso de revisión y elaboración de los resultados finales de la encuesta CASEN, y al constituir insumos para la toma de decisiones en el desarrollo de futuros procesos de esta encuesta, incluyendo en ello el desarrollo de las bases de licitación para el levantamiento de datos y la supervisión externa de aplicación del instrumento, a juicio de este Consejero, su entrega, implicaría generar una asimetría de información en favor del requirente, en lo que respecta al proceso CASEN 2017 y para futuros procesos licitatorios (que en el presente caso tienen carácter de permanentes, al constituir una contratación anual) que perjudicaría el debido funcionamiento del órgano reclamado en lo relativo a dichos procesos de contratación de servicios. 4) Que, además por tratarse de antecedentes considerados insumos para la toma de decisiones durante el proceso de diseño del cuestionario CASEN; para la elaboración de una diversidad de documentos metodológicos; y, para la extracción de lecciones para futuros procesos, entregar la información al detalle requerido, pondría en riesgo la competencia que se espera observar entre distintos oferentes en el marco de la licitación pública de un tema técnico y especializado como es la producción de esta encuesta. En este sentido, existe riesgo cierto de que la entrega anticipada de dichos insumos pudiere promover la presentación de oferentes con ausencia de capacidad técnica suficiente para la prestación de los servicios contratados. 5) Que, en tal sentido, la entrega de esta base de datos afectaría el cumplimiento de las funciones del órgano por cuanto dicha información sólo presta utilidad al ser utilizada con ciertas finalidades y dentro de un determinado contexto metodológico, de perfeccionamiento continuo del instrumento. En este contexto, el beneficio público de dar a conocer la mencionada base de datos y los documentos asociados es mínimo o inexistente frente al eventual riesgo de su uso errado en términos metodológicos, lo cual atentaría contra el propio instrumento cuya calidad se busca resguardar. 6) Que por lo razonado precedentemente, estima este disidente, que procede el rechazo del presente amparo por configurarse en la especie la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.